Se pronuncia PAN por Fiscalía Anticorrupción autónoma
HERMOSILLO, Son. 16 de Marzo de 2017.- En Sonora debe existir un sistema estatal anticorrupción autónomo apegado a la legalidad y acorde al marco normativo federal para evitar caer en acciones arbitrarias, manifestó el PAN Sonora, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en la entidad declarara inconstitucional el Decreto por el que se creó la Fiscalía Estatal Especializada Anticorrupción.
Como lo ha señalado el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el PAN en Sonora, sus legisladores federales y locales, entre otros, la Fiscalía Especial Anticorrupción creada en la entidad no cumple con lo establecido en el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que se requiere de un sistema anticorrupción estatal autónomo e imparcial, que le dé transparencia a la procuración de justicia y evite la posibilidad de que esté supeditada al gobernante en turno.
El Juzgado Segundo de Distrito declaró inconstitucional el decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora que dio origen a la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción
“Un empleado de Gobierno no puede investigar objetivamente, el Fiscal Especial Anticorrupción debe ser autónomo y nombrado por el Congreso del Estado, es una de las instancias jurídicas más importantes en la entidad y ha incurrido en arbitrariedades, por lo cual urge se tome con mucha seriedad que contemos con un Sistema Estatal Anticorrupción que brinde confianza y eso se logrará al momento que sea autónoma y se constituya de manera legal”
Desde que se anunció la creación de la Fiscalía Anticorrupción en el Estado meses atrás, se señaló las fallas del modelo implementado y el Grupo Parlamentario del PAN en Sonora, presentó una iniciativa del ley para tener una verdadera fiscalía autónoma.
Es por ello que Acción Nacional se pronuncia porque la justicia debe ser objetiva, y crear una institución que sea verdaderamente autónoma, encabezada por un perfil que además de contar con trayectoria profesional y credibilidad moral, sea nombrado por convocatoria pública y por 2/3 partes del Congreso, sin tintes partidistas ni dependencia del Gobierno, que permita garantizar un combate frontal a la corrupción.
