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BC, tercer lugar nacional en impunidad

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Según el índice global de impunidad, México es el segundo país con mayor impunidad entre los 59 países estudiados solo debajo de Filipinas, de ese panorama se desprende Baja California, entidad que registra el tercer número más alto.

Iván Cruz

MEXICALI.- Según el Índice Global de Impunidad México 2016 realizado por el Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas en Puebla, México es el segundo país con mayor impunidad en todo el mundo y Baja California el tercer estado en el país.

El mismo estudio señala que la impunidad es un problema compuesto que se clasifica en tres dimensiones distintas, delitos no denunciados, así como el funcionamiento y capacidades de los sistemas de seguridad y justicia por lo que se tomaron 19 variables para poder desarrollar el estudio.

Entre las conclusiones del CESIJ señalan que en 6 estados del país la delincuencia organizada y la impunidad tienen relación directa desde el 2007, entre ellos se encuentra Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango.

En el caso concreto en Baja California se reporta una cifra negra del 90.3 por ciento, ligeramente menor a la media nacional (92.8 por ciento), sin embargo en cuanto a las averiguaciones previas y averiguaciones previas determinadas existe una diferencia del 52 por ciento del cual el promedio nacional alcanza el 26 por ciento.

Para el estudio esto pone en evidencia la baja productividad en el proceso de investigación en la entidad además de que es el segundo a nivel nacional con mayor número de delitos registrados por cada 100 mil habitantes con 3 mil 77.

Entre las conclusiones de la universidad destaca que en la entidad se encuentra un sistema de impartición de justicia transitorio. De acuerdo con cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (2014), los cinco delitos del fuero común más recurrentes en Baja California son:

1. Robo de vehículo

2. Otros robos

3. Robo a casa habitación

4. Lesiones

5. Robo a negocio

De acuerdo con el IGI-Mex, Baja California presenta una fuerte deficiencia en las dimensiones estructural-justicia y funcional-justicia; mientras que sus fortalezas relativas se encuentran en las dimensiones estructural-seguridad y funcional-seguridad.

Lo que nos dice que en Baja California un número de personal similar, o ligeramente inferior a la media nacional, debe de trabajar en el proceso del doble de delitos que la media nacional, siendo que en el estado se registran 3,077 presuntos delitos por cada 100 mil habitantes, cuando la cifra nacional es de 1,445.

Otro indicador que nos habla de la deficiencia del sistema de justicia es el porcentaje de sentenciados entre ingresos penitenciarios, que en el estado es del 5.2 por ciento, cuando la media nacional se encuentra en un 58%. Esto significa que, a nivel nacional cerca del 40 por ciento de personas que ingresaron a la cárcel esperan una sentencia, mientras que en Baja California cerca del 95% de los ingresos penitenciarios están en proceso penal.

A su vez, estos datos concuerdan con el porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia que es del 40 por ciento, ligeramente por encima de la media nacional que es del 36 por ciento según da cuenta el estudio.

“Probablemente la carga de trabajo y la carencia de recursos físicos y humanos en los ministerios públicos deriva en el bajo nivel de averiguaciones previas determinadas. De los 43,930 inculpados en averiguaciones previas, solo 16,358 son procesados en las causas penales en primera instancia y 943 son sentenciados, en su mayoría condenados. En esto pone en clara evidencia la incapacidad institucional para en la impartición de justicia”, indica el documento.

En cuanto a infraestructura en Baja California se cuenta con 1.6 Agencias del Ministerio Público, muy por debajo de la media nacional que es de 3.2 por cada 100 mil habitantes, en el caso del personal solo trabajan 2 agentes del Ministerio Púbico en comparación de los 5 que se registra en promedio nacional.

Desacreditan estudio

La procuradora de Justicia del Estado, Perla Ibarra Leyva desacreditó el estudio realizado por el CESIJ al señalar que se tomaron datos de 2013 y que desde el inicio de la actual administración se han venido modificando esos temas.

“Nosotros mencionamos que somos respetuosos sobre todo el trabajo que se hace por los organismos de la sociedad civil, ese es un estudio que se hizo en el 2013 y en realidad lo que tenemos ya en Procuraduría aunque se habla de varios temas es que hemos crecido en cuanto a Agencias del Ministerio Público”.

Y dio ejemplo de algunos avances:

“En Tecate teníamos una Agencia del Ministerio Público que atendía todo lo que llegaba a ella y una agencia especializada, ahora tenemos 5 unidades especializadas, crecimos en San Quintín, en Mexicali y entonces el crecimiento que tiene Procuraduría ha ido en avance a partir de esta administración”, sostiene.

“El trabajo que hacen los organismos nos sirve mucho porque hay observaciones que atendemos y sobre todo que nos sirve para mejorar”.

-Una de las causas precisamente hablan de la mezcla entre crimen organizado y la impunidad, ¿qué nos puede decir en ese sentido?

“Nosotros atendemos el orden común, cuando hay un delito del orden federal nosotros no somos competentes de conocerlo y eso se remite a la autoridad que corresponde como es el Ministerio Público Federal en su caso”, afirma la fiscal.

Por su parte el Subprocurador en Mexicali, Fernando Ramírez Amador se dijo respetuoso del estudio y el derecho de la libertad de expresión pero no concuerda con los resultados.

“Le puedo comentar que las autoridades estamos trabajando de manera coordinada y hemos visto avances en cuanto a la determinación de asuntos, cada día llevamos las gentes ante los jueces y obviamente respetamos cualquier opinión”.

-¿Se habla del poco personal que es uno de los factores?

“En materia de seguridad pública nunca van a ser suficientes los recursos, siempre se van a ocupar más, pero con lo que tenemos estamos trabajando y de manera muy coordinada, de hecho sostuvimos una reunión en el cuartel de esta ciudad en la Región Militar una reunión y estamos coordinados policías municipales, estatal preventiva, PGR, Secretaría de Seguridad y la propia Ministerial con las autoridades castrenses, estamos trabajando coordinados”, asegura el funcionario.

Por su parte el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Armando Vásquez dice que los informes que se tienen de la actividad jurisdiccional son positivos y que cada caso que se presenta ante los tribunales en la mayoría de esos casos son efectivos sobre todo en materia penal.

“Las acusaciones que hacen los Ministerios Públicos la mayoría de los casos resultan ser fundados sus peticiones, reclamaciones y tenemos una estadística positiva en ese aspecto, desde el punto de vista familiar, civil y mercantil también tenemos estadística adecuada, obviamente estamos hablando de una información a nivel nacional y finalmente con lo que respecta al Poder Judicial tenemos efectividad, es saldo positivo en ese aspecto”, señala el magistrado.

-¿Se habla de falta de personal a nivel global?

“En este caso en el Poder Judicial tenemos suficiente personal, estamos reforzando algunas áreas precisamente para cumplir con esa encomienda constitucional, debe ser una justicia rápida y finalmente el recurso humano que es el más importante en el Poder Judicial lo tenemos”.

-¿Otro de los temas fue la entrada del Nuevo Sistema de Justicia a nivel parcial, es otro de los puntos que se señalan ahí?

 “Claro que sí, estamos trabajando en ese tema porque el modelo que está implementado actualmente nos ha provocado ese tipo de situaciones, obviamente la implementación no implica nomas actividad del Poder Judicial sino también de los otros operadores que son Ministerio Público y defensa, nos estamos coordinando para poder destrabar esa situación que se nos ha estado presentando aquí en la ciudad de Mexicali”, insiste el representante del TSJE.

Recomendaciones de la CEDH

En un comparativo realizado entre las diferentes Comisiones Estatales de Derechos Humanos entre 2010 y 20014 en todo el país se registraron 798 recomendaciones específicamente en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y encarcelamiento político.

Aunque el estudio señala que existe discrepancia entre los mismos estados en cuanto a las recomendaciones emitidas por ejemplo entidades como Guerrero, en donde no se tiene ninguna recomendación, o Tamaulipas, donde apenas fueron realizadas 6 en comparación con las 256 que se realizaron en el Distrito Federal.

En Baja California los números no son halagadores. Según los datos de la comisión local se presentaron un caso de desaparición forzada, uno de ejecuciones extrajudiciales y 70 de tortura, aunque los números parecen benévolos si los comparamos con los obtenidos por organizaciones de la sociedad civil.@

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