Guerrero, entre masacres y narco-gobiernos

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Se cumplen dos semanas de la desaparición de 43 estudiantes normalistas originarios de Iguala, Guerrero, quienes fueron “levantados” por policías, entregados a narcotraficantes y se teme que hayan sido ejecutados. Esta información, que ha causado una indignación nacional y que proyecta a México ante el mundo como un país de bárbaros y trogloditas, ha provocado movilizaciones masivas que podrían degenerar en un estallido social. Contraseña entrevistó a un colega de Chilpancingo, quien nos comparte información de primera mano.

Humberto Melgoza Vega

iguala buena 2La desaparición de 43 estudiantes normalistas y el hallazgo de una fosa clandestina con los restos de 17 personas que se presume podrían ser de ellos han provocado no sólo la indignación generalizada y el horror tanto nacional como internacional, sino que además están provocando un despertar entre los ciudadanos que podrían conducir a un estallido social.

En medio de esta barbarie se encuentran algunos elementos que hacen de esta trama una película de terror, en donde los principales protagonistas son el alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez y sus nexos con narcotraficantes, y el gobernador del estado, Angel Aguirre Rivero, cuya campaña a la gubernatura habría sido financiada por el Cártel de los Beltrán Leyva, ambos postulados por el PRD.

Hasta el momento, lo que se sabe es que el 26 de septiembre fueron “levantados” por policías municipales 43 estudiantes normalistas que viajaban en tres autobuses mientras realizaban labores de “boteo” en las calles, que policías dispararon contra una multitud en donde mataron a seis personas, dos normalistas, un futbolista que pasaba por ahí en un autobús y tres civiles, además que 17 personas resultaron heridas.

Los municipales sacaron de los separos policiacos a los estudiantes que habían privado de su libertad y según testimonios fueron entregados a un grupo de la delincuencia organizada denominado Guerreros Unidos, apadrinados en su momento por los Beltrán Leyva, quienes habrían ordenado que fueran asesinados.

Para el 4 de octubre se dio a conocer del hallazgo de las fosas clandestinas en un paraje de una zona conocida como Pueblo Viejo, los cuerpos estaban calcinados. Unos días antes había sido encontrado el cuerpo del estudiante normalista Julio César Mondragón, a quien le había arrancado la cara y sacado los ojos.

Principal sospechoso en la brutal represión contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, el alcalde de Iguala pidió licencia al Cabildo por 30 días y desde entonces se encuentra prófugo, y tanto el gobernador Angel Aguirre junto con el gobierno federal fueron omisos en las denuncias contra José Luis Abarca, quien ya había sido acusado de homicidio y por sus nexos con narcotraficantes. 

Desde el 26 de septiembre y hasta la fecha, familiares de los 43 desaparecidos han realizado marchas y protestas pacíficas exigiendo les sean devueltos con vida, reacios a aceptar que forman parte de los cadáveres localizados en las fosas clandestinas, mientras que el gobierno federal mandó a Guerrero a cientos de policías federales y militares, encabezados por el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para ayudar en la búsqueda de los normalistas.

El pasado miércoles 8 se realizaron marchas de protesta en prácticamente todo el país y en algunas ciudades del extranjero para repudiar los hechos cometidos en el siempre caliente estado de Guerrero y hasta Cuauhtémoc Cárdenas fue agredido verbal y físicamente cuando se sumó a la caminata realizada en el DF.

CONTRASEÑA entrevistó a Jesús Eduardo Guerrero Ramírez, fotorreportero, corresponsal de La Jornada en Chilpancingo, quien nos relata de primera mano el ambiente de indignación, rabia e impotencia que se vive por estos lamentables acontecimientos que irremediablemente nos remiten a octubre pero de 1968.

La esperanza de encontrarlos con vida

igualabuenaJesús Eduardo, quien lleva en el apellido la sangre de su tierra natal, refiere que hasta el momento estudiantes y padres de familia han dado “cachetada con guante blanco” al gobierno, sus protestas han sido pacíficas y hasta silenciosas, para echar por tierra la imagen que quieren hacerles de “revoltosos”.

Además, mantienen la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos pues dice que los cuerpos encontrados tienen características diferentes a las de los estudiantes que siguen en calidad de desaparecidos.

“Yo creo que no son los chavos porque los cuerpos que encontraron tenían el pelo largo y los estudiantes que secuestraron tenían el pelo corto, casi a rape, son los famosos pelones de primer año. Por eso los padres insisten en que los regresen vivos”.

Menciona que, como nunca antes, el pueblo entero se volcó a participar en las marcha de protesta, “ayer participaron alrededor de 40 mil personas, entre estudiantes, maestros, líderes sociales y a lo más que llegaron fue a la toma de algunas casetas”.

Recuerda que el alcalde de Iguala, quien está ilocalizable, ya tenía una averiguación abierta en su contra por el crimen del líder de la Unidad Popular de Guerrero Arturo Hernández Cardona, de quien hay testimonios que él mismo alcalde se encargó de asesinarlo. Las autoridades estatales nada hicieron en su contra.

El 26 de septiembre cuando inició todo, los estudiantes normalistas “andaban boteando y agarraron unos autobuses, se estaban preparando para irse a la Ciudad de México a participar en la marcha tradicional por el 2 de octubre y en lugar de detenerlos y regresarlos se los llevaron y ya no nos devolvieron; no hubiera pasado nada si los dejan hacer su actividad y ya”.

“La responsabilidad del gobernador es mucha, para empezar actuó demasiado tarde, le dio tiempo al alcalde para que pudiera huir. El viernes inició todo el desmadre y hasta el martes en rueda de prensa dijo que iban a citar al alcalde, quien desde el domingo pidió licencia al Cabildo para ausentarse por 30 días”, cuestiona.

La petición para juicio político y destitución contra el gobernador Angel Aguirre no son nuevas, lo han acompañado desde que asumió la gubernatura; ahora cobran mayor fuerza con la desaparición y posible crimen masivo de estudiantes y los señalamientos de haberse beneficiado con dinero del narco.

“Igual y sí se puede hablar de un narco-gobierno, por los señalamientos que hay, aunque lo difícil es comprobarlo…al gobierno sí se le puede criticar y no hay tanto problema pero con los narcos sí está cabrón, tenemos el caso reciente de Ezequiel Flores, corresponsal de la revista Proceso, que ha sido amenazado e intimidado; el gobierno tiene comprados a muchos columnistas y periódicos, les dan su buen chayo y no publican nada”, expone.

Respecto a los Guerreros Unidos se dice que la policía de Iguala hace lo que ellos les indican, “de hecho el año pasado los mismos policías de Iguala fueron y balacearon la comandancia de Cocula, aquí no se puede hablar mucho porque los mismos policías te ponen el dedo”.

El fotorreportero refiere que toda esa región de “Tierra Caliente” hace honor a su nombre, con la presencia intimidante de integrantes del crimen organizado y los reporteros no pueden decir nada porque los tienen amenazados.@

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