Inicia persecución contra funcionarios del “Nuevo Sonora”
Otro de los grandes taches de la actual administración estatal es la que tiene que ver con funcionarios a quienes se les acusa de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y desfalcos a las instituciones que dirigen, sin embargo, amparados jurídicamente y también bajo el velo de la impunidad en algunos casos, los servidores públicos buscan escabullirse de la justicia mientras puedan, pues, es posible que el gobierno siguiente no sea tan “permisivo”
Bibiana García Garza
Una serie de irregularidades son las que se han documentado ya de al menos tres funcionarios públicos de la administración de Guillermo Padrés Elías aunque, hasta la fecha, se mantienen intocables por amparo, fuero o protección de sus amigos, parientes y aliados políticos, y así se perfilan a solo unas semanas de concluir el sexenio panista.
Entre ellos figuran en primera fila el ex secretario de gobierno, Roberto Romero López, así como el actual secretario de Salud en Sonora, Bernardo Campillo García y la ex titular del Isssteson, Teresita Lizárraga Figueroa, ahora diputada “pluri”.
En el caso de los dos primeros, ya fueron promovidos amparos que les protegen, además de que en un contexto son amigos del gobernador, mientras que en el caso de la protagonista del peor descalabro sufrido por Isssteson en décadas, la protegerá el manto del fuero como legisladora por Acción Nacional (PAN).
Las denuncias, todas públicas, sobre el presunto desvío de recursos perpetrado por dichos funcionarios del Nuevo Sonora, son similares a las que enfrenta el propio mandatario estatal por la adquisición de propiedades y enriquecimiento ilícito, mismas que dejan una huella imborrable en los sonorenses en cuanto a percepción de imagen, y que sin duda se reflejó en el pasado proceso electoral.
Ello sin contar las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2014 con 2 mil 500 observaciones en las que destaca un faltante de hasta 10 mil millones de pesos, cuyo principal caso tiene que ver con el desfalco del Isssteson.
Asimismo, salió a relucir otro ´boquete´ de 600 millones de pesos que el Congreso concedió al Ejecutivo Estatal, a través de un crédito para modernizar el transporte urbano, y que ya “se esfumó”.
Y es que son varias las denuncias penales por este hueco financiero en Sonora; sin embargo, aún no han sido llamados los funcionarios del Gobierno del Estado a rendir cuentas ante las autoridades ministeriales.
Aunado a ello, ya han salido a la luz pública otros gastos y excesos cometidos por los funcionarios de primer nivel del gobierno del Estado, todos ligados a lo mismo: actos de corrupción, desvío de recursos públicos, peculado y enriquecimiento ilícito.
** Roberto Romero y su terrenito de nogal **
El caso que ha dado de qué hablar en el transcurso de la presente semana es el de Roberto Romero López, ex secretario del Gobierno Estatal a quien se le acusa de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, por lo cual promovió un amparo luego de que federales intentara detenerlo en la vecina ciudad de Mexicali, Baja California.
De acuerdo a información publicada por el diario El Universal, el ex funcionario renunció a la Secretaría de Gobierno para convertirse en diputado federal por vía plurinominal, pero no resultó electo.
En tanto, las acusaciones que hoy se le imputan tienen que ver con la adquisición inexplicable de dos predios, uno de ellos por supuesta donación de sus padres, recibido con ayuda del mismo notario, valuado en tres millones de pesos, y cobrado en 20 mil dólares por hectárea.
Sin embargo, de acuerdo a la declaración patrimonial del ex funcionario, sus percepciones solamente ascendían a 75 mil 594 pesos, lo que no corresponde con la cifra antes mencionada.
De ahí que la mañana del pasado miércoles 01 de julio, elementos de la Policía Federal, personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), realizaron un recorrido por la zona oriente de Hermosillo para inspeccionar el terreno de Romero López, luego de la inundación provocada por un dique que desbordó el Río San Miguel.
Según se informó, mientras tanto Romero se está hacía fila a tramitar una visa en el Consulado de Estados Unidos en el estado de Baja California.
La diligencia oficial, a su vez, confirmó que se construyó dicho dique para contener agua que serviría al riego del terreno para siembra de nogal, mismo que fue supuestamente adquirido con recursos públicos.
El amparo, no obstante, fue promovido por Roberto Romero desde el pasado 09 de junio “contra cualquier acto de autoridad”, luego del intento fallido de la Policía Federal por detenerlo en Mexicali, en donde radica desde hace más de 45 días.
Dicha herramienta jurídica federal fue gestionada a través de su representante legal, Héctor Arturo Noriega Ibarra, ante un juez de Distrito con sede en Baja California.
Según sostiene, el predio temporal Pascual Díaz, de 24 hectáreas en San Juanico-El Tazajal, municipio conurbado de Hermosillo, fue adquirido a nombre de su padres según la escritura pública 2038, volumen 23, y lo hizo ante el notario No. 80, Horacio Sobarzo Morales.
Asimismo, el 23 de septiembre del 2011, mediante la escritura de # 2130, volumen 24, el mismo notario ayudó a que sus padres le “donaran” a Romero López dicha superficie valuada en 3 millones de pesos.
Las críticas antes esta situación tampoco se han hecho esperar, aunado a la esperada justicia y “cárcel para los corruptos” en el marco de que la nueva gobernadora, emanada de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Pavlovich Arellano, tome las riendas de la entidad el próximo 13 de septiembre.
Acerca del amparo que promovió y la situación en general, el propio Roberto Romero afirmó en entrevistas que ofreció a medios de comunicación, como en el Grupo Fórmula, que considera que las acusaciones tienen un trasfondo que busca atacarlo de manera personal, y que empezó a gestarse en el marco de las campañas políticas.
Por ese motivo, agregó, promovió el amparo pues tiene la intención de que se le informe de las averiguaciones que se estén integrando a través de un informe circunstanciado y que, además, no tiene nada que esconder.
“En el calor de las elecciones hubo una serie de situaciones que me llevaron a pensar a mí que había por ahí algo en mi contra, de alguna autoridad que quisiera, vamos a decir… vimos algunas situaciones, no nomás en mi persona sino en otras personas, y yo tramité un amparo para saber si hay alguien que tiene que ver, sobre todo en materia electoral, eso es lo que yo ando buscando”, declaró.
Inclusive, mencionó que será difícil que le puedan informar sobre algo que “no existe”, motivo por el cual, reiteró, solicitó el amparo.
“… la verdad es que de ahí no pasa, eso lo digo con toda transparencia, un amparo es un documento público, no es nada que estemos escondiendo ni nada, y no tiene que ver nada con otro tipo de cosas”, aseveró.
**Campillo y los 250 mdp **
Una raya más al tigre es la que pinta el caso del secretario de Salud de Sonora, Bernardo Campillo García quien ya tiene también en su haber una denuncia por presunto desvío de recursos federales por 250 millones de pesos así como -también- por “asociación delictuosa”, peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Fue el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de los Servicios de Salud en Sonora, Carlos Manuel González Méndez, quien interpuso dicha denuncia desde el mes de enero del presente años.
En el documento también se señala la asignación de 108 plazas de “aviadores” en hospitales sonorenses que cobran el salario de un empleado sin siquiera presentarse a trabajar, además de los empleados de la Contraloría del Estado que cobran salario con recursos del sector salud.
El sustento de la denuncia tiene base en investigaciones que se realizaron con solicitudes de transparencia de 2010, en donde se detectó el inusual desvío de los 250 millones de pesos con lo que, presume González Méndez, el 80 por ciento de la planta de los hospitales solo recibe la mitad de su sueldo, a diferencia del tabuladora nacional.
** Teresita Lizárraga y el saqueo del Isssteson **
En el marco del tema de la salud y las instituciones que prestan servicios médicos también navega otro barco de corrupción y la impunidad, aseguran denunciantes, ciudadanos, médicos y derechohabientes en torno a la situación que desde que inició esta administración guarda el Isssteson en todos los municipios del estado.
La cloaca se destapó desde 2011 en relación al desfalco registrado en el fondo de pensiones de la institución, por 4 mil 116.3 millones de pesos que corresponden a las aportaciones patronales de más de 60 mil burócratas.
La otrora responsable de la institución, Teresita de Jesús Lizárraga Figueroa, al igual que los funcionarios antes mencionados, también se ha visto en el ojo del huracán aunque sin que ello le afecte demasiado a pesar de comprobársele un desfalco de 2 mil 200 millones de pesos, menos ahora que es diputada, pluri, pero legisladora al fon.
Inclusive, la curul la obtuvo gracias a un regalo de su amigo y dirigente del PAN nacional, Gustavo Madero, sin que en ello haya influido o se hayan investigado a fondo cifras de la cuenta pública desde 2011 al 2014.
Esos números revelan más de 2 mil 500 observaciones por irregularidades detectadas por el Instituto Superior de Auditoría de la Federación (ISAF), a través de más de 15 auditorías.
Con el fuero, será aún más difícil que la funcionaria sea juzgada, a pesar de que ella misma reconoció el faltante -inexplicable y sin justificación alguna- de mil cien millones de pesos, sobre lo que ofreció resarcirlo con bienes inmuebles o terrenos.
Por su parte, el gobernador Guillermo Padrés Elías- además de aceptar que se pagará con terrenos propiedad del Gobierno de Estado y por ende de los sonorenses-, indicó que el estadio “Héctor Espino” se encuentra entre los 15 inmuebles con los que cuenta para pagar el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Isssteson que simplemente, al parecer, “desapareció”.
En tanto, Lizárraga se enfrentó a una denuncia penal de un grupo de diputados locales de la Comisión de Vigilancia del ISAF, ante la Procuraduría del Estado por peculado, uso indebido de atribuciones y lo que resulte relacionado al delito de fraude.
Sólo por mencionar algunas de las irregularidades perpetradas por Teresita de Jesús y documentadas por el ISAF, con el cargo a la partida “Deudores por gastos a comprobar”, en diciembre de 2012, la mujer ordenó la compra de cámaras de video, de fotografía digital, aparatos de refrigeración, asientos de masaje, tablets, computadoras, perfumería, cosméticos, ropa, electrodomésticos, renta de mobiliario para fiestas, combustible, teléfonos celulares, juguetes y videojuegos.
En el rubro de “Ingresos por recuperar” aparecen en la auditoría dos saldos, uno por mil 944 millones 724 mil 841 pesos, y otro por mil 401 millones 521 mil 938 pesos que no se pueden cobrar, pues Lizárraga no implementó una cartera de estas cuentas, en las que se especifiquen los conceptos que se tendrían que recibir.
Con cargo a las partidas “Servicios de capacitación” y “Servicios de limpieza”, la ahora exdirectora de Isssteson pagó 2 millones 701 mil 404 millones de pesos, sin embargo, no lo pudo acreditar con facturas.
Aunado a ello, la panista subió su salario y de sus colaboradores, de esta forma, su sueldo subió de 52 mil 800 pesos al mes, a 71 mil 600.
No obstante, a pesar de las cuentas que no resultan y a todas luces aparecen las irregulares por donde se busque y es un hecho reconocido por instancias federales, la justicia parece no acomodarse en este caso, ni tampoco la intención de impartirla.
** No habrá ´borrón y cuenta nueva´ con Claudia **
Sin piedad ante los delincuentes ´de cuello blanco´ y corruptos es como, aseguró a lo largo de su campaña, se instaurará el gobierno entrante que encabezará la priísta, Claudia Pavlovich Arellano.
De manera reiterada, la virtual mandataria aseveró que su administración se caracterizará por poner un alto a la impunidad y meter a la cárcel a los corruptos, una frase que utilizó durante la contienda de manera reiterativa.
“Yo siempre he dicho que quienes nos han traicionado y quien ha hecho mal uso de recursos públicos no tienen otro lugar más que la cárcel, no se vale que haya gente que se roba un tomate está en la cárcel, y haya gente que se roba millones de pesos de recursos públicos y anda como si nada en este estado”, declaró en una de sus entrevistas por cierto en San Luis Río Colorado.
Tras la victoria, Pavlovich Arellano insistió en que será minuciosa en los procedimientos de entrega-recepción de gobierno “casi con lupa”, con el fin de saber qué es lo que se recibe y cómo se deja a la administración para entonces, aseveró, actuar en consecuencia.
Textualmente, ha declarado también que no habrá “borrón y cuenta nueva” y que tampoco permitirá que los panistas le den “gato por liebre”
“La verdad es que sí estoy preparada para enfrentar cualquier reto. Debo saber exactamente lo que estoy recibiendo. Cómo está la administración estatal; cómo recibimos el sistema de salud; en qué condiciones están las finanzas y cuáles son las cuentas por pagar. Sé a lo que voy. No voy a un cuarto oscuro y estoy preparada para responderles a los sonorenses”, sentenció. @