POLICÍA MUNICIPAL DE SLRC, A LA BANCA

Al decretar la entrada en vigor del Mando Único en San Luis Río Colorado, el gobernador del estado reconoce que las autoridades municipales han sido rebasadas por la delincuencia organizada. Desde el lunes es la Policía Estatal la corporación que se encarga de la seguridad pública en el municipio, medida urgente para lograr la pacificación.  

Humberto Melgoza Vega

SAN LUIS RÍO COLORADO, 27 de julio de 2024.- Como un baldazo de agua fría cayó la repentina como inédita implementación del Mando Único en San Luis Río Colorado decretado por el gobernador Alfonso Durazo con el que desaparece temporalmente la Policía Municipal y la Policía Estatal toma el control y mando en asuntos de seguridad pública.

El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el domingo 21 de julio y entró en vigor a primera hora del lunes 22, cuando todos los elementos de la Policía Municipal fueron citados a la Comandancia de la avenida Guerrero y 34.

A los municipales los citaron con carácter de urgente con el argumento de que les sería revisado el armamento por parte de soldados del Ejército Mexicano, lo que parecía un movimiento de rutina, pero en realidad fueron desarmados, desde el comandante Jesús Patiño Negrete para abajo, como estrategia para evitar algún posible enfrentamiento.

Para ejecutar el decreto vino ex profeso de la capital del estado el secretario General de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, quien tras reunirse en privado con el alcalde Santos González Yescas dio posesión al secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor Hugo Enríquez quien a su vez nombró como nuevo jefe operativo en la ciudad al policía estatal, Jesús Antonio Cruz Facio.

En total fueron 276 elementos los que fueron cesados de sus funciones, quienes deberán tomar cursos de capacitación y aprobar los exámenes en el Centro Estatal de Evaluación y de Confianza (C-3), quienes no los aprueben serían dados de baja de manera definitiva; el decreto incluye la posibilidad de que sean comisionados a otros municipios del estado.

Los elementos de la policía municipal que fueron cesados de facto fueron “invitados” a unos cursos de capacitación en la ciudad de Hermosillo, en la Universidad de Seguridad Pública, con duración de un mes, tiempo durante el que les estarán corriendo la serie en el C-3 “para efectos de tener policías confiables”, manifestó el secretario de Seguridad, Víctor Hugo Enríquez García.

Abordado por reporteros a la salida de la comandancia, el secretario de Gobierno habló que con la implementación del Mando Único se reforzaría la seguridad pública en esta frontera, aunque en realidad ahora hay mucho menos presencia policiaca en las calles y desde el lunes se han registrado dos asaltos con violencia y al menos dos ejecutados a balazos.

La puesta en marcha del Mando Único policial, aseveró Adolfo Salazar, está encaminada a lograr la “pacificación” de este municipio azotado por la violencia que han generado las bandas del crimen organizado que se disputan la plaza y que han dejado centenares de muertos en los últimos seis años, entre ellos una docena de policías incluido el comisario Gerardo Camacho.

“No hay ningún grupo del crimen organizado que tenga mayor fuerza que la del Estado mexicano, junto con la del gobierno del estado de Sonora…”, manifestó el secretario de Gobierno y agregó que en las tareas de seguridad pública en el municipio también coadyuvan la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina.

La mañana del martes, un numeroso grupo de policías municipales, con el uniforme puesto y vestidos de civil, desarmados, se reunieron en la Comandancia de Policía donde expresaron su desacuerdo ante el alcalde Santos González.

Son varias sus preocupaciones: el traslado en camiones a la ciudad de Hermosillo, el temor a ser detenidos, cuánto tiempo van a estar desempleados y si les seguirán pagando sus sueldos aunque no trabajen.

En la improvisada reunión sostenida en los patios traseros de la Comandancia el alcalde les refrendó su total apoyo, les dijo que no los dejaría desamparados, que vería la forma que los cursos de capacitación se los apliquen en la Academia de Policía local y que no estaba de acuerdo con la implementación del Mando Único aunque en la mañanera del día siguiente rectificó y aseguró que acataría el decreto presentado por el gobernador del estado.

Un día antes, César Iván Sandoval Gámez, presidente municipal electo, a través de un escueto comunicado de prensa se apresuró a avalar el Mando Único decretado por el gobernador Alfonso Durazo, el cual dijo “permitirá mejorar la coordinación y tomar las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de todas y todos los sanluisinos”.

Iván Sandoval se comprometió “a trabajar desde el primer día en forma conjunta entre los tres niveles de gobierno” y así deberá ser ya que el Mando Único tiene una vigencia de 365 días, un año a partir de su publicación durante el que por primera vez en la historia el gobierno municipal no tendrá bajo su mando la Dirección de Seguridad Pública.

Golpe de mando   

Hasta el momento, ni las cámaras empresariales, colegios de profesionistas, partidos políticos ni líderes de opinión han fijado un posicionamiento respecto al cambio de pichada en la estrategia de seguridad pública en el municipio, si le dan la bienvenida o consideran que podría ser contraproducente. Se quedaron pasmados.

Entre la opinión pública hay reacciones encontradas, aunque la mayoría consideran que era necesario un golpe de mando ante la extraordinaria violencia criminal que no cesa desde hace varios años en esta frontera.

El decreto con el que el gobernador asume de manera temporal el Mando Único Policial  en el municipio de San Luis Río Colorado es “por alteraciones graves al orden público y fuerza mayor” y con el objetivo de “restaurar el orden y la seguridad pública”.

La fundamentación que dio origen al decreto incluye la escalada violenta que se ha registrado en las semanas recientes en la que policías municipales han venido siendo atacados, nada menos el jueves de la semana pasada fueron acribillados dos oficiales, el mes pasado fue asesinado el Comisario de Seguridad Pública y su escolta Jesús Ortiz y apenas el domingo presuntos narcos lanzaron amenazas de muerte contra dos elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) a través de una cartulina acompañada de una corona mortuoria.

El gobernador Durazo citó un informe confidencial que le envió el secretario de Seguridad Pública en donde destaca que en San Luis “se ha registrado un notable incremento en el índice delictivo” que abarca delitos como el homicidio, privación ilegal de la libertad “y múltiples y sistemáticas agresiones directas contra elementos de seguridad pública municipal, los cuales no han cesado, y que este contexto de violencia mantiene a la ciudadanía en un estado de zozobra generalizado”.

Al estimar que “el municipio es incapaz de atender los fenómenos delictivos y de inhibir los ataques a sus elementos, los cuales son de naturaleza violenta, con armas de fuego, poniendo en grave riesgo a la ciudadanía”, el decreto cita un informe del gobierno federal en el que ubican a San Luis “dentro de los 50 municipios prioritarios del país que requieren se brinde atención en el combate de la inseguridad y la violencia”.

“Los grupos delictivos han rebasado a las instituciones en ese municipio, saliendo del rango de control de los elementos de seguridad pública; (…) tomando en cuenta que estas agresiones han ocurrido hace bastante tiempo y de manera reciente, entonces existen altas probabilidades de que sigan ocurriendo dichas agresiones si es que el Gobierno del Estado no interviene”, señala el decreto publicado por el gobernador Alfonso Durazo.

El documento publicado en el Boletín Oficial establece que la pérdida del control por parte de las fuerzas municipales se debe a que los grupos delictivos cuentan con mayor capacidad de fuego con el cual superan el armamento que los policías tienen permitido portar.

“La inseguridad es un factor que afecta a la economía y para reactivarla se requieren atender y fortalecer los desgastados cuerpos de seguridad, reformular las políticas públicas y combatir la corrupción, por lo que el auxilio al municipio es imprescindible”, refiere el decreto.

Se asienta que todos los elementos que intervienen en la seguridad pública “tienen la obligación de acatar de manera inmediata” el presente decreto, independientemente que sean notificados por el alcalde, la síndico, el secretario del ayuntamiento o el director de la Policía y advierten que “el servidor público municipal que se abstenga de cumplir la disposición prevista en el párrafo que antecede será sujeto a las responsabilidades administrativas y penales que correspondan”. @