Reformas de ley buscan eternizar a Morena en el poder: Marcos Pérez

Humberto Melgoza Vega

SAN LUIS RÍO COLORADO.- Para el abogado constitucionalista Marcos Pérez Esquer, las reformas de ley enviadas esta semana desde Palacio Nacional llevan el mismo sello del partido oficial: cooptar instituciones, arrebatar cuando no ganen las elecciones, inclinar la balanza a su favor y tener la sartén por el mango. 

En resumidas cuentas, eternizarse en el poder gubernamental, la misma historia que ya vivimos durante 70 años con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El nuevo bloque de reformas que se prevé sea aprobado de manera “fast track” aplicando el mayoriteo en ambas Cámaras, donde Morena conduce la aplanadora, permite la reelección de magistrados electorales. 

Otra busca crear un comité para evaluar que no pasen candidatos ligados al crimen organizado y la más preocupante de todas adiciona una nueva causal para anular las elecciones cuando se presuma que hubo injerencia extranjera.

En lo que se procesan las reformas constitucionales en materia judicial y electoral, desde el gobierno federal ya surgen señales claras de que, con el pretexto de la embestida del gobierno de Estados Unidos contra políticos y gobernantes morenistas, la reforma de nulidad por “injerencia extranjera” podría aplicarse a partir de la elección intermedia de 2027, obvio, siempre y cuando los resultados no les favorezcan.

Consultor jurídico y político, Marcos Pérez explica que el artículo 41 de la Constitución ya contempla las causales de nulidad en las elecciones cuando se documente la intervención del crimen organizado, cuando se rebase el tope de campañas con más de un 5 por ciento, contratar propaganda en radio y televisión de manera directa en lugar de hacerlo a través del INE y ahora se adiciona como causal de nulidad cuando “se acrediten actos de intervención o de injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.

Actual presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, Pérez Esquer dice que en teoría todos estaríamos de acuerdo en prohibir que extranjeros incidan o decidan lo que en materia electoral les corresponde a los mexicanos. El problema es que la redacción quedó demasiado ambigua y se presta para interpretarla a su conveniencia.

“El problema acá es que la redacción quedó demasiado vaga, porque hay intervenciones positivas, como cuando vienen comisiones de observadores electorales para participar como vigilantes de las elecciones, pero imagínate que se registren opiniones de la prensa extranjera, criticando a lo mejor al partido en el gobierno o a alguno de oposición. Cualquiera de los dos podría alegar que hubo intervención extranjera que influyó en los resultados porque incidió en la opinión pública, por ejemplo algún periódico extranjero, como El País, la cadena Fox de los Estados Unidos, el New York Times, el que quieras”.

“O contratas un estratega, lo que es bastante común, que te ayude a diseñar tu comunicación de campaña. Eso ya es intervención extranjera pero ¿podría ser causal de nulidad de la elección? Y como estos ejemplos te puedo poner muchos otros, como las ONG’s, muchas de ellas que reciben financiamiento del exterior y que apoyan el desarrollo democrático y la libertad de prensa. ¿Sus opiniones serían motivo para que se anule la elección?”, cuestionó.

Como está planteada esta reforma “se presta para el manejo discrecional totalmente. Esto es muy preocupante, vulnera la libertad de expresión y la prensa libre. Esto podría pasar incluso con un medio de comunicación nacional que toma como insumos reportajes o columnas de opinión generadas por un medio extranjero. Vamos a suponer que El Universal retomó una columna que se publicó en Reuters o de la BBC. ¿Eso ya sería una intervención o no?”.

El catedrático de la Universidad La Salle de la Ciudad de México apunta que el concepto queda tan vago y tan amplio que se presta para la discrecionalidad y eso es lo que preocupa “porque se puede prestar para todo tipo de abusos”.

El promotor de esta reforma fue el diputado Ricardo Monreal, quien dijo que al no haber una reforma legal no se puede aplicar hasta que no se haga la reforma constitucional. “Eso es totalmente falso porque el INE y el Tribunal Electoral emitirán sus lineamientos y adecuarán su normatividad para aplicar este precepto”, expone.

El manejo discrecional e incluso arbitrario se presta para que cuando le convenga al régimen decir que hubo intervención extranjera pues tendría elementos para hacerlo. 

“Queda a contentillo para el régimen que cuando la elección le sea adversa ir a alegar ante la autoridad electoral que hubo intervención extranjera para anular toda la elección. Y teniendo las autoridades que tenemos ahora en el INE, pero sobre todo en el Tribunal Electoral, tan capturadas, tan cooptadas, son instituciones totalmente colonizadas por el oficialismo pues qué podemos esperar, pues que hagan lo que el oficialismo diga”.

El letrado recordó que en el evento donde la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el segundo aniversario de su triunfo en las elecciones ya deslizó que con la petición de extradición que hizo el gobierno de Estados Unidos de Rocha Moya, Inzunza y otros ocho sinaloenses ya estaban incidiendo en la política interior mexicana y que si seguían así, ‘hoy vienen por uno, mañana por otros’ entonces podemos llegar al punto en que el Departamento de Justicia se convierta en el gran elector de las elecciones mexicanas.

“Ya está anunciando desde ahora que esta expresión que se puso en la Constitución para evitar la intervención extranjera incluye este tipo de cosas”, expone. 

“Ahora resulta que si un país extranjero solicita una extradición de un político eso ya tiene un impacto en las elecciones que podría derivar en la anulación de todas las elecciones. Este es claramente un mecanismo para que el oficialismo lo utilice cuando le venga en gana”, asevera.

Pérez Esquer destaca que desde el sexenio anterior y el actual han venido haciendo una serie de reformas con las cuales han venido concentrando el poder, poniendo la cancha dispareja a su favor. Lo más notorio es capturar a la autoridad electoral. Ya tiene al INE, que le es incondicional, a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral, a quienes puede incluso darles órdenes.“Con eso ya trastocó todo el sistema electoral todo encaminado desde mi punto de vista para enquistarse en el poder”, advirtió.

“Yo sí creo que las democracias son resilientes, que son resistentes y que es difícil que sea inamovible un partido en el gobierno. Lo vimos recientemente en Hungría donde el presidente (Víktor) Orbán había hecho un montón de cosas parecidas a las que está haciendo la 4T en México y frente a una decisión interna más la suma de la oposición resulta que hace apenas un par de semanas perdió su reelección luego de 16 años en el poder. Esto significa que no va a ser precisamente imposible derrotar al régimen en alguna de las próximas elecciones, pero cada vez se pone más complicado”, reconoció.

La otra reforma que envió la presidenta es la que crea una comisión en el INE que servirá como filtro donde puedan someter a revisión los perfiles de los aspirantes a algún puesto de elección popular para que no se cuelen, como ocurrió en el pasado reciente, candidatos ligados con el crimen organizado.

“Dicha comisión podrá solicitar información a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluso el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para saber si hay riesgo razonable en donde el INE, sin la obligación de dar los detalles informaría a los partidos que tal o cual candidato no es elegible, dejándoselos a su criterio si lo postulan. Esta discrecionalidad de nuevo se presta para un uso faccioso. Ya estoy viendo cómo el régimen actual estaría revisando con lupa a unos y de manera muy favorable a otros”, advierte.

“Con esta se suma otra figura que se presta para el manejo discrecional, arbitrario, faccioso, selectivo adicional a todas estas reformas que no llevan otro propósito que beneficiar a la fuerza política que hoy detenta el poder”, resalta.

Marcos Pérez reconoce que esta reforma es “a toro pasado”, por la presión ejercida por los Estados Unidos, pero se pretende que funcione en lo subsiguiente, a partir de la elección intermedia de 2027, donde los partidos podrían someter a evaluación a sus aspirantes y con base en eso tomar sus decisiones. “Pero no resuelven lo pasado ni creo que resuelvan lo futuro, porque más bien será un instrumento para desprestigiar a ciertos perfiles o aspirantes”, señala.

Marcos Pérez refiere que las recientes reformas publicadas hace un par de días en el Diario Oficial de la Federación (DOF) contemplan además que los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral puedan aspirar a una nueva reelección. 

“De por sí ellos ya vieron extendido su mandato original, dos de ellos en dos ocasiones. Con esta sería la tercera ocasión que podrían ver extendido su mandato. Ellos iban a terminar sus mandatos en 2025 y luego se les amplió hacia 2027, cuando se hizo la reforma judicial. Luego se les amplió a 2028 y además en el régimen transitorio dicen que podrían reelegirse, con eso podrían sumar hasta 18 años continuos en el cargo lo que nadie, ni los antiguos ministros de la Corte duraban tanto”.

Considera que se pretende quedar bien con los actuales magistrados, crearles una expectativa de que si se portan bien con el oficialismo podrían estar otros cinco años en la Sala Superior del Tribunal. “Entonces el mensaje es clarísimo: yo te doy la oportunidad de reelegirte en 2028 para otros cinco años, ‘pero pórtate bien durante esta etapa’. Entonces qué es lo que podemos esperar, pues mucho favoritismo para el régimen en turno”. @