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Mexicanos en Panamá Papers, saquedores

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El escándalo que se ha generado por los ´Panamá Papers´, que salpica a políticos, dueños de corporativas y una serie de personalidades acaudaladas de diferentes países, alcanzó también a México, lo que ya ha despertado una serie de cuestionamientos, sobre todo hacia la figura del Presidente Enrique Peña Nieto, quien tiene estrecha relación con uno de los empresarios señalados por evadir impuestos

Bibiana García Garza

Una filtración sin precedentes a nivel internacional es la que se develó esta semana con 11.5 millones de archivos entre bases de datos y documentos así como fotografías y correos electrónicos de 14 mil 153 clientes, todos de la firma de abogados en Panamá “Mossak Fonseca”.

Dicha compañía es especializada en fundar empresas ´offshore´ que funcionan como paraísos fiscales, es decir, una red internacional para evadir impuestos.

Fue el pasado domingo 03 de abril que los integrantes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación conformado por 376 periodistas de 78 países del mundo dieron a conocer los primeros detalles sobre la filtración, 46 veces más grande que Wikileaks.

Entre los usuarios de dichos paraísos fiscales se encuentran doce líderes mundiales y 61 familiares o socios de éstos, así como 29 millonarios de la lista de Forbes.

Lo mismo políticos, artistas y organismos deportivos internacionales que narcotraficantes de ´alto rango´ -como el capo mexicano Caro Quintero, recién liberado, por cierto, durante la presente administración del Gobierno Federal-.

La ´mega-memoria´ cargada con 2.6 terabytes de información fue entregada por un filtrador anónimo a un periódico alemán, al mero estilo de “Garganta profunda” en el caso Watergate, medio que a su vez remitió la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Fue ese grupo de informadores quienes se encargaron de extraer los datos y analizarlos a lo largo de un año para finalmente hacerlos públicos, lo que ha desatado el infierno y hasta ha tumbado mandatarios.

Así lo fue en el caso de Islandia, en donde el Primer Ministro, Sigmundur Gunnlaugsson, tuvo que renunciar luego una manifestación multitudinaria tras descubrírsele cuentas en el extranjero con dinero que dejó a su país en quiebra durante años.

De las listas de clientes documentadas han surgido también nombres de otros presidentes y ex presidentes de diferentes países; en el caso de México, de dueños y cabecillas de empresas como Grupo Higa, Televisa y T.V. Azteca, quienes se han valido de los centros financieros ´offshore´ para ocultar y/o triangular fortunas y capitales, así como evadir impuestos.

Lo grave del asunto, es que empresas como Mossak Fonseca, que ofrecen servicios para brindar paraísos fiscales, sirven tanto para esconder dinero como para eludir impuestos y lavar dinero proveniente del crimen organizado por lo que su exposición a la luz devela la poca transparencia de las actividades económicas de dichas personas físicas y morales, así como en los diferentes países indiciados.

La fuga de impuestos en México

Este país no ha escapado del ojo del huracán así como de la duda y los cuestionamientos en torno a la transparencia y la legalidad en el manejo de grandes fortunas.

Entre los clientes mexicanos se encuentra en primer lugar el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa, quien a la par de la carrera política de su compadre Enrique Peña Nieto vio crecer su fortuna valuada en al menos mil 800 millones de dólares.

Como se recordará, Hinojosa es el contratista del Jefe del Ejecutivo y le regaló (a la primera dama) la ‘Casa Blanca’ de Lomas de Chapultepec, valuada en alrededor de 7 millones de dólares, esto a cambio de obtener contratos multimillonarios desde 2005 en los gobiernos del Estado de México y Federal.

De acuerdo a los ‘Panamá Papers’, el presidente del Grupo Higa sacó al menos cien millones de dólares de cuentas bancarias en Estados Unidos para puentearlas en una estructura a Nueva Zelanda usando como instrumento a su madre y a su suegra para desaparecer el dinero.

El martes, Senadores del PRD y del PAN exigieron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) que investigara a Hinojosa Cantú por evasión de impuestos y no sólo eso, sino que revisen si su patrimonio se construyó al amparo de influencias políticas para que el caso no quede impune.

Y es que, a pesar de su legalidad en países como Panamá, el uso de paraísos fiscales obscurece las finanzas y constituye un ataque directo contra la transparencia pues permite que quienes perciben un gran capital no contribuyan a las arcas del país, generando una desigualdad entre las multinacionales y las empresas locales.

Además, si esas corporativas no pagan impuestos, las empresas locales y los ciudadanos comunes cargan con el mantenimiento del país mientras que pone en tela de juicio el actuar de las autoridades que se encargan de supervisar que esto no suceda.

Hasta las últimas consecuencias

A la exigencia de los Senadores de la República se sumaron también los diputados federales en San Lázaro para solicitar toda la información relacionada a los mexicanos involucrados con Mossak Fonseca y que, en todo caso, se les sancione.

“Nuestra postura es solicitar los nombres y apellidos de los mexicanos señalados por evadir impuestos o están utilizando mecanismos para el lavado de dinero ilícito, por lo que pedimos, como grupo parlamentario, que se llegue hasta las últimas consecuencias”, asentó el diputado federal por el Distrito 1 (San Luis Río Colorado), Everardo López Córdova.

En entrevista vía telefónica sobre el tema, el legislador confirmó que se demandará información clara sobre lo acontecido en este despacio que sirvió para darle estrategias y herramientas a políticos y empresas para eludir impuestos como todos los ciudadanos.

“Este es un llamado fuerte a que se señale y se castigue, y que se sepa la verdad completa de lo que sale a la luz con los Panamá Papers”, agregó.

Sobre todo, subrayó, desde la Cámara de Diputados se trabajará en presionar a las instituciones correspondientes para que la historia no quede nada más en la información que ya se conoce a través de los medios, sino que vaya más allá y se investigue cómo salió el dinero de los mexicanos y quiénes se lo llevaron.

La información debe de llegar completa a los ciudadanos para que se enteren de lo que pasó en su totalidad, también dentro del país, anotó.

Credibilidad mermada

En cuanto a la relación del Gobierno Federal con Hinojosa Cantú ha quedado demostrada cuál es la postura de la Presidencia por lo que se puede decir, lamentó López Córdova, que ya no existe una voz completa hablando de credibilidad o transparencia por parte de este gobierno.

“Sabemos que esta constructora (Grupo Higa) ha sido de las más beneficiadas o de las consentidas, como les decimos muchos, en lo que se refiere al tema de la obra pública, y que sus favores los termina pagando con ´casas blancas´”, expresó.

Lo único que se espera, advirtió, es que no se permita una vez más la impunidad como ocurrió cuando salió a la luz el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto, lo que hizo desde entonces muy evidente la postura del Gobierno Federal.

“Si queremos hablar de avanzar y tener un mejor futuro tenemos que hacer las cosas desde lo más sencillo y que a final de cuentas se convierte en lo más básico que es la transparencia y el buen uso del recurso público que es de todos”, añadió.

No obstante, reiteró Everardo López, pareciera que esa no ha sido la prioridad del Gobierno Federal  pues en su momento no hizo nada ante los evidentes actos de corrupción que se develaron en el caso de la mansión presidencial.

El dedo en la llaga

Por otra parte, el legislador mencionó, este hecho obliga también a legislar en acciones que pongan candados a que se acceda a los paraísos fiscales en donde se esconde, en un gran porcentaje, dinero mal habido para ser lavado, o bien, que se evadan impuestos a través de ese tipo de firmas que “no deberían existir”.

Sólo así será posible evitar estas acciones y obligar a la transparencia en las instituciones de gobierno, así como, eventualmente, en la impartición de justicia a través de las instancias correspondientes en cada uno de los casos que resulten de las personas que utilizaron los servicios de Mossak Fonseca.

“Esto viene a poner el dedo en la llaga en el caso de Higa y los otros nombres que resulten y ya le toca a las instancias judiciales y al SAT analizar qué medidas se utilizarán”, apuntó.

Simultáneamente, aseguró, se trabajará en el tema de transparencia en el que hay mucho que avanzar y sobre todo en el traslado de los recursos hacia esos paraísos fiscales, en donde se tendrán que enfocar nuevas legislaciones.

La apuesta es consiste en instituir nuevas ideas, estrategias y realidades en las diferentes disciplinas financieras, abundó, porque aunque hay países que permiten paraísos fiscales México tiene que poner atención en el traslado de los recursos a otras partes del mundo.

“Todos pagamos impuestos, los ciudadanos lo pagamos, pero la riqueza en el país se concentra en menos del cinco por ciento de los habitantes y el resto en más del 80 por ciento, y si los que más tienen no pagan impuestos imagínate”, comentó.

Cabe recordar que todos los mexicanos, incluidos los involucrados en el caso ´Panama Papers´, están obligados a manifestarle al SAT de los ingresos que sacaron del país en sus correspondientes declaraciones fiscales.

Al respecto, Aristóteles Núñez Sánchez, titular del SAT se limitó a aclarar que los paraísos fiscales no son ilegales, sino sólo en el caso de que esos recursos hayan generado dividendos y no se paguen los impuestos correspondientes.

A su vez, recordó que el SAT ya abrió 54 auditorías de cuentas en la sucursal del banco HSBC en Suiza, y que el año pasado también fueron descubiertas por trabajos periodísticos en cuyas auditorías se han encontrado saldos que van de cinco a 25 millones de dólares.

En cuanto a las sanciones, dijo, van de una tasa del 30 al 35 por ciento de los ingresos generados, según el año de que se trate, impuestos de contribuciones omitidas, actualización y recargo sobre la cantidad no pagada que puede ser hasta de cien por ciento del recurso, y prisión de tres meses a nueve años en caso de comprobarse algún delito.

El SAT también reveló que actualmente investiga 33 casos de mexicanos mencionados en la filtración periodística internacional, de los cuales la mayoría tienen que ver con actividades empresariales, 18 de ellos ya con auditorías abiertas por temas anteriores, y dos de éstas en las que se colabora en investigaciones de otros países.

En el caso de quienes tienen operaciones en años anteriores, se empezará por revisar en su base de datos las declaraciones de impuestos y después si se acogieron a algunos de los mecanismos legales que en su momento existían para el pago de impuestos como el “pago anónimo”, que estuvo vigente hasta el 2013.

No obstante, según la complejidad de los casos obligará a que los procesos de investigación y auditorías podrían tardar de uno a dos años, esto es, luego de alrededor de dos meses para confirmar si invocaron o no algún mecanismo legal para el pago de impuestos respecto a las operaciones citadas en los Panamá Papers. @

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