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La clave de la información

Cuentas pendientes

 

FUERA DE LIBRETA

Sergio Haro Cordero

 

Un funcionario de los primeros niveles de la administración estatal ha sido señalado por tener una cuenta pendiente con la Secretaría de la Función Pública Federal. Se trata de un tema que data desde el inicio del actual gobierno federal que encabeza el priista Enrique Peña Nieto quien asumió el poder aquel 1 de diciembre del 2012 y que tomó forma el 28 de febrero del 2014 cuando el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación emitió una resolución donde se inhabilitaba por diez años, hasta el 29 de febrero del 2024.

El funcionario en cuestión asegura que hay un proceso judicial donde ha buscado el amparo de la justicia federal contra lo que considera una sanción injustificada, desmedida, sobre todo por la naturaleza de la acción.

Y es que además no sería el primer dardo lanzado desde el gobierno federal –de corte priista- contra funcionarios de Baja California

–emanados del PAN- con acusaciones de diferente índole pero que han golpeado a funcionarios del primer círculo gubernamental y blanquiazul.

En este caso se trata del Secretario particular del actual Secretario General de Gobierno –Francisco Rueda- y que data desde la última administración federal panista con Felipe Calderón a la cabeza.

El nombre del funcionario es Gustavo Manríquez Flores y es cuestión de googlear -verbo de nuevo cuño- el nombre en la página de la Secretaría de la Función Pública para que aparezcan los datos, la Secretaría de Gobernación como dependencia. La inhabilitación como sanción impuesta, el Organo de Control Interno como la autoridad, el 27 de febrero del 2014 como Fecha de Resolución y el 29 de febrero del 2024 como finalización de la sanción.

Esta es la historia, con datos del propio Manríquez quien tuvo la oportunidad de aportar su versión de lo sucedido.

Con la llegada del bajacaliforniano Francisco Blake Mora a la Secretaría de Gobernación un grupo de panistas de la entidad fueron invitados a formar parte del equipo en esa dependencia, entre éstos Oscar Vega, Cuauhtémoc Cardona, Carlos Reynoso y varios más. En el equipo iba Gustavo Manríquez Flores, quien ha sido funcionario público en varias dependencias, en la última fase aquí en el Sistema Educativo Estatal.

Blake Mora –el brazo derecho de José Guadalupe Osuna en la gubernatura- fue ungido como Secretario de Gobernación a mediados de julio del 2010. En ese tiempo se integró al equipo Gustavo Manríquez Flores como titular del área de Recursos Humanos de la dependencia desde octubre del 2010 hasta septiembre del 2012.

Mostrando Gustavo Manriquez FOTO Fb.jpg

De acuerdo a la versión de Manríquez, el tema de la inhabilitación se generó a partir de la llegada del nuevo gobierno federal y de fondo tiene que ver con “despidos y contrataciones” de personal de esa dependencia federal y asegura que ha seguido la ruta legal para defenderse ante el Tribunal Fiscal y Admirativo del Poder Judicial de la Federación. A la par se ha solicitado un amparo a través de la justicia federal y de acuerdo a su óptica estaría por conocerse el resolutivo.

Asegura que los quejosos también acudieron a una demanda penal, otra laboral y de paso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero ninguna ha prosperado.

“Se trata de un tema que está en proceso”, considera Manríquez Flores, pero por lo pronto su nombre aparece en el listado vigente de los funcionarios sancionados de la Administración Pública Federal.

Además

 

Pero no es el único tema que le pega a Manríquez Flores. Aparte desde fines del año pasado han circulado copias de algunos documentos donde se cuestiona que se haya otorgado una plaza de directora a su esposa, Patricia Vidal, quien de tener categoría de Prefecto fue nombrada directora del Centro de Capacitación en un trámite de cambio de categoría por Dictamen Escalafonario. A Manríquez le han achacado el ascenso laboral de su mujer.

Sobre el tema el funcionario también tuvo oportunidad de dar su versión, dijo que Vidal Martínez cuenta con 24 años de servicio docente, que el puesto se lo ganó en el desempeño y que la Ley del Servicio profesional Docente no abarca ese tipo de escuelas -los Centros de Capacitación- dado que son espacios donde se brinda capacitación de carácter técnico a los alumnos, es decir, diferente a los planteles de educación básica del Sistema Educativo Estatal y recalca que él nada tuvo que ver con ese nombramiento el cual se debe –asegura- a la carrera laboral de su cónyuge.

 

Mal paso

 

Con fecha 31 de octubre del 2016 en la actual y aún incipiente XXII Legislatura recibieron un oficio con un singular tema: Es un exhorto para no cambiar el sentido de la Comisión de Igualdad entre Hombres y Mujeres, esto en función de que se pretende no solo cambiarle el nombre sino juntarla con la de Juventud y además ponerla en el grupo de comisiones no dictaminadoras.

En el documento firmado por Rebeca Maltos, Coordinadora de la Coalición Gente Diversa de Baja California, esa misma comisión en la XX Legislatura se denominó De Equidad y Género y en la XXI le cambiaron el nombre a Comisión de Igualdad entre Hombres y Mujeres y desde hace tres legislaturas es dictaminadora.

Ahora en función de la llamada “Reingeniería de las Comisiones” hicieron una especie de “combo” y juntaron varios temas quedando el frente de esa Comisión la diputada priista Blanca Patricia Ríos, la joven que ocupa el escaño 25 debido a una impugnación por paridad de género que le hizo válida al 15 para las 12 la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Mostrando Blanca Patricia Rios, diputada.jpg

En la práctica –consideran- al juntar Juventud y Equidad de Género están demeritando ambas comisiones, aparte de que pretenden que con el presupuesto de una se atienda a los dos temas.

En suma piden que se recobre su sentido original y por eso el exhorto y la atención a la instalación que está programada para el miércoles 9 de noviembre.

 

Otros

 

El tema del Orfis se les salió de control y la pretensión de “guillotinar” a 103 empleados parece ir en subeybaja, sobre todo porque ahí se mezclan intereses de todo tipo. Por ejemplo hubo dos empleados que originalmente incluyeron en la lista de bajas pero que les surgieron padrinos, como el caso de Maritza Chacón –parece que vinculada a Gustavo Sánchez, el alcalde electo- y Adriana Noriega, hija de la exdiputada y líder del sindicato de Salud Virginia Noriega. Y no son las únicas.

Entre el personal del Orfis aseguran que hay empleadas que son “herencia” de Manuel Montenegro –aseguran que las conoció en el banco Santander, donde eran empleadas- y una es la de nombre María Luisa quien fungía como su Secretaria Ejecutiva y su mejor amiga, Rosalba Escobar. Ambas hasta ahora parecen inamovibles, mientras, los que no tienen ningún padrinazgo prueban el amargo sabor del desempleo.

 

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