Reina vs Petra, la disputa por los terrenos
Un predio de alrededor de 19 hectáreas al sureste de la ciudad se ha convertido en la manzana de la discordia entre el Ayuntamiento y la lideresa popular, Petra Santos, quien previa advertencia fue arrestada el domingo pasado por invadir lo que ahora es, constata Sindicatura, propiedad privada del municipio aunque, alega la maestra, “se lo adjudicaron arbitrariamente”.
Bibiana García Garza
SAN LUIS RIO COLORADO.- Acusada de causar daños patrimoniales a propiedad del Gobierno Municipal e invasión de un terreno, la luchadora social y ex diputada federal por el PRD, Petra Santos Ortiz, fue arrestada la tarde del domingo 30 de abril en medio de tremendo alboroto mediático.
La noticia se esparció como reguero de pólvora a través un video que se propagó por internet y capta el momento de la detención de la polémica lideresa que, dicho sea de paso, ha vivido experiencias similares en más de una ocasión a lo largo de su carrera política, desde sus años mozos en la defensa del Puente.
Los hechos se suscitaron a raíz de que la profesora ingresó al terreno localizado por la avenida Lázaro Cárdenas y calle 46 –a un costado de Las Palapas- y quitó los cartelones que días atrás había colocado el Ayuntamiento para marcar la propiedad como “Lote asignado”.
Al bote.
Acto seguido, Petra fue interceptada por elementos de la Policía Municipal con quienes alegó que el alcalde, Enrique Reina Lizárraga, había mandado poner los letreros adjudicándose el terreno de manera arbitraria mientras los oficiales la levantaban con un “va a tener que acompañarnos” en lo que la encaminaban a una de las patrullas en medio del barullo y reclamos de los siempre fieles petristas.
Según denunció su hijo, Yuri Vladimir Silva Santos, poco después del arresto, las autoridades se llevaron a su mamá a la fuerza en medio de un operativo exagerado y, según acusara después ella misma, la tuvieron “secuestrada” cerca de tres horas en la Comandancia.
Los letreros que la maestra retiró desde el interior del predio advertían “A quien se sorprenda invadiendo esta propiedad será turnado a las autoridades competentes. Lote asignado”.
Sin embargo, insistió Silva Santos, el municipio no puede comprobar que es legítimo propietario del terreno pues poseen una escritura fraudulenta, dijo, cuyo procedimiento estuvo amañado desde el principio pues funcionarios municipales se involucraron de manera directa fungiendo como juez y parte.
Asimismo, recordó que existe un amparo en espera de la resolución por parte de un juez del ámbito federal, a quien corresponderá darle la razón a una de las dos partes, en relación a la propiedad del polígono.
A su vez, Petra externó su indignación por todos los medios posibles y dispuesta a llegar “hasta las últimas consecuencias legales#, amenazó con exigir un juicio político contra el presidente municipal, Enrique Reina Lizárraga.
También adelantó que interpondría una demanda ante el Ministerio Público del Fuero Común por secuestro.
En contraste, el Ayuntamiento igualmente fijó su postura al día siguiente y, a través de la Síndico Procurador, Laura Núñez Sepúlveda, advirtió que no tolerará más invasiones ni fraudes en función de poder otorgarle certeza jurídica a las cerca de 200 familias que viven en el polígono sin acceso a los servicios de agua, energía eléctrica y alumbrado público.
En ese sentido, la funcionaria asentó que las autoridades municipales tampoco permitirán más actos de rebeldía en perjuicio de los ciudadanos involucrados en el tema de las invasiones toda vez que el Ayuntamiento puede probar que es el propietario legal del citado terreno, que abarca desde la avenida Tabasco “A” al Ejido “B” (Pedro Bibriesca B), de la calle 43 a la 48, colonia México.
Lideresa del fraude
En la rueda de prensa a la que convocó el Gobierno Municipal al día siguiente de la detención de Petra Santos, la titular de Sindicatura explicó que el tema está ligado a la intención que se tiene de regularizar todas las áreas invadidas de la ciudad y ofrecer una certeza jurídica a las familias así como a combatir los fraudes que con esas personas se cometen.
Para ello, afirmó, se han sostenido una serie de acercamientos con los vecinos, en este caso del polígono de las 19 hectáreas, a quienes se les ha buscado persuadir de participar en los trámites de regularización, deslindes, acomodos, ajustes y reubicaciones, así como que denuncien si son o han sido víctimas de fraude de vivienda.
Esto con el fin también de preparar un espacio para la construcción del nuevo Colegio de Bachilleres (Cobach) y unas áreas verdes, objetivo que, asegura, ha sido visto con buenos ojos por quienes viven en el sector de dichos terrenos irregulares.
De ahí que saltó Petra Santos ostentándose como supuesta apoderada legal del polígono a pesar de que el Ayuntamiento se convirtió en propietario legal mediante un proceso de ejecución fiscal por el adeudo predial que tenía el terreno, de más de 70 millones de pesos, precisó.
El predio, añadió, se encuentra en un estatus de baldío en Catastro y no cuenta con servicios, por lo que nunca se ha regularizado ni fraccionado, motivo que dio pie al Ayuntamiento, reiteró, de adjudicárselo con el fin de escriturárselo a la gente que está viviendo ahí con todo y servicios.
Hasta el momento, son más de 200 familias las que residen en el área sin agua, luz, o certeza jurídica, a quienes Petra les cobra una cantidad mensual -de hasta mil 500 pesos por amparo-, como pago de una supuesta compra-venta que, según ella, la ampara como dueña, señaló.
Inclusive, el Ayuntamiento sostiene que de acuerdo a las denuncias de los vecinos del área, la maestra también cobraba alrededor de 70 mil pesos por venta de terrenos.
En relación al amparo presentado por el hijo de la maestra, Yuri Silva, la funcionaria comentó que éste no procedió porque no se pudo comprobar la propiedad puesto que el documento que poseen es un contrato promesa de compra venta con el entonces propietario (Inverlat S.A.).
Ese documento no se sostiene firme en materia legal, apuntó.
Por eso, agregó, una vez que el Ayuntamiento obtuvo el título de propiedad desde el pasado 26 de marzo, se advirtió que no se detendrían contra quienes estuvieran cometiendo fraudes y que iniciaría con procedimientos penales contra aquellos que resultaran involucrados.
“Hemos tenido trabajo muy duro en estas semanas, entonces no podemos permitir que sigan habiendo esas acciones de rebeldía, este es un tema de orden, es un tema de legalidad en donde los únicos beneficiados de estas acciones municipales que tanto trabajo cuestan son para los mismos vecinos de esta invasión”, declaró.
Son alrededor de ocho años, mencionó, que esa gente espera un título de propiedad y servicios, lo que se les proporcionará, aseguró, en un marco apegado a la legalidad.
“Si no tuviéramos un título de propiedad o escrituras a nombre del Ayuntamiento, no estuviéramos defendiendo esta causa ni mucho menos estaríamos enfrentando esta situación. Basta de que este tema de certeza jurídica y este tipo de fraudes se politice, basta de que los temas se vuelvan mediáticos y políticos, lo que nos interesa es que las familias dejen de sufrir y ser víctimas de fraude”, sentenció la Síndico.
Sobre todo, subrayó, porque los vecinos que han sido víctimas de fraude tienen miedo a raíz del clima de inseguridad que se ha levantado en los últimos días por el tema aunque de cualquier manera, refrendó, el municipio está listo para enfrentar todos los temas jurídicos correspondientes.
El Ayuntamiento cuenta con todas las certificaciones que le acreditan como dueño así como los documentos de traslado de propiedad de Inverlat S.A. al municipio de San Luis Río Colorado, así como una inscripción al Registro Público de la Propiedad y registro en Catastro Municipal, anotó.
Por eso que, advirtió, el municipio va con todo contra quienes cometan fraude con estas y otras propiedades mediante tácticas populistas, o armen “faramallas” y desorden público con el fin de desviar la atención o desinformar.
En cuanto a Petra Santos, recordó que el Ayuntamiento busca abordar el tema desde el punto de vista legal aunque por parte de ella, cuando los temas se tornan no favorables hacia su persona “empieza con ataques directos hacia el alcalde por temas del Puente, temas sociales o temas políticos”.
Con base en todo esto, desde el lunes se presentó una querella por escrito por parte del Gobierno Municipal no sólo por el delito de daño patrimonial al Ayuntamiento sino por otros de los que dicen tener pruebas como: delito de hacinamiento, de despojo, enriquecimiento y fraude por vender propiedades.
Aunque quedó en libertad en cuestión de horas luego de su detención, detalló, la Petra está vinculada a proceso con una denuncia correspondiente, procedimiento al que el Ayuntamiento dará seguimiento de manera puntual, informó.
En tanto, afirmó Núñez Sepúlveda, el municipio “no caerá en provocaciones”.
Con todo contra Reina
La versión de la maestra Santos Ortiz, como era de esperarse, es totalmente opuesta a la del gobierno municipal, e inclusive asegura que la adjudicación del terreno en cuestión se realizó de manera arbitraria en medio de un procedimiento amañado.
Aunado a ello, acusa a las autoridades municipales de violar sus derechos humanos y detenerla con un trato lleno de prepotencia, arrastres y golpes, en medio de un operativo que la hizo sentir, literalmente, “como el Chapo Guzmán”.
“Ellos actuaron por la fuerza y no presentaron ninguna orden ni papel, además de que me tuvieron secuestrada tres horas ahí en la Comandancia totalmente incomunicada, es más, ni al de Derechos Humanos le permitieron la entrada”, acusó.
Tampoco la pescaron en flagrancia del delito, dijo, e hicieron caso omiso del amparo que les mostró, mismo que le acaban de otorgar con fecha del 26 de abril, “… les valió gorro”, motivo que la orillará a interponer una demanda por secuestro y por ser indiferentes a dicho documento.
“Me voy con todo contra Reina”, aseveró, sobre todo porque su intención era proteger a los vecinos y darles seguridad de que al ingresar al terreno no serían consignados por las autoridades, como rezaban los letreros instalados por el Ayuntamiento y que ella arrancó motivando su “peliculesco” arresto.
La lideresa sanluisina mencionó también que ella decidió irse a vivir al terreno de la Lázaro Cárdenas y 45 -de donde fue levantada por la policía-, para hacerles ver a los vecinos que no había por qué temer pues nadie podría retirarlos de ahí sin una orden judicial.
Encima de todo, atestó, ni el Ayuntamiento ni Enrique Reina son dueños del terreno porque no registraron la escritura, “… está en veremos que él es el dueño, y yo aquí tengo la escritura donde Inverlat le vende al consorcio, y está notariado en Hermosillo, y lo que ellos nunca pudieron hacer fue registrar la escritura”.
El embargo además va contra la ley porque el Ayuntamiento no puede cobrar más de cinco años de predial, no obstante, cobró un adeudo que asciende a 81 millones de pesos por dicho concepto, acumulado desde 1998, siendo que tuvo que haber cobrado 400 mil, es decir, de 2012 a la fecha, indicó.
En general, anotó, el procedimiento y los documentos que supuestamente avalan al gobierno municipal como propietario legal del predio están repletos de irregularidades porque finalmente nunca notificó a Inverlat y porque registra el espacio como terreno baldío, entre otros pequeños grandes detalles.
“Dice que si notificó a Inverlat pero no lo hizo en edicto sino en estrato, sin ningún juicio, ese ellos mismos lo hicieron entre funcionarios del Ayuntamiento, y como dicen que un notario les firmó el documento, eso es para ellos la escritura”, abundó.
Por eso, insistió, el verdadero “ratero” es Reina Lizárraga, contra quien se irá hasta los tribunales con todo y denuncia de secuestro, amparos y contrato de compra-venta.
Acerca de que la consideran toda una lideresa del fraude en la venta de terrenos, la Petra sostiene que la propietaria es ella y que el predio se está pagando entre todos los habitantes del lugar, ella incluida, además de que no necesita robarle el dinero a nadie.
“Él dice que estoy haciendo fraude a la gente y miente porque tenemos contrato de compra-venta, donde todos los que estamos ahí hemos dado dinero, yo por eso me voy a mudar ahí, somos los dueños, y además del dinero se regresa a quien lo vaya a pedir y así se ha hecho”, enfatizó.
Por el contrario, prosiguió, es el presidente municipal el que tendría que poner sus barbas a remojar porque tiene compromisos e intereses relacionados a esos terrenos y eso es todo lo que persigue.
“Yo no tengo ningún temor porque no estoy haciendo fraude, a la gente se le habló muy claro y ellos ratificaron que seguían con nosotros, no puede llegar y mover a la gente como lo está haciendo él porque los va a reubicar y luego va a venderles a sus amigos”, expresó.
Por último, reiteró que promovería un juicio político contra Enrique Reina ante el Congreso del Estado mientras espera la resolución de un juez federal que determinará si el terreno contiguo a Las Palapas es realmente suyo, o del municipio.
Mientras tanto, cabe mencionar que CONTRASEÑA remitió una solicitud del documento que acredita al Gobierno Municipal como propietario legal del polígono de las 19 hectáreas y está en espera de recibirlo, tentativamente, a finales de la próxima semana. @