No es terrorismo, dice el gobierno, aunque parece

*El ataque con un carro-bomba afuera de la comandancia del municipio michoacano de Coahuayana, que dejó como saldo seis muertos y una docena de heridos, representa una escalada de la violencia entre los carteles de la droga y un desafío para el Estado mexicano. También, alienta la narrativa trumpista, de que regiones del país están controladas por el narco, advierte el vocero del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora.  

Humberto Melgoza Vega

SAN LUIS RÍO COLORADO.-El estallido en Michoacán de un coche-bomba, al puro estilo del colombiano Pablo Escobar  de los ochenta, representa una escalada en la violencia y un desafío al Estado mexicano por parte del crimen organizado.

Y aunque el gobierno se niegue a reconocerlo y llamarlo como tal, se trata de un acto de corte terrorista, el cual refuerza la narrativa de Donald Trump de intervenir en territorio nacional para desmantelar a los cárteles del narcotráfico, reconoce el especialista en Seguridad Pública, Marco Paz Pellat.

El brutal golpe de realidad se presentó la mañana del sábado anterior, cuando sicarios kamikazes estallaron un carro bomba al exterior de la comandancia de la Policía Comunitaria en el municipio de Coahuayana, Michoacán, mismo que dejó un saldo de seis muertos, entre ellos los perpetradores, y una docena de heridos.   

Luego del desliz de la Fiscalía General de la República (FGR), el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana salió al quite para enmendar la plana, rechazó que se tratara de un acto terrorista sino de la pugna directa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)y Cárteles Unidos, quienes mantienen una guerra por el territorio, en donde la policía comunitaria estaría involucrada.

Omar García Harfuch descartó que la investigación se vaya a realizar por el delito de terrorismo, pues el móvil no fue político ni ideológico, sino las disputas entre estos grupos criminales por lo que el caso se investigará como delincuencia organizada.

“Desde la perspectiva del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora, lo ocurrido en Michoacán sí representa un mensaje de escalamiento de violencia y desafío al Estado mexicano”, manifiesta Marco Antonio Paz Pellat.

“Y aunque no es la primera vez que grupos criminales emplean explosivos, el uso de un coche-bomba revela la capacidad logística avanzada de ciertos grupos delictivos.
Busca generar impacto psicológico, no solo contra fuerzas de seguridad, sino contra la población en general. Además, mete presión sobre los gobiernos federal y estatales, exponiendo vacíos en la estrategia de control territorial”, expone el experto en Políticas Públicas.

“La discusión semántica sobre si es o no “acto terrorista” no debe desviar la atención de lo esencial: es un ataque con fines de intimidación colectiva y de debilitamiento institucional, lo cual exige una respuesta coordinada, profesional y sin titubeos”, sostiene.
-¿Esto fortalece la narrativa de una posible “invasión” o intervención de los Estados Unidos en territorio nacional?

-Desde nuestra posición ciudadana, consideramos que este tipo de eventos sí alimentan la narrativa estadounidense que argumenta que México “ha perdido control” sobre partes de su territorio.

“Sin embargo, la retórica de ‘invadir’ es políticamente útil para ciertos sectores en Estados Unidos, pero no es viable militar ni diplomáticamente. Lo que sí ocurre es un aumento en la presión para considerar a los cárteles como organizaciones terroristas, un cambio que tendría profundas implicaciones económicas, comerciales y diplomáticas”, considera.

“Por ello, México debe mostrar con claridad acciones contundentes, verificables y sostenidas contra los grupos criminales, para evitar que esa narrativa prospere”.

En este contexto ocurre la detención de Edgar Rodríguez Ortiz alias “Limones”, operador financiero del Cártel de Los Cabrera en Durango –aliados del Mayito Flaco—acusado de extorsión y cobro de piso a empresarios y ganaderos, delegado de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) que dirige a nivel nacional el influyente diputado federal de Morena, Pedro Haces Barba.

Su detención fue presentada como un gran golpe a la delincuencia organizada por parte del secretario Omar García “Batman”, en la práctica una cortina de humo para desviar la atención por el atentado “no terrorista” del carro-bomba. El diputado millonario dice que no lo conoce, aunque hay fotos de ellos juntos y sonrientes.

“La valoración desde el Comité Ciudadano es moderada y cautelosa. Tiene importancia porque se trata de un operador relevante dentro de una estructura criminal, particularmente ligado a actividades de tráfico y control territorial.
Su captura genera disrupción temporal en la cadena de mando y logística de su grupo. Además envía un mensaje de operación policial activa y con inteligencia”, considera Paz Pellat.

“Pero también hay que considerar que no es un líder nacional ni regional de alto nivel. La estructura criminal sustituye a operadores medios con rapidez. La narrativa política en torno a supuestos vínculos con figuras públicas exige investigación, pero debe evitar convertirse en distractor frente al objetivo principal: debilitar a la organización criminal. En resumen, es un golpe operativo importante, pero no decisivo ni estratégico”, subraya el especialista.

-¿Cuáles serían los principales objetivos prioritarios que el gobierno mexicano debería detener, para proyectar que efectivamente se combate a los cárteles y de paso mandarle un guiño a los gringos?

Desde el punto de vista ciudadano, México necesita enfocarse en tres tipos de objetivos estratégicos, no solo en la detención de capos:

-Detener liderazgos de alto nivel involucrados en violencia extrema.
-⁠Que sean cabezas de cárteles con control territorial y capacidad de escalamiento.
-No solo un individuo, sino los mandos operativos y financieros.
-⁠Destrucción de infraestructuras criminal crítica, como laboratorios de síntesis de drogas sintéticas, centros de comunicaciones, bodegas y rutas logísticas; operadores financieros y responsables del lavado de dinero.
-⁠Atacar las redes de corrupción, como funcionarios, mandos de policías municipales, estatales y federales cooptados; empresarios y operadores que facilitan logística y financiamiento.

“Todo ello es lo único que realmente proyecta una estrategia seria y, de paso, envía un mensaje contundente a Estados Unidos de que México está actuando”, destaca el vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública.

Mientras tanto, “aguas polleros, vamos contra ustedes y contra las empresas que los apoyan. Quienes se beneficien de la migración ilegal y el sufrimiento de la gente, enfrentarán consecuencias”, advirtió un vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, en lo que representa una nueva embestida, parte de la política hostil como el retiro de visas a políticos morenistas.

“Esta medida debe leerse como parte de la estrategia de disuasión y presión diplomática de Estados Unidos. No es propiamente una “política hostil”, sino un mecanismo de corresponsabilidad: Estados Unidos busca atacar no solo a traficantes de personas, sino a las infraestructuras financieras y empresariales que facilitan esas redes. Ya forma parte de una tendencia global de perseguir delitos transnacionales con enfoque económico, no solo operativo”, expone.

“¿Afecta a México políticamente? Sí. Forma parte de un mensaje más amplio. Si México no logra detener el flujo migratorio y delictivo, Estados Unidos actuará unilateralmente en las áreas que le afectan directamente”, advierte.

-¿Va en el sentido correcto el combate mexicano a la delincuencia organizada transnacional?

“Desde la perspectiva del Comité, hay avances, pero la estrategia sigue incompleta.
Entre los avances reconocemos la creciente coordinación entre fuerzas federales, las capturas selectivas con inteligencia, la reducción en ciertas tendencias delictivas en regiones específicas.

“Pero todavía falta un modelo integral de desarticulación financiera, que es donde verdaderamente se golpea a los cárteles. Persisten vacíos en control territorial, particularmente en zonas rurales. La política de prevención social de la violencia no tiene suficiente alcance ni presupuesto. No existe aún un sistema nacional de métricas ciudadanas verificables que permita evaluar resultados.

“En términos generales, la lucha está orientada en el sentido correcto, pero no con la velocidad, profundidad ni transparencia que requieren los desafíos actuales”, concluye. @