Asesinato de precandidatos del PAN y Morena en Maravatío fue para ‘quitarlos’ de la contienda: Fiscal de Michoacán
El Fiscal General de Michoacán, Adrián López Solís, admitió que hay zonas de esa entidad en las que los aspirantes a puestos de elección popular, están en riesgo de ataque por parte de grupos criminales.
El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, señaló que el asesinato de los precandidatos a la alcaldía de Maravatío, tanto del PAN como de Morena, responden a intereses de grupos criminales, que querían “quitarlos de en medio”.
Entrevistado por medios locales, tras rendir su 5° Informe Anual de resultados del Plan de Persecución de Delitos, el fiscal se refirió a los asesinatos, cometidos el lunes pasado de Armando Pérez (PAN) y Miguel Ángel Zavala (Morena)
“Todo parece indicar que, en efecto se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse de en medio a los posibles candidatos, que en ese momento, insisto, tenían la condición de precandidatos en los procesos internos de sus propios partidos”, dijo.
Del mismo modo, López Solís admitió que existe “una situación de riesgo”, para aspirantes a cargos de elección popular en algunas zonas del estado, donde operan grupos criminales.
“En determinadas regiones, sobre todo en aquellas que por sus antecedentes, por su historia de violencia criminal, muy identificadas y caracterizadas en el estado, podemos hablar de una situación de riesgo para quienes aspiran a conducir los destinos de esos municipios”, apuntó el fiscal.
Insistió en que los grupos criminales buscan influir sobre “quién pueda ser o deba ser la candidata o candidato“, y que esta es una práctica reiterada y acreditada en los informes de sus investigaciones.
Además, dijo que este tipo de presiones de la delincuencia tienen la intención de “propiciar compromisos antes de y durante ya la etapa del ejercicio público gubernamental“.
Los compromisos a los que se refirió López Solís aluden a una extorsión de los grupos criminales a candidatos locales para tener el control en áreas de seguridad y acceso a recursos públicos.