Volver a Empezar

Manuel Espino

Pago de piso, cáncer social

Durante décadas, quizá siglos, se calificó al “pizzo” como la empresa más lucrativa de Italia. Dicho crimen consiste, desde hace siglos ya, en el pago de extorsiones a la mafia por parte de pequeños empresarios y personas de todos los estratos sociales. En algunos momentos hasta un 80 % de las empresas italianas han pagado pizzo, bajo la amenaza permanente del asesinato, el incendio, el secuestro.

Ciertamente, en los hechos resulta imposible medir con exactitud qué tanto dinero es arrancado de las manos de los trabajadores honestos para engordar las arcas de la Camorra, la ‘Ndrangheta y la Cosa Nostra.

Lo que sí está claro es que regiones enteras de la península italiana vieron trastocada no solo su economía, sino su convivencia, su bienestar, su paz e incluso su tejido social, debido a que eran víctimas, rehenes, de una acción que no por ser generalizada dejaba de ser esencialmente injusta.

En México esta práctica echó hondas raíces durante el calderonato, aunque en nuestra patria ha sido llamada “pago de piso” (en una errónea referencia a la palabra italiana pizzo, que designa el pico de un ave).

Ahora vemos con preocupación la serie de denuncias que han surgido a raíz de un empresario del barrio restaurantero capitalino “La Condesa”. Asociaciones de empresarios han denunciado que desde mediados de 2014 los delincuentes han doblado la “cuota” y se han comportado con mucha mayor violencia.

Además, existe una situación especialmente compleja: las autoridades capitalinas piden a los empresarios que presenten denuncias formales, mientras que éstos argumentan que hacerlo resultaría contraproducente pues hay policías y autoridades judiciales en contubernio con los extorsionadores.

Lamentablemente, existen bases sólidas que respaldan una aseveración tan grave. Hablando tan solo por mi experiencia como habitante de Ciudad Juárez, que durante años fuera catalogada como la comunidad más peligrosa del mundo entero, puedo señalar que desde 2010 hasta 2015 diversas bandas de policías federales fueron arrestadas por extorsionar a los habitantes de dicha industriosa frontera. Ahí están los nombres de los oficiales, como un dato duro y contundente.

Está además el hecho de que aun cuando diversas autoridades, de los tres órdenes de gobierno, afirman que Ciudad Juárez se ha pacificado, lo que dicta la vox populi es que en realidad ha disminuido el número de asesinatos porque la gente paga para no ser una estadística más.

No olvidemos que en dicha comunidad incluso se han llegado a reportar que en primarias de los barrios más humildes los padres han tenido que dar cuotas para evitar que las escuelas sean ametralladas. Hasta esa sima de podredumbre criminal se ha caído.

Es por ello que resulta especialmente alarmante lo que están padeciendo los comerciantes capitalinos. Mal harían las autoridades de los diversos órdenes en esperarse a actuar solo con base en denuncias —que seguramente serán escasas.

No estamos ante un problema empresarial y no estamos ante un problema económico, estamos ante una amenaza a la forma en la que vive y funciona la sociedad entera.

La extorsión funciona como un cáncer que se extiende por todos los órganos del cuerpo comunitario: si hoy se victimiza a los dueños de bares y restaurantes pronto sucederá como en otras ciudades del país, donde la extorsión se generalizó por todos los estratos sociales, carcomiendo los lazos cívicos y obligando a comunidades enteras a vivir bajo la sombra de la violencia.

 

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Voto de castigo a violentos

El primer golpe en la riña entre priístas y perredistas en la delegación Cuajimalpa de la Ciudad de México se asestó a la confianza ciudadana.

Se trató, sobre todo, de una agresión al electorado que vio atropellado su derecho a vivir un proceso electoral pacífico, legal y propositivo.

Este acto de barbarie protagonizado por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y de la Revolución Democrática no se da de manera aislada, forma parte de una serie de enfrentamientos librados a lo largo de meses, evidenciando que hay una tendencia a la violencia en el modus operandi de estas fuerzas políticas.

Este tipo de revueltas minan la estabilidad social, desembocan en anarquía y debilitan la gobernabilidad.

También desalientan el sufragio, pues si así están los ánimos a un mes de las elecciones, ¿con qué seguridad pueden asistir los ciudadanos a las urnas la jornada electoral?

Los partidos de siempre han recurrido a las mañas de siempre. Ya es tarde para que rectifiquen, son marrulleros incorregibles.

Han ganado nuevamente el rechazo social, pero en lugar de que el abstencionismo sea la respuesta, debemos ver en las elecciones una magnífica ocasión para rescatar lo que es nuestro en tanto ciudadanos.

En un acto de voluntad inteligente y responsable, coherente y racional, demos la espalda a los violentos haciendo de la próxima jornada electoral un suceso cívico y funcional, un acontecimiento histórico que exprese claramente la aprobación o desaprobación al desempeño partidista.

En el caso específico de los partidos involucrados en la reyerta —Verde, PRI y PRD— es un acto de justicia recurrir al voto de castigo.

Tachar sus logos en la boleta electoral es hacerse aliado de sus tácticas pandilleriles.

Por el contrario, ser mexicanos al grito de paz implica que con el sufragio se puede decir sí a la democracia y no a la violencia. Esa es nuestra responsabilidad cívica.

 

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Participar, la única opción genuinamente ciudadana

Tal pareciera que las campañas electorales están diseñadas no para generar participación ciudadana, sino para inhibirla. A más de uno de los partidos tradicionales ha de convenir sembrar la apatía y la desesperanza, la desconfianza y la abulia, pues han hecho del proceso electoral una guerra de lodo en la que todo nuestro sistema de representación democrática resulta manchado.

La propaganda negra está a la orden del día: espots insultantes, discursos que descalifican, rumores que desorientan a los votantes y siembran la desinformación. Allí está la raíz del desprestigio de la política mexicana que ha debilitado al Estado y decepcionado a la sociedad.

En respuesta, quienes creemos en la democracia tenemos el deber de ofrecer alternativas a los que desean fortalecer a nuestro país sin atarse a los partidos tradicionales, de aportar propuestas con altura de miras para que los ciudadanos indignados por la inestable situación del país nos involucremos con determinación en la tarea de rescatar la política, darle dimensión ética y orientarla hacia lo que hoy no hace: construir con eficacia el bienestar de todos, restablecer la paz con justicia social, robustecer a nuestras frágiles instituciones y garantizar el goce de nuestras libertades y derechos fundamentales.

No se trata de azuzar revueltas que minan la estabilidad social, desembocan en anarquía y debilitan la gobernabilidad. Tampoco se busca desalentar el sufragio desde el abstencionismo —torpe consuelo de muchos— cuya perniciosa tendencia está al alza precisamente por la decepción que prevalece y crece hacia los partidos de siempre. Menos se pretende propiciar su desaparición pues, aunque deficientes, han sido figura primordial del sistema político contemporáneo.

Es por ello que en estas campañas he seguido  el propósito de alentar la participación, para que los ciudadanos escribamos una mejor historia nacional desde una cultura con valores. Una historia con seguridad, con progreso, para que heredemos a las generaciones que vienen un país con desarrollo sustentable. Desde mis posibilidades, deseo concientizar a los electores de que el sufragio es una forma de solidaridad comunitaria, el punto de partida para hacerle frente a los retos que compartimos en nuestro afán de prosperidad.

Es nuestro deber como ciudadanos —en un acto de voluntad inteligente y responsable, coherente y racional— hacer de la próxima jornada electoral un acontecimiento histórico que exprese claramente la aprobación o desaprobación al desempeño partidista.

Con sabiduría se dice que si el pueblo pone, el pueblo quita. Más vale hacerlo así, sin falsas prudencias ni fanatismos partidistas, antes de que sea demasiado tarde y se desborde la irritación social que ya ha tocado los límites de la irracionalidad frenética con visos de mayor violencia. No ocupar la posición que nos corresponde como ciudadanos podría costarnos muy caro, más de lo que ya hemos tenido que pagar en costo social, en sufrimiento y en sangre derramada.

 

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El cinismo verde

La conducta del Partido Verde parece no tener límites ni reconocer fronteras éticas, democráticas o incluso jurídicas. Este partido de rostro joven y viejas argucias en las últimas semanas ha atacado las leyes electorales desde diversos frentes, con tácticas que juntas forman una clara estrategia: explotar las lagunas del marco legal, haciendo de la impunidad el camino al éxito electoral.

Lamentablemente para ellos y afortunadamente para México, su estrategia está condenada al fracaso. Solo han logrado exhibirse y dejar claro a los votantes su verdadera estofa.

Lo de menos es que se les hayan acumulado multas por casi 200 millones de pesos, pues a final de cuentas pueden subsanarlas con créditos bancarios cuyo pago garantizan las generosas prerrogativas que reciben como partido político. Para ellos no hay consecuencias pues el pueblo paga.

Lo verdaderamente significativo es la riada de triquiñuelas que han mostrado. Los “cineminutos”, la donación de lentes, los calendarios, las tarjetas de descuento, la envoltura para tortillas, los espectaculares, el abuso en la promoción televisiva y radiofónica, el uso de personalidades televisivas, son aspectos de un mismo mensaje: al Verde no le importa la ley.

Ese mensaje ha sido recibido ya por la ciudadanía y seguramente se reflejará en las urnas el próximo 7 de junio. Aunque no es remoto que pueda alcanzar a formar una bancada de unos 30 diputados en la próxima legislatura, queda claro que el verde es cada vez más un ribete costoso para el partido en el poder presidencial, donde ya hay resistencias para seguirlo llevando en hombros, aunque en el tricolor no hay condiciones para deshacerse de tan incómodo compañero de viaje.

Así que en su papel de rémora electoral los verdes sabrán sacar provecho para ganar curules federales este año y fortalecer su ulterior propósito: ser indispensable aliado del PRI hacia la sucesión presidencial.

Ello podrá ser un logro en el corto plazo, pero en el mediano ya se han confirmado como el “giro negro” de la política mexicana, dejando claro que sus estrategias son una amenaza a la democracia, al sistema de partidos y a la representatividad misma de nuestro sistema.

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Las iglesias en la lucha por la seguridad pública

En días recientes se dio un encuentro entre el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y los líderes de la iglesia católica en México, quizá como un epílogo y un hacer las paces tras la polémica por la expresión del papa Francisco, en el sentido de que el narcotráfico hace correr el riesgo de que su país natal se “mexicanice”.

Resulta por demás positivo que se den pasos para superar desencuentros diplomáticos y se abra paso al entendimiento, sobre todo considerando que en México —el segundo país con más católicos en todo el mundo— 90% de los habitantes profesan esta religión y además la Iglesia  ha sufrido en carne propia los embates de la violencia: según el especialista Bernardo Barranco “en lo que va del sexenio han sido asesinados nueve sacerdotes, los recientes cuatro justamente en Tierra Caliente”.

Por parte del gobierno no solo estuvo el presidente, sino también el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y altas autoridades federales. Entre las autoridades eclesiásticas que departieron en Los Pinos se encontraban los cardenales Norberto Rivera Carrera y Alberto Suárez Inda, varios arzobispos y el Nuncio Apostólico, Monseñor Christopher Pierre.

Es decir, se trató de un encuentro al más alto nivel en un momento álgido de la vida nacional, en la recta final hacia las elecciones intermedias, con fuertes amenazas a la economía nacional, en una inestabilidad sociopolítica al alza y con severos retos en materia de seguridad pública.

Así que bienvenido este acercamiento, por más que nada borre el arrebato diplomático con el que la Cancillería mexicana solo negó lo evidente y aireó ante la comunidad internacional un tema que más le habría convenido tratar con discreción.

Pero más allá de la política, hay que reconocer que no solo la Iglesia Católica, sino las congregaciones religiosas de todas las denominaciones, pueden desempeñar un papel relevante y positivo a través de un mensaje que fortalezca la unidad familiar y los valores sociales que son cimiento de la paz.

Sin cruzar jamás las nítidas fronteras del respeto al Estado laico, las iglesias de todas las denominaciones pueden combatir la incultura de odio y muerte creada por el narcotráfico, así como fortalecer lazos comunitarios y cívicos, especialmente en poblaciones alejadas de grandes centros urbanos.

Porque todos, gobernantes y gobernados, tenemos la suprema obligación de contribuir a reconstruir la seguridad pública de nuestro país, por encima de desencuentros y polémicas estériles; porque hoy por hoy, luchar por la paz es la forma más noble de ser mexicano.

 

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Adiós a Murillo, oportunidad para la PGR

Se ha ido el Procurador de Ayotzinapa y de Tlatlaya, de la captura de Elba Esther Gordillo y la recaptura del Chapo Guzmán, de los arrestos de los ex gobernadores Fausto Vallejo y Andrés Granier. El Procurador en cuya guardia se liberó a Caro Quintero y a la “Reina del Pacífico” y se enfrentaron los casos del albergue de “Mamá Rosa” y Oceanografía.

Será recordado por la insuficiencia de su respuesta ante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuyo forzado carpetazo dejó en claro que no comprendió la trascendencia política y social de la mayoría de los desafíos de este principio de sexenio, por lo cual se exacerbaron algunos los problemas más complejos que ha padecido México durante las últimas décadas.

Pero se le recordará, también y sobre todo, por lo que no hizo más que por lo que sí hizo, menos por su palabra y más por su vocación de silencio, evidenciada en su famosa frase “ya me cansé”, con la que cerró el diálogo en una rueda de prensa.

Aún en los casos en los que sí se actuó, fue evidente que se trató de actuaciones simbólicas, acciones de relumbrón que no atacaron la raíz de los problemas.

Para quienes hemos dedicado parte sustancial de nuestra vida pública a combatir la corrupción, fue desesperante atestiguar que a los arrestos de figuras de renombre no le seguía el necesario “efecto dominó” que desarticulara las redes de poder que les sostenían.

Por dar un ejemplo claro: cayó Elba Esther Gordillo, pero no su aliado Miguel Ángel Yunes contra quien presentamos una demanda penal con sobrados indicios que apuntaban a su enriquecimiento ilícito.

Bajo esa misma lógica, tendríamos que asumir que el Chapo Guzmán, Vallejo, Granier, actuaron solos, sin apoyo de cómplices en las esferas del poder.

Teniendo eso en mente, como un nítido ejemplo a no seguir, esperamos que el nuevo liderazgo de la Procuraduría General de la República actúe con decisión y sin miramientos, desarticulando mafias completas y no solo cabezas fácilmente sustituibles.

Pues ya quedó claro que arrancar una cizaña no tiene efecto cuando sus raíces siguen carcomiendo al suelo de la patria, restándole fertilidad y haciéndolo propicio para la impunidad y la violencia.

Acabado el primer tercio del sexenio, hay una oportunidad para volver a empezar. Por el bien de México confiamos en que sea cabalmente aprovechada.

 

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La “mexicanización” de Argentina

Si algo ha caracterizado al papa Francisco es su capacidad para enfrentar los temas sociales más delicados con valentía y sentido humano, sin prudencias acomodaticias ni oportunismos.

Ha salido airoso al declarar con fuerza sobre temas tan peliagudos como la homosexualidad, el aborto o el divorcio, que usualmente dejan políticamente lesionados a los pocos líderes que se atreven a abordarlos.

Como muestra su sinceridad sin concesiones, recientemente fustigó a los empresarios que pagan mal o tratan injustamente a sus empleados, afirmando que cometen un “pecado gravísimo”. A pesar de que evidentemente esto toca profundos intereses, como es usual nadie polemizó al Santo Padre.

A contracorriente de esos episodios, recientemente el Obispo de Roma se ha visto envuelto en una polémica con diversos analistas y con la cancillería de nuestro país, tras mostrar, en una carta privada, su preocupación de que el aumento del tráfico de drogas en su natal Argentina le provoque una “mexicanización”.

El rasgarse las vestiduras por esta expresión del Papa no se ha dejado esperar. Entre las diversas críticas, la más dura ha sido la de la propia cancillería mexicana, que comunicó un encuentro con el nuncio apostólico Christopher Pierre (quien es el equivalente a un embajador del vaticano en nuestro país) y calificó duramente las palabras papales.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se manifestó “tristeza y preocupación”; también se anunció que se enviará una nota diplomática al Vaticano y se acusó veladamente al Papa de “estigmatizar” a México.

Lamentablemente, la estigmatización existe porque la violencia existe; no es un asunto de palabras, sino de hechos, hechos como las contundentes y desgarradoras estadísticas de los secuestros, las mal llamadas “ejecuciones” y las horriblemente espectaculares imágenes de la criminalidad que azota diversas regiones del país desde principios del sexenio pasado.

Más que reaccionar airadamente, habría que reconsiderar si lo que se ha expresado es una falsedad o una realidad triste y lamentable.

Porque vistas con calma, las palabras del papa Francisco denotan una preocupación por la situación de México que nace del conocimiento cercano que tiene del tema, así como de lo que acertadamente califica como una situación “de terror”.

Criticar este tipo de expresiones, además, tiene el pernicioso efecto de desviar la atención de nuestra dura realidad y de distraernos de la que debe ser la principal tarea de todos los mexicanos, gobernantes y gobernados: colaborar en la construcción de una cultura de paz, no con aspavientos mediáticos, sino con un trabajo humilde, entregado y cívico.

 

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Ayotzinapa y la insuficiencia institucional

Preocúpese: en el caso criminal más importante que ha enfrentado la Procuraduría General de la República (PGR) en el actual sexenio el papel principal correspondió a un grupo de peritos argentinos, que ocuparon un vacío de credibilidad y capacidad técnica dejado por las autoridades mexicanas.

Ahora, días después de que el procurador Jesús Murillo Karam anunciara su “verdad histórica” a la opinión pública nacional e internacional, declarando que oficialmente los 43 normalistas de Ayotzinapa se consideran fallecidos, los argentinos han revirado afirmando que  “no hay evidencia científica” para sostener tal afirmación y se ha incurrido en una “lectura parcial de las evidencias”.

Se trata no solo de una descalificación brutal a los dichos de Murillo Karam, sino de un acto político con consecuencias severas para la PGR, el gobierno federal e incluso la paz social de diversas regiones del país. Tal afirmación habría sido contundente en cualquier momento, pero ya en la recta final hacia las elecciones intermedias se eleva su relevancia y su impacto mediático.

Aunque la PGR ha revirado, su respuesta ha tenido un tibio recibimiento de la opinión pública, pues se trata de su palabra contra la de una institución cuya solidez técnico-científica y su probidad son reconocidas internacionalmente. El Equipo Argentino de Antropología Forense es una organización no gubernamental sin fines de lucro, con más de 30 años de experiencia que trabaja actualmente en cuatro continentes. Sus labores han sido requeridas en  una treintena de países.

Por otro lado, tenemos a una PGR que históricamente ha estado subordinada al poder presidencial y que desde anteriores sexenios ha actuado judicializando la política y politizando la justicia. Entre la PGR del “michoacanazo” y la de la “verdad histórica” no hay diferencias esenciales.

El problema no radica en esta polémica, que es tan solo una anécdota pasajera; se trata tan solo de un síntoma de una enfermedad que corroe a gran parte del Estado: la partidización.

Porque mientras las instituciones sigan teñidas de ideología y marcadas por un sello partidista, mientras las decisiones se tomen con el ojo puesto en las encuestas de rentabilidad electoral, mientras los ciudadanos de bien no ocupen los cargos decisivos a pesar de no tener militancia, sucesos como este enfrentamiento entre la PGR y los peritos argentinos seguirán repitiéndose, en un ciclo de desprestigio nacional e internacional para el Estado mexicano.

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Nueva opción de Calderón

Los pocos militantes que aún conserva Acción Nacional han recibido uno más de muchos golpes de parte de Felipe Calderón, quien ahora amaga con abandonar ese desvencijado partido y fundar uno nuevo.

Esta contundente amenaza tiene los agravantes de haber sido lanzada desde una de las tribunas globales más importantes, el Foro Económico Mundial de Davos, y de provenir de un ex presidente de dicho partido, quien presumiera de tener “sangre azul” y de ser un genuino panista nacido y criado en una familia de alcurnia política.

Ahora vemos para qué han servido tan cacareados blasones, qué tan feble lealtad siente Calderón hacia el partido que alguna vez afirmó defender de los panistas falsos y advenedizos, que solo se le acercaban para acceder a un cargo público.

No es casualidad que justo ahora que el PAN no es una opción para que los suyos mantengan prebendas y privilegios, es que Calderón critica acremente esta institución afirmando que ante su descomposición “habrá que pensar seriamente en crear otra opción política, así sea que tome una o dos décadas para que fructifique”.

Claro está que los profundos y vastos problemas que señala el vapuleado ex presidente no son nuevos. La corrupción, las prácticas antidemocráticas en la vida interna, el divorcio de la sociedad, ya estaban allí cuando su grupo prevalecía; solo que en su momento no señaló tales taras porque entonces el partido sí le era útil, sí lo podía usar para alcanzar sus fines sin detenerse a pensar en los medios.

Pero ahora que el calderonismo es un grupo políticamente deleznable (al grado que la propia esposa de Calderón, Margarita Zavala, fracasó en su intento de ser diputada federal) es que le surgen a FCH estos ánimos críticos y este aire de juez, así como una severa amnesia política que le hace olvidar que justo lo que hoy señala al PAN es aquello en lo que su voracidad de poder lo convirtió.

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Las viejas mañas de los nuevos partidos

En la carrera hacia las elecciones intermedias los partidos de reciente creación están cayendo en errores aciagos que a mediano plazo pagarán en las urnas y a corto en la arena de la opinión pública, por el repudio social que ya comienzan a ganarse debido a rencillas y prácticas autoritarias funestas, justo aquello que durante 2014 prometieron desterrar.

A escasas semanas de recibir dineros públicos evidencian que los mueve la lucha por el poder pero no un espíritu de servicio. Ya han demostrado que la democracia, la pluralidad, el respeto, la paz, son para ellos tan solo palabras, pero no realidades.

Los dos casos más evidentes y que han llegado a ocupar espacios prominentes en la prensa nacional involucran a al Partido Humanista y al Movimiento Regeneración Nacional.

Morena ya ha sufrido su primera escisión importante, comenzando a recorrer el camino de disputas y desencuentros, siguiendo el mismo camino de su padre político: el Partido de la Revolución Democrática. Esta semana renunció Eduardo Cervantes, líder de dicho partido en el Distrito Federal, argumentando “diferencias insuperables con la dirección de facto en el Distrito Federal”, lo que es una manera discreta de denunciar que Andrés Manuel López Obrador designó una serie de candidatos de manera antidemocrática, “saltándose” a la dirigencia local. La renuncia de Cervantes deja claro, por si alguien tenía alguna duda, que sigue viva la tradición pejista de nombrar “juanitos” y ejercer el supremo “dedazo”.

Por su parte, el Partido “Humanista” ya desde diciembre inició un pleito mayúsculo cuando dos de sus dirigentes se aliaron para destituir al coordinador nacional, quien según reportes de la prensa se habría negado a “repartir” equitativamente las coordinaciones estatales. La polémica llegó al grado de que se ha hablado de la toma violenta de las instalaciones.

Considerando que el buen juez por su casa empieza, estos nuevos partidos no tienen cara para hablar de una democracia que ni siquiera son capaces de ejercer para sí mismos, menos para los demás. Además, ¿con qué autoridad pueden llamar al diálogo cuando ni entre ellos se ponen de acuerdo? ¿Cómo hablan de paz quienes han actuado de manera violenta?

Claro está que estos nuevos partidos se definen por viejas mañas y viejos personajes, que los harán naufragar en las elecciones, pues en este momento los mexicanos no conocen una sola de sus propuestas pero ya han visto su verdadero rostro: el de la ambición por el poder.

 

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Convivir con los corruptos

La más reciente visita de Felipe Calderón a Chile fue empañada no por sus dichos, sino por una de sus acciones: cenar con diversos políticos chilenos envueltos en un escándalo de corrupción, durante el “III Encuentro Internacional Oswaldo Payá: reflexiones sobre la vigencia del pensamiento humanista cristiano”.

Según la prensa local, a Calderón lo invitó Sebastián Piñera a cenar a su casa “e incluyó entre los comensales en el ojo del huracán por el escándalo de corrupción política asociado al Caso Penta. Es que a la cita llegaron el diputado Ernesto Silva y el senador Iván Moreira, ambos salpicados por los pagos irregulares y las boletas falsas emitidas para financiar campañas políticas”. 

Calderón podría haber rechazado la invitación, pero si encumbró a César Nava y Germán Martínez, evidentemente la corrupción no le es un tema vergonzoso. 

He ahí uno de los primordiales yerros de los políticos que nos ha tocado padecer en los últimos años: no condenan al corrupto, no se desmarcan, no solo lo toleran sino que incluso lo hacen parte de su círculo social y le conceden poder y recursos para ejercer sus artes oscuras. 

Allí está el caso de Miguel Ángel Yunes, que recibió de Felipe Calderón un apoyo decisivo para tejer redes de corrupción que acabaron por hundir al PAN en el desprestigio. Hoy —a pesar de su negro historial— Yunes encabeza una de las cinco listas plurinominales de candidatos a diputados federales.

Pero lo mismo sucede en instancias como la Global Quality Foundation, que nombró como “alcalde del año al nayarita Hilario Ramírez Villanueva, alias “El Layín”, quien durante su campaña confesará haber robado “nomás poquito”.

Ese tipo de reconocimientos son la raíz de dichos tan perniciosos para nuestra sociedad como “el que no tranza no avanza” o “el poder corrompe”, cuando son las personas quienes se corrompen a sí mismas, eligiendo traicionar a la sociedad en la búsqueda de poder y riquezas.

Como personas que no se limitan a ser habitantes sino se elevan hasta el nivel de ciudadanos, tenemos el deber de recordar que la corrupción se combate no solo en los tribunales, sino también en los espacios de convivencia, en la opinión pública y hasta en ese momento en el que decidimos a quién invitamos a sentarse a nuestra mesa. 

Pues mientras no haya una condena comunitaria generalizada y tajante a los corruptos, se les seguirá otorgando tácitamente el permiso para seguir carcomiendo el alma de nuestra sociedad.

 

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Libertad de expresión acorralada

Si Gabriel García Márquez calificaba al periodismo como “el mejor oficio del mundo” ahora tendríamos que agregar que es, también, uno de los más peligrosos.

Estos primeros días del año ha acaparado titulares la noticia de la desaparición del comunicador veracruzano Moisés Sánchez. Sánchez fue “levantado” de su casa por hombres que también se llevaron su computadora, su cámara y su teléfono celular, justo las herramientas que utilizaba para difundir información sobre las actividades del crimen organizado en un estado clave para el narcotráfico.

Desgraciadamente, este crimen no es una anomalía ni una excepción, sino un hecho frecuente en la violencia del paisaje político y social de nuestra nación.

De 2003 a 2014, 18 periodistas han desaparecido en nuestro país, de acuerdo a datos hechos públicos por la organización Artículo 19. En el año 2014 dos comunicadores engrosaron esa inaceptable estadística.

Según el balance anual 2014 publicado por Reporteros Sin Fronteras sobre la violencia contra periodistas a nivel mundial, México es el quinto lugar en la lista de países con más periodistas secuestrados, con tres casos, detrás de Ucrania (33), Libia (29), Siria (27) e Irak (20).

Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas reveló que en 2014 México fue el octavo país con más informadores asesinados en el mundo, siendo el número dos del continente americano, con cinco casos.

Lo que las autoridades locales y nacionales no alcanzan a comprender es que un crimen contra un periodista trasciende el ámbito personal y familiar, pues victimiza a la sociedad entera a la que el informador se debe.

Es por ello que urge no una acción policiaca o siquiera gubernamental, sino algo mucho más trascendente: una política de Estado capaz que salvaguardar a los periodistas y, con ello, la libertad de expresión y el derecho a la información, cimientos sin los cuales jamás podrá elevarse el edificio de la democracia.

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Los valores laicos del papa Francisco

Este fin de año 2014 hemos atestiguado uno de los cambios más significativos en la historia moderna del continente americano: el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. Tras más de medio siglo de hostilidades desatadas tras la caída de Fulgencio Batista —que llegaron hasta extremos como la Crisis de los Misiles y fueron un factor preponderante en la Guerra Fría— hemos visto a ambos gobiernos extenderse la mano.

Aún falta que muchas medidas se hagan efectivas y seguramente los grupos políticos duros de las dos naciones entorpecerán el camino (muy especialmente los conservadores del Congreso estadounidense); no obstante, es innegable que hemos visto una victoria de la diplomacia y el principio del fin de una guerra en la que nadie levantó una bandera blanca.

Lo que se levantaron fueron argumentos en pro de los derechos humanos, de la democracia y de la armonía entre los pueblos. Por ello no resulta sorprendente que tanto Raúl Castro como Barack Obama agradecieran a un mismo líder internacional en discursos simultáneos: el papa Francisco.

Ahora es sabido que el Obispo de Roma jugó un papel preponderante en 18 meses de negociaciones secretas que desembocaron en la liberación de diversos agentes de inteligencia, en lo que fue un primer paso para que Cuba y los Estados Unidos decidan ver por encima de sus diferencias, con ánimo concertador.

Ahora que estamos en una época propia para la reflexión que se aleja del consumismo deshumanizante, bien vale la pena meditar sobre la solidaridad, las prácticas democráticas en nuestra vida cotidiana, la cultura de la paz y algo que es indispensable en nuestra nación: la capacidad de concertar y de escuchar al otro, al diferente, al que piensa distinto pero siente un idéntico amor por la patria. 

Porque si algo ha demostrado este episodio histórico es que hay valores laicos y humanitarios, no religiosos, que aun siendo enarbolados por un hombre de fe pueden contribuir a cambiar el rumbo de la historia. Hoy que ya se vislumbran en el horizonte las elecciones de 2015, es hora de que los ciudadanos comencemos a reflexionar mucho más en ese tipo de valores que en las burdas ambiciones de los políticos tradicionales, pues solo así lograremos que en el año nuevo se abran caminos a la paz, la democracia y la armonía entre todos los mexicanos.

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Alianza electoral 2015

México avanza hacia las elecciones 2015 con una ciudadanía ansiosa de participar pero, paradójicamente, más alejada que nunca de los partidos tradicionales, sumidos como están en el pantano de la falta de credibilidad. 

Es por ello que para otorgar al votante mexicano una opción real, de participación comunitaria efectiva, Concertación Mexicana está trabajado en el superior propósito de darle un giro a la vida nacional, renovando nuestro caduco y desprestigiado sistema de partidos, haciendo valer los más elevados anhelos de la nación en las elecciones federal y locales del 2015. 

Trabajamos, también, para poner un sello ciudadano a la política haciendo que los mejores mexicanos, los de mayor raigambre social, ocupen los cargos públicos. Es con ese objetivo que decidimos forjar un acuerdo de participación electoral entre este movimiento nacional y el partido Movimiento Ciudadano.

Sumaremos esfuerzos y trabajo en favor de candidaturas independientes y genuinamente cívicas. Debido a que la normatividad interna de Movimiento Ciudadano permite que se postulen abanderados no afiliados, este convenio de participación electoral impulsará hombres y mujeres sin militancia, pero con arraigo y prestigio entre sus comunidades, a cargos de elección popular.

La motivación de quienes formamos parte de Concertación Mexicana es la primacía de los ciudadanos, en tanto que son personas que merecen vivir con dignidad y con calidad. Se trata de servirles y nos servirse de ellos, haciendo valer sus derechos fundamentales pero sin medrar con las causas sociales; respetándoles sus diversas formas de pensar y de ser, sin pretender imponerles una ideología, un credo o un estilo de vida; involucrándolos en la definición de lo que debemos hacer para el fortalecimiento social y democrático de México.

En todo ello hemos encontrado grandes coincidencias con el Movimiento Ciudadano, mismas que fueron el santo y seña que nos permitió encontrarnos en la ruta común; encontramos que nuestros esfuerzos se hermanan en la misma visión de causa y destino, más allá de proyectos efímeros y de coyunturas electorales. 

Tenemos un pasado que nos ha permitido acumular experiencia y desarrollar talentos para comprometerlos en el engrandecimiento de la patria. Se trata de víveres que hemos decidido compartir, en forma solidaria, mientras el camino común sea el de dignificar la política, despartidizar nuestras instituciones y volcar el Estado hacia la primacía de los ciudadanos, lo cual supone construir con ellos la justicia social y el desarrollo humano de todos los mexicanos. Con este convenio, con la mira puesta en el 2015, hemos dado el primer paso hacia la ciudadanización de la política.

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Entre Cárdenas y el desprestigio partidista

La renuncia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a su militancia en el Partido de la Revolución Democrática trascendió los medios de comunicación y el llamado círculo rojo para convertirse en una noticia con impacto social genuino: según una encuesta, por lo menos 8 de cada diez mexicanos se enteraron de su decisión.

Entre la población en general, un 57% consideró que el ingeniero Cárdenas actuó correctamente. Más sorprendente aún es que el 45% de los perredistas y el 74% de los morenistas apoyaron que dejara el partido que fundó y del cual fue motor e inspiración durante dos décadas decisivas en el devenir democrático nacional. 

Más allá de las cifras, queda claro que la figura del tres veces candidato a la Presidencia de la República se había convertido en estos años en un líder moral no solo del PRD, sino de un amplio sector de mexicanos politizados y comprometidos con cambiar a México. Se trata, además, de un testimonio que se agradece porque deja un precedente valioso y una enseñanza: por encima de la lealtad a unas siglas partidistas, está la lealtad a la patria.

En este sentido, la acción de Cárdenas Solórzano significa no solo una renuncia al PRD, sino además que una de las figuras más respetadas y valoradas positivamente dé la espalda al sistema de partidos. 

Vemos —como mostró y demostró la estampida de panistas dignos y honestos durante el sexenio pasado— que estas instituciones cuentan cada vez con menos figuras de manos limpias y reconocida honestidad, capaces de mirar a la cara al electorado.

Ahora no solo en las jornadas electorales, sino en la vida interna de los partidos, en su quehacer gubernamental y en su escasa interacción con la sociedad, los ciudadanos advierten que se van convirtiendo cada vez más en siglas sinsentido carentes de los ideales, la altura de miras y la visión de Estado que en lustros anteriores pudieron presumir. 

Se trata de una señal de alerta para los partidos, de un “renovarse o morir” urgente y necesario. 

Pero, sobre todo, estamos ante una bandera que ondea en el horizonte de 2015: México avanza hacia las elecciones intermedias con partidos cada vez más huecos y más alejados de una sociedad a la que solo los proyectos cívicos y los líderes comunitarios de conocida probidad pueden ver a la cara, sobre todo cuando sus consciencias no están atadas por ideologías ni militancias, pero sí son guiadas por un genuino sentido de servicio.  

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PAN y PRD, coalición total

Las piezas del ajedrez electoral 2015 se siguen posicionando sobre el tablero político nacional. Ahora, en una jugada esperada pero no por ello menos lamentable, los comités estatales del PAN y el PRD decidieron forjar una coalición total en Sonora, que trasciende el interés local pues ya destapa una de las principales líneas estratégicas que definirán las elecciones de medio sexenio.

Ambos partidos —hundidos hoy en un pantano de desprestigio y olvidando que al sumar dos males no se forma un bien— acordaron postular candidatos conjuntos en las 72 alcaldías, las diputaciones locales y la gubernatura. 

Por supuesto, la alianza ha sido controvertida. Las dirigencias nacionales la han cuestionado en público, pero los líderes locales se han mantenido firmes en su decisión. Muy probablemente, se trate de un acuerdo para poder defender una postura solo ante los medios, mientras que en la realidad política avanza esta coalición bipartidista.

Lamentablemente para Sonora, y para los estados en los que esta táctica será retomada, la base sobre la cual se asienta la alianza se resume en la frase del dirigente panista estatal, Juan Valencia: la coalición se formó “para evitar un retorno del autoritarismo”, encarnado por el Revolucionario Institucional.

Una vez más, vemos cúpulas partidistas buscando el poder por el poder mismo, sin más argumento ni mayor sustento que el maquiavélico “el fin justifica los medios”. En este caso, el fin de conservar la nómina estatal a sus ojos justifica el sostener un proyecto tan desprestigiado, alejado de la sociedad y tildado de corrupto como el de Guillermo Padrés.

Para distinguir las alianzas positivas de las que únicamente se inspiran en la ambición, hay un hecho clave: si se fundan en un programa y no solo en el reparto de espacios y candidaturas, el ciudadano puede constatar con transparencia qué tan válidas son sus propuestas, qué tan generosos sus integrantes y que tan concertador el rumbo por el que avanzan. 

Porque las alianzas no son negativas per se: cuando las mueve el supremo interés de servir, son una herramienta cívica y democrática por excelencia, pues abren caminos al entendimiento y lanzan el claro mensaje de que por encima de los colores partidistas se encuentra el ánimo de trabajar conjuntamente por el bien nacional. Lamentablemente, para Sonora y para México, este caso aparenta ser todo lo contrario.

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Candidaturas independientes vs intereses ilegales

Quienes luchamos desde diversas trincheras en las décadas de la llamada Transición a la Democracia siempre vimos en los instrumentos cívicos un ideal a perseguir: el plebiscito, el referéndum, las consultas y, sobre todo, las candidaturas ciudadanas. 

Con sinceridad democrática, veíamos en estas herramientas un camino para aumentar la representatividad de nuestra democracia y lograr que la administración pública lo fuera genuinamente. 

En ese contexto, el de la Transición, hubiera resultado inconcebible que un demócrata criticara tan duramente la figura de las candidaturas independientes como lo hizo el actual presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova.

“Las candidaturas independientes puedan acabar siendo una ruta privilegiada para que al final del día lleguen a los órganos de representación intereses que no queremos que no estén ahí representados. No porque no seamos democráticos sino porque no son legales”, afirmó Córdova Vianello.

No le falta razón. Día con día vemos ya no señales de alerta, sino claras y evidentes confirmaciones, de que la delincuencia organizada busca colocar sus alfiles dentro de las estructuras gubernamentales y apoderarse de sus más valiosos activos: la estructura territorial, la información que manejan y la capacidad de fuerza de las corporaciones policiacas. 

En este sentido, el ejemplo de Ayotzinapa es tan trágico como contundente. La raíz de todo este mal se encuentra en un candidato que escapó los controles de confianza de un partido, y no cualquier partido, sino uno de los tres más grandes de la república, para llegar hasta un espacio de poder que se usó no para servir al pueblo igualteco, sino a intereses y padrinazgos oscuros. Se trata, por supuesto, de un ejemplo extremo, que se reproduce en menor medida en diversos órdenes de gobierno.

La solución no estriba en traicionar los ideales de la Transición Democrática cancelando las candidaturas independientes, sino en haciéndolas cada vez más transparentes y abiertas al escrutinio público. Pero, sobre todo, en ir consolidando un electorado y medios de comunicación más maduros y críticos, que no brinden carta blanca a un candidato tan solo porque lo respaldan las siglas de un partido político.

Lo que hay que analizar no son ideologías o militancias que poco o nada dicen, mientras que mucho ocultan. Lo genuinamente valioso es sufragar por candidatos con prestigio por su reconocido raigambre social y por su acreditada trayectoria de servicio, justo el tipo de abanderados que han dejado de ofrecer a la sociedad los partidos tradicionales.

Es ahí, en los lazos comunitarios de los candidatos y no en el color de su camiseta, donde se encuentra la verdadera prueba de honestidad y de capacidad para servir a México.

 

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LA COLUMNA DE VIVEROS 

 

Policías locales, la reforma que falta

La desconfianza ciudadana en las policías locales se ahonda día con día, ensanchando la brecha que separa a autoridades y ciudadanos. Según un estudio del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi), casi un 70% de los encuestados considera “poco” o “nada efectivo” el desempeño de las policías municipales y estatales.

Las cifras hablan de una abismal crisis de credibilidad: “Solo 3.9% de los encuestados consideró muy efectivo el desempeño de las fuerzas de seguridad; 26.2% algo efectivo; 40.5% poco efectivo y 29.1% nada efectivo”.

Esta desconfianza no es algo abstracto, tiene un impacto real y tangible en la vida de los mexicanos: según el mismo estudio, más de un 60% de los encuestados han cambiado sus hábitos cotidianos para evitar ser víctimas de la delincuencia. Al menos la mitad evitan caminar alrededor de su casa al caer la noche o prohíben a sus hijos jugar en la calle, pues perciben que si la policía no puede protegerlos, la única solución es hacer de sus hogares un refugio.

Esta desconfianza no solo es una cuestión de percepción, tiene bases sólidamente ancladas en la realidad. Día a día vemos en redes sociales videos indignantes de uniformados que abusan de su autoridad, con arbitrariedades que van desde “sembrar” drogas a detenidos hasta golpear a personas indefensas por “delitos” como el tomar fotos en la calle. 

También están los casos de policías locales coludidos con el crimen organizado, del cual Iguala es el ejemplo más devastador. Así de claro está: un grupo de policías municipales desaparece a 43 estudiantes y desata una crisis de ingobernabilidad de alcances internacionales.

Pero sobre todo está la experiencia personal y directa de millones de personas que han sido extorsionadas y han comprobado de primera mano que la corrupción muchas veces viste uniforme.

Por supuesto que la creación de grupos de elite a nivel federal (como la Gendarmería) es bienvenida y necesaria, pero debe ser una prioridad nacional que estados y municipios cambien de raíz sus corporaciones policiacas. Es inútil afilar la punta de una pirámide si su base está carcomida.

La clave, como en todas las áreas de la vida nacional, está en que la sociedad participe efectivamente en las soluciones y no solo en las protestas. Indignarse es positivo, pero no pasar de ahí solo deja al país en manos de quienes han sido incapaces de resolver esta crisis. 

Es urgente e indispensable que la sociedad vigile de manera real, permanente y efectiva el actuar de las corporaciones policíacas, superando los esquemas de “depuración” y contralorías de probada inefectividad. Pues mientras las policías locales sigan actuando de espalda a la sociedad la desconfianza ciudadana seguirá siendo la norma y no la excepción.

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La juventud despierta

El mito del joven mexicano apático, despolitizado y desinformado se derrumbó en el Día de Acción Global por Ayotzinapa. Aunque los números varían, tenemos certeza de que al menos un centenar de universidades y algunos centros de educación media se sumaron a un paro de impacto nacional.

Universidades públicas y privadas, dentro de las cuales se expresan las más diversas orientaciones ideológicas y muy distintos perfiles académicos, se unieron en 22 estados de la República para lanzar un grito de hartazgo ante la inseguridad y específicamente ante la desaparición de los 43 normalistas guerrerenses desde el pasado 26 de septiembre.

Casi de manera absoluta, las protestas fueron pacíficas. 

Marchas, foros y espacios de reflexión y expresión fueron la norma. Tan solo en las inmediaciones de la UNAM una treintena de jóvenes (que poco o nada representan ante los cientos de miles que eligieron la paz), incendiaron un autobús y una estación de transporte público. 

Igualmente en la máxima casa de estudios, un día antes se dio un acto de repudio a Jesús Zambrano, quien fue expulsado de un foro celebrado en la Ciudad Universitaria.

Resulta significativo que jóvenes que se ponen la etiqueta de izquierdistas dieran esta muestra de intolerancia contra un ex guerrillero (de la Liga 23 de Septiembre) y presidente del partido que supuestamente mejor comulga con su ideología.

La escena trajo a la memoria un encuentro que tuve en la UNAM en marzo de 2011, cuando un grupo de estudiantes intentó impedirme presentar mi libro “Volver a Empezar, ideas con visión de Estado”. 

Ante el claro ofrecimiento de hablar no de una visión partidista, sino de entablar un diálogo que se elevara sobre las ideologías, aún los más aguerridos unamitas  se sentaron a platicar.

Claramente se ve que los jóvenes, ya desde entonces, están mostrando una actitud de repudio a los partidos              

—contaminados como están por una rampante corrupción—  pero son plenamente capaces de abrazar causas políticas apartidistas y de talante social. Allí está el camino para llegar a sus mentes y sus corazones.

Por lo pronto, aun desde el dolor de vivir esta tragedia y de solidarizarnos con el dolor de las familias y los seres queridos de los 43 normalistas, podemos ver que en México tenemos jóvenes despiertos, combativos, capaces de usar las mejores armas de la política: la libertad de asociación y la libre expresión de las ideas. Estamos orgullosos de ellos.

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Corrupción generalizada

En días recientes el presidente del gobierno Español, Mariano Rajoy, ofreció disculpas a los ciudadanos por los últimos casos de corrupción que afectan a su hogar político, el Partido Popular. 

Ante el pleno del Senado, el primer mandatario afirmó: “Entiendo y comprendo la indignación de los ciudadanos. Pido perdón en nombre del PP a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos”.

Este mea culpa llegó tras el arresto de más de 30 empresarios y funcionarios públicos que se coludieron para adjudicar indebidamente obras públicas, algo que en nuestro país es sumamente común (el ya famoso “diezmo”) y que, sin embargo, aquí jamás conduce a arrestos y mucho menos a una disculpa pública de un gobernante o del presidente de un partido.

Muy por el contrario. La corrupción es ya algo tan común y cotidiano que los partidos no sienten la obligación de aceptar que se trata de un yerro cuando sus militantes roban dinero público. No es un asunto de siglas: si algo tienen en común PAN, PRI y PRD es que todos cuentan con militantes que en otro país serían incómodos, pero que en el nuestro hasta exhiben con cinismo la fuente de su poder.

Del lado de las autonombradas izquierdas, podemos poner como ejemplo el caso del Gobierno del Distrito Federal: su contralor reveló que este año “3 mil 361 servidores públicos han sido sancionados administrativamente por cometer actos de corrupción”. 

Esto, que sin duda es un logro, al mismo tiempo revela lo extendida que se encuentra la deshonestidad entre la burocracia. Más serio aún es el caso de los aliados de Andrés Manuel López Obrador hoy envueltos en escándalos relacionados con la delincuencia organizada, los cuales el tabasqueño busca superar no hablando con la verdad y aclarándolos, sino lanzando acusaciones a sus adversarios.

En los medios también está muy presente la propuesta del PAN y el PRI de crear un sistema “radical e integral” contra la corrupción. La pregunta a los panistas sería, ¿a quién van a proponer para presidirlo? ¿A César Nava? ¿A Yunes? Se trata de una institución tan corroída por ese mal que resultaba una paradoja ver en la presentación del mencionado sistema a Ricardo Anaya, protagonista de la controversia de “los moches”, jamás aclarada a cabalidad. 

Los mismos priistas cuentan entre sus filas a tal cantidad de militantes envueltos en escándalos que carecen de credibilidad ante los ciudadanos para atajar esta amenaza social, especialmente porque han fallado en operar la propuesta presidencial de crear la Comisión Nacional Anticorrupción, uno de los compromisos primordiales del licenciado Enrique Peña Nieto en su campaña.

Aunque en todos los partidos hay ciudadanos honestos y congruentes, el sistema en sí mismo tiene ya tal grado de descomposición que a sus dirigentes les es imposible desterrarla. 

Por ello, el verdadero combate a la corrupción solo vendrá desde la sociedad, desde los grupos independientes y desde las denuncias ciudadanas, desde aquellos mexicanos sin militancias ni ideologías que saben que en el México de hoy el más grande acto de patriotismo es luchar contra la corrupción.

 

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Entre el México bárbaro y la visión diplomática

Uno de los mayores desastres para la imagen de paz, estabilidad y progreso proyectada internacionalmente por el régimen de Porfirio Díaz fue la publicación en Estados Unidos del libro “México Bárbaro”. Corría el año de 1908 y el periodista John Kenneth Turner, reveló la realidad de violencia, esclavitud y desigualdad que el régimen maquillaba.

Esa misma historia se ha venido repitiendo con diferentes actores a lo largo de todo el siglo XX y hasta la actualidad. Ahí está el estallido de violencia en Chiapas en 1994 que desbarató el teatro montado por Carlos Salinas en su afán globalizador. 

Lo mismo se puede decir de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, que acabo de posicionar al México de Felipe Calderón como uno de los países más violentos del mundo.

Y si la obra se repite, aunque sean diferentes  los actores, se debe a que no se trata de un tema de gobiernos, sino del Estado; no de partidos, sino de factores culturales; tampoco de ideologías sino de falta de concertación e incapacidad para el diálogo.

Igualmente se repite la reacción de los gobiernos: minimizar los hechos, instruir al cuerpo diplomático para “reforzar” sus tareas de difusión de lo que “realmente” es México y convencer a los inversionistas extranjeros de que vivimos en paz. Durante los cuatro últimos sexenios hemos visto, palabras más, palabras menos, esa misma situación.

Hoy, ante las declaraciones del bloque de los embajadores de la Unión Europea destacados en México (quienes calificaron como “actos de barbarie” las recientes tragedias) y el gran eco internacional que han tenido

 

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las protestas por la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, no hay que caer en la tentación de recurrir a las gastadas recetas de ordenar a los diplomáticos mexicanos que presenten una visión insostenible de lo que es México. Se trata de una reacción que una y otra vez ha probado su inutilidad.

Un cambio positivo sería reconocer que hay retos extremadamente arduos, a la vez que se muestra a la comunidad de países una ruta crítica y un plan realista para superarlos, involucrando lo más posible a la sociedad mexicana y a organismos internacionales, con transparencia y honestidad. 

Es iluso creer que se puede tapar la violencia con un dedo, construyendo una fachada turística y publicitaria destinada únicamente a atraer inversiones. Muy por el contrario, si se muestra visión de Estado, sin negar lo obvio, seguramente se obtendrá la solidaridad y el apoyo de miembros significativos de la comunidad internacional.

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Guerrero en guerra

Pocas veces en la historia del México contemporáneo hemos visto una entidad de la república alcanzar tan vertiginosamente una tormenta  como la que hoy azota a Guerrero. De atender a la prensa de hace tan solo unos meses, podríamos haber visto a ese estado como una comunidad con retos pero de ninguna manera al borde de la ruptura social como hoy se encuentra: con estallidos de brutalidad del crimen organizado, con manifestaciones violentas fruto de la indignación cívica y con gobiernos locales llanamente colapsados.

Para todos los demás estados y para el Distrito Federal hay dos lecciones claras y contundentes que deben ser atendidas con la mayor celeridad, atención y compromiso.

La primera tiene que ver con la pasmosa debilidad institucional que mostró el estado (y el Estado) de Guerrero. En cuestión de días vimos desmoronarse su arquitectura oficial. 

Policías, procuradurías, sistemas ejecutivos, hoy poco o nada pueden o siquiera intentan hacer. 

Es especialmente grave que el gobierno estatal esté, de manera literal y figurada, en llamas: en cuestión de días perdió toda capacidad de maniobrar política o jurídicamente para preservar el orden o mantener estándares mínimos de operación. 

La segunda lección tiene que ver con involucrar a la ciudadanía de manera organizada y efectiva en las decisiones públicas. 

Si se relega a los ciudadanos, si solo se les corteja en las campañas, si les niegan espacios de participación reales y efectivos, se siembran semillas de violencia como las que ahora han germinado. 

Para un manifestante es mucho más fácil y justificado incendiar un edificio público que no siente suyo.

Para toda comunidad, lograr niveles de gobernabilidad sólidos tiene que ver también con la capacidad de actuar con visión de Estado: mientras haya figuras como el alcalde de Iguala y su esposa, buscando crear una dinastía familiar en el municipio, o como el gobernador Aguirre, aferrado al cargo, jamás podrá haber instituciones firmes. Se necesita contar con líderes políticos mucho más preocupados por la paz social que por conservar el poder y ganar votos.  

Para todos los estados hay una señal de alerta que deben atender, revisando qué tanta armonía hay entre gobernantes y gobernados y qué tanta solidez institucional gozan. Pues entre más unidad hay entre Estado y sociedad, mayor es el blindaje contra la violencia generalizada.

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Violencia en una marcha por la paz

La paradoja humana, social y política es brutal: durante una marcha en la Ciudad de México en solidaridad con los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, plena de expresiones de duelo y de dolor, se hizo presente la violencia contra uno de los propios manifestantes, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Al líder moral del Partido de la Revolución Democrática le fueron arrojados en un primer momento insultos, como “cobarde”, “traidor” y “asesino”, pero luego botellas y hasta señalamientos de tránsito. 

Con apego a la doctrina de no violencia, ni Cárdenas ni sus acompañantes respondieron a las agresiones. En la embestida resultó herido en la cabeza un intelectual señero de la izquierda mexicana, el politólogo e historiador Adolfo Gilly.

El asunto es especialmente serio porque Cárdenas ha hecho de su vida pública un ejemplo de civilidad; jamás se le ha conocido por tener un ánimo confrontacional o por hacer una política de diatribas y descalificaciones.

Las constantes críticas a su partido por tolerar o fomentar la violencia jamás han sido dirigidas contra él, pues aun quienes no profesamos su ideología sabemos que es un líder que se ha entregado con pasión y perseverancia a causas favorables a México.

Igualmente preocupante es que en redes sociales abunden comentarios que justifican estas agresiones con explicaciones tan gastadas como absurdas: que la presencia de una persona en un acto o lugar puede interpretarse como una “provocación”, que se trata de expresiones de indignación del pueblo, que son acciones planeadas como cortinas de humo, etcétera. 

La cantidad de estos argumentos indignos de toda persona que se precie de ser demócrata muestra que subsisten en nuestra cultura profundas raíces de sectarismo, que trascienden ideologías, partidos y niveles educativos. Se trata de una actitud aberrante, que avergüenza al país tanto como los hechos que se reclaman. Como sociedad, esas manifestaciones no las queremos.

Hemos cruzado un límite. Si un hombre de paz, un líder al que hasta sus adversarios reconocen como demócrata, un hombre de Estado mucho más que de partido, es agredido de esta manera, debemos hacer un alto, reflexionar y comenzar a promover desde todos los espacios posibles una cultura de la concertación, el diálogo y la tolerancia. Pues en esos valores, y jamás en la violencia, es donde está la clave para crecer como ciudadanos y como nación.

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El narco asedia las elecciones

 El arresto del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva destapó una cloaca política: junto con él fue detenido el empresario queretano Germán Goyeneche Ortega, quien fuera señalado por la Procuraduría General de la República como operador financiero del capo sinaloense.

Poco tardó en revelarse que Goyeneche es militante del Partido Verde Ecologista de México, instituto que lo expulsó ipso facto. El líder del Verde en el Congreso de la Unión, Arturo Escobar (quien en 2009 fuera sorprendido en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cargando más de un millón de pesos en efectivo dentro de una maleta Louis Vuitton) argumentó que “ningún partido está exento de esto (que el narcotráfico se infiltre en sus filas). No tenemos la posibilidad de conocer la vida privada de los militantes, tenemos muchísimos afiliados en este país, cerca de 750 mil, y no somos Ministerio Público”.

No solo el Verde resultó “salpicado” por el arresto de Beltrán Leyva. Políticos del Partido Acción Nacional también fueron relacionados con el presunto operador financiero del narcotraficante. Para comenzar, se difundió una imagen en la que Goyeneche se encuentra en primera fila durante un evento del diputado federal Ricardo Villarreal, hermano del senador blanquiazul Luis Alberto Villarreal (quien fuera destituido de su cargo como coordinador de bancada tras el escándalo de la fiesta con bailarinas de “Table Dance”). Además, según reportes consignados en la prensa, Goyeneche habría financiado las campañas “del excandidato panista a la alcaldía Cristóbal Finkelstein Franyutti, así como del exalcalde y exdiputado local Jesús Correa Martínez”.

Estos hechos prenden focos amarillos en el tablero de la política nacional. Primero, evidencian que el crimen organizado está asediando los procesos electorales, capitalizando la vulnerabilidad de los partidos frente al propósito de los capos de llevar al país a la narcopolítica.

Además, de cara a las elecciones de 2015, se pone en jaque a la figura de las candidaturas independientes; más que nunca queda claro que hay una intención de apoderarse de cargos de elección popular a fuerza de narcodólares. Con el Instituto Nacional Electoral haciendo su debut en este enorme proceso, claro está que las autoridades no necesariamente contarán con los recursos humanos, jurídicos y políticos para llevar a cabo una revisión exhaustiva de cada uno de los candidatos y sus patrocinadores.

Está en manos de las autoridades judiciales actuar con la mayor prontitud y desentramar en los 8 meses que restan para la elección la trama de complicidades y patrocinios oscuros alrededor de Goyeneche y Beltrán Leyva. Un carpetazo significaría abrir las puertas de diversos edificios públicos a informantes e impulsores de decisiones gubernamentales que beneficien a la delincuencia organizada.

Además, en manos del ciudadano está una herramienta vital: dar su voto no solo por unas siglas, una ideología o un partido, sino a líderes con raigambre social, con reconocido prestigio entre sus vecinos, con trabajo comunitario de larga data. Solo así bloquearemos a los narcopolíticos el camino a alcaldías, a congresos y a gubernaturas, puntos neurálgicos de la acción del Estado mexicano. 

 

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Protección civil gubernamental y social, la evolución necesaria

La riqueza de nuestro territorio es tan grande como los riesgos naturales que enfrentamos. Tanto por la geografía como por la ubicación de muchos asentamientos humanos, gran parte de la población está expuesta a los embates ambientales o, como demostró el caso de Sonora en días pasados, a desastres provocados por factores humanos.

Año con año vemos desfilar por los medios ominosos nombres como Odile, Vilma, Gilberto, Manuel, Ingrid, Emily, Stan; palabras que anuncian destrucción, inundaciones, severas pérdidas económicas y hasta fallecimientos, en este patria que enfrenta anualmente un promedio de 24.5 ciclones tropicales.

A ello debemos añadir otros temas que atraen menos reflectores: Hay datos duros que ubican a uno de cada tres mexicanos en zonas de peligro sísmico y uno de cada dos expuesto a “actividad volcánica peligrosa”. Además está el tema de las sequías y las heladas que son particularmente perniciosas para la economía y el bienestar del México rural.

Por doloroso que sea, debemos reconocer que hay un factor que ha tomado un mayor peso a raíz de Odile: los saqueos. Hubo momentos en los que se sufrió una oleada de barbarie, que llevó a distraer a los elementos de las fuerzas armadas y de las distintas corporaciones policiacas en labores de vigilancia, cuando más necesario era que se dedicaran de lleno al trabajo propio de protección civil.

Este panorama no se habrá de aclarar. Literal y figuradamente, hay nubes negras en el horizonte. Algunos estudios internacionales prevén que el ya de por sí elevado número de huracanes y tormentas se seguirá incrementando, debido al llamado “Efecto Invernadero”. Igualmente, a causa de los ciclos de violencia abiertos durante el sexenio pasado es previsible que la delincuencia profundice las contingencias.

Podemos afirmar, sin catastrofismo, que es posible vislumbrar una crisis semipermanente en materia de protección civil, que hace indispensable cambiar los esquemas de planeación e implementar un enfoque proactivo a todos los niveles.

Urge reforzar los sistemas de protección civil en todos los órdenes de gobierno, incrementando presupuestos y personal, pero sobre todo diseñando planes de acción y mecanismos de comunicación a prueba de eventualidades.

Ya no puede haber espacio para recabar fondos o para improvisar en situaciones en las que cada segundo cuenta y cuesta.

Pero, sobre todo, es imprescindible motivar a que cada vez más ciudadanos tengan nociones elementales en materia de protección civil, incentivando la creación de grupos de vecinos y de voluntarios capaces de articular planes para proteger familias y comunidades, para que los damnificados no se limiten a esperar ayuda, sino sean sobre todo capaces de ayudarse a sí mismos.

Con ello, además, es posible sembrar semillas que lleven a reforzar el tejido social y la indispensable unidad dentro de comunidades y colonias, base misma de la seguridad pública. La clave está en la propia sociedad mexicana, en sus inagotables reservas de solidaridad que pueden ser clave para salvar vidas y patrimonios cuando la desgracia azota.

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Entre la solidaridad y el saqueo

“No hay palabras para describir la situación en Los Cabos. El huracán nos destruyó, pero lo peor ha sido la rapiña y saqueo a las tiendas. Esto es una zona de guerra. No hay comida, ni agua, ni luz, ni comunicación; tampoco gasolina ni medicinas. No hay dónde comprar víveres. El problema más grande es la inseguridad. Es una vorágine de saqueos… Ya comenzaron los asaltos a las casas y a la gente. Los vecinos prenden fogatas y hacen guardias con palos y botellas para defenderse, ya que los delincuentes se agrupan y atacan para robar…”

Esas palabras son el testimonio de un habitante de la península de Baja California que ha sido ampliamente compartido en las redes sociales. Aunque fue escrito en el peor momento, justo tras el paso del meteoro, y la situación ya ha mejorado gracias a que la Secretaría de la Defensa Nacional ha aplicado el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre (conocido como PLAN DN-III) y se desplegaron unos dos mil castrenses, sigue habiendo grandes riesgos para la población.

Igualmente se ha establecido un puente aéreo para desalojar a residentes y turistas, pero muchos habitantes han decidido quedarse para proteger el patrimonio de sus familias. Persiste el peligro en materia de seguridad y por la posibilidad de nuevos embates de la naturaleza, así como un tremendo desabasto provocado en gran parte por las acciones de rapiña.

Después de todo, estamos ante un fenómeno extraordinario. No cualquier día la Secretaría de Gobernación emite una alerta roja advirtiendo a las autoridades y a la población que se está en una etapa de “peligro máximo”.

Sin embargo, hay una eventualidad que también debemos señalar: que el tejido social de las poblaciones afectadas quede irremediablemente roto por las acciones delincuenciales que se han desatado, que crezcan hiedras de miedo y desconfianza, ahogando la unidad entre vecinos y conciudadanos.

Está en manos de todos los mexicanos coadyuvar a arrancar de raíz esa amenaza. Cada apoyo enviado a un centro de acopio, por mínimo que sea, lanza un claro mensaje de humanitarismo a quienes hoy se encuentran en las zonas siniestradas.

No solo mandamos agua y comida, sino también reforzamos el claro mensaje de que a pesar de todo nuestra patria sigue siendo un país de mujeres y hombres fraternos, pues si en un primer momento el desastre hizo de esas comunidades una zona de guerra, con el apoyo de todos podemos convertirlas de nuevo en zonas de paz y solidaridad.

 

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Panismo desbordado por la corrupción

Es una pena que la corrupción se haya desbordado en el Partido Acción Nacional y que los panistas solo sean espectadores silenciosos de su debacle. Sonora es el principal ejemplo, aunque seguido muy de cerca por los escasos gobiernos estatales azules que aún sobreviven.

Solo basta con echarle un ojo al rosario de tropiezos políticos que han hecho de Guillermo Padrés un escándalo nacional en los últimos días, comenzando por el reportaje de una televisora que denunció la construcción de una presa en su rancho.

Poco ayudó la reacción del panismo sonorense que, en lugar de pugnar por aclarar el caso con transparencia democrática, se puso del lado del poder señalando a políticos de otro partido de tener represos ilegales en sus ranchos. Al final, como ha ocurrido con los protagonistas de otros escándalos recientes, Padrés se enredó en sus propias mentiras al grado del ridículo.

Además está la acusación a Juan Valencia, dirigente del PAN estatal, de comprar irregularmente un predio con la complacencia de un alcalde panista, Javier Gándara, precandidato a la gubernatura; también se señala al propio Gándara de vender de manera opaca un terreno a un familiar de Padrés.

Por si fuera poco destaca el gesto al más puro estilo chavista de Guillermo Padrés: expulsar a tres delegados federales del Comité de Emergencias de Protección Civil, en un abierto desafío al Ejecutivo Federal.

Así como Hugo Chávez expulsaba a diplomáticos extranjeros cada vez que deseaba tender una cortina de humo a la opinión pública internacional, Padrés afirmó que los “non gratos” fueron negligentes ante la contaminación del Río Sonora y lo acusaron falsamente de tener en su rancho una presa ilegal.

Este panorama es parecido al que, de manera más soterrada,  enfrentan los otros gobiernos estatales panistas. Se trata de una situación generalizada que nace no solo de la falta de oficio político de gran cantidad de funcionarios panistas, sino sobre todo del silencio rayano en la complicidad del panismo.

Lejos estamos de aquella militancia capaz de ayudar a sus gobernantes no desde la sumisión, sino desde la crítica libre y bien fundamentada.

Ese espíritu libertario era la principal fuerza del PAN y hoy se encuentra acallado por la censura y por la fuerza de las nóminas gubernamentales; fue víctima del gran poder de la corrupción: el de comprar consciencias y voluntades.

Por todo ello —ya en la cuenta regresiva a las nueve elecciones de gobernador que se celebrarán en 2015— poco o nada se puede esperar de Acción Nacional en las urnas.

 

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Sistema político mexicano, la reforma que falta

El proyecto sexenal ya tiene cimientos. Las 11 reformas de alto calado impulsadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo han dado rumbo y vigor al Estado. En materias como la economía, la infraestructura, las relaciones internacionales, la educación, la salud, el mundo laboral y el marco judicial se han abierto anchos caminos. No es escaso el mérito, como no fueron pocas  las negociaciones y la interlocución política para construir esos logros.

En un ánimo constructivo, conviene señalar que estos cimientos pueden y deben servir para impulsar un cambio aún más ambicioso, que es el gran pendiente de nuestra democracia: la inclusión real de la sociedad en las decisiones públicas.

Si un flanco débil tiene nuestra nación se encuentra precisamente en la cada vez más profunda brecha entre gobernantes y gobernados. Los niveles de inclusión cívica se mantienen en niveles históricamente bajos; apatía, abstencionismo, desencanto, son calificativos que se repiten continuamente cuando se analiza al electorado mexicano.

El sistema de partidos se ha hecho acreedor a un desprestigio brutal, en un ambiente crítico en el que nadie sale bien librado. La suciedad a todos mancha por igual. Igualmente, instituciones que anteriormente gozaban de la estima social han visto bajar sus bonos.

Esto se debe, en gran parte, a que el anciano sistema político, ya obsoleto pero aún vigente, obstaculiza casi sistemáticamente la participación ciudadana. Persiste el gran caldo de cultivo de la corrupción: la falta de transparencia. También hay una escasa representatividad, misma que provoca que los ciudadanos no vean como suyas las decisiones del Estado y que es el gran motor del descontento social, así como de la pugna porque las herramientas de democracia directa sean efectivas y no solo posibilidades legales teóricas  (herramientas como las candidaturas ciudadanas, los referendos y las consultas populares).

Incluso se puede señalar que las mismas reformas, sin por ello restarles mérito,  se forjaron no con el consenso de la sociedad y ni siquiera de la llamada “clase política”, sino con los grandes desprestigiados como principal elemento de decisión: los partidos políticos.

Hay, sin embargo, razones para la esperanza. México tiene solución, una solución que demanda que la siguiente gran reforma sea incluir de manera genuina —no en consejos que nada deciden o con maniobras publicitarias— a los ciudadanos en la toma de nuestras decisiones comunitarias.

Si en estos primeros dos años los partidos han sido los protagonistas del cambio, es necesario que en los cuatro siguientes sea la sociedad quien tomé las riendas del Estado. Esa será la reforma toral, la más significativa y la de más profundo calado histórico, la que revolucione no solo la economía sino las raíces mismas del sistema político mexicano.

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Informe de EPN: la semilla del cambio 

El eje de los mensajes políticos y mediáticos alrededor del Segundo Informe del presidente Enrique Peña Nieto es, por mucho, las reformas legislativas. Se mencionan temas específicos como la educación, la infraestructura, el desarrollo social, las relaciones internacionales y la salud, además de minimizar el de seguridad pública, pero el Gobierno Federal ha evidenciado que si de algo se siente orgulloso es de los frutos que ha dado conjuntamente con el Poder Legislativo.

Solo desde la mezquindad política se pueden descalificar de tajo los avances logrados en once reformas de alto calado, en las materias educativa, energética, de competencia económica, financiera, hacendaria, laboral, de telecomunicaciones, política y de transparencia, así como en lo concerniente a  la Ley de Amparo y al Código Nacional de Procedimientos Penales. Por supuesto que existe un mérito no solo del Gobierno, sino del Estado en su conjunto.

Se trata, sin embargo, de logros que hasta el día de hoy pueden considerarse promesas, pero no realidades. Se ha abierto once caminos, sí, pero los mexicanos no hemos comenzado a recorrerlos.

Seguramente el obstáculo más duro en esas sendas será la corrupción. Ahí están las leyes, pero por más bien diseñadas que estén se trata tan solo de teorías que tendrán que ser llevadas a la práctica en uno de los entornos más corruptos del orbe.

Hasta el momento, el punto flaco en el actuar no solo del gobierno sino de los tres Poderes de la Unión y de todos los órdenes de gobierno ha sido el combate a la corrupción. Se han apresado personas en acciones que solo se pueden considerar simbólicas, como el caso de Elba Esther Gordillo, pero no han pasado de generar impactos mediáticos. A partir de sus arrestos no se ha provocado ningún otro y por lo tanto las redes sobre las cuales operaban siguen en funcionamiento.

Por ello, será una excelente señal ver justo en el tercer informe de gobierno que se haya puesto en marcha la Comisión Nacional Anticorrupción, con una amplia participación de la sociedad, que hasta ahora se encuentra empantanada.

Se trata de un tema que es tan vital como urgente, pues hay un mérito enorme en estas legislaciones transformadoras, pero para genuinamente ponerlas en acción es indispensable comenzar a limpiar la casa y asegurar que fluyan en un Sistema Político Mexicano con estándares mínimos de corrupción. Solo así la nación podrá ver los frutos limpios de las semillas que con las reformas estructurales se han sembrado.

 

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La decadencia ética de Acción Nacional

Hoy al PAN le falta de credibilidad justo lo que le sobra de corrupto. Día con día los titulares periodísticos confirman a México entero que este partido, otrora insigne y respetable, se ha sumido en el pantano al que lo llevó su abandono de la ética y el adoptar la lógica de lo “menos malo”, en vez de jugarse el todo por el todo defendiendo los ideales y la mística que le dieron identidad, honor y triunfos en las urnas.

Un claro ejemplo de ello es el lamentable escenario que enfrenta el partido blanquiazul en Querétaro. Siendo que la militancia de ese estado alguna vez fue una de las más activas y construyó un genuino bastión, ejemplo a nivel nacional, hoy se desarrolla el triste espectáculo de ver a una gran cantidad de panistas alinéandose con Francisco Domínguez, senador que aspira a ser candidato a gobernador.

Se trata de un personaje que ha incurrido en diversas conductas violentas, incluso al desempeñar sus labores parlamentarias y dentro del propio recinto legislativo. Anteriormente diputado federal y alcalde de la capital estatal, ha logrado generar una estructura y una clientela política que durante la elección de presidente del PAN le permitió operar el triunfo de Ernesto Cordero en el estado de Querétaro, aunque a nivel nacional saliera ganando Gustavo Madero.

Es paradójico escuchar a sus propios prosélitos afirmar que lo apoyan no por ser un hombre honesto o tener méritos destacables, sino con el endeble argumento de que “Francisco es menos corrupto que Ricardo Anaya”. Sus mismos seguidores dicen que es muy parrandero, transa y mujeriego (a nadie sorprende que haya sido acusado por acoso sexual ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Asimismo dicen que es “centavero” y hasta se inventó un auto atentado.

Sin embargo, este es el tipo de personajes que hoy están apoyando panistas que se asumen como honestos, apegados a los principios de doctrina y a los ideales de Acción Nacional. No solo se trata de la nueva oleada de “ultra pragmáticos” que nada más conocen la consigna del “haiga sido como haiga sido” calderonista, sino también de mujeres y hombres con militancia de larga data y conocimiento de las entrañas ideológicas de su partido.

Es tal la decadencia ética de este instituto que quienes antes buscaban el bien mayor hoy se conforman con colocarse en la menos incómoda posición, donde haya menos fango. No donde se pueda trabajar con las manos limpias, sino con la menor cantidad de podredumbre.

Esta actitud no solo es una incongruencia, sino también un acto deshonesto, una perversión de la prudencia que los lleva a rehuir su responsabilidad de limpiar a ese partido, escondiéndose bajo el disfraz de la concordia.

Si en verdad quisieran salvar al PAN, harían lo necesario para liberarlo de quienes lo han corrompido, pero salvando la institución y reincorporándolo a la causa por la que mucho tiempo trabajó: la obra del bien común desde un esfuerzo generoso y honesto, repelente a la corrupción y a las prácticas que hoy le desprestigian.

Esta debacle moral no será remediada por sus dirigentes nacionales, ocupados como están en esa política carroñera que los lleva a disputarse los despojos de lo que alguna vez fuera un partido de luminosa conducta, riñendo por las cada vez más escasas curules y los mínimos cargos de gobierno que les restan.

La solución está en que los panistas auténticos emprendan la ruta de la congruencia para recuperar la confianza y credibilidad de los queretanos, pero también de todos los estados en los que se replica este oprobioso escenario. Si algo quieren lograr como institución en julio de 2015, bien harían los militantes que aman sus colores en recordar que ya no se puede vivir en la cómoda posición de apoyar al “menos malo”, sino que, en palabras de don Efraín González Luna, “hay que asumir el camino del deber aunque sea cuesta arriba”.

 

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Los escándalos del PAN rumbo al 2015

La suma de escándalos de los panistas ha dejado claro que las elecciones intermedias del 2015 les serán una piedra de sacrificio. Así como se presentó ahora el video de “los diputables” que desembocó en la defenestración de su coordinador en San Lázaro, más videos y casos vergonzosos habrán de surgir en los próximos meses. Muy probablemente la siguiente bancada de diputados federales del PAN rondará escasamente los 80 legisladores.

La tendencia ya está marcada. Vea usted la lista de manchas para esta institución alguna vez símbolo de honestidad: los panistas arrestados en el mundial de Brasil,  los “moches”, los neonazis, la fiesta organizada por Jorge Luis Preciado en instalaciones oficiales (así como su presunta asistencia ebrio a labores parlamentarias), la homofobia en la bancada del Senado y Oceanografía.

Esos son temas de los últimos meses. No entremos en los del sexenio pasado, producto de la escandalosa corrupción de la que César Nava (y su departamento multimillonario) fueron el más claro ejemplo.

Mención aparte merece la red de corrupción tejida por Miguel Ángel Yunes, quien sigue haciendo escuela de malas artes, tal cual quedó claro con el audio en el que se le escucha pactando la transferencia de varios millones de pesos que él disfraza de “documentos”. Se trata, además de un corruptor de la acción política del PAN y un lastre para la salud institucional del Estado mexicano.

Por todo ello vemos a un PAN en riesgo de perder su registro como partido nacional, pues según el Instituto Nacional Electoral únicamente cuenta con 3 mil 320 militantes más de los necesarios para conservar su estatus; tan solo tiene 222 mil 928 afiliados certificados.

El futuro de los azules se adivina negro, pues en sus comités locales y nacionales se encuentran tan fragmentados que no podrán recomponerse de aquí a su siguiente cita con las urnas.

¿Cómo podrían lograrlo, si los lidera un Gustavo Madero incapaz de toda acción política impactante, negado a la interlocución de alto nivel y con severos huecos en materia de estrategia electoral?

¿Cómo, si en su nuevo ADN corre el calderonismo como doctrina ultra pragmática y principio de acción? Ni la pasividad de Madero ni el “haiga sido como haga sido” de Calderón podrán reconciliarlos con la sociedad y darles la credibilidad que necesitan para volver a mirar a los ojos a los mexicanos y pedirles su voto.

 

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Yunes, el enemigo público

La impunidad con la que opera Miguel Ángel Yunes Linares se ha recrudecido hasta convertirlo en un enemigo público. A nadie sorprende verlo envuelto en un escándalo de corrupción, pues son la esencia de su carrera política y el sello de esa dinastía familiar con tintes de cacicazgo que le ha abierto caminos a la opulencia.

En el más reciente de dichos escándalos —hay que puntualizar que es el más reciente mas no el último, pues seguramente habrá muchos más— se ha difundido una conversación telefónica en la que se le escucha acordar con el panista queretano Miguel Martínez Peñaloza transferencias por más de 7 millones de pesos.

En un lenguaje pobremente codificado, se refieren al dinero como “documentos” y dialogan sobre la manera de pasarlo de manos, con la tranquilidad de quienes están acostumbrados a este tipo de operaciones furtivas.

Con esta grabación se reitera que Yunes es un corruptor de la acción política del PAN, partido en el que ha hecho escuela en lo que a política negra se refiere, contaminando de mañas a una nueva generación de políticos.

Es el caso del propio Miguel Martínez Peñaloza, quien al parecer ya forma parte de esa red de corrupción que ante el disimulo de Gustavo Madero ha tejido Yunes en su partido.

Aquí hay que condenar con toda claridad que, en tanto presidente de Acción Nacional, el menor de los yerros del propio Madero ha sido actuar con lenidad y hacerse de la vista gorda ante el tráfico de influencias y recursos ilícitos que hoy recorre a ese partido como un río subterráneo. Igualmente, ¿cuál de las figuras señeras del PAN ha salido a defender la honra de sus colores? ¿Dónde están los jóvenes de manos limpias o el propio Consejo Nacional, antes consciencia de la institución?

Entendemos que no es fácil enfrentar el poder de Yunes, pues lo hemos hecho: Siguiendo el mandato de la Asamblea de Líderes del movimiento nacional Volver a Empezar, en abril de 2013 presentamos formalmente una denuncia penal en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez por el delito de enriquecimiento ilícito, aportando pruebas contundentes (entre ellas estados de cuenta de diversos bancos internacionales) para acreditar que ambos poseen cuantiosas fortunas y propiedades que no se relacionan con sus ingresos públicos ni con sus declaraciones patrimoniales.

No obstante, no podemos sino manifestar un extrañamiento ante el hecho de que la Procuraduría General de la República no solo no avanzó en la investigación, sino que ni siquiera nos convocó para ratificar la denuncia.

En ese periodo hubo presiones y amenazas, pero no nos arredraron pues lo que está en juego no es el destino individual de Miguel Ángel Yunes, sino el mandar el mensaje a la sociedad mexicana de que no serán solapados su desfachatez y su arbitrario uso de los recursos públicos, pues de no enfrentarlo seguirá siendo un lastre para quienes desean limpiar el sistema político mexicano.

 

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Escuelas inseguras

La frialdad de los números ha demostrado, como en tantos otros rubros, el fracaso de uno de los programas más publicitados del sexenio de Felipe Calderón: Escuela Segura. A pesar de haber recibido recursos económicos por más de mil 85 millones de pesos, el endeble valor de sus resultados está a la vista.

Por un lado, una evaluación de la propia Secretaría de Educación Pública encontró que en la mitad de los planteles que participaron “las condiciones de seguridad interna y externa mejoraron”, pero en un 20% de las escuelas las condiciones se mantuvieron igual y en un 30% empeoraron.

Es decir, según una autoevaluación este programa está “reprobado” pues sus efectos positivos apenas llegan a la mitad de las escuelas que se aplica. Una evaluación independiente seguramente arrojaría resultados más severos. El problema estriba en que, según encontró la Auditoría Superior de la Federación, no se logró “justificar metas e indicadores del programa. Tampoco en qué se utilizaron los recursos entregados a los estados”.

Estamos ante un severo problema heredado por el gobierno calderonista, en una doble vertiente. Por un lado, se trata de un asunto de falta de rendición de cuentas, de desprecio a las más elementales reglas de transparencia y de efectividad gubernamental. Es inaceptable que un presupuesto de tan alto calado simplemente sea tratado con criterios secretos y discrecionales, que no se pueda saber a dónde fueron a parar tan cuantiosos recursos.

Por otro, cuando vemos que el bullying, el narcomenudeo y la criminalidad en general se mantienen en niveles brutales, dentro y alrededor de nuestras escuelas, ¿cómo es justificable  haber perdido un sexenio entero? Es necesario que los responsables sean llamados a cuentas de inmediato, no con un afán vengativo sino para evitar que esta situación persista y lanzar el claro mensaje que no se permitirá el manejo discrecional de los dineros públicos. No se trata de un error burocrático intrascendente, sino de un yerro en proteger lo más valioso de nuestro país: nuestros niños.

La solución, como en la gran mayoría de los temas de seguridad pública, pasa por involucrar a la sociedad en la implementación de programas y abandonar esquemas de unilateralidad gubernamental; la clave está en actuar con un ánimo concertador y transparente, en el que la fuerza democrática y comunitaria de los mexicanos —y no solo del Estado— sea el cimiento de la paz.

 

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Lecciones de la Ley Bala

El violento fallecimiento del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, durante una manifestación en el estado de Puebla no solo no puede quedar impune, tampoco debe ser visto como un hecho aislado o un acontecimiento fortuito.

Muy por el contrario: esta tragedia solo puede tener significado si provoca un cambio esencial y ya indispensable en el actuar de las diversas corporaciones que mantienen el orden público.

Es necesario pasar de la “Ley Bala” a la “Ley Tehuatlie”, sentando las bases para que las manifestaciones políticas sean contenidas con métodos policiales respetuosos de los derechos humanos.

Los dos meses de existencia de la “Ley Bala”, aprobada por el Congreso poblano local el 19 de mayo de 2014, estuvieron marcados por la polémica.

Impulsada por el gobernador Rafael Moreno Valle en lo que solo se puede ver como un intento de controlar protestas cívicas, acorde a su estilo de mantener artificialmente una imagen de paz social que le permitiera acceder a la presidencia, fue denunciada por numerosos defensores de los derechos humanos debido a que abría la puerta para el uso de armas de fuego contra manifestaciones políticas.

Que los señalamientos eran certeros se evidenció en la primera ocasión que este marco jurídico fue puesto a prueba, pues generó un ambiente pleno de ambigüedad que generó en la sociedad nacional la percepción de que el niño José Luis Tehuatlie podría haber sido asesinado por policías.

 

Queda claro que la Ley Bala significó un disparo en el pie que se dio solo Rafael Moreno Valle, pero a estas alturas lo que menos importa es la carrera política del ex aspirante presidencial poblano.

Lo realmente vital para el Estado y la sociedad es hacer justicia y evitar que una vez más, como muchas otras, el derecho a manifestarse derive en excesos violentos.

Para ello, la clave está en elaborar una nueva ley, humana y de avanzada, centrada en lo más importante: capacitar a los policías en tareas antimotines, pues por más que se les dote de equipamiento o de herramientas jurídicas, si carecen del entrenamiento y la educación para hacer frente a estas manifestaciones con profesionalismo, tarde o temprano volveremos a padecer una tragedia.

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El juicio sumario de la opinión pública

Se ha desatado una tormenta de opiniones en redes sociales y en medios de comunicación a raíz del cateo del albergue La Gran Familia, fundado por Rosa Verduzco, Mamá Rosa, hace ya 66 años.

El despliegue de los aparatos de seguridad para hacer el cateo fue de gran envergadura, conjuntando autoridades de la Policía Federal,  el gobierno del estado, la Policía Ministerial de la Procuraduría y  el Ejército.

Aún mayor fue el operativo mediático —encabezado por una conferencia de prensa conjunta del gobernador de Michoacán y el procurador de la República— destinado a posicionar que se rescató a casi 600 personas, la mayoría niños, que supuestamente se veían forzados a pedir limosna, dormir en el suelo y comer alimentos en mal estado.

Asimismo, se habla de presuntos abusos sexuales y casos de privación ilegal de la libertad. Se informó que la fundadora ha sido detenida junto con ocho personas y que se presentaron alrededor de 50 denuncias durante los últimos meses.

Esta ofensiva mediática de las autoridades fue respondida por una fuerte indignación y airadas declaraciones de los partidarios de la señora Verduzco en redes sociales.

Los más notorios defensores de “Mamá Rosa” han sido el ex presidente Vicente Fox y su esposa, Enrique Krauze, el futbolista Rafa Márquez, Jean Meyer y Lydia Cacho. De manera similar muchas personas han expresado su solidaridad en redes sociales y han organizado marchas.

Hay que señalar que el hecho de que personas de tan alto perfil estén opinando podría verse como una manera de buscar influir en las investigaciones y en los juicios que habrán de conducirse en los próximos días.

Pero aún más alarmante resulta es que instancias tanto estatales como federales continúen con la práctica de linchar mediáticamente a personas que no han sido encontradas culpables ni mucho menos sentenciadas.

En el caso que nos ocupa, y sin tener elementos para afirmar que la fundadora del albergue La Gran Familia sea o no responsable de los hechos que le imputan, queda claro que aun si un juez la exonera el trabajo de toda una vida se verá manchado por el juicio sumario que ya hizo la opinión pública.

La “presunción de inocencia” no deja de ser una frase que se usa en los discursos pero brilla por su ausencia en las prácticas de las autoridades judiciales, más preocupadas por utilizar los medios como escaparate para generar ganancias políticas que por respetar los principios jurídicos básicos y los derechos humanos de los ciudadanos.

 

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Concertación Mexicana va al 2015

La pluralidad política es uno de los signos que enaltecen a una sociedad de avanzada, capaz no solo de tolerar la diversidad, sino de fomentarla y acogerla. Cualquier lector atento de la historia sabe que justo lo contrario de la pluralidad son los totalitarismos, como  el fascismo y los sistemas unipartidistas, que buscan acallar las voces discordantes.

Para los mexicanos este tema es especialmente delicado porque formamos uno de los pueblos con mayor riqueza geográfica, cultural e histórica de todo el mundo. Esta luminosa realidad genera una gran pluralidad y cientos de maneras de concebir nuestro destino comunitario.

Por ello resulta tan positivo que cada vez contemos con más opciones políticas: a partir del primero de agosto, habrá tres nuevos partidos nacionales. Se ha dibujado una boleta electoral tan colorida y diversa como es la identidad patria.

El Movimiento Regeneración Nacional (conocido como “Morena”), Encuentro Social y el Partido Humanista participarán en los comicios del 2015 y tendrán la oportunidad de acreditar que merecían el registro y que no hubo “mano negra” en su conformación. Asimismo, se convertirán en espacios para quienes buscan afiliarse a un nuevo partido.

Hay, además, una opción para quienes no quieren atar su consciencia a ideologías ni restringir su actividad política y comunitaria con militancias: Concertación Mexicana (CM).

Esa vigorosa mayoría de ciudadanos que se han desencantado de los partidos políticos, que los ven con desconfianza e incluso los señalan como obstáculos para la democracia, han hecho de CM un espacio para trabajar por el bien del país y aspirar a servir a México desde espacios públicos.

Aunque CM declinó en noviembre pasado a su intención de constituirse como partido, debido a que era materialmente carísimo y no había patrocinio transparente para nuevos institutos políticos, no se renunció a seguir participando en la vida cívica nacional.

De hecho, en las elecciones de  2015 impulsaremos a nuestros propios abanderados a cargos de elección popular por una doble vía: las candidaturas ciudadanas, ya permitidas por la ley; y las alianzas con partidos políticos nacionales y locales. Ambas opciones tendrán en común basarse en un programa transparente y no en ambiciones personales o proyectos de grupo.

Detrás de cada uno de nuestros candidatos estará una sólida estructura nacional con presencia en todas las 32 entidades de nuestra república, nutrida por esa afiliación —comprobable y transparente— superior a los 240 mil ciudadanos.

Pero, sobre todo, estará respaldada por esos líderes honestos, conectados con la sociedad, de conducta recta, que constituyen la punta de lanza de Concertación Mexicana. Porque así, con una gran actitud de servicio, podemos ofrecer más opciones limpias a los mexicanos partidistas y apartidistas, dando vida al ideal de la pluralidad política.

 

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Fuerzas armadas y derechos humanos

Uno de los daños colaterales provocados por la estrategia suicida de Felipe Calderón en contra del crimen organizado fue colocar a las fuerzas armadas en situaciones genuinamente insostenibles, para las cuales no tenían la capacitación específica, el equipamiento y ni siquiera el marco legal adecuado.

Lo que los hombres de uniforme sí tenían, lo que siempre han tenido, es lealtad y compromiso republicano, por lo que cumplieron con la encomienda de manera eficaz y con una entrega que en muchos casos suplió los yerros de sus mandos civiles.

Bajo el esquema calderonista, se multiplicaron las situaciones jurídicas ambiguas y los espacios en los cuales se incurrieron en violaciones a los derechos humanos, así como en una gran cantidad de quejas que aún sin estar fundadas crearon animadversión de algunos sectores sociales e incluso en comunidades enteras.

Que dichas situaciones eran consecuencia del mando civil se comprobó rotundamente ahora que, a un año y medio de iniciado el nuevo gobierno, las recomendaciones por violaciones a los derechos humanos se han reducido en un 75% para todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia, pero especialmente las dirigidas a militares.

Este logro es incluso más significativo si consideramos que en este periodo el combate contra el crimen organizado ha sido más efectivo y, sobre todo, mucho menos violento que durante el anterior sexenio.

Allí está la prueba, real, comprobable, de que tener una seguridad pública efectiva no es incompatible con respetar los derechos humanos.

Esto es positivo no solo para las fuerzas armadas, sino para el Estado Mexicano del cual son un digno pilar.

No estamos ante un asunto de imagen o de salvaguardar una fachada institucional positiva, es algo mucho más profundo.

Se trata, sobre todo, de una buena noticia para el pueblo de México, pues el nuestro es un Ejército que nace del pueblo y se dedica a servirlo, por lo que las situaciones que distancian al militar y al civil van en contra de la unidad nacional.

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Funcionarios de escándalo

En diciembre de 1994 Fausto Alzati fue nombrado secretario de Educación Pública por el entonces presidente Ernesto Zedillo. Apenas un mes después fue cesado, tras ser descubierto que fraudulentamente se ostentaba como doctor por la Universidad de Harvard.

Ya marcado por el vergonzoso récord de haber sido Secretario de Estado por solo poco más de un mes y haberse ganado el apodo de “Falzati”, transcurridas dos décadas este personaje obtuvo un nombramiento bastante menor del cual también fue cesado tras exhibir su ebriedad y su ignorancia en un acto público, al censurar la lectura de un poema que erróneamente consideró ofensivo para el actual gobierno.

No ha sido el único. El año pasado Humberto Benítez Treviño fue destituido de su cargo como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a causa de la polémica generada por el despliegue de influyentismo generado por su hija en el caso #LadyProfeco.

No se trata, por supuesto, de eventos que solo se den en el gobierno federal. Los ejemplos abundan. Estos son solo unos pocos.

En meses recientes funcionarios municipales han sido despedidos por escándalos que van desde conductas sexuales (como Óscar Armando Hernández Rodríguez, de Tekax) hasta por bailar “perreo” (como Jesús González Magallanes, ex director de Atención Ciudadana del Municipio de Saltillo).

Menos exótico fue el caso de Ricardo Quintero Ahúa, subsecretario de área de la Auditoría Superior de la Federación, cesado no por haber sido detenido en estado de ebriedad, sino por amenazar a los policías que lo detuvieron. Lo mismo sucedió a Juan Francisco Arias Ortiz, obligado a renunciar a su cargo como secretario privado del edil de Oaxaca, al ser hecho público un video en el que insultó a oficiales de seguridad pública.

En el estado de Sonora se dio el vergonzoso caso de Héctor Fernando Woolfolk Bravo, ex coordinador operativo de la Oficina del Ejecutivo del Estado de Sonora, quien grabó e hizo público un video abanicándose con billetes de 500 pesos.

Todos estos sucesos presentan lo que John Thompson señaló en su libro “El escándalo político, poder y visibilidad en la era de los medios de comunicación”, como la gran paradoja de nuestro tiempo: entre más poder tiene una persona, es escudriñado con mayor agudeza, algo especialmente peligroso en esta era en la que todos traemos una cámara de video y una grabadora de audio en el bolsillo.

Es por ello que el común denominador de estos escándalos, algunos de los cuales ni siquiera constituyeron actos ilegales, es que se hicieron visibles a través de redes sociales o medios masivos de comunicación. Eso nos habla no de gobernantes maduros, sino de una sociedad atenta y actuante.

Ese vigor de la opinión pública no debe ser utilizado solo para “cortar cabezas”, sino para forzar cambios estructurales. ¿De qué sirve que un funcionario sea cesado si apenas le retiran los reflectores de la prensa es reciclado en otro cargo?

Lo que importa, pues, es que estos escándalos vayan forzando una evolución en la cultura de servicio de la clase política, haciendo obligatorio solo personas de acreditada probidad accedan a dirigir nuestros destinos comunitarios.

 

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Guardería ABC: monumento a la impunidad

Hace ya cinco años que los mexicanos padecimos  —hermanados por el dolor— la tragedia de ver arrasada por el fuego la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Con incredulidad, con una profunda tristeza, seguimos minuto a minuto las noticias que ahondaban esta desgarradora tragedia, describiendo los detalles de ese infierno y enumerando los fallecimientos que se sumaban mientras avanzaba la tarde.

Desgraciadamente, a cinco años de distancia, lo que los periódicos dicen de la guardería y sus víctimas es indignante, pues la noticia es que no hay noticia.

Todo lo que se tiene que saber sobre las taras de nuestro sistema de justicia y de la llamada clase política se sintetiza en este dato: fallecieron 49 niños y más de 70 fueron lesionados, pero mil ochocientos días después no hay ni un solo responsable en la cárcel.

Además, se siguen discutiendo datos técnico-científicos sobre la versión oficial que dio la PGR sobre el origen del incendio: en estos días un diario de circulación nacional publicó información que echa por tierra la hipótesis de que el fuego surgió a causa de un enfriador de aire que se sobrecalentó.

Es decir, tras un lustro de investigaciones con peritos nacionales y extranjeros, la sociedad mexicana ni siquiera tiene una versión firme y validada sobre las razones de la tragedia.

Se pueden gastar ríos de tinta para justificar con tecnicismos jurídicos y criminalísticos esos yerros, pero son hechos contundentes que suman al dolor de la tragedia el insulto de la injusticia. Sí, en un principio apareció la carroñería política y hasta hubo quienes le sacaron provecho electoral al tema, pero al poco tiempo se volteó la mirada a otro lado.

Ante esa nula respuesta no del gobierno sino del Estado mexicano en su totalidad, el ciudadano vive en una orfandad que alimenta la teoría de que el incendio fue provocado intencionalmente y anula el llamado contrato social, además de pulverizar los vínculos entre gobernantes y gobernados.

En tanto ciudadanos, solo podemos esperar que este sea el último aniversario de impunidad, pues únicamente la justicia permitirá a las familias de las víctimas seguir adelante y sanar sus heridas, así como a la sociedad reconciliarse con su Estado y ver a sus autoridades con un mínimo de confianza.

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Desde el poder de las armas hasta el poder de los votos

Manuel Espino

“El fantasma de las FARC se impone en las elecciones de Colombia” y “las FARC definen la sucesión en Colombia” son encabezados que resumen el tono de la información alrededor de los comicios presidenciales de ese país hermano.

El próximo 15 de junio los colombianos irán a la segunda vuelta electoral para elegir su primer mandatario y el punto más álgido en el debate es el trato que habrá de darse a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC.

Aunque en los últimos años este nación hermana ha reducido el secuestro en un 93% y el número de homicidios es el más bajo de las últimas tres décadas, además de disfrutar un nivel de crecimiento económico del 5% anual, la preocupación por la violencia sigue siendo comprensible en un país que ha sido golpeado por un conflicto interno de más de medio siglo de duración y que ha dejado alrededor de 220 mil muertes (lo cual equivaldría aproximadamente a erradicar toda la población de una ciudad como La Paz, Baja California Sur).

Paradójicamente, el candidato que más prerrogativas busca dar a los guerrilleros a cambio de que depongan las armas es Juan Manuel Santos, quien como ministro de defensa les asestó varios de los más duros golpes de su historia. Incluso su rival lo ha criticado afirmando que Santos podría permitir que las FARC se incorporen a la vida política sin previo castigo, dejando en la impunidad sus crímenes.

La destacada politóloga Marcela Prieto afirmó también que “Las FARC siguen definiendo que el vencedor en las elecciones presidenciales. Este proceso de paz con Santos les conviene”.

Envalentonados, los miembros de la guerrilla más antigua del continente americano, quienes alguna vez secuestraron y asesinaron al pueblo colombiano, hoy no solo piden amnistía sino también escaños en el parlamento.

Pensemos ahora en el panorama nacional. Si consideramos que las FARC aunque han tenido hasta el doble de efectivos hoy cuentan con unos 8 mil hombres y en nuestro país los grupos de autodefensa han sido contabilizados en unos 10 mil, vemos el peso que pueden llegar grupos organizados de manera paramilitar. 10 mil votos poco pesan en el ajedrez político nacional, 10 hombres con “cuernos de chivo” se hacen escuchar mucho, pero mucho más.

Ciertamente, las motivaciones de las autodefensas mexicanas parecen calcadas al papel carbón de las que hicieron surgir a las FARC, por lo que no podemos descartar que hacia allá avancen estos grupos que han tomado tanta fuerza, especialmente en Guerrero y Michoacán.

Es precisamente por ello que hay que asegurar que los procesos de pacificación sean efectivos; muy especialmente, se debe garantizar que no sigan manteniendo estructuras de comunicación, vocería y mando, al margen de las que les imponga su incorporación al Estado.

De mantenerse vertebrados, estos grupos incrementarán su poder político y en unos años leeremos en la prensa, con similar pena a la que hoy sienten nuestros hermanos colombianos, “el fantasma de las autodefensas se impone en las elecciones de México”.

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El calderonismo derrotado por el calderonismo

Manuel Espino

Idealmente, una campaña política como la que libraron Gustavo Madero y Ernesto Cordero tendría que haber sido el enfrentamiento entre dos visiones del futuro, dos series de propuestas y dos conjuntos de valores.

Muy por el contrario, los dos bandos esgrimieron no propuestas y mucho menos valores, sino que se enfrentaron con un mismo sistema y un mismo arsenal de artimañas diseñadas y elevadas a la estatura de canon político por los operadores de Felipe Calderón, desde su campaña presidencial hasta el fin de su estadía en Los Pinos.

En este sentido, el calderonismo perdió ante su legado. Las formas que impuso al partido terminaron descarrilando su proyecto transexenal. Felipe Calderón —justo quien hablaba de “ganar el gobierno sin perder el partido”— le entregó el gobierno al PRI y, ahora, con las reglas que él mismo impuso, el partido se entregó al gobierno.

Ya sin el control de nóminas, ya sin el manejo de la estructura territorial y el aparato burocrático de Acción Nacional, Madero lo venció con sus propias armas.

Poco importa en la perspectiva histórica de Acción Nacional que los alfiles de Felipe Calderón hayan demostrado por enésima vez su incapacidad para operar políticamente. Eso a nadie sorprendió.

Asimismo, que de poco hayan servido a Cordero los patrocinios de Margarita Zavala y don Luis H. Álvarez es una nimiedad comparado con el hecho contundente de que se trató un duelo entre lo peor del panismo. Porque lo mejor, queda claro, hace mucho que se fue o se encuentra agazapado en espera de mejores tiempos.

No es coincidencia que, como señaló un analista nacional, los maderistas cosecharan un margen tan amplio donde el PAN gobierna: “El aparato funcionó. Los gobernadores también. Madero ganó cómodamente (70-30) en Sonora, Puebla y Baja California. Guillermo Padrés, Rafael Moreno Valle y Kiko Vega le hicieron la tarea al candidato de la reelección.”

Prácticamente a un año de las elecciones intermedias del 2015, el gran mensaje que Madero y Cordero lanzaron conjuntamente a la sociedad mexicana fue que el PAN está lleno de corruptos y mentirosos. No lo dice quien escribe, lo dijeron ellos, en discursos y espots y en una guerra que de tan sucia dejó de parecer una disputa entre compañeros de partido. Para su mala suerte, muy difícilmente los panistas tendrán una oportunidad tan grande como lo fue esta campaña interna para acercarse a la consciencia de los mexicanos. Sobrevendrá otra derrota tan estrepitosa como la de hace un sexenio.

Lo que forzosamente está en el futuro del PAN es “seguir continuando” pero ahora a través de ese camino que tan radicalmente lo ha alejado de la sociedad, en el que hablar de congruencia, libertad de expresión o democracia interna es un anacronismo, esa ruta en la que  pesan más las tácticas de política negra que los valores y las propuestas. Eso sí, de algo debe sentirse orgulloso Calderón: lo que hoy es el PAN se lo debe a él.

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La “autoemboscada” del PAN

Manuel Espino

Para el Partido Acción Nacional la suerte ya está echada: pase lo que pase en la elección de su presidente, en tanto institución esta campaña le ha dejado un saldo político, social y mediático negativo.

Que gane Cordero o que gane Madero da lo mismo: el PAN ya perdió, no por embestidas de sus adversarios, sino por haber hecho de esta campaña interna una guerra civil.

Cuando se actúa siguiendo una estrategia política constructiva e inteligente, se puede salir derrotado de una elección y aun así conquistar un posicionamiento positivo ante el electorado que sirve como trampolín hacia otros esfuerzos.

Igualmente, cuando se dirime un puesto de partido, se debe visualizar la campaña como una oportunidad de mostrar a la sociedad que se puede librar una lid entre hermanos de causa con caballerosidad, respeto y ánimo democrático.

En la campaña por la presidencia de Acción Nacional pasó exactamente lo contrario. Se firmó el acta de defunción de lo que los viejos panistas llamaban “camaradería castrense”.

Se mostró a los mexicanos de qué está hecho el PAN postcalderonista y se desperdició la oportunidad de reconciliarse con la sociedad, de hablar de los temas que realmente importan a los mexicanos. Fue por ello que solo se logró una escasa exposición mediática.

Además, Madero y Cordero dinamitaron la autoridad moral de su partido al enfrascarse en un pleito de cantina. Si se mostraron videos de las tácticas de acarreo y compra de consciencias utilizadas en esta campaña interna,  ¿con qué autoridad podrán pedir los panistas a sus adversarios de otros partidos que actúen democráticamente?

Si se lanzaron insultos y descalificaciones entre compañeros de partido, ¿con qué cara demandarán hacer debates de altura y presentar propuestas durante las elecciones abiertas?

En síntesis: el saldo de esta campaña es que se ha deteriorado el PAN y el sistema de partidos; también se abonó al desprestigio de la política en general y se desvaneció la confianza de los mexicanos que creyeron en Acción Nacional.

Por todo ello, esta institución ya solo tiene dos opciones hacia el futuro inmediato: quedarse con el estigma de partido oficialista, al servicio del gobierno, mismo que conserva desde el calderonato, o volver a empezar, lo que supone una real conversión hacia la congruencia política con eficacia y con visión de Estado.

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Debatir con los azules

Manuel Espino

El ánimo plural, la capacidad de dialogar, el razonamiento político, son habilidades democráticas que —como músculos— se ejercitan en el día a día de nuestro comportamiento ciudadano. Como músculos, también se atrofian cuando no se usan e involucionan hacia la intolerancia, la cerrazón y el excesivo partidarismo.

Justo eso le ha pasado al Partido Acción Nacional. Ha perdido su esencia democrática y hoy es una institución en la que se va desde el silencio sumiso ante el poderoso hasta la diatriba que descalifica a quien piensa diferente.

Ello se demuestra en el diálogo de sordos que han entablado Gustavo Madero y Ernesto Cordero en su disputa por la presidencia del PAN: se trata de una controversia de cantina en la que no se esgrimen propuestas, sino insultos. Ni siquiera hay ideas, tan solo embestidas verbales. Qué lejos han quedado aquellos debates insignes de panistas que asestaban golpes únicamente al intelecto del otro, con la elegancia de un pensamiento humanista y visión de Estado.

Además, la incapacidad del PAN para dialogar también se demuestra en la nula tolerancia a la crítica y la incapacidad para hablar de frente con quienes diferimos de los actuales métodos de la cúpula panista. En lo personal, cada vez que emito un comentario referente a Acción Nacional me espetan no argumentos, sino descalificaciones y embestidas de “trolls” en redes sociales.

Tratándose de un partido en el que ni siquiera los candidatos a dirigirlo discuten, sino se vilipendian, resulta comprensible que así seamos tratados quienes no formamos parte del mismo. Sin embargo, lo preocupante es que se afirme que por estar fuera del PAN uno carece del derecho a ejercer una crítica honesta.

Funcionó la táctica del calderonato de silenciar las voces disidentes por medio de expulsiones. Si al que escribe se le arrebató la militancia por “exceso de libertad de expresión”, queda claro que caló el mensaje del poder: no se tolerará el debate abierto.

Bien harían los pocos panistas que quedan en recordar que la esencia de un partido está en la medida de su apertura y su contacto con la sociedad. Como diría Carlos Castillo Peraza, en este párrafo que ofrece un claro diagnóstico del presente de Acción Nacional:

“El partido no es universo clausurado sobre sí mismo. No es ‘mónada sin ventana’. Es para el pueblo de México, en el seno del Estado mexicano… La pura actividad interior que finalmente puede llegar a ser patológica nos inmoviliza y nos carcome. Nos enfrentamos al interior por ser incapaces de oponernos al exterior y acabamos por perder contacto con la realidad”.

Precisamente por ello es que todos, todos quienes habitamos en este país tenemos el derecho a analizar lo que sucede al interior de los partidos políticos, aunque no militemos en los mismos.

Urge, pues, que el PAN se reconcilie con su capacidad de debatir, pues su cerrazón ha sido la causa principal de que ni siquiera en los medios de comunicación se haya logrado posicionar la campaña a presidente del partido, ya no digamos entre la población abierta. Mucho habrán de batallar los operadores panistas —ya desnudados en sus métodos ilegales de acarreo y coacción— para llevar ciudadanos a votar en una elección de la que ni siquiera se han enterado.

Ello importa no solo a los panistas, sino a todos quienes vivimos en esta república y nos vemos afectados por el hecho de que uno de sus principales componentes carezca ya de capacidad de dialogar con sinceridad democrática, de cara a la sociedad.

La Contra

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