Frontera Norte, el embudo para migrantes
Manuel Cuen y Carina Arguilez
SAN LUIS RÍO COLORADO.- La inseguridad, los diferentes tipos de violencia que se viven y la presencia de grupos criminales en las ciudades fronterizas, podrían dificultar la tarea del Gobierno de México, enmarcada en el programa Quédate en México, una medida polémica que ha dejado a su suerte a miles de personas que buscan asilo en Estados Unidos.
Es posible que lo primero que se le venga a la mente a usted, lector, es la imagen de cientos de personas durmiendo a la intemperie en improvisadas casas de campaña a un costado de la línea internacional y la instalación de alambradas y barreras en el Puerto de Entrada. Pero eso no es nada frente a la desaparición de personas, la extorsión a los familiares y los asesinatos que se viven a diario en esta parte de la frontera.
Desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden se comprometió a “reformar” un caótico sistema migratorio. La estrategia, “es un país es más seguro, más fuerte y más próspero con un sistema migratorio justo y ordenado que da la bienvenida a los inmigrantes”.
Pero la verdadera historia es esta. En enero de 2021 Joe Biden asume la presidencia, generando una expectativa de que habrá reforma migratoria. En febrero, el Gobierno de Estados Unidos anunció la terminación del programa conocido como MPP. El programa proviene de una ley de migración que permite al gobierno estadounidense devolver a los solicitantes al país contiguo, es decir nuestro país, en espera de sus procedimientos de expulsión.
Aunque la medida tiene un antecedente en 1996, en enero de 2019, la administración de Donald Trump anunció un uso novedoso y programático de la sección 235 para devolver a México a ciudadanos no mexicanos.
Diciembre me gustó…
El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos ha dicho que con la cooperación del Gobierno de México, las deportaciones a nuestro país tendrán lugar en siete puertos de entrada, en San Diego, Calexico, Nogales, El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville.
“El día de hoy, en coordinación con los Departamentos de Estado y de Justicia, DHS anunció cambios clave a los MPP para abordar las preocupaciones humanitarias que mencionó el gobierno de México y que son compartidas por el gobierno de Estados Unidos”.
Estos cambios clave incluyen un compromiso de que los procedimientos por lo general se concluirán dentro de seis meses del retorno de un individuo a México; oportunidades para los participantes de tener acceso seguro y poder comunicarse con representantes legales durante sus entrevistas y audiencias en la corte; mejores procedimientos para mejorar los principios de no devolución, y un aumento en la cantidad y calidad de información que los individuos inscritos reciben sobre el programa. DHS excluirá del programa a individuos particularmente vulnerables. Además, DHS ofrecerá vacunas contra el COVID-19 a todas las personas inscritas en MPP.
“El gobierno de los Estados Unidos trabajará de cerca con el gobierno de México para garantizar que haya refugios seguros para los inscritos en el programa; que los individuos retornados tengan transporte seguro de y hacia los puertos de entrada, y que los participantes puedan contar con permisos de trabajo, acceso al cuidado de la salud y a otros servicios en México”, según un comunicado del DHS.
Es una pena, pero hay confianza
Rebeca Ching Hurtado, regidora del ayuntamiento local, dijo a CONTRASEÑA que “es una pena el Protocolo de Protección a Migrantes (PPM). Debido a la excelente relación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y al excelente trabajo que ha hecho el canciller Marcelo Ebrard, se ha logrado sensibilizar a los Estados Unidos en este tema de derechos humanos”.
La regidora encargada de asuntos fronterizos apuntó que hay cambios. “Por ejemplo las personas que tienen que esperar en México para su proceso tienen que ser vacunadas para el Covid 19. México está exigiendo que se les den asesorías legales y que los procesos sean rápidos. Igual, se está exigiendo que se les apoye en los albergues. Es muy importante, porque en los albergues del lado mexicano, que te comento, son en San Diego, Calexico, Nogales, El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville. No en San Luis. Afortunadamente nosotros no vamos a pasar por esta problemática. Entonces Estados Unidos se está comprometiendo a apoyar a estos albergues”.
Otra cosa positiva es que no se les está pidiendo a las personas que están pasando por una petición de asilo, por violencia, por amenazas de muerte, no se les está pidiendo que esperen en México. Eso es algo muy, muy positivo, destacó.
“Estoy segura de que se les va a apoyar por parte del gobierno de México. No hemos visto más que buena voluntad y gran trabajo en el tema binacional. Yo estoy segura y estoy tranquila de que a pesar de lo desafortunada que es esta decisión, se va a trabajar, como ya se está haciendo en estos cambios que se lograron”, dijo.
“Otra cosa positiva es que el presidente Biden va a buscar cómo acabar con este programa. Es algo que yo siento muy positivo y que nos demuestra la buena voluntad del gobierno de los Estados Unidos ante esta problemática”.
Doug Ducey en San Luis
El gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, ha estado muy activo sobre el tema. Esta misma semana visitó la frontera en Yuma y San Luis, Arizona.
El gobernador se ha vuelto un crítico de la política federal en esa materia: “Está claro que la administración Biden ha creado un desastre en diciembre en nuestra frontera, como resultado de una política fragmentaria y una falta de participación federal, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos se ha visto inundada”, dijo el mandatario.
Y es que “simplemente no podemos quedándonos parados y ver cómo se desarrolla esta catástrofe. Estamos tomando medidas a nivel estatal para proteger a los arizonenses y nuestras comunidades. Mi agradecimiento a los hombres y mujeres del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, a los miembros de la Guardia Nacional de Arizona, al equipo del Departamento de Seguridad Nacional de Arizona, a los miembros de la Patrulla Fronteriza y a toda las corporaciones de aplicación de la ley por su compromiso con la protección de los ciudadanos”.
Anunció en su visita que está enviando a la Guardia Nacional con 24 elementos, 6 vehículos, 4 motos y 1 helicóptero.
Dijo, que Seguridad Pública Estatal y la Guardia Nacional están desplegando recursos tácticos en las áreas donde la Patrulla Fronteriza y los servicios de inteligencia indican que se están produciendo las incursiones.
La oficina del gobierno del estado dijo que más de 1.7 millones de migrantes fueron detenidos en la frontera el año fiscal reciente, lo que es más que los últimos dos años. Tan solo en octubre, hubo más de 164 mil detenciones, lo que significa un aumento del 128 por ciento con relación a octubre del 2020.
El activismo migratorio de Ducey tiene antecedentes. En marzo, viajó a Douglas, para obtener una visión de primera mano de la situación. En abril, emitió una Declaración de Emergencia y desplegó a la Guardia Nacional de Arizona para apoyar los esfuerzos locales.
Un día después de emitir la Declaración de Emergencia, el gobernador Ducey recorrió la frontera en Yuma y recibió una sesión informativa sobre la creciente crisis humanitaria y de seguridad de la Patrulla Fronteriza, la policía local y los líderes comunitarios.
En mayo, el gobernador Ducey se unió a 19 otros gobernadores para pedir al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris, que reviertan sus políticas fronterizas destructivas.
El 30 de junio, la Legislatura de Arizona aprobó el presupuesto para el año fiscal 2022, que incluía 25 millones en fondos estatales para la misión fronteriza de la Guardia Nacional y 30 millones para ayudar a las fuerzas del orden con las operaciones de seguridad fronteriza, además de los fondos existentes para la Fuerza de Ataque Fronterizo.
El 13 de agosto, el gobernador Ducey pidió la renuncia del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
En agosto, el gobernador Ducey anunció una extensión de un año de la misión de seguridad fronteriza de la Guardia Nacional de Arizona.
El 20 de septiembre, el gobernador Ducey y 25 otros gobernadores solicitaron una reunión urgente con el presidente Biden para encontrar soluciones significativas a la crisis fronteriza.
No vayan a la frontera
Esto dijo la Cancillería Mexicana en febrero pasado: “El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la decisión de iniciar el procesamiento en Estados Unidos a personas de diversas nacionalidades que forman parte de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) y que habían permanecido en México.
“El Gobierno de México acoge con beneplácito el compromiso de los Estados Unidos de trabajar juntos para abordar la migración regional.
“Como promotor de una migración segura, ordenada y regular, el Gobierno de México reitera a la opinión pública que las medidas anunciadas por la Dirección general de Seguridad Nacional están dirigidas a un grupo específico de personas que forman parte del MPP. Las restricciones legales y los requisitos para la entrada a México y los Estados Unidos siguen vigentes.
“Los migrantes no deben ir a la frontera entre México y Estados Unidos. Tanto los gobiernos como las organizaciones internacionales aliadas proporcionarán más información para los migrantes sujetos al MPP”.
En un esfuerzo entre el Instituto Nacional de Migración y la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, acordaron mantener un trabajo coordinado y a favor de los derechos de quienes esperen resolución a una solicitud de asilo en la frontera entre ambos países.
El titular del Instituto Nacional de Migración, sostuvo el martes una reunión de trabajo con el comisionado encargado de Aduanas y Protección Fronteriza, con la finalidad de coordinar acciones en el marco de la re implementación de la sección 235(b).
Se dio a conocer que no aceptará a la población considerada vulnerable, que no tenga un citatorio para acudir a su audiencia en la corte migratoria, o bien cuya solicitud de refugio no haya sido aprobada. De igual forma, en atención a las medidas contra la COVID-19, se requerirá documento que establezca el estado de salud de la persona y su vacunación.
Un centenar de organizaciones que apoyan a migrantes instaron desde el 23 de agosto al gobierno de México, a rechazar el restablecimiento del Protocolo de Protección a Migrantes de Trump.
En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, señalaron que “Durante dos años, esta política impuso barreras infranqueables al debido proceso y causó daños extremos a más de 72 mil personas solicitantes de protección internacional quienes fueron regresadas a México para esperar sus audiencias”
Denunciaron que es imposible volver a implementar MPP de una manera que se respeten los derechos humanos y el debido proceso, y México tiene la responsabilidad de bloquearla. Las instituciones mexicanas aún están evaluando la legalidad del MPP y las violaciones de derechos humanos de las personas devueltas a México bajo este programa.
Establecen en la misiva, que “el regreso a dicha política inhumana exacerbaría las condiciones e inseguridad para quienes solicitan asilo en la frontera de Estados Unidos con México. Las personas que fueron sometidas al Programa MPP fueron obligadas a esperar hasta 15 meses en refugios improvisados y en condiciones de hacinamiento en campamentos para migrantes en condiciones de miseria. Las organizaciones de la sociedad civil documentaron miles de secuestros, violaciones, agresiones y otros crímenes cometidos contra quienes fueron regresadas a ciudades de la frontera mexicana bajo MPP”. La inseguridad, los diferentes tipos de violencia que se viven y la presencia de grupos criminales, podrían dificultar la tarea del Gobierno de México, enmarcada en el programa Quédate en México, mientras la estación de la Patrulla Fronteriza con capacidad para mil personas se encuentra hasta el tope, a tal grado que los migrantes tienen que ir caminando hasta sus oficinas en Yuma para los detengan, los procesen y puedan entonces solicitar asilo.@