Invasores de casas: entre la necesidad y la ilegalidad

[vc_row parallax=”” parallax_image=”” hide_border_bottom=”” dark_section=”” no_bottom_padding=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

“La CNDVP tiene su origen en la ofensiva contra el interés social y público del gobierno de Felipe Calderón y fue la política de privatización y de despojo del Infonavit las causas que dieron origen a nuestra organización popular. Debemos reconocer que en nuestra  organización la dirección está formada por militantes de la izquierda radical, socialista, revolucionaria, sin embargo entre nuestras bases y cuadros medios el panorama ideológico es más amplio por tolerancia a esta diversidad”: comunicado de prensa.

Ramón Santoyo Valenzuela

SAN LUIS RIO COLORADO.- Hay cientos de casas en la ciudad que se encuentran en total abandono: vandalizadas, graffiteadas, sin puertas ni ventanas, convertidas en picaderos para adictos que en algún tiempo pertenecieron a alguna familia y ahora son el objetivo de la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Vivienda Popular (CNDVP). Una agrupación de supuestos luchadores sociales que se encargan de empoderar a las personas vulnerables sin techo motivándolas para poder hacerse de una vivienda, un patrimonio, un lugar donde pertenecer y frenar las inclemencias de los climas tan extremosos de la ciudad.

“Tú buscarás una casita que sea de tu agrado, obviamente ésta no tendrá nada más que la pura estructura, paredes y techo, ya tú te meterás a ella y por mil 400 pesos nosotros te daremos nuestro apoyo”, comenta Ana Aidé

Angulo Amador, operadora local del movimiento social.

Y continúa: “Con eso aseguras que nosotros te defendamos cuando algún policía o abogado te amenace con demandarte o desalojarte de la casa, ellos no podrán sacarte porque no pueden entrar a la casa y una demanda no procede pues ni tu nombre conocen”.

El trámite de defensa es muy sencillo, asegura Ana Aidé Angulo, “solo necesitas traer tu IFE (INE), la CURP, acta de nacimiento y el monto por mil 400 pesos, después ocuparás 5 mil pesos para el trámite de preinscripción de la casa, lo cual es el juicio que se prolongará hasta por 5 años, pasando ese lapso la casa ya será tuya”.

El costo de la casa es incierto para el invasor-necesitado, pues hay viviendas que pueden costar 50 mil pesos, dependiendo de cómo se encuentre al momento de realizar la invasión, por eso, la operadora local de la agrupación sugiere fotografiar el lugar.

Citados en el parque Cuaniuc una joven mujer con dos niñas se encuentra con Ana Aidé Angulo y Lulú para hablar acerca de cómo pertenecer a la agrupación y qué es lo que tiene que hacer para hacerse de un hogar de manera sencilla. “Tú solo llegas, nosotros te echamos la mano a cerrar ventanas y puertas y ya estando ahí nadie te sacará, si en algún momento te tratan de sacar con una sola llamada que hagas nosotros llegaremos y te daremos auxilio”.

Las casas ya poseen dueño pero por falta de créditos o simplemente por mala administración se encuentran en estado de abandono. “Ya nadie vive ahí, entonces aprovecha ese hueco para entrar, con los 3-5 años que dure el juicio la casa ya estará a tu nombre y ahora sí, te tocará pagar el precio que normalmente es un 40% menos del valor real de la casa.”

Miguel Sandoval Arvizu es un abogado local quien lleva una demanda en contra de Cesar del Pardo Escalante, líder de la Coordinadora Nacional para la Defensa de Vivienda Popular. Para él, dicha agrupación no es más que un grupo de mafiosos comparables con los que entregan placas al estilo de la Condefa. “Estas personas se están haciendo millonarias, robándole a las constructoras y después vendiéndoles esas casas a los necesitados”, afirma.

En su despacho repleto de figurillas hechizas con ixtle, asevera: “Cesar del pardo Escalante, es una agitador profesional, él hace negocio”.

“Ellos se organizan en la noche e invaden las casas, por eso escogen viviendas vacías de los fraccionamientos, se meten, agarran la casa y luego le dicen a las personas necesitadas ‘está una casita barata, con 15 mil pesos en abono quédate con ella’. Escogen casas que se encuentran en Misión del Sol, Chula vista 1, 2 y 3”, señala.

Quienes aseguran ser los principales damnificados en la ciudad por dicha asociación, es la constructora Alianza Homes SAPI de C.V. perteneciente al ingeniero Pedro León Sánchez.  Aseguran que la agrupación los ha “despojado” ya de 43 casas distribuidas en los fraccionamientos Chula Vista 1, 2 y 3 y Misión del Sol.

*“Nosotros no vendemos las casas, el dinero es para la lucha”

En entrevista telefónica César del Pardo manifiesta que las constructoras “son acaparadores que hacen casas y las maquilan; si nosotros vemos un pequeño hueco legal, nos posicionamos de las viviendas, este hueco consiste en que las casas que obtenemos todavía tienen la clave catastral del 2013; nosotros nos apoderamos de las viviendas, las preinscribimos y ya que nos conteste el dueño pedimos que anule la representación legal.

“Nosotros no vendemos casas, nosotros no pedimos dinero por casas, nosotros le decimos a la gente que se meta a la vivienda cuando ésta tiene una vulnerabilidad jurídica y después luchamos por que se mantenga por tiempo indefinido (dicha vulnerabilidad) haciendo el conflicto social, y cuando el tiempo nos lo permite la preinscribimos como nos lo marca la ley, a esto se le llama preinscripción adquisitiva”, afirma.

Respecto a los montos económicos que se le piden a las personas para “inscribirse” a la asociación, César del Pardo explica que “en un tiempo nosotros pedíamos mil pesos para hacer la asociación civil, que en realidad es también para cubrir gastos, después les pedimos para la preinscripción de la casa, yo tengo ese dinero, dicho monto es intocable, eso es para cuando la comisión nos lo pida (gasto para los abogados), el dinero que pedimos es para continuar con la lucha, no es para lucrar.”

Asegura tener solo 40 mil pesos depositados en su cuenta, provenientes de la ciudad de San Luis. “Nosotros solo hemos recibido 5 mil pesos de 14 personas ahí en San Luis…”, lo cual suma 70 mil pesos, no 40.

*La culpa no es de invasores ni acaparadores, sino del municipio

Ambos bandos del conflicto se encuentran de acuerdo en una cosa: “El problema lo generó el ayuntamiento”. El abogado Miguel Sandoval asegura que el municipio tiene parte de la culpa que existan estas invasiones, pues la policía preventiva no está trabajando de manera en la que evite que personas invadan viviendas que no les corresponden.

“Oyeme, estás viendo que un individuo está entrando a una casa, y no le dices nada, lo dejas ir, obviamente ellos se quedan ahí, ellos están robando y la policía no hace nada”. Por otro lado César del Pardo, manifiesta que es obligación del gobierno proveer viviendas a todos los ciudadanos. “Lo que nosotros queremos es que se negocien esas viviendas y que el gobierno les ofrezca una alternativa a estas personas que tienen una necesidad de vivienda… la gente que invade, es la gente más necesitada, ellos no tienen nada. El gobierno federal y estatal debe de reconocer que es un sector de la población que debe de ser subsidiado”, menciona.

“Sí mija, mira, hay una casita ahí por el Chula Vista 1 de dos pisos y con jacuzzi, ve y apártala, no sabemos cuánto terminará costando, pero es de las más bonitas que hay ahorita en estado de abandono…”.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]