EEUU va por narcopolíticos, empieza por Sinaloa
Humberto Melgoza Vega
La acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, su principal equipo de colaboradores, el senador Enrique Inzunza Cázares y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, por asociarse con el Cártel de Los Chapitos para el tráfico impune de armas y droga, operar elecciones y deshacerse de opositores a cambio de millones de dólares, representa un golpe certero al corazón de Morena y pone en predicamentos al gobierno de Claudia Sheinbaum, quien deberá escoger entre conceder la extradición de los indiciados o escalar la embestida de Donald Trump y sus halcones, que insisten en que México es un “narco-Estado”.
Los cargos contra Rocha Moya y demás funcionarios y políticos sinaloenses prendieron los focos de alerta en la cúpula de la Cuarta Transformación, ya que se espera que sea el primero de muchos casos en donde el gobierno americano abrirá procesos contra funcionarios de todos los niveles que estén fomentando actividades ilícitas como el narcotráfico.
Investigado tanto por los Estados Unidos como por la Fiscalía General de la República (FGR) de México, la solicitud para la extradición de Rocha Moya se da luego de la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua, que operaban sin la anuencia del gobierno federal, el cual denunció violación a la soberanía nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum advierte que no se cubrirá a nadie, pero que el expediente radicado en el Juzgado del Distrito Sur de Nueva York carece de pruebas que lo sustenten.
Con el margen de maniobra acotado, mientras el gobernador de Sinaloa y el senador por el mismo estado —quien ya no se presentó a la última sesión en el Senado— alegan inocencia y se declaran víctimas de una persecución con trasfondo político, advierten que no solo se trata de un ataque contra sus personas sino contra el partido en el poder y sus referentes históricos. Esto ha sido interpretado en el sentido de que si los entregan, no se irán solos, sino que podrían destapar que la sociedad con los narcos es un modus operandi de alcance nacional.
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.
“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, manifestó en sus redes sociales el gobernador de Sinaloa.
Agregó que la embestida judicial “se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”.
La parte acusadora advirtió que “combatir la corrupción y la actividad criminal trasnacional es una prioridad compartida para los Estados Unidos y México. Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el estado de derecho.
“Los Estados Unidos continuarán trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad de nuestros pueblos”, aseveró el embajador en México, Roland Johnson, ex agente de la CIA, ex boina verde, espía profesional.
En agosto de 2024, luego de la famosa carta en la que Ismael “El Mayo Zambada” señalaba que en la reunión que sostendría con Rocha Moya asesinaron al ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuen, donde además fue secuestrado por el Chapito Joaquín Guzmán y entregado en Texas a la DEA, gobernadores morenistas de todo el país salieron en defensa de su homólogo y compañero de partido ante “las mentiras y estigmatización de las que ha sido objeto en días recientes”.
En el desplegado, firmado entre otros por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de Sonora, Alfonso Durazo, que a la postre resultó como un balazo en el pie, rechazaron tajantemente los señalamientos del Mayo a través de su abogado para establecer un vínculo entre la reunión con el capo, el homicidio de Melesio Cuen y el rapto para llevarlo contra su voluntad a la Unión Americana.
“Ratificamos nuestra confianza en el gobernador Rocha Moya, cuya probidad y vocación de servicio están más que acreditadas… nuestro compañero se ha caracterizado por su honestidad y respeto irrestricto a la ley. En este proceso de transformación siempre ha desempeñado sus funciones bajo los principios del movimiento”, argumentaron.
Pero en esta ocasión, ante la contundencia de los señalamientos del gobierno americano, optaron por guardar silencio para no llamar la atención más de lo necesario.
Aunque hay evidencias de sobra que relacionan al gobernador de Sinaloa con el narco, su favoritismo para Los Chapitos, Los Ninis y los “Toys” promoviendo abiertamente su campaña a la gubernatura en 2021, desde Palacio Nacional se niegan a reconocerlo, por la afectación que traería en cascada para el movimiento del que Rubén Rocha es fundador, amigo personal y aliado del ex presidente López Obrador, desde que ambos militaban en el PRD.
Luego del secuestro del Mayo, desde septiembre de 2024 a la fecha en Culiacán y otras ciudades de Sinaloa se desató una guerra entre la gente de Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco y Los Chapitos, que ha dejado miles de muertos y un sinfín de negocios cerrados, en la que Rocha Moya tuvo que mudarse el Palacio de Gobierno bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
El expediente
En el extracto del expediente de 34 hojas, se señala que el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más violentas del mundo, ha convertido a Sinaloa en el epicentro geográfico del tráfico mundial de narcóticos desde donde ha perpetrado y ordenado actos de violencia extrema, incluidos miles de homicidios en todo México y en los Estados Unidos.
Desde su base en Sinaloa, el cartel ha colaborado con elementos criminales alrededor del mundo —productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, narcotraficantes y políticos corruptos en toda Centroamérica y Sudamérica, y fabricantes de precursores químicos en China y otros lugares— para distribuir cantidades masivas de narcóticos en los Estados Unidos, apoyados por el gobierno estatal de Sinaloa y el municipal de Culiacán, con sus respectivas policías.
Entre los principales indiciados figuran Rubén Rocha, acusado de conspiración para el tráfico de drogas y armas y de aliarse con Los Chapitos de quienes recibió apoyo, tanto económico como logístico, para ganar la elección a la gubernatura de Sinaloa en 2021, secuestrando e intimidando a políticos opositores para que desistieran de sus candidaturas, a cambio les ofreció protección, les permitió operar con impunidad y nombrar funcionarios afines a la organización.
En la misma carpeta figuran el senador Enrique Inzunza Cázares, ex secretario General de Gobierno de Sinaloa, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes facilitaron las operaciones del cártel a cambio de fuertes sumas de dinero.
La lista negra es complementada por Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas, Dámaso Castro Saavedra, subprocurador de Sinaloa, señalado por recibir 11 mil dólares mensuales por brindar protección y filtrarles información, tanto de operativos como de enemigos, Marco Antonio Almanza Avilés, ex Jefe de la Policía de Investigación, Alberto Jorge Contreras Núñez (a) “El Cholo”, ex jefe policiaco, Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública, José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, ex subdirector de la Policía Estatal y Juan Valenzuela Millán alias “Juanito”, ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado del homicidio de un informante de la DEA.
En lo que parecen testimonios bajo juramento de alguno de los Chapitos, Ovidio o su hermano Joaquín Guzmán López, quienes están cooperando con los Estados Unidos para la reducción de sus penas, se detallan algunos encuentros en los que se hicieron tratos para apoyarlo en ganar la elección lo que luego facilitaría el tráfico de drogas con la protección de las autoridades de Sinaloa.
Precisan que a principios de 2021, cuando Rubén Rocha era candidato a gobernador, se reunió con la cúpula de Los Chapitos, entre los que se encontraban Iván Archivaldo y Ovidio.
En la cita, resguardada por sicarios armados, se acordó que el cártel apoyaría su campaña a la gubernatura a cambio de que al frente de las corporaciones policiacas pondrían a comandantes corruptos afines al cártel quienes protegerían sus operaciones.
Antes de las elecciones, el secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, entregó a los líderes de los Chapitos una lista de los oponentes de Rocha Moya con sus respectivas direcciones, para que pudieran intimidarlos y obligarlos a retirarse de la contienda, lo cual derivó en algunos secuestros durante la jornada electoral.
Luego que las elecciones resultaron como habían sido planeadas, el gobierno cumplió con su parte y colocó como jefes de policía a los ahora indiciados para que les brindaran protección en sus actividades ilícitas.
“Como parte de este acuerdo, miembros de los Chapitos se coordinaron con agentes corruptos del orden público estatales y locales, entre ellos José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, para identificar y realizar detenciones de enemigos o miembros ajenos a los Chapitos, con el fin de ayudar a la percepción ciudadana de que Rocha Moya estaba combatiendo a la delincuencia en favor de la seguridad pública”, resume el expediente. @