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La clave de la información

El Nuevo Sonora. Del cielo al infierno

El auto de formal prisión decretado al ex gobernador Guillermo Padrés, por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, traerá en cascada la detención de más familiares y varios de los que fueron sus cercanos colaboradores. El primero ya fue su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado por los mismos delitos que su padre. Y vienen más en camino.

 

 

Humberto Melgoza Vega

 

SAN LUIS RIO COLORADO.- Cuando aquel grupo de jóvenes y entusiastas panistas arribaron por primera vez en 2009 al Palacio de Gobierno en Sonora, con la bandera del cambio, derrocando a un sistema unipartidista tan viejo como la Revolución, nadie imaginó que años después estarían siendo enjuiciados y encarcelados, en un maxi-proceso donde el hilo conductor son los actos de corrupción.

 

Como periodistas y como sociedad, estamos siendo testigos de un evento sin precedentes en la historia de nuestro país en donde prácticamente un gabinete en pleno es investigado, enjuiciado y perseguido de manera simultánea por el gobierno federal como por el gobierno estatal entrante, que pertenecen a distinto partido político.

 

Si no hubiera tantas evidencias, cualquiera podría pensar que el ex gobernador Guillermo Padrés, su familia y principales colaboradores que formaron parte del llamado Nuevo Sonora están siendo víctimas de una gran cacería de brujas.

 

La gobernadora Claudia Pavlovich siempre ha sostenido que el combate a la corrupción va en serio, que no tendrían descanso “quienes habían defraudado la confianza de los sonorenses”, como advirtió desde su toma de protesta, y hace un par de días lo reafirmó con un tuit: “La exigencia de los sonorenses de que se haga justicia ha sido atendida. La corrupción no debe quedar impune”.

 

Los panistas, que han denunciado ser blanco de una persecución política, de la aplicación selectiva de la justicia, prácticamente han dejado solo a Padrés, apenas unos cuantos cercanos como los diputados Javier Dagnino, Célida López y Javier Neblina han dado la cara por el que fuera su jefe, a costa de sufrir todo tipo de escarnios en redes sociales, ante una sociedad que se siente agraviada y demanda un castigo.

 

Al margen de la duda razonable de una posible negociación al más alto nivel, operada por Beltrones, por lo pronto a Padrés un juez ya le dictó no uno sino dos autos de formal prisión, uno por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, y un segundo también por lavado de dinero y delincuencia organizada.

 

Su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, también recibió el auto de formal prisión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

 

La detención del primogénito del matrimonio Padrés-Dagnino no estaba presupuestada.

 

El abogado Antonio Lozano Gracia señaló que no tenían conocimiento de las acusaciones contra el junior, quizás por eso acompañó despreocupado a su padre a la entrevista con Ciro Gómez Leyva, donde anunció que se entregaría a las autoridades para ser juzgado, y aprovechó para señalar a la gobernadora Pavlovich y a la ex procuradora Arely Gómez como las causantes de su desgracia.

 

La señora Iveth Dagnino asegura que la detención de su hijo es una forma de presionar a su marido, el ex gobernador de Sonora.

 

“Memito mi hijo, nunca tuvo nada que ver con el Gobierno del Estado, nunca, nada, nada, siempre estuvo estudiando, pido que dejen las cosas políticas de un lado y sean justos”, manifestó la ex primera dama ante los medios de comunicación.

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Sin embargo, la PGR y la Secretaría de Hacienda le fincaron cargos porque el famoso rancho Pozo Nuevo está a su nombre y formó parte de una triangulación financiera entre Estados Unidos y Holanda por 8.8 millones de dólares, dinero entregado por el empresario Mario Aguirre a quien le dieron la concesión para la confección de los uniformes escolares que se entregaron gratuitamente y que fueron emblema del gobierno padrecista.

 

Por este caso que la PGR y Hacienda configuran como lavado de dinero están pendientes por liberarse más órdenes de aprehensión en las que estarían involucrados más miembros de la familia Padrés así como dos ex secretarios de Educación de acuerdo a filtraciones periodísticas.

 

El cielo se les viene encima a los padrecistas. La lista de quienes se encuentran en la mira de la justicia es larga.

 

Marcados

 

Además de Guillermo Padrés, el actual diputado federal Agustín Rodríguez es investigado y cuenta con una orden de aprehensión pendiente de cumplimentar –no ha sido posible por el fuero del que goza— por el caso de Gisela Peraza, la ex dama de llaves en la casa de gobierno que los acusa de tortura.

 

Gisela Peraza, quien fue nana y confidente de los Padrés-Dagnino durante 9 años, fue procesada y metida a la cárcel durante 4 años, acusada de haberse robado joyas y 400 mil pesos en efectivo de la casa de gobierno.

 

Al salir de la cárcel, la mujer contrademandó y se convirtió en factor determinante en la derrota electoral del panismo sonorense en 2015.

 

Entre los ex funcionarios que están detenidos, prófugos de la justicia, con orden de aprehensión pendiente, inhabilitados o investigados y sometidos a proceso destaca el ex secretario de Gobierno, Roberto Romero López y su esposa, la ex diputada local Mónica Robles, investigados por tráfico de influencias.

 

Quien fuera el hombre fuerte de Padrés en el gobierno, que operaba elecciones y decidía por encima de su partido ahora es buscado por la PGR por beneficiase con recursos provenientes de la federación para apoyo al campo.

 

El ex secretario de Comunicación Social, Jorge Morales Borbón, fue el primero en caer en la cárcel en enero de este año.

 

Acusado por el delito de extorsión por un grupo de comunicadores, el caso se enredó con la aparición de Alberto del Cid Carmelo, un señor de 76 años que aceptó haber recibido mil 400 pesos a cambio de denunciar al que fuera subdirector de El Imparcial.

 

Francisco Ortiz Ciscomani, ex secretario de Agricultura, corrió con más suerte. Detenido en agosto por la Interpol en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, permaneció encerrado durante tres días en el Cefereso 5 Oriente de Villaldama, Veracruz, y salió libre bajo fianza porque el delito no es considerado grave.

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Ortiz Ciscomani ha sido señalado y está siendo investigado por el desvío de al menos 36 millones de pesos de recursos públicos para favorecer a empresas de su propiedad y de familiares cuando se desempeñó como titular de la Sagarpa estatal.

Carlos Villalobos Organista, ex secretario de Hacienda, en mayo pasado ya le catearon su residencia del fraccionamiento Los Altos en Hermosillo y anda amparado.

 

Al ex titular de Hacienda lo investigan por los llamados “moches fiscales”, la condonación de impuestos y auditorías a modo a 574 contribuyentes de todo el estado, algunas empresas de cercanos al gobierno, entre ellos la familia Padrés y el ex candidato a la gubernatura Javier Gándara, por un monto de mil 704 millones de pesos.

 

 

Por esta misma investigación en agosto pasado fue detenido Roberto Francisco Ávila Quiroga, alias “Pancho Platas”, señalado de ser el operador de los llamados “moches fiscales”, se supone por órdenes o aquiescencia del secretario de Hacienda.

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El ex tesorero Mario Cuén, quien ya compareció en dos ocasiones ante la Fiscalía Anticorrupción que encabeza el priista Odracir Espinoza, también anda amparado, investigado por los “moches fiscales”.

 

Bernardo Campillo, ex secretario de Salud durante el sexenio padrecista, se encuentra prófugo de la justicia y es buscado por la PGR y la Interpol. Según datos de la Auditoría Superior de la Federación, el ex secretario habría desviado 2 mil 376 millones de pesos de recursos federales y estatales.

 

El ex procurador de la Defensa del Menor acusado de tráfico de menores, Vladimir Arzate Carbajal, fue detenido en septiembre, señalado de organizar una red de venta de niños recién nacidos, aprovechando la fachada del DIF Estatal

 

Finalmente, la ex directora del Isssteson y actual diputada federal, Teresa Lizárraga Figueroa es señalada como presunta responsable del desfalco de 4 mil 103 millones de pesos cuando estuvo al frente del Isssteson en la pasada administración de Guillermo Padrés.

 

Actualmente la Fiscalía Anticorrupción de Sonora está integrando 317 averiguaciones previas en contra de exfuncionarios del sexenio de Guillermo Padrés, quienes según las auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado causaron un daño patrimonial al erario público de alrededor de 35 mil millones de pesos.

 

La Fiscalía ha anunciado que en los próximos días emitirá nuevas órdenes de aprehensión, aunadas a las 19 fichas de localización emitidas por la Interpol.

 

En la lista se encuentran ex secretarios, sub-secretarios y directores generales. @

 

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