Agentes de la CIA, metidos hasta la cocina
La participación de agentes de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos en territorio nacional quedó al descubierto luego del accidente en donde murieron dos mandos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua junto con dos elementos identificados como elementos de la CIA. No se trata de ficción ni de una serie de espías con espuelas sino de la intrusión de los americanos haciendo labores operativas en México sin la anuencia ni el conocimiento del gobierno federal y la falta de confianza y de cooperación entre las partes involucradas. Muy grave, por dondequiera que se le vea.
Humberto Melgoza Vega
SAN LUIS RÍO COLORADO.-El extraño accidente en donde murieron dos agentes de la CIA junto con dos mandos de la Fiscalía Estatal, luego de desmantelar junto con el Ejército Mexicano un meganarcolaboratorio en plena Sierra Tarahumara, desató el escándalo que enfrenta al gobierno de la panista María Eugenia Campos con el federal que preside Claudia Sheinbaum, en donde, además de la desconfianza entre las partes y de la intrusión del gobierno de los Estados Unidos haciendo labores de inteligencia y operativas en territorio nacional, vislumbra un ajuste de cuentas en la víspera de las elecciones de 2027.
El desmantelamiento de uno de los laboratorios clandestinos más grandes que se hayan encontrado en México pasó a segundo plano, poco o nada se habla del certero golpe al crimen organizado donde se aseguraron toneladas de precursores químicos para la fabricación de droga sintética que habrían dejado ganancias millonarias y envenenado a miles de personas, ya que la discusión se ha centrado en qué andaban haciendo los agentes de la CIA y quién les dio autorización para que metieran sus narices en el país.
La madrugada del domingo 19 de abril, cuando regresaban en convoy de la comunidad de El Pinal, tras el exitoso operativo anti-narcóticos, uno de los cinco vehículos que viajaba a la cabeza derrapó y se precipitó hasta el fondo de un barranco y el estrellarse contra las rocas explotó en llamas como en las películas.
Junto el vehículo estalló el escándalo de alcance internacional: en lo que hasta ahora se ha configurado como un fatal accidente murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes (mismos apellidos que El Mencho), su escolta Manuel Genaro Méndez Montes y “dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos” que, según reveló el periodista de investigación chihuahuense Luis Chaparro, se trataba de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Richard Leiter Johnston, de 36 años, y John Dudley Black, de 44.
Ahí comenzaron las mentiras y las contradicciones que ya hacen dudar hasta de la versión del accidente.
Inicialmente, el fiscal estatal de Chihuahua, César Jaúregui, dejó entrever que los agentes gringos venían del operativo, pero horas después cambió su versión, comentó que no habían participado, que su comisión era como instructores en el manejo de drones y que en el camino de regreso se los toparon y les dieron un raite, misma versión que fue respaldada por la gobernadora, Maru Campos.
En la mañanera del lunes, entre enojada y sorprendida, la presidenta Sheinbaum manifestó que el gobierno federal no tenía conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran participando en operativos de seguridad en territorio mexicano y advirtió que de ser afirmativo se estaría violando la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
El tema pronto escaló hasta el Senado de la República, en donde el grupo parlamentario de Morena, con el apoyo condicionado del PAN, aprobaron la comparecencia de la gobernadora panista y del fiscal general de Chihuahua para el 28 de abril
Mientras tanto, en Palacio Nacional se habla de injerencia del gobierno americano, de violación a la soberanía nacional y, sobre todo, se preguntan quién autorizó que la CIA anduviera operando en territorio chihuahuense sin avisarle al gobierno federal.
La entrevista
Sobre este espinoso tema, entrevistamos al analista Marco Paz Pellat, vocero de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública de Sonora y Hermosillo, a quien preguntamos de entrada cuál era su análisis del supuesto accidente donde murieron dos agentes de la CIA en Chihuahua.
Es un hecho delicado que debe tratarse con responsabilidad. Hoy hay más preguntas que respuestas. Adelantar conclusiones —como hablar de atentado— sin evidencia firme sólo contamina la investigación. Lo primero es exigir claridad: qué hacían, bajo qué marco legal y con qué nivel de coordinación institucional.
¿Se presta para pensar que pudo haber sido un atentado?
Se presta para especulación, sí. Pero no necesariamente para afirmarlo. En temas de seguridad, la diferencia entre percepción y evidencia es clave. Si hubo un operativo previo, eso aumenta la sensibilidad del caso, pero no sustituye una investigación técnica.
Hay versiones contradictorias, ¿qué lectura haces?
Cuando hay múltiples versiones, normalmente hay vacíos de información. Y esos vacíos se llenan con narrativa política o mediática. Aquí lo importante es reconstruir los hechos con rigor: ruta, misión, protocolos y responsabilidades.
Desde el Congreso federal están citando a la gobernadora. ¿Hay manejo político?
Es inevitable que lo haya. En México la seguridad se ha politizado. Pero más allá de colores partidistas, la exigencia de rendición de cuentas es válida. Lo que no ayuda es usar estos casos para golpeteo político en lugar de fortalecer a las instituciones.
La presidenta dice que no estaba enterada, ¿qué demuestra eso?
Demuestra un problema de coordinación institucional y pueden ser una de tres cosas: fallas en los canales de información, exceso de compartimentación en inteligencia y/o esquemas de cooperación que no están plenamente alineados. Cualquiera de las tres es preocupante.
¿No funciona el aparato de inteligencia mexicano?
Más que no funcionar, parece no estar integrado. México sí tiene capacidades, pero muchas veces operan fragmentadas. Y en seguridad, la fragmentación cuesta.
¿Qué tan seria es una acusación por violar la Ley de Seguridad Nacional?
Es muy seria. No es un tema menor ni retórico. Pero también hay que evitar sobre reacciones sin pruebas. La ley es clara: la actuación de agentes extranjeros debe estar regulada. Si hubo violación, debe investigarse; si no, debe aclararse con la misma contundencia.
Ya se habla hasta de traición a la patria.
Eso es una exageración. Ese tipo de calificativos polarizan y desvían el foco. Aquí hay que distinguir entre responsabilidades administrativas, posibles fallas institucionales y delitos graves. No todo es lo mismo.
Nada se dice que se logró desmantelar un gran narcolaboratorio.
Ese es un punto clave que no debe perderse. El combate al crimen organizado es el fondo del asunto. Pero el cómo se logra es igual de importante que el resultado. No se puede sacrificar legalidad por eficacia.
Desde el gobierno de AMLO se canceló en territorio nacional la operación de agencias como la DEA, el gobierno habla de soberanía, la oposición que se busca proteger al narco.
No necesariamente. El objetivo fue recuperar control soberano. El problema es que no siempre se construyeron mecanismos igual de eficaces de cooperación. Y ahí es donde se genera el vacío.
¿Qué tan necesaria es la colaboración con EE.UU.?
Es indispensable. El crimen organizado es trasnacional: produce, trafica, lava dinero y consume en distintos países. Pretender combatirlo de manera aislada es poco realista. Pero esa cooperación debe ser transparente, legal y bien regulada.
EE.UU. dice que hay regiones bajo control del crimen, ¿se exagera?
Hay zonas con alta presencia criminal, eso es un hecho. Pero también hay instituciones que operan y territorios donde el Estado tiene control. Generalizar no ayuda. Ni minimizar tampoco.
¿Qué nos deja este episodio?
Tres lecciones claras: primero, la cooperación internacional necesita reglas claras y públicas. Segundo: la coordinación entre niveles de gobierno debe fortalecerse, y tercero: la transparencia no es opcional, es condición para la confianza.
No se trata de cerrar fronteras ni de expulsar actores. Se trata de ordenar, regular y profesionalizar la cooperación. En seguridad no hay espacio para improvisaciones. Cuando hay opacidad, crece la desconfianza.
Y cuando se pierde la confianza, se debilita el Estado.
Hoy más que nunca, México necesita claridad, coordinación y reglas firmes. @