Traficantes de niños merecen el peor castigo: DIF
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Mientras que los dos principales responsables de la venta de niños siguen prófugos y ya son buscados en todo México y en 189 países, la Procuraduría de Justicia de Sonora se desistió de ejercer acción penal contra los padres de familia que adquirieron de manera ilegal a los menores.
Humberto Melgoza Vega
Para salir al paso de los señalamientos y ataques vertidos en algunos medios de comunicación y en especial en las redes sociales, tanto el procurador de Justicia del Estado como el director general del DIF Estatal emprendieron una contraofensiva por las mismas vías.
Primero, el procurador Carlos Navarro Sugich a través de un video que subió a la plataforma Youtube aclaró algunos puntos sobre la investigación; mientras que Agustín Blanco Loustaunau emprendió una gira por redacciones y estaciones de radio y televisión para limpiar la imagen de la noble institución y sobre todo para salvaguardar la integridad de los menores que están siendo doblemente vulnerados.
Incluso la primera dama del estado, Iveth Dagnino de Padrés, quien injustamente ha sido juzgada con severidad en este escándalo donde no tiene injerencia utilizó su cuenta personal de Twitter para expresar su sentimiento ante el linchamiento del que ha sido objeto junto con el organismo al que representa.
“Quisiera ser el mejor juez, para que estos niños regresen con sus padres! (soy mamá)”, fueron las palabras expresadas por la presidenta del DIF Estatal en tan solo una línea la cual fue “retuiteada” al menos 150 veces.
Es posible que el procurador de Justicia haya captado el sentir del mensaje de la señora Dagnino de Padrés ya que al día siguiente anunció que la Procuraduría se desistía de ejercer acción penal en contra de los padres de familia que adoptaron a los niños de manera ilegal.
A cambio, éstos se comprometieron a coadyuvar en la investigación para declarar en contra de los dos sujetos que son señalados como los principales responsables, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ex subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y encargado de la Línea Protege del DIF Estatal, y José Manuel Hernández López, ex director jurídico de la Unión Ganadera Regional de Sonora.
Estos dos sujetos, que tienen orden de aprehensión y que ya son buscados en todo el territorio nacional y en 189 países con ayuda de la Interpol, tejieron una red criminal de venta de menores recién nacidos en complicidad con empleados del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).
Precisamente es en esta dependencia en donde actualmente la Procuraduría de Justicia realiza una intensa pesquisa para dar con los responsables.
El modus operandi de esta banda era en apariencia sencillo: en la Línea Protege se recibían reportes de algún niño que no era deseado, o que sus padres tenían problemas de drogadicción o alcoholismo. Cuando las madres estaban a punto de dar a luz daban aviso a José Manuel Hernández quien se encargaba de buscar a padres que estuvieran interesados en “adoptar” a un hijo, el cual les era vendido entre 100 y 120 mil pesos. Luego, los padres adoptivos acudían al Registro Civil y registraban a los menores como si fueran sus hijos biológicos.
Por este delito de sustracción y venta de infantes la Procuraduría de Justicia había emitido 16 órdenes de aprehensión y cumplimentado varias de ellas.
A los padres siempre no se les perseguirá como culpables, se les dará el tratamiento de víctimas. De los 9 menores que se encuentran en esta situación, al menos 3 de ellos habían sido recuperados por el DIF Estatal que los mantenía en el albergue de sus instalaciones luego que comenzaron a surgir los supuestos verdaderos padres a los que someterán a pruebas de ADN.
A partir de ayer estos menores, que tienen entre 3 y 4 años, serían devueltos con sus papás adoptivos, en donde llevaban una vida normal y tranquila, rodeados de cuidados y un trato amoroso.
Videoprocurador
A través del video que subió a Youtube, el procurador de Justicia pretendió aclarar varios puntos de la indagatoria, en primer lugar que ésta no la iniciaron luego del documento que les envío el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos donde advertían sobre la presencia de una red de venta de niños que estaba operando en Sonora. Luego aseguró que a los dos principales implicados no los dejaron ir, como se ha manejado en algunos medios de comunicación, ya que en ese tiempo apenas estaban en calidad de “presentados”.
En el video, Navarro Sugich reiteró que la Procuraduría inició con la integración de la averiguación previa el 18 de marzo pasado, luego que recibieron una denuncia anónima, y que ya luego el 25 de marzo recibieron la notificación del gobierno americano, la cual integraron al expediente.
Luego apuntó que a Vladimir Alfredo y a José Manuel los llevaron a la PGJE en calidad de presentados para que rindieran su declaración “no estaban en calidad de detenidos, no se les ejecutó la orden de aprehensión, porque no se les sorprendió en flagrancia, no los agarramos con las manos en la masa, como cuando la autoridad ministerial, la PEI detiene a alguien el flagrancia, cuando mata o se está robando con violencia algo, así sí podemos ponerlo a disposición del juez penal pero en este caso, que los trajimos a declarar, no nos lo permite la ley”.
Abundó que la otra alternativa era el arraigo, que ya no está permitido en México, “lo único que podíamos hacer es traerlos a declarar y sí nos confesaron parcialmente lo que habían hecho, pero en ese momento no teníamos los elementos suficientes como para pedirle al juez que dictara la orden de aprehensión… no basta con que confesaran un delito, necesitábamos además saber si nos estaban diciendo la verdad, determinar la identidad de los menores que habían puesto en venta”, etcétera.
“Es importante aclarar esto porque no se les dejó ir, porque nunca estuvieron en calidad de detenidos. Esto pudiera parecer ofensivo, sé que le ha dolido a muchas familias que estas personas se encuentren en libertad, hemos estado en contacto con la PGR y ya se les busca en muchos países”, manifestó.
Tras reiterar que se desistirán de la acción penal contra los padres de familia, Carlos Navarro indicó que formarán un frente común “para castigar a los verdaderos responsables de esta atrocidad, ellos se han puesto a disposición de la institución para que una vez que se les ejecute la orden de aprehensión se les aplique todo el peso de la ley”.
Los niños son primero
Es muy triste que por estos lamentables hechos en donde se vieron involucrados personal administrativo y funcionarios de cuarto nivel se vaya a afectar la imagen y a perder la confianza en una institución tan noble como lo es el DIF, sobre todo en los procesos de adopción, comentó el director general de la paraestatal, el sanluisino Agustín Blanco Loustaunau.
“Queremos que no se pierda la confianza en la institución, en el DIF Sonora, donde tenemos alrededor de 300 menores albergados que son susceptibles de ser dados en adopción, de una manera eficiente y eficaz, siguiendo los lineamientos, menores que merecen crecer y desarrollarse en el seno de una familia. En San Luis Río Colorado son cerca de 100 menores los que están en esta situación”, apuntó.
Y luego insistió: “Lo que debe quedar bien claro es que estos niños nunca estuvieron a disposición del DIF Estatal, los menores que están bajo nuestro resguardo y cuidado están siendo perfectamente atendidos”.
Agustín Blanco condenó a los “criminales” que decidieron lucrar con estos recién nacidos en situación vulnerable.
“Queremos que la gente nos tenga confianza en nuestros procesos de adopción, dentro el Sistema DIF no va a encontrar el ciudadano nunca situaciones que lo hagan irse por algún otro lado o sacarle la vuelta a las disposiciones legales, nuestro principal interés es que estos niños encuentran la mejor familia posible, las 163 adopciones que hemos entregado hasta la fecha, de menores que afortunadamente tuvieron la oportunidad de encontrar una familia, nos avalan”, expuso.
De visita en la redacción de CONTRASEÑA, Agustín Blanco calificó como absurdo el pretender involucrar a la señora Iveth Dagnino de Padrés en esta trama ya que su cargo es honorario.
“Yo soy la autoridad formal ahí, para eso soy director general del DIF, y cuando la autoridad lo requiera me puedan citar a declarar y con gusto acudiré”.
Agregó que más allá de la situación legal “nuestra principal preocupación es la salud emocional de los menores, de ninguna manera sus derechos deben ser vulnerados”.
Abundó que la Procuraduría sigue girando órdenes de aprehensión “y qué bueno que así sea, estos malandrines merecen el peor de los castigos por lo que hicieron, separar a esos menores de esa manera no tiene nombre…”, finalizó.
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