Millonarios contratos, para amigos del gobernador
Aunque el gobernador se quiso vestir de héroe al abrogar la Ley del Agua, desde el Congreso del Estado dejaron intactas las Asociaciones Público Privadas (APP), de donde emanan licitaciones a modo para el beneficio de particulares, como la construcción del acueducto que servirá a la cervecera Constellation Brands. Pero la resistencia civil de Mexicali no quita el dedo del renglón e insisten en hacerles juicio político, al gobernador y a 15 de los diputados.
Iván Torres Cruz
MEXICALI.- Mientras que en el Congreso del Estado los diputados aprobaron la abrogación de la Ley del Agua de Baja California, poco o nada se ha dicho de las licitaciones que surgen con respaldo de la misma Ley como son algunas que tienen relación precisamente con la privatización de algunos servicios del agua.
Además, el Congreso del Estado se despachó con la cuchara grande ya que en la nefanda noche del 20 de diciembre en la que se aprobó la Ley del Agua también dieron luz verde y ratificaron el endeudamiento para la realización de 11 obras en el formato Asociación Pública Privadas (APP).
Las llamadas APP también fueron licitadas con recursos públicos como el acueducto Villahermosa- Mexicali, que surtirá de agua a la empresa cervecera Constellation Brands para lo que el Ejecutivo del Estado invirtió más de 475 millones de pesos.
Aparte de esa obra, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali pretende crear un megaproyecto de drenajes pluviales, sin embargo en ambas licitaciones los nexos con los socios de Francisco Vega de Lamadrid y el propio Secretario de Finanzas Antonio Valladolid se encuentran ligados por medio del empresario y promotor de box tijuanense Fernando Beltrán Rincón, de Zanfer Promotions.
Beltrán Rincón es el mayor contratista en la administración de Francisco Vega de Lamadrid y fue el ganador de ambas licitaciones.
Incluso en la licitación del acueducto, se filtró una carta que promovió la delegación estatal de la Cámara de la Industria de la Construcción en donde denuncian diversas inconsistencias detectadas en la licitación donde se le informa al propio Manuel Guevara, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, enviada el 19 de octubre del 2016.
De la empresa ganadora Urbanización y Riego de Baja California, S. A. de C. V. (Urbaca) la cual según el Registro Público de la Propiedad fue fundada a nombre de Alejandro y Víctor Llamas Galván, Francisco Noriega Martín del Campo, Manuel Oviedo Tirado y Alicia Calderón Osuna, además de que diversas notas periodísticas ligaron al empresario Fernando Beltrán Rincón como socio de la misma.
Las redes de Beltrán Rincón no terminan ahí, ya nuevamente la empresa Urbanización y Riego de Baja California, S. A. de C.V. (Urbaca) resultaron ganadores de la licitación Sidue- CESPM-APP-2016-001 para realizar el Programa de Construcción de Tubería Troncal de Drenajes Pluviales Prioritarios en la Ciudad de Mexicali por los próximos 15 años.
Cabe señalar que la empresa ganadora se denominó Operadora de Pluviales de Mexicali S. A. de C.V. la cual fue realizada expresamente para la licitación y cuyos socios son los hermanos Llamas Galván y Alberto Barrutia Calderón.
Operadora de Pluviales de Mexicali es la fusión de tres empresas: Futura Industrial, S.A. de C.V., UR Obras y Servicios, S. A. de C. V. y Constructora Makro, S. A. de C. V.
La primera está constituida por Héctor Jesús Rodríguez López, Rodrigo Javier Castro Monarque, Alberto Barrutia Calderón, María Guadalupe Villavicencio, Margarita Soto Medrano, mientras que la segunda de nombre UR Obras y Servicios la constituyen los hermanos Víctor Ismael y Alejandro Lázaro Llamas Galván y nuevamente Alberto Barrutia Calderón, todos ellos socios en la empresa Urbaca de Fernando Beltrán.
La tercera empresa es Constructora Makro, S. A. de C.V. la cual es una de las favoritas del gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid y está constituida por Marco Antonio Santacruz Cuevas, Albero Romero Gakil y Luis Alejandro Santacruz Rodríguez.
La nueva empresa quedó constituida con Javier Terán Martínez como presidente, Marco Antonio Santacruz Cuevas como secretario y Alberto Barrutia Calderón como tesorero, quien también es el director de finanzas de Urbaca.
Los socios Víctor y Alejandro Llamas Galván junto con Alberto Barrutia Calderón casualmente también resultaron ganadores de la licitación SIDUE-CESPTE-APP-2016-003 ahora bajo el nombre de Ingeniería de Bombas S.A. de C.V., según consta en el Registro Público de la Propiedad.
El proyecto se trata de la ampliación, rehabilitación, modernización, operación y mantenimiento de la planta potabilizadora La Nopalera, un proyecto de APP bajo concesión por 15 años.
Privatización del agua
El mismo ex diputado local, Juan Manuel Molina, ha sido uno de los principales críticos de la privatización del agua pese a que el diputado de su partido Movimiento Ciudadano votó a favor de la ley, aunque luego se retractó.
En su página de internet el ex panista señaló:
“Durante el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán como Gobernador, presentó al Congreso la primera iniciativa de Ley de Proyectos de Asociaciones Público Privadas para el Estado, sobre la supuesta base de la falta de recursos por parte del estado para invertir en determinados rubros estratégicos de la administración.
En aquella iniciativa que es el antecedente de la ley actual cuya aplicación tanta polémica ha generado, se estableció muy claramente en la exposición de motivos que el Estado NO PODRÍA delegar la infraestructura original ni la prestación del servicio pues reconocieron que eso sería una PRIVATIZACIÓN, planteándose también que el Estado NO DEBÍA SER ENDEUDADO por asociarse como sí sucede claramente en el Decreto 57 por más de $500 millones de pesos, pero lo más importante, que se mandató que el esquema de este tipo de asociación NO PODRÍA IMPLEMENTARSE RESPECTO DE BIENES Y SERVICIOS CUYA PROVISIÓN FUERA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO, y en el caso del Agua y su provisión al ser un DERECHO HUMANO contemplado además en el Artículo 4to. Constitucional como tal, el esquema indiscutiblemente no aplicaba.
¿Así entonces es el problema la referida ley, o será la perversión con que es manejada? Una pregunta que se encuentra en el aire es por qué ningún Ayuntamiento se ha manifestado a favor o en contra, cuando son los titulares originales de la provisión de agua potable y alcantarillado según el Artículo 115 Constitucional. Habría que preguntarles.
Mientras tanto el movimiento de Resistencia Mexicali mantiene mesas de diálogo sobre el tema con Gobierno del Estado y el Congreso en donde estarían presentando juicio político en contra de los diputados y el mismo gobernador del Estado, respaldados por miles de firmas ciudadanas.
De igual manera el diputado del Partido de Baja California, Jorge Eugenio Núñez, anunció que presentará tres iniciativas con las que busca impulsar la revocación de mandato, la eliminación de diputados de representación proporcional y la prohibición de incrementos salariales a servidores públicos.
En rueda de prensa, el legislador local reconoció la necesidad de impulsar acciones concretas que modifiquen y eliminen de raíz el “sistema de privilegios” de la clase política y que poco abona al desarrollo sostenido.
“Debemos anular los privilegios de los servidores públicos, la inmunidad y la enorme cantidad de prerrogativas cuyo contraste se ve con un pueblo carente de servicios, lo cual deriva en representantes populares alejados de la realidad a que se somete la ciudadanía”, estableció el diputado.
Recordó que el pasado 6 de octubre presentó la iniciativa de reforma a los Artículos 91, 94 y 95 de la Constitución de Baja California, así como a los artículos 61, 108 y 111 de la Constitución Mexicana, con el propósito de crear la eliminación del fuero. De igual forma el pasado 8 de diciembre se presentó una iniciativa de reforma que busca prohibir que servidores públicos tengan acceso a aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones y compensaciones.
Las anteriores iniciativas se suman a las anunciadas este martes, mismas que serán presentadas ante el pleno del Congreso del Estado en los siguientes días.
Finalmente derivado de la aprobación de la Ley Estatal del Agua para Baja California aprobada el 20 y publicada el 30 de diciembre del 2016, el ciudadano Mario Hurtado de Mendoza y Beatriz Dávalos presentaron denuncia de Juicio Político en contra de los 13 diputados del PAN, uno del PRD y de otro Movimiento Ciudadano, quienes fueron los que votaron a favor de la ley.
“El juicio político es en contra de los 15 diputados que aprobaron la Ley del Agua, independientemente que ya se abrogó la ley, el error y el acto inconstitucional lo cometieron, entonces creo que deben de pagar su culpa”, dijo Hurtado de Mendoza.
La denuncia se presentó este jueves 9 de febrero bajo el tenor de cinco considerandos, independientemente de que ya fue abrogada la ley, según explicó Núñez . @