México no está gobernado por los cárteles: Marco Paz
Humberto Melgoza Vega
SAN LUIS RÍO COLORADO.- En medio del ruido electoral y de las narrativas que dividen el país entre quienes aseguran que México entero está bajo el control de los cárteles y quienes celebran cualquier cifra oficial como triunfo irreversible, la posición de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública de Sonora y Hermosillo se coloca en un terreno de la evidencia.
Decir que “México está gobernado por los cárteles” quizás sea un poco exagerado, aunque tampoco se puede minimizar la capacidad de violencia, intimidación y control económico que las organizaciones criminales ejercen en territorios específicos, considera Marco Paz Pellat, presidente y vocero principal de la organización.
La significativa reducción del homicidio doloso, documentada en el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, no puede descartarse de un plumazo como subregistro, considera.
Sin embargo, tampoco puede leerse como desaparición de la violencia. El homicidio es un indicador, mas no el único. Desapariciones, extorsión, desplazamiento y la percepción ciudadana de inseguridad siguen estando presentes.
A continuación, les presentamos la siguiente entrevista con Marco Paz Pellat, consultor en políticas públicas y evaluación gubernamental y presidente de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública en el estado.
¿Don Marco, sigue siendo válido el discurso esgrimido por los EEUU de que México está gobernado por cárteles y que regiones enteras están bajo el dominio del narco?
Yo sería muy cuidadoso con esa afirmación. México tiene un problema serio de crimen organizado, violencia, corrupción e infiltración institucional en algunas regiones, pero decir que “México está gobernado por los cárteles” es una generalización que no puede sostenerse como descripción de todo el país.
La realidad es más compleja: existen territorios donde las organizaciones criminales tienen una capacidad de violencia, intimidación y control económico muy preocupante. Eso debe reconocerse sin eufemismos. Pero también hay instituciones que funcionan, policías que investigan, ciudadanos que denuncian y operaciones que han debilitado estructuras criminales.
Como Comités Ciudadanos, no nos corresponde defender ni atacar una narrativa partidista. Nos corresponde exigir evidencia. Si hay captura institucional, debe investigarse y sancionarse. Si hay avances en seguridad, deben reconocerse y medirse. La seguridad pública no se puede construir con propaganda, pero tampoco con fatalismo.
¿La caída del homicidio doloso es real o existe un subregistro?
Hay evidencia oficial de una reducción importante del homicidio doloso. La propia información del SESNSP muestra que desde 2026 se está trabajando además con una nueva metodología y con el Registro Nacional de Incidencia Delictiva. Por eso, la reducción no debe descartarse simplemente como “subregistro”.
Pero una reducción estadística no significa que la violencia haya desaparecido. El homicidio es solamente uno de los indicadores de seguridad. Hay desapariciones, extorsión, desplazamiento, delitos patrimoniales y una percepción de inseguridad que también deben analizarse.
Nuestra posición sería: sí hay que reconocer los avances cuando los datos los muestran, pero hay que someterlos a escrutinio. Y sobre todo, hay que medir resultados a nivel estatal y municipal. Para un ciudadano de SLRC importa menos el promedio nacional que saber si su colonia, su municipio y su estado son más seguros que hace un año.
¿Cómo impactan en Sonora la violencia de Sinaloa y Baja California?
Sonora no es una isla. Nuestra posición geográfica nos coloca en medio de dos entidades con dinámicas criminales importantes y, además, tenemos una extensa frontera con Estados Unidos. Eso genera riesgos de movilidad de grupos, armas, drogas, personas y recursos financieros.
Pero tampoco debemos asumir que toda la violencia de nuestros vecinos se traslada automáticamente a Sonora. Hay dinámicas propias y capacidades institucionales propias.
El desafío es anticiparnos. Sonora necesita inteligencia regional, coordinación entre municipios, estado y federación, vigilancia de corredores estratégicos y capacidad de investigación financiera. Y algo fundamental: no esperar a que una crisis llegue para reaccionar.
¿Se mantiene la tendencia de menos homicidios pero más desaparecidos?
No establecería una relación automática entre ambos fenómenos. Son delitos y registros distintos, con metodologías diferentes, y requieren análisis separado.
Lo que sí podemos afirmar es que la desaparición de personas constituye una crisis que merece una respuesta específica. En Sonora, por ejemplo, el informe estatal con datos de 2025 registró 1,851 personas reportadas como desaparecidas, no localizadas o posteriormente localizadas; 738 permanecían desaparecidas o no localizadas. El mismo informe reporta que de las personas localizadas, 90.21% fueron encontradas con vida.
Estos datos muestran dos cosas: hay capacidad de localización que debe fortalecerse, pero también existe un universo importante de personas cuyo paradero sigue sin esclarecerse. No debemos utilizar un indicador para explicar automáticamente el otro. Debemos mejorar la calidad de los registros, investigar las causas y medir resultados de búsqueda e identificación.
¿Quién está desapareciendo personas? ¿Existe reclutamiento forzado?
Hay distintas causas y no sería responsable atribuir todas las desapariciones a un solo actor o mecanismo. En algunos casos puede existir participación del crimen organizado; en otros, conflictos personales, delitos, desapariciones cometidas por particulares o incluso situaciones que inicialmente se registran como no localización y después se esclarecen.
El reclutamiento forzado es una hipótesis que debe investigarse caso por caso. No podemos convertir testimonios o casos aislados en una explicación general sin evidencia.
Lo que sí debemos exigir es una investigación inmediata desde el primer reporte. Las primeras horas son fundamentales. También necesitamos mejores bases de datos, interoperabilidad entre fiscalías, comisiones de búsqueda y servicios forenses, además de protección efectiva para las familias buscadoras.
Y aquí hay una obligación ética: no estigmatizar a las víctimas. Una persona desaparecida no deja de ser víctima porque exista la sospecha de que tenía alguna relación con actividades ilícitas.
¿Pueden seguir cayendo políticos o gobernantes vinculados al crimen organizado antes de las elecciones?
Si existen investigaciones sólidas y evidencia de vínculos criminales, debe actuarse independientemente del calendario electoral. Esa es precisamente la prueba de una institución de justicia madura.
Pero debemos separar una investigación de una acusación política. Llamar a alguien “narco-gobernador” antes de que existan pruebas y un proceso jurídico sólido puede convertirse en propaganda y terminar debilitando la lucha contra la corrupción.
La ciudadanía debe exigir dos cosas simultáneamente: cero impunidad y debido proceso. Si un funcionario protege, facilita o participa con una organización criminal, debe responder ante la justicia. Y si no existe evidencia suficiente, también debemos respetar la presunción de inocencia.
¿El caso de Baja California tiene equivalente en Sonora?
No afirmaría que existe un equivalente sin una investigación que lo demuestre. Sería irresponsable señalar personas, gobiernos o instituciones únicamente por analogía.
Lo que sí debemos reconocer es que la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas es un riesgo real en cualquier entidad. Por eso la prevención es fundamental: controles de confianza, investigación patrimonial, mecanismos de denuncia, inteligencia financiera, supervisión de contrataciones y una fiscalía con autonomía y capacidades suficientes.
En Sonora, como sociedad, debemos estar atentos a cualquier indicio de captura institucional, pero debemos hacerlo con evidencia. La seguridad no se fortalece señalando culpables sin pruebas; se fortalece construyendo instituciones difíciles de capturar.
¿Es correcto que México haga todo para evitar que la ONU declare las desapariciones como delito de lesa humanidad?
La premisa requiere una precisión importante. No debemos afirmar que el gobierno mexicano esté haciendo “todo” para evitar una declaración de ese tipo sin evidencia suficiente.
Lo que sí sabemos es que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha mantenido un escrutinio importante sobre México y en 2026 reiteró preocupaciones sobre desapariciones, identificación de restos, participación de las familias y cumplimiento de recomendaciones anteriores.
Desde una perspectiva ciudadana, la discusión debería centrarse menos en la etiqueta jurídica y más en el fondo: que las desapariciones se investiguen, que las familias tengan verdad y justicia, que los restos sean identificados y que quien resulte responsable sea sancionado.
México no gana nada confrontándose con los organismos internacionales. Gana fortaleciendo sus instituciones y demostrando con resultados que puede buscar, localizar, identificar e investigar.
¿Qué opinas del caso de Chihuahua y del exfiscal señalado por traición a la patria?
Es un asunto que debe analizarse con mucha cautela. Una acusación de esa naturaleza tiene consecuencias enormes y no debería utilizarse como argumento político antes de conocer plenamente los hechos, las pruebas y el proceso jurídico.
Como ciudadanos no nos corresponde dictar sentencia. Nos corresponde exigir que cualquier investigación contra un funcionario, exfuncionario o institución se conduzca con legalidad, transparencia y debido proceso.
También debemos evitar una lógica peligrosa: que todo funcionario que investigó al crimen organizado sea automáticamente héroe o villano según la posición política de quien lo juzga. La pregunta correcta es: ¿qué hizo, qué evidencia existe y qué determina la autoridad competente?
La justicia debe estar por encima de las coyunturas partidistas.
¿Consideras auténtico el combate al crimen organizado de García Harfuch o es parte de la narcopolítica?
Hay elementos objetivos para reconocer que existe una estrategia de inteligencia, investigación y coordinación que ha producido resultados operativos. La SSPC reporta una reducción importante del homicidio y miles de detenciones, aseguramientos y desmantelamiento de infraestructura criminal.
Eso no significa que debamos otorgar un cheque en blanco al gobierno. La seguridad se evalúa por resultados sostenibles, no por conferencias de prensa. Hay que revisar detenciones que lleguen a sentencia, aseguramientos que realmente afecten las finanzas criminales, investigaciones que desarticulen redes y reducción de delitos que afectan cotidianamente a los ciudadanos.
Mi posición sería equilibrada: reconozcamos lo que funciona, cuestionemos lo que no funciona y pidamos transparencia sobre los resultados. La seguridad debe dejar de ser una discusión de simpatías políticas y convertirse en una política pública evaluable.
Consideración final: seguridad y elecciones
Inevitablemente, seguridad y crimen organizado estarán presentes en el debate electoral de México y Estados Unidos. Precisamente por eso debemos evitar que la seguridad se convierta solamente en un instrumento de propaganda.
Desde los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública de Sonora y Hermosillo insistimos en una idea sencilla: la seguridad debe medirse con datos, evaluarse con independencia y construirse con corresponsabilidad.
Hay avances que deben reconocerse. Hay problemas que siguen siendo graves. Y hay instituciones que todavía necesitan fortalecerse.
Nuestro papel como ciudadanos no es aplaudir ni descalificar por sistema. Es exigir resultados, transparencia, coordinación y justicia. Porque al final, más allá de las narrativas políticas, lo que le importa a una familia es algo muy concreto: poder vivir, trabajar y regresar a casa con tranquilidad. @