Iba a declarar contra agentes de la PEP… Antes fue asesinado

Al estilo de la película Traffic, antes de que acudiera a declarar en un caso de hostigamiento y amenazas donde aparecían involucrados agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Raúl Hernández Macías fue ejecutado de dos balazos asestados por la espalda cuando salía de una vidriera de su propiedad. Dos años antes había denunciado a una pareja de elementos de la PEP y ahora que estaba a punto de señalarlos con dedo de fuego alguien decidió silenciarlo.

Iván Torres Cruz

MEXICALI.- Sabía que lo iban a matar, por eso hizo todo lo que el sistema dicta que se haga en este tipo de casos, presentó su denuncia ante la autoridad correspondiente, le dio seguimiento, presentó testigos, incluso acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a Asuntos Internos de la Procuraduría Estatal, pero de nada le valió.

Raúl Hernández Macías recibió dos disparos por la espalda cuando salía de su negocio ubicado en la colonia Valle de Puebla, pese a que logró sobrevivir por unos instantes sus familiares lo trasladaron hasta un hospital privado ubicado en Palaco, cuando llegó no respiraba y ya no tenía signos vitales.

Los disparos fueron certeros, realizados por un profesional al que no le tembló la mano cuando jaló del gatillo de su arma calibre 9 milímetros, no buscaba dinero ya que según constató la Procuraduría General de Justicia del Estado no hubo robo.

A Hernández Macías lo cazaron, sabían a qué horas y en dónde estaría solo la noche del 15 de agosto, por lo que la persona que disparó no pudo ser identificada, solo trascendió que se trataba de un varón que había huido en un vehículo color guinda  y nada más.

Escena del crimen.

Los agentes de acudieron al lugar solo pudieron recabar imágenes de una llantera que se encontraba frente a la vidriera en donde fue asesinado Hernández Macías, sin embargo, por la distancia y la poca luz en la zona difícilmente obtendrían más datos sobre el ataque.

Fue el Servicio Médico Forense la instancia que confirmó que la causa de muerte fue por heridas penetrantes de tórax  y  abdomen producidas por proyectil de arma de fuego.

La única pista sobre la posible ejecución de Hernández la dio su esposa Guadalupe Cota García, de 47 años de edad, quien lo trasladó al Hospital Arce Quiñonez ubicado entre calle 4 y Río Tamazula.

En su declaración preliminar ante policías municipales, Cota García señaló que su esposo se encontraba amenazado por una prestamista de nombre Bertha Alicia Guerrero Gutiérrez la cual le exigía alrededor de 100 mil pesos para dejarlo en paz.

Tras correr el nombre de Hernández Macías se confirmó que tenía como imputada a Guerrero Gutiérrez por el delitos de amenazas con el Numero Único de Caso 0202/2018-14131 por lo que el occiso tenía una medida de protección del 2 de julio del 2018 en donde se le prohibía a la señora Guerrero Gutiérrez realizar conductas de intimidación.

Tras la huella del delito

A Gutiérrez Macías le abrieron varias carpetas de investigación por los delitos de Administración Fraudulenta, denuncia de hechos, fraude, fraude procesal y despojo de bienes inmuebles además de falsedad de declaraciones ante la autoridad, sin embargo, todos los cargos eran viejos, el más reciente era del 2011 por lo que difícilmente pudieran estar relacionados a la ejecución.

Por su parte el subprocurador de Justicia del Estado, Fernando Ramírez Amador, señaló que se trató de un ataque directo contra Hernández Macías ya que no intentaron robarle nada, en el lugar se encontraron cuatro casquillos de un arma 9 milímetros pero extrañamente no se encontró la marca de la bala lo que pudiera dar con los responsables en caso de que fueran de la marca que utilizan las corporaciones policiacas.

“Es propietario de un negocio tipo vidriera, estaba a punto de cerrar las puertas del negocio cuando lamentablemente recibe los disparos de arma de fuego ya se está investigando este evento, no se realizó ningún robo en este negocio, fue un ataque directo, llegó una persona, desciende de un vehículo, realiza las detonaciones y se da a la fuga”, explicó Ramírez Amador.

Desde ese momento, la familia desapareció, no pudo ser contactada ni en su casa o la misma vidriera la cual desde ese día cerró sus puertas.

Antecedentes

Documentos en poder de CONTRASEÑA y personas cercanas al caso que se acercaron para denunciar el tema señalan que el trasfondo tiene que ver con la prestamista Bertha Guerrero y su sobrino Manuel Gabriel Guerrero el cual es agente activo de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y que se encuentra bajo investigación por amenazas en contra de la víctima.

Luego de deambular por diversas dependencias, Hernández Macías presentó su demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y ante elementos militares el 20 de julio de 2016 y el 15 de noviembre de 2017 presentó una ampliación de denuncia.

En su declaración señala que la señora Bertha Guerrero acudió a su domicilio en el Fraccionamiento Valle de Puebla con el fin de ofrecerle un préstamo de 30 mil pesos a una tasa de interés de 5 mil pesos, la “oferta” fue aceptada de inmediato.

Al mes, Hernández Macías pagó lo acordado, 35 mil pesos, fue por ello que la prestamista le ofreció un nuevo crédito por 100 mil pesos y que solo tendría que pagarle 9 mil de intereses.

Aunque la oferta parecía buena, Hernández no aceptó el monto total, prefirió tomar otros 30 mil pesos tal y como había ocurrido anteriormente.

Cuando regresó la prestamista afirmó que a Hernández lo había investigado y que tenía dinero por lo que le exigió un cobro con un 85 por ciento de intereses.

El préstamo según Hernández fue de manera verbal por lo que no estuvo de acuerdo con el cobro ya que no existía documento en donde señalara una tasa de interés tan alta.

Molesta la señora Guerrero le dijo que no sabía con quién se estaba metiendo ya que ella tenía el suficiente dinero para comprar “por kilos” a la gente y que tenía un sobrino policía estatal preventivo que se encargaba de cobrar sus deudas o hasta levantones hacía.

El hoy occiso ignoró las amenazas ya que pensaba que solo eran intimidaciones para que le pagara los 30 mil pesos, más el 85 por ciento de intereses.

Al día siguiente, el 21 de junio de 2016 el mismo Raúl Hernández acudió al Centro Estatal de Justicia Alternativa de Baja California (CEJA) para pedir asesoría, finalmente le pidieron que citara a la mujer para aclarar la situación, ahí le entregaron un citatorio que tuvo que entregar personalmente a la señora Bertha.

Cuando le entregó el citatorio, la señora lo amenazó diciendo que no la anduviera citando con la policía y que se atuviera a las consecuencias para él y su familia.

Al día siguiente, el 22 de junio del mismo 2016 llegó una mujer quien se identificó como trabajadora de Sedesol (posteriormente fue identificada como la agente de la PEP, Edna Carolina Gaxiola) diciendo que se habían ganado unas becas para sus hijas por lo que tenía que hacerles unas preguntas.

Las interrogantes eran muy personales por lo que Hernández Macías empezó a dudar, le pidió una identificación a la mujer pero dijo que aún no le daban gafete, cuando le pidieron la credencial del INE o alguna otra identificación para saber con quién hablaban señaló que no traía cartera y se levantó de la silla caminando hacia el patio.

En ese momento otra persona que esperaba en el cerco le habló en clave contestando la mujer que todo estaba bien, para esto, Hernández le pidió a una de sus hijas que grabara con un celular sin que se dieran cuenta.

Cuando el hombre (posteriormente fue identificado como agente de la PEP, Manuel Gabriel Guerrero, sobrino de la señora Bertha) se percata de que estaba siendo grabado se va hacia un pick up Nissan doble cabina con número de matrícula AN48331 y se apresuró para irse del lugar, finalmente se estacionó en la esquina.

Hernández Macías lo siguió con un celular grabando pero finalmente decidió regresar a la  casa para alertar a su familia, ya en su casa llamó al 911 pero nadie acudió, finalmente los agentes huyeron.

Luego de acudir a Asuntos Internos junto con dos testigos pudieron percatarse que las personas eran agentes de la PEP por lo que se presentó la denuncia ante esta instancia la cual sigue sin resolver la situación de los agentes.

Desde ese momento se presentaron varias amenazas y hostigamiento, por eso la víctima tenía medidas de protección que poco sirvieron.

El 30 de agosto Raúl Macías se debió presentar a declarar en contra de Edna Carolina Montoya pero no lo hizo, ya que murió 15 días antes de la fecha programada.  @