Reforma a la Ley de Amparo pone nuevo candado para que más de 40 mil personas inocentes en prisión no recuperen su libertad

Alfredo Maza / Animal Político

De mantenerse en sus términos, la reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y avalada por la Cámara de Senadores pondrá un nuevo candado que impedirá que más de 40 mil personas inocentes, que se mantienen en la cárcel bajo la figura de prisión preventiva oficiosa o ‘prisión automática’, recuperen su libertad o consigan un cambio de medida cautelar.

Lo anterior ocurre debido a que, desde su iniciativa, la presidenta incluyó en el artículo 166 de la Ley de Amparo, referente a los delitos de prisión preventiva oficiosa, la frase: “tratándose de estos casos, la suspensión no podrá otorgarse con efectos distintos a los expresamente previstos en esta fracción”. Un agregado que dejaron sin modificar las y los senadores al aprobar la reforma y que ahora se discutirá en la Cámara de Diputados.

Así, la presidenta y los legisladores no sólo agregaron un candado adicional para que las y los juzgadores del país apliquen la figura de prisión automática a personas inocentes acusadas de un delito, sino que provoca que continúen incumpliendo con las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó al Estado mexicano eliminar o limitar las figuras de la de prisión preventiva oficiosa y el arraigo, al considerar que estas son violatorias de derechos humanos.

Una figura que, además, afecta en su mayoría a hombres y mujeres que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, que fueron acusados de delitos graves, pero a los que las autoridades no les han podido demostrar culpabilidad alguna. Personas que ahora tendrán que mantenerse recluidos hasta recibir una sentencia y sin posibilidad de acudir al amparo y protección de la justicia.

La reforma de Sheinbaum y las 40 mil personas inocentes en prisión preventiva oficiosa

El 15 de septiembre de 2025, a unas horas de llevar a cabo el tradicional grito de Independencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo en la que proponía diversas modificaciones para limitar la figura de la “suspensión” dentro de los juicios de amparo y acelerar los mismos.

En específico, en materia de prisión preventiva oficiosa, la presidenta propuso que cuando el “acto reclamado” en un juicio de amparo fuera combatir “actos privativos de la libertad”, los efectos de la concesión de dicha suspensión no podrán ser otros más que los establecidos en la ley.

Datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2025, publicados el 17 de julio pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revelaron que de 85 mil 547 personas adultas que en 2024 estaban privadas de su libertad sin sentencia, 47 % se encontraban bajo la figura de prisión preventiva oficiosa o “prisión automática”.

Se trata de 40 mil 207 personas que están en prisión, de las que 56.4 % son mujeres y 46.2 % son hombres que, aunque las autoridades no les han podido demostrar su culpabilidad no podrán solicitar mediante un juicio de amparo un cambio de medida cautelar para obtener otra medida, como puede ser resguardo domiciliario, brazalete electrónico o el pago de una multa.

“Digamos, se cierra la posibilidad de que esta gente acuda al amparo mediante la suspensión, como un mecanismo para obtener libertad. O sea, hablamos de que 40 mil personas que están en prisión preventiva oficiosa, más o menos el 50 % del total, tenían esa esperanza de conseguir su libertad mediante el amparo y una suspensión, pero no la conseguirán. Básicamente se clausura con este cambio en la Ley de Amparo”, señala el abogado Luis Tapia, especialista en derechos humanos y derecho penal, en entrevista con Animal Político.

Por entidad federativa, el Inegi resaltó que el Estado de México y Michoacán reportaron que el 100 % de su población privada de la libertad sin sentencia se encontraba bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, mientras que en las cárceles federales no se tenía registro alguno que pudiera identificar cómo estaban las personas.