Ex alcalde de Mexicali hace historia al ser vinculado a proceso
El alcalde del XX Ayuntamiento de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla así como su tesorero, Jorge Martín del Campo Quirarte, fueron vinculados por la juez de garantías, Ana María Elías, por el probable delito de abuso de autoridad. Son más de 700 millones de pesos que se desviaron de las cuotas de trabajadores sindicalizados.
Por Iván Torres Cruz
MEXICALI.- En la madrugada del miércoles 16 de noviembre, la juez de garantías Ana María Elías sentenció que las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado eran suficientes para vincular a proceso al ex alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla así como al ex tesorero, Jorge Martín del Campo Quirarte por la probable comisión del delito de abuso de autoridad en contra de los trabajadores sindicalizados del XX Ayuntamiento.
Fueron aproximadamente 3 años y medio para que se pudiera dar la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de los ex servidores públicos a quienes se les acusa de retener las cuotas sindicales y no reportarlas a Isssstecali por lo que se les abrió la causa penal 786-2015 bajo el Número Único de Caso (NUC) 02-2013-20238.
La denuncia viene arrastrando un largo proceso que inició desde el 22 de abril del 2013 cuando Victoria Bentley y un grupo de trabajadores presentó la denuncia ante Sindicatura Municipal que derivó en la inhabilitación de los funcionarios.
Pero fue hasta el mes de mayo del mismo 2013 que se presentó la demanda legal ante el Ministerio Público, en primer lugar por parte de 250 empleados, posteriormente se unieron otros mil 500 aunque finalmente solo 728 ratificaron la demanda.
Previo a la denuncia presentada por los trabajadores el Síndico Procurador Humberto Zúñiga había presentado una querella por el delito de peculado la cual no prosperó y terminó siendo reclasificado por abuso de autoridad.
Fue finalmente el jueves 10 de noviembre a las 10:00 horas que inició formalmente el juicio en contra de los ex servidores públicos, en el edificio del Centro de Justicia Penal de Mexicali, primero en la sala 4 y finalmente se cambió a la 6 ya que tenía una mayor capacidad.
Hasta el recinto judicial llegaron un centenar de burócratas sindicalizados bajo las órdenes de Bentley quienes en lugar de acudir a trabajar se manifestaron a las afueras del edificio de justicia con la “bendición” de la Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mexicali, Maribel Avilez Osuna, quien autorizó a los delegados sindicales tomarse el día para manifestarse, el mismo contingente se volvió a formar el martes 15, fecha en que continuó la audiencia.
Bentley negó cualquier acercamiento por parte de la defensa de Pérez Tejada y Martín del Campo y acusó a los ex funcionarios de ser los responsables de las más de 2 mil jubilaciones que no se pueden liberar.
“Tenemos más de 150 trabajadores con invalidez que no pueden pensionarse, tenemos alrededor de 80 viudas que no tienen la pensión y que los esposos cotizaron más de 25 años a Issstecali y no es justo que más de 700 millones de pesos no se hayan pagado en 2 años de los trabajadores del Ayuntamiento”, explicó.
La también diputada dijo que el adeudo actual de todos los Ayuntamientos supera los 2 mil millones de pesos de los cuales el de Ensenada debe más de 700, Tecate 580 y Mexicali ya supera los 868 millones.
Señaló que pedirán el embargo de los bienes del ex alcalde y tesorero para que garanticen con propiedades la reparación del daño de todos los burócratas presentes.
“A mí no me importa que no sea un delito grave, la gravedad del delito es toda esa gente que no se pueden jubilar, los huérfanos que no tienen qué comer, esa es la gravedad, el impacto social que provocó la irresponsabilidad de un ex alcalde, yo creo que esto deja un precedente en todo Baja California, es el primer ex alcalde que es presentado a que comparezca ante un juez penal por la denuncia de sus trabajadores”, señaló la líder burócrata.
Por su parte el ex alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla acusó a Victoria Bentley de realizar el juicio como un tema político y mediático.
“En cuanto al tema de justicia hay que aplicarse, al final de cuentas este es un primer proceso, va a seguir y nosotros estamos para defendernos porque no hay nadie más preocupado en este asunto de que se diga la verdad que yo, yo he sufrido durante más de dos años, casi tres años un hostigamiento de una guerra mediática, una guerra política simplemente sin ser juzgado”, señaló.
Además de Pérez Tejada y Martín del Campo otro de los involucrados es el actual Sindico Social, Francisco Fimbres, quien se salvó cuando el Cabildo del XXI Ayuntamiento intentó removerlo del puesto por medio de un procedimiento de Revocación de Mandato y Separación del Cargo.
Para ello era necesaria la mayoría calificada la cual no consiguió la fracción del PAN pese a los votos perredistas, de Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza con lo que pudo continuar con fuero para no tener que enfrentar ningún juicio legal debido a que Fimbres Gallego fue el primer tesorero de Pérez Tejada.
El juicio se reanudó el martes 15 de noviembre debido a que Pérez Tejada y Martín del Campo pidieron el aplazamiento de 144 horas para poder organizar una defensa, para ello solicitaron la presencia de tres testigos.
El primero en comparecer fue Jocelín Delgado, una funcionaria del Gobierno del Estado quien participó en un juicio en contra del alcalde presentado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la cual fungió como perito.
La joven revisó tres dictámenes realizados por la Sindicatura Municipal a cargo de Humberto Zúñiga en la que señalaban la falta de pago de los ex servidores públicos, sin embargo la defensa hizo ver que estos estudios no tomaban en cuenta si el Ayuntamiento tenía capacidad de pago o no.
El segundo testigo de la defensa fue el contador público Mario Hurtado de Mendoza Bátiz quien señaló que en base al Diario Oficial de la Federación y a los informes que le fueron entregados por transparencia municipal, el Ayuntamiento no tenía liquidez para poder pagar sus deudas.
Afirmó ante pregunta expresa que la falta de dinero fue lo que ocasionó que no se pagaran las cuotas de Issstecali además de que desde el 2010 el Ayuntamiento se maneja en números rojos, lo que significa que gasta más de los recursos que obtiene.
Ambos testimonios fueron desechados por la juez quien consideró que la primer testigo solo había podido analizar de manera parcial el expediente completo, además de que en el caso de Hurtado de Mendoza los datos obtenidos no eran suficientes para poder otorgar un testimonio convincente.
Solo se tomó el testimonio de Pablo Armenta quien se encontraba en la unidad de fiscalización y quien fue el que aprobó los dictámenes los cuales serían la prueba principal de la fiscalía para procesarlos.
En su testimonio, Armenta aseguró que en varios trimestres, el Ayuntamiento de Mexicali obtuvo ingresos superiores a los gastos por lo que existía la posibilidad de poder realizar pagos de manera mensual.
Tomando en cuenta el testimonial y las pruebas aportadas por la fiscalía, la juez determinó que se retuvieron las cuotas de Issstecali por lo que ambos ex funcionarios fueron vinculados a procesos aunque finalmente negó medidas cautelares y reparación de daños ya que afirmó debían ser considerados como inocentes hasta que se resolviera el juicio.
Detienen deuda por amparo
Por otro lado la Coparmex Mexicali interpuso un amparo indirecto a fin de que se detenga el proceso de endeudamiento que autorizó el Cabildo de Mexicali al alcalde Jaime Díaz Ochoa, ya que por una parte, se violan artículos Constitucionales y Leyes Hacendarias y por otra, no se precisan términos para un proceso de financiamiento que afectará a la comunidad.
Francisco Fiorentini, presidente del organismo, encabezó el anuncio acompañado por los consejeros Rodrigo Llantada Ávila, Daniel Ruelas y José Manuel Salcedo Sañudo, así como representantes del Despacho Peña y Asociados quienes explicaron cómo se determinó el proceso legal.
De acuerdo a la sesión extraordinaria número 84, en el punto de acuerdo sexto del orden del día de la sesión de Cabildo del XXI Ayuntamiento, se autorizó al Alcalde o Síndico Procurador hacer las gestiones necesarias para conseguir un financiamiento que permita cubrir la deuda de más de 655 millones de pesos a Issstecali, mismos que son materia de litigio entre el ex alcalde, tesorero y los sindicalizados encabezados por la ahora diputada Victoria Bentley.
Sin embargo, se acepta que los gestores deben buscar mejores condiciones para conseguir el empréstito, que podría ser a un plazo de 20 años, se comprometen las participaciones federales para el pago y un tercero, en la figura del gobierno del estado a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas y/o Issstecali para captar el recurso y pagar el financiamiento.
Ante esto, el consejo directivo de Coparmex observó que no se especificaron las condiciones para un crédito lo que es requisito indispensable para realizar el trámite. Por otra parte, comentaron sobre la afectación de incluir el gasto corriente (de la deuda) a un proceso que afecta a todos los mexicalenses. @