Gobierno de BC, el acoso a una periodista

“Lo considero un ataque a la libertad de expresión, como ya lo he dicho, Alfredo Álvarez es abogado y sabe perfectamente que hay un marco legal que protege a los periodistas siquiera de declarar. Yo pude haberme abstenido de declarar, soy consciente de que lo hice voluntariamente, sin presión, quería quedara sentado que si en realidad les interesa llegar al fondo del asunto que citen a Marina del Pilar, porque ella es como titular del Ejecutivo la poseedora de la información que nos puede llevar a la verdad”.

Humberto Melgoza Vega

MEXICALI.- Cuando la periodista Dianeth Pérez Arreola preguntó en la mañanera del 6 de agosto si el gobierno del estado tenía conocimiento que en la licitación para la construcción de la planta potabilizadora La Nopalera en Tecate había participación del crimen organizado, nunca imaginó que de reportera la iban a colocar en el banquillo de los indiciados.

A la expresión de la gobernadora Marina del Pilar Avila de que se trataba de “señalamientos muy graves”, que no se podían expresar a la ligera, la directora del portal de noticias Brújula News fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR) para que “coadyuve” en la investigación revelando sus fuentes de información.

Esta respuesta institucional en contra de la reportera ha sido considerada como hostigamiento y acoso del poder ante cuestionamientos incómodos por parte de organismos defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión como Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), quienes han exigido al gobierno morenista que cese la persecución.

En el citatorio, fechado el 7 de agosto, la FGR hace referencia que fue el secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez quien solicitó mediante oficio la participación de la reportera para “esclarecer” los hechos ventilados en la tradicional conferencia de prensa.

“A propósito del agua, en la planta potabilizadora La Nopalera que han hecho, el titular Manuel Castro Luna cada 15 días hace un video para decirnos los avances de las obras. Hicieron ahí algo muy raro, se licitó dos veces y cambiaron el sentido de la primera licitación. En los videos nunca se menciona el nombre de la empresa, no sabemos qué empresa es, y hay fuertes señalamientos sobre que estas obras del bono verde se están yendo a empresas ligadas con el crimen organizado…”, se lee en el citatorio.

Esta investigación es obligación del Estado, por tanto no se debe trasladar la carga de la misma a la prensa o presionar a periodistas a revelar sus fuentes de información, afirmó a propósito la organización Artículo 19. 

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que ‘la lucha contra la corrupción constituye un deber de los Estados y una condición esencial para la vigencia efectiva de los derechos humanos y del Estado de Derecho’, además, formular una pregunta en los espacios públicos como lo es la conferencia matutina de la gobernadora no debe tener como respuesta un acto de acoso administrativo”.

Artículo 19 emplazó a la gobernadora Marina del Pilar y al secretario de Gobierno a “abstenerse de todo acto de hostigamiento o represalia contra periodistas y garantizar condiciones plenas para el libre ejercicio del periodismo, manteniendo un discurso de reconocimiento a la labor periodística y garantizar un entorno libre de violencia e intimidación contra la prensa”. Y a la Fiscalía General de la República (FGR) a “desistir de cualquier acción que busque obligar a periodistas a revelar sus fuentes e investigar con prioridad las agresiones contra la prensa que permanecen en la impunidad”.

En el mismo sentido se manifestó la red de Periodistas de Mexicali:

“Es inaceptable que una autoridad investigadora se aboque a exigirle información a una periodista en lugar de hacer su trabajo, en este caso investigar directamente a la autoridad estatal, a fin de comprobar o descartar la información señalada. Evidentemente este citatorio es una reacción represiva por parte del gobierno del estado ante la incomodidad que causó el cuestionamiento de la colega…”.

El martes, Dianeth Pérez atendió el citatorio de la FGR en donde se reservó el derecho de revelar sus fuentes de información, amparada en el artículo 6to de la Constitución frente a un acto de intimidación y censura por parte del gobierno que la pone en riesgo ante el crimen organizado.  

En la mañanera del miércoles desde Tijuana, el secretario de Gobierno rechazó que se esté persiguiendo a la periodista sin embargo, por la gravedad de los señalamientos “nos obliga a investigar, hablar del crimen organizado son palabras mayores…”, arguyó.

Entrevista

Más que un afán por llegar al fondo del asunto y castigar a los responsables, que la cite la Fiscalía General de la República (FGR) a petición de la Secretaría General de Gobierno del Estado es más bien un acto de intimidación, consideró la periodista Dianeth Pérez Arreola.

“Lo considero un ataque a la libertad de expresión, como ya lo he dicho, Alfredo Alvarez es abogado y sabe perfectamente que hay un marco legal que protege a los periodistas siquiera de declarar. Yo pude haberme abstenido de declarar, soy consciente de que lo hice voluntariamente, sin presión, quería quedara sentado que si en realidad les interesa llegar al fondo del asunto que citen a Marina del Pilar, porque ella es como titular del Ejecutivo la poseedora de la información que nos puede llevar a la verdad”.

En entrevista con Semanario CONTRASEÑA, la directora de Brújula News y docente universitaria señaló que en la mañanera le permitieron la palabra “porque no sabían lo que iba a preguntar, si hubieran sabido por supuesto que no me hubieran dejado”

Recuerda que tenía un mes fuera de la ciudad, había regresado de sus vacaciones de verano en Holanda donde reside su familia, así que no se le hizo extraño que le permitieran hacer una pregunta, “más bien no se la esperaban”.

Pérez Arreola dice que la pensó para soltar la pregunta en plena mañanera, en la que precisamente se habló de obras de infraestructura hídrica pero nada sobre la planta potabilizadora llamada “La Nopalera”, semanas antes había escrito sobre ese tema y consideró que era el momento adecuado para darle seguimiento.

“Aclaro que, contrario a lo que dijo hoy el secretario General de Gobierno, que yo lo afirmé, parece que lo dice que yo Dianeth Pérez dije que esa empresa tiene nexos con el crimen organizado, pero mi pregunta dice literalmente hay fuertes señalamientos de que esa empresa está ligada al crimen organizado, que es diferente a asumirlo como que yo lo dije.

“Sí considero que se busca desviar la atención, creo que fue una decisión visceral, un berrinche, no tenían ninguna posibilidad de salir bien librados, parece que los está asesorando su peor enemigo”, enfatizó.

“Yo no creo que la bronca sea conmigo, ya han demostrado que son muy opacos, que no les gusta la transparencia, hay otros periodistas que han pedido información y que se las han negado, por eso te digo que no es personal pero sí les molesta mucho el tono que tienen mis preguntas, como yo no tengo contratos con ellos saben que no tienen margen de maniobra para controlar mi narrativa”, asevera.

Aunque la gobernadora Marina del Pilar de manera reiterada se dice respetuosa de la libertad de expresión y del trabajo de los periodistas, Pérez Arreola resaltó que el citatorio de la FGR más un par de requerimientos del SAT estatal indican todo lo contrario.

“Si ellos le suben, le subo, si ellos le bajan, le bajo, pero no veo por dónde. No sé qué va a pasar en la siguiente mañanera, por supuesto que voy a ir, y creo que si pido la palabra me la tendrán que dar dada la exposición mediática y las consecuencias que ha tenido esto, la verdad no lo he pensado. Lo que esto ha ocasionado es que más gente me busque para pasarme información así que ahora tendré más elementos para decirles que son unos opacos y unos incumplidos con las reglas de transparencia. Todo esto les ha salido contraproducente”. @