Combate a la corrupción, aumento de la burocracia

Ahora que la rendición de cuentas y la transparencia se han puesto “de moda” en nuestro país, uno de los principales retos del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción será el de generar confianza en los ciudadanos y de mostrar una independencia política del gobierno y los poderes en turno, aunque finalmente se les pagará con dinero público.

 

Humberto Melgoza Vega

 

SAN LUIS RIO COLORADO.- Para intentar ponerle un alto a la corrupción, que avanza galopante por todo el país, el mismo gobierno está creando todo tipo de fiscalías y organismos “ciudadanos”, engordando la burocracia.

Ahora toca el turno al recientemente creado Sistema Estatal Anticorrupción, que integrará un Comité de Participación Ciudadana que se encargará de vigilar y sancionar los actos al margen de la ley en los tres poderes de gobierno y en cualquier organismo que maneje recursos públicos.

Actualmente, la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se encuentra en la etapa final de la auscultación entre ciudadanos sonorenses que cubran el perfil para que presenten su currículum  y se registren.

El coordinador ejecutivo de la Comisión de Selección, Marco Antonio Andrade Aguirre, reconoce que en la sociedad prevalece un hartazgo hacia la clase política por tanta corrupción que existe en nuestro país, lo que provoca un abierto rechazo y escepticismo ante la creación de nuevas comisiones y fiscalías.

Precisamente, ese será uno de los principales retos en la selección de quienes integrarán el Comité de Participación Ciudadana, lograr la aceptación y credibilidad de la gente, y advierte que no aceptará recomendaciones de partidos políticos, ni de la misma gobernadora Claudia Pavlovich. “Ya les dije que no quiero que me estén mandando tarjetitas de recomendación”.

El proceso de designación se inició el 22 de junio con la emisión de una convocatoria pública que les exige realizar consultas con la sociedad civil, con grupos y cámaras empresariales, asociaciones de profesionistas “para que se registren aquellos ciudadanos que siendo sonorenses, mayores de 30 años, con una experiencia  mínima de 5 años en materia de transparencia, de difusión de los valores de rendición de cuentas, de realizar prácticas anticorrupción, etcétera, pueda ser designados o considerados para formar parte del Sistema Estatal Anticorrupción”.

 

Visitaron 14 municipios, donde se concentra el 85 por ciento de la población del estado, iniciaron por el sur, ya recorrieron el centro y ahora están en la parte norte hasta llegar a la reunión regional en Cananea donde participará gente de Agua Prieta y Naco. El pasado miércoles se reunieron en las instalaciones de Canacintra-San Luis con un reducido grupo de ciudadanos interesados en conocer más del novedoso Sistema, encabezados por el líder del organismo, Mario Guevara Rodríguez.

 

“El propósito es interactuar con la sociedad civil, informarles cuál es la razón del Sistema Estatal Anticorrupción e invitarlos a que se inscriban para poder ser evaluados y a más tardar el día 1 de agosto estaremos concluyendo con la designación de cinco sonorenses que además de cumplir los requisitos de ley, deberán cubrir el perfil de su experiencia profesional y de su compromiso social para combatir la corrupción en todas sus modalidades”, expone.

 

 

“El Sistema Estatal por definición debe ser apartidista, es inadmisible que hubiera la posibilidad de que los partidos, o los grupos de interés político pusieran a sus afines o gente que los represente”,  advierte el ex director del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados y del Consejo Estatal Electoral.

Para garantizar la independencia ideológica, entre los principales requisitos se exige que no haya sido candidato, ni ocupado algún cargo de elección popular en los últimos cuatro años, que no haya sido dirigente de un partido político, de sus órganos internos, que no sea militante, ni adherente o represente un liderazgo público y evidente de un partido político.

“Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad de carácter ético, designar a ciudadanos que por su trayectoria profesional, por sus méritos, inclusive por sus virtudes personales que tienen que ver con su independencia partidaria, con su libertad política personal, su honestidad intelectual,  esa gente es la que debe estar en el Sistema para evitar que prevalezcan intereses de carácter político o partidario”, insiste.

–Y es que la burra no era arisca…

“Nosotros comprendemos el escepticismo social que existe, los ciudadanos no creen fácilmente ya en una autoridad que tiene el objetivo de fiscalizar o controlar la corrupción, sin embargo este nuevo Sistema tiene un órgano dentro que estará integrado exclusivamente por ciudadanos”, reconoce y amplía:

“Reconocemos que nuestro país está en los primeros lugares de los indicadores mundiales como uno de los países con mayor nivel de percepción de corrupción de funcionarios públicos; la propia OCDE, la Organización del Comercio para el Desarrollo, sacó hace poco estadísticas avaladas por Transparencia Internacional y por el Fondo Monetario Internacional en donde nosotros tenemos una estadística muy negativa: en los últimos once años México descendió 53 posiciones entre los países de la OCDE por actos de corrupción, del lugar 70 actualmente estamos en el 123”.

Dice que esta calificación negativa tiene para México un alto costo político: de acuerdo a estadísticas de la Coparmex e incluso del Inegi, la corrupción en México representa el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, equivalente a 1.9 billones de pesos, mientras que a nivel mundial, los actos de corrupción o de extorsión o ilícitos representan un 2 por ciento del PIB mundial, equivalentes a 1.5 o 2 billones de dólares.

“Es decir, México está en el medallero negro de países con mayor índice de corrupción en el mundo, por eso nosotros pensamos que el Sistema Estatal Anticorrupción como el Sistema Nacional deben de funcionar como una oportunidad histórica donde los ciudadanos van a ser vigilantes y van a poder evaluar el desempeño de los funcionarios y de los órganos de gobierno, pero fundamentalmente van a poder proponer políticas públicas y nuevos mecanismo de control y fiscalización del gasto público”, enfatiza.

Y advierte: “México ya no aguanta un fenómeno que de acuerdo a los estudiosos en el tema es un verdadero cáncer social que no permite el desarrollo del país y que además genera una consecuencia profundamente negativa, donde se reconoce que actualmente hay entre 54 y 56 millones de mexicanos pobres y el 25 por ciento de ellos viven en pobreza extrema, gente que no tiene que comer, que carece de los productos básicos, que carece de un empleo, que no tiene patrimonio”.

Agrega: “Es decir, la corrupción tiene consecuencias sociales graves y también debemos reconocer que hay un gran número de ciudadanos que son víctimas de la corrupción, a quienes se les niega la posibilidad del estudio, mejores niveles de vida y que trunca mucho el desarrollo del país, de las sociedades y de las familias”.

Andrade Aguirre afirma que el Sistema Estatal Anticorrupción debe ejercer una autonomía “de deveras, no es posible que el Sistema vaya a convertirse en un validador de actos indebidos, o en un amanuense de la corrupción que, en mayor o menor medida, aún prevalece en todo el país”.

El objetivo es muy claro: “El Sistema tiene que generar gobiernos honestos, funcionarios de manos limpias y evitar que siga sucediendo ese fenómeno tan negativo que es la aparición de súbitos millonarios provenientes de la administración pública”.

Sin embargo, los ciudadanos seleccionados pasarán a ser funcionarios públicos, porque recibirán un sueldo del gobierno.

“A diferencia de nosotros, que integramos la Comisión de Selección, que tenemos un cargo honorífico, pero quienes integren el Sistema Estatal Anticorrupción y los ciudadanos que integren el Comité ellos sí van a recibir una remuneración,  porque se van a convertir en funcionarios públicos y van a desempeñar una función pública por su desempeño profesional y de tiempo completo”, finaliza. @