Documenta Derechos Humanos ejecución extrajudicial de policías municipales

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación en contra de agentes de la Policía Municipal adscritos al Valle de Mexicali quienes habrían asesinado con premeditación, alevosía y ventaja a un presunto malviviente, a quien le dieron incluso el tiro de gracia.    

Iván Torres Cruz

 

MEXICALI.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Baja California encontró elementos suficiente para señalar que se violentaron los derechos en contra de Antonio Cervantes Muñoz quien falleció a manos de agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali por lo que realizó la recomendación 12/2016.

Los hechos se presentaron el 30 de noviembre del 2015. Antonio Cervantes Muñoz sabía que lo querían matar debido a las amenazas de los agentes municipales y a un altercado que tuvo con ellos días previos a la ejecución.

Los testimonios de los residentes del ejido Oviedo Mota coinciden, Cervantes Muñoz se rindió con las manos en alto pero en eso, municipales dispararon contra él y ya en el piso lo remataron.

En total recibió tres impactos de bala, uno de ellas por la espalda; la bala que terminó con su vida le atravesó el cráneo según confirmó el Servicio Médico Forense.

Oficialmente, el joven fue abatido al oponerse al arresto el lunes 30 de noviembre en el Valle de Mexicali. Tenía antecedentes penales por narcomenudeo, su familia no lo niega, incluso un par de meses atrás se enfrentó a tiros a unos agentes municipales, de ahí la rabia que le tenían.

Sin embargo, testigos de los hechos observaron cómo Cervantes salió con las manos arriba en señal de rendición pero advierten que lo acribillaron, incluso que lo remataron en el suelo.

Anteriormente su esposa Melissa González señala que un mes antes se metieron a su domicilio y la habían amenazado de muerte.

La muerte de Antonio se presenta en el ejido Oviedo Mota correspondiente a la delegación Carranza en el Valle de Mexicali, una zona en donde se tienen reportes de descarga de avionetas que trasiegan drogas.

Apenas unos meses atrás, 10 policías municipales se encuentran involucrados en el secuestro de los hijos de unos ganaderos, varios de ellos siguen el proceso penal en detención luego de que se encontraran pruebas suficientes para vincularlos a proceso, hoy los agentes de la misma delegación vuelven a ser señalados.

Según la investigación de la CEDH una semana previa, los agentes habían ingresado de manera ilegal a su domicilio en busca de Antonio.

“Los elementos registraron las habitaciones de la vivienda en busca de Antonio. Al no encontrarlo, advirtieron de forma amenazante a su pareja “traemos orden de disparar donde encontremos a tu pareja y ojalá que una de esas balas no le vaya a tocar a alguno de tus hijos”.

Después, dijeron que ya estaban cansados de buscarlo y se retiraron del lugar. La noche del 27 de noviembre, las mismas unidades de la DSPM se presentaron en el domicilio al cual ingresaron tres policías para revisar la vivienda, sin exhibir ningún mandamiento escrito para tal efecto. Al no encontrarla se volvieron a retirar.

Según los testimonios recabados por el organismo el 30 de noviembre los policías empezaron a disparar en cuanto vieron a Antonio mientras éste huía.

Según un testigo, la victima abrió la puerta de dicha casa para entregarse. Salió con las manos en alto, en posición de rendición. “Aun así los policías detonaron muchas veces sus armas”.

Según el documento, en el operativo para detener a Cervantes, los agentes realizaron un “uso excesivo de la fuerza” los cuales “indistintamente del resultado final de sus actuaciones, pusieron en riesgo la vida e integridad de V1 (Cervantes) y de vecinos del lugar de los hechos”.

La misma CEDH señala que debido a la intervención de los agentes que concluyó en una ejecución arbitraria, careció de motivación adecuada en términos del marco normativo que rigen las detenciones en flagrancia.

De igual manera se documentaron actos de hostigamiento y amenazas contra familiares y vecinos de Cervantes que implicaron violaciones a los derechos a la integridad y seguridad personal.

Hasta el momento el expediente en la Sindicatura Municipal con fecha 3 de diciembre del 2015 y la carpeta de investigación en la PGJE aún se encuentran en fase de integración.

Según testigos, Antonio salió desarmado con las manos arriba para rendirse momento en que habrían aprovechado los municipales para abrir fuego en su contra a escasos dos metros de distancia.

Por último, la CEDH señala que pese a no concluir la investigación de la autoridad competente, aún se tiene que identificar la causa por la cual un agente teniendo un fusil de cargo a la altura del pecho estando de pie disparó contra Antonio logrando herirlo con una trayectoria que fue definida por la autopsia hecha de “arriba hacia abajo” contra una persona que mide 1.75 metros.

Por su parte, Félix Vidauri, padrastro del joven, afirmó que a raíz del homicidio continuó el acoso de policías municipales, incluso dos de los testigos que presenciaron la ejecución de Cervantes fueron detenidos y uno continúa en la cárcel.

Dijo que espera tener en sus manos la recomendación de la CEDH para señalar alguna precisión sin embargo se mostró contento de que de una manera la institución le diera la razón con las pruebas y evidencias que había podido presentar.

El padrastro señaló que su hijo tenía problemas con la ley y carecía de una forma honesta de vida por lo que los policías lo tenían en la mira, sin embargo no habían podido presentarle ni una orden de aprensión en su contra.

Pidió a la Procuraduría avanzar en las investigaciones y que le den una copia del expediente ya que hasta el momento se lo han negado.

Por su parte el Director de la Policía Municipal de Mexicali, Alejandro Monreal Noriega expresó que hasta el momento no han recibido la recomendación de la CEDH por lo que una vez que sea recibida de manera oficial realizarán el estudio para poder contestarlo.

Reconoció que por el tiempo en que se presenta la resolución tendría que ser la próxima administración quien pudiera responder al organismo ya que se encuentran a días de terminar su encargo.

Por su parte el subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), David Lozano reconoció que el expediente aún no se ha judicializado toda vez que faltan de realizar algunas diligencias.

“Nos mostramos respetuosos de las investigaciones que haga la CEDH, al fin de cuentas de la investigación de ellos no existe una influencia en nuestra carpeta, obviamente se toma en consideración sin embargo las pruebas periciales y documentales quien las va a judicializar es el MP”, explicó.

Entre las conclusiones de la Comisión Estatal se desprenden seis recomendaciones, la primera tiene que ver con la reparación integral del daño a las víctimas así como la compensación por daños patrimoniales.

Otra de ellas tiene que ver con la misma corporación policiaca a fin de que colabore con el Ministerio Público y el Poder Judicial para profundizar en el avance de las investigaciones así como el procedimiento judicial del caso.

La CEDH pide a las autoridades correspondientes diseñe e implemente un programa de capación integral en materia de uso proporcional y diferenciado de la fuerza, intervención en crisis, control de riesgos, derechos humanos y uso de armas dirigido a la DSPM de Mexicali además de que envíen cumplimiento a la comisión.

De igual manera la DSPM debe diseñar y adoptar un protocolo de adecuación armonizada con los más altos estándares en materia de derechos humanos.

Por otra parte deberá girar una circular a los elementos policiales a fin de que todas sus actuaciones garanticen el respeto de derechos humanos. @