Retenes, un robo en despoblado
Humberto Melgoza Vega
SAN LUIS RÍO COLORADO.- Desde su implementación, en la década de los noventa, dizque con la intención de combatir al narcotráfico, hasta la actualidad, los retenes militarizados y policiacos en carreteras siguen provocando molestias entre los ciudadanos, no solo por el tiempo que se pierde sino porque en algunos puntos prácticamente están siendo asaltados por las autoridades que deberían protegerlos.
Los abusos en este tipo de retenes siempre han existido, el problema es que no se denuncian por temor y falta de confianza en las autoridades.
Antes eran los falsos retenes, narcos disfrazados de policías que montaban sus puntos de revisión para monitorear, extorsionar y despojar a viajeros, sobre todo extranjeros; ahora los que están en la mira son retenes oficiales, algunos encabezados por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y ayudantes.
Tan solo en este mes de septiembre, de los casos que han trascendido a la opinión pública, el de una pareja de adultos mayores que viajaban en autobús, en el retén de Santa Ana les pidieron mostrar sus documentos y en el juego de manos les robaron mil 400 dólares.
Y el más reciente, el caso de Manuel de Jesús, de 76 años, quien también viajaba en un autobús de Ómnibus Express de Arizona y en el mismo retén de Santa Anna le pidieron que se apartara del grupo, le tomaron su cartera con el pretexto de revisar sus identificaciones y se la regresaron sin los 3 mil pesos y 100 dólares que traía.
El tema llegó hasta la conferencia de prensa mañanera, donde el gobernador Alfonso Durazo pasó la bolita a la FGR: “Algunos de los videos que han circulado son reales. Otros son falsos y otros son de Sonora, pero de años anteriores. Entonces, a río revuelto, se meten ahí muchos intereses, hasta ociosos que complican el panorama. Ya está en manos de la Fiscalía General de la República, ya está en conocimiento de la Fiscalía este hecho para que proceda con las investigaciones correspondientes”, aseguró.
El fiscal General de Justicia, Gustavo Rómulo Salas implementó un operativo interinstitucional por las carreteras del estado para detectar posibles retenes falsos, sin que encontraran la presencia de “madrinas” ni hubiera detenidos.
“En cuanto tengan esta información pueden hacerlo del conocimiento del 911 o directamente a la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General de la República, que es quien nos dio vista para que podamos de inmediato llegar al sitio”, dijo el fiscal estatal y pidió reportar cualquier retén sin identificación oficial, protocolos visibles o código QR. Advirtió que ningún punto de revisión puede operar de manera unilateral.
Hasta el ex gobernador Manlio Fabio Beltrones se subió al trend:
“Los atracos con retenes falsos, e incluso oficiales en Sonora y en otros lugares de la república mexicana deben resolverse con mayor coordinación hacia adentro y colaboración hacia afuera”, escribió en su cuenta de X, en la que enseguida apostilló:
“Los retenes carreteros en Sonora ya hicieron implosión social, son herencia de la lógica equivocada de ‘abrazos no balazos’”.
Todos tenemos una opinión respecto a los “ratenes”, tanto carreteros como urbanos, la mía es que son un mal necesario.
*Entre más retenes, más corrupción
“Nuestra posición parte de algo muy sencillo: las carreteras de Sonora necesitan vigilancia, pero el ciudadano también necesita protección frente a cualquier abuso de autoridad o suplantación de ésta.
“No debemos meter todos los retenes en el mismo costal. Existen operativos legítimos de autoridades; existen señalamientos sobre puntos de revisión irregulares; y existe un problema todavía más grave: personas que pueden hacerse pasar por autoridades para detener, extorsionar o robar ciudadanos. Ninguna de esas situaciones debe normalizarse”, advierte por su parte el presidente y vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora, Marco Paz Pellat.
“Los puntos de revisión han sido utilizados históricamente para vigilancia carretera, aplicación de disposiciones administrativas y labores de seguridad y prevención del delito.
“El problema no es solamente si existe el retén, sino qué autoridad lo opera, con qué facultades, para qué propósito y qué hace con el ciudadano una vez que lo detiene”, señala.
“La Suprema Corte ha establecido que los controles preventivos tienen límites. Una sospecha razonable debe sustentarse en hechos y circunstancias objetivas, no simplemente en la apreciación subjetiva del policía. Un retén no es un cheque en blanco”, afirma.
El combate al narcotráfico y al tráfico de armas puede justificar operativos de seguridad dentro de las atribuciones de cada autoridad. Pero decir simplemente “es por seguridad” no puede justificar cualquier actuación, considera en entrevista el también consultor en políticas públicas e innovación gubernamental.
“La pregunta correcta es: ¿qué resultados produce ese operativo?, ¿cuántas armas, drogas o personas buscadas detecta?, ¿cuántos vehículos revisa?, ¿cuánto cuesta mantenerlo?, ¿cuántas quejas genera? La seguridad pública también debe medirse y rendir cuentas”, considera.
-¿Deberíamos saber si lo decomisado compensa las afectaciones económicas, particularmente al transporte?
Por supuesto. No podemos evaluar un punto de revisión solamente porque existe. Tenemos que conocer sus resultados y sus costos: ¿Cuántos vehículos pasan? ¿Cuánto tiempo pierden? ¿Qué afectación provoca al transporte y a las actividades productivas? ¿Cuántos aseguramientos o detenciones relevantes genera?
Si un operativo produce grandes afectaciones y pocos resultados, la autoridad tiene la obligación de revisar su diseño.
-¿Son necesarios aunque afecten el libre tránsito consagrado en el artículo 11 de la Constitución?
Seguridad y libre tránsito no tienen por qué ser incompatibles.
Puede haber controles legales y justificados, pero deben ser proporcionales, transparentes y lo menos invasivos posible. La pregunta no debería ser “retén sí o retén no”. Debería ser: ¿este operativo es necesario, legal, proporcional y eficaz?
-Hay denuncias de automovilistas que aseguran haber sido robados o extorsionados. ¿Qué opinan?
“Es lo que más nos preocupa. Existen señalamientos recientes sobre posibles extorsiones, robos y revisiones irregulares en el tramo Hermosillo-San Luis Río Colorado. La Fiscalía estatal ya informó que abrió una investigación y realiza operativos para localizar posibles retenes falsos. No debemos prejuzgar quiénes son responsables hasta que se investigue. Pero tampoco minimizarlo”, alertó.
“Un punto instalado aparentemente como autoridad no puede convertirse en un espacio donde el ciudadano tenga miedo de ser despojado”, dijo.
-¿Qué pasa con las llamadas “madrinas” o ayudantes que sobreviven a los cambios de gobierno?
No generalizaría ni utilizaría una denominación para acusar a personas sin una investigación. Lo que sí exigimos es muy concreto: toda persona que intervenga a un ciudadano debe pertenecer a una institución facultada para hacerlo y ser identificable y trazable. Si alguien no es autoridad competente, la pregunta inmediata es: ¿por qué está deteniendo o revisando ciudadanos?
Entre San Luis y Hermosillo hay varios retenes y algunos no están debidamente identificados. ¿Eso es aceptable?
“No debería existir ambigüedad. Si un punto es oficial, el ciudadano debe poder verificarlo inmediatamente. Precisamente el fiscal de Sonora informó que se acordó que los puntos de revisión de fuerzas federales estén plenamente identificados mediante lonas y códigos QR y apliquen protocolos oficiales.
“Nos parece un avance y ahora debemos asegurarnos de que se cumpla permanentemente y pueda ser evaluado”.
-¿Todavía existen los retenes del crimen organizado?
Existen denuncias recientes sobre posibles retenes falsos, y precisamente por eso la Fiscalía inició una investigación. Debemos tener cuidado de no atribuirlos automáticamente a determinada organización criminal sin evidencia.
Pero si personas sin facultades están deteniendo vehículos, revisando ciudadanos, extorsionando o robando, estamos ante hechos potencialmente delictivos que requieren una respuesta inmediata del Estado.
-¿Qué opinan de la reacción del gobernador Durazo y de la Fiscalía? ¿Esperan detenciones?
Es positivo que la Fiscalía haya reaccionado e iniciado una investigación y operativos en carretera, ahora necesitamos resultados. Identificar quién instaló esos puntos, determinar si hubo delitos, deslindar responsabilidades y, cuando existan elementos suficientes, llevar a los responsables ante la justicia.
No nos corresponde anticipar si habrá detenciones. Sí exigir una investigación rápida, exhaustiva y transparente.
¿La Fiscalía estatal es competente? ¿Existe riesgo de enfrentamientos?
Hay competencias federales y estatales dependiendo de los hechos investigados. Lo indispensable es la coordinación. La seguridad pública en México está construida precisamente sobre la coordinación entre Federación, estados y municipios.
Y cualquier intervención contra personas armadas debe realizarse profesionalmente, mediante inteligencia y coordinación. No corresponde al ciudadano enfrentarse ni investigar por su cuenta.
-Como Comités Ciudadanos, ¿qué están proponiendo?
Algo muy concreto: un Protocolo Estatal de Puntos de Revisión Carretera. Todo operativo debería ser identificable y verificable; los agentes, institucionalmente identificables; los procedimientos, claros; y las intervenciones, trazables.
Proponemos cámaras corporales y videograbación, además de un QR o número oficial para comprobar inmediatamente que el operativo es auténtico y denunciar irregularidades.
El ciudadano debe poder preguntar tres cosas: ¿Quién me está deteniendo? ¿Por qué me está deteniendo? ¿Por qué quiere revisar mi vehículo? Y debe poder documentar la actuación, siempre que no interfiera con el operativo.
-¿Los retenes realmente sirven para contener al crimen organizado?
Esa respuesta no debería darse por intuición. Debe demostrarse con información.
¿Cuántas armas decomisaron? ¿Cuánta droga? ¿Cuántos vehículos robados recuperaron? ¿Cuántas personas con órdenes de aprehensión detuvieron? Y después comparar esos resultados con costos, tiempos, molestias y denuncias. Lo que funciona se fortalece; lo que no funciona se corrige.
-Entonces, ¿deben quedarse, supervisarse o ya son obsoletos?
No defenderíamos ni eliminaríamos todos indiscriminadamente. Proponemos evaluarlos uno por uno. Los que sean legales, necesarios y eficaces deben permanecer, pero bajo supervisión, identificación, protocolos, videograbación y evaluación permanente.
Los que no produzcan resultados suficientes deben rediseñarse o retirarse. Y los puntos falsos o utilizados para delinquir deben desaparecer inmediatamente y sus responsables ser investigados y llevados ante la justicia.
La tecnología permite además evolucionar hacia un modelo menos invasivo: lectores de placas, inteligencia, análisis de información y operativos focalizados.
Para finalizar, Marco Paz puntualizó que “desde los Comités no queremos escoger entre seguridad y derechos ciudadanos. Son dos obligaciones del Estado”.
Los puntos sobre las íes: “Queremos carreteras donde el delincuente tenga cada vez menos posibilidades de operar, pero donde el ciudadano honesto pueda viajar sin miedo.
“Policías fuertes frente a los delincuentes y respetuosos frente a los ciudadanos. No queremos menos seguridad. Queremos menos discrecionalidad, más inteligencia, más transparencia y mejores resultados.
“Y una regla debería ser innegociable: nadie que detenga, interrogue o revise a un ciudadano en una carretera de Sonora puede hacerlo desde el anonimato, la opacidad o fuera de la ley”. @