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FUERA DE LIBRETA / De amparos y otros recursos

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Sergio Haro Cordero

Hace más de un año que fue reformada la Ley de Issstecali para –supuestamente- rescatar la institución y mejorar las condiciones de los trabajadores gubernamentales, pero los resultados aún están por verse. Una de las partes que se le ha puesto poca atención es la relativa a la inclusión de los trabajadores de confianza que tendrían derecho a la seguridad social.

Pero el caso es que estos no fueron tomados en cuenta –dado que implica que les descuenten la aportación- y la medida provocó diversas reacciones. Entre estas un grupo de trabajadores del Cecyte –las prepas técnicas estatales- recurrieron a un amparo.

La respuesta institucional vino esta semana cuando fueron despedidos dos de los que buscaron el amparo de la justicia federal, Benjamín Martínez del área de recursos humanos y Mildred Benítez, subdirectora de programación y presupuesto. Eso ha creado un clima de incertidumbre entre los empleados de esa institución educativa, sobre todo porque se ha filtrado la información de que podrían venir más despidos.

Los empleados del Cecyte se quejan, dado que ahora les descuenta el doble por una aportación que –aseguran- lo menos que les da es seguridad. Y es que la situación es ambigua dado que ellos como empleados de una descentralizada no pertenecen al Sindicato de Burócratas sino a uno de la CROC, el Sindicato Poder Obrero. Eso significa que si hay un problema laboral deban recurrir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y no al Tribunal de Arbitraje que es el que conoce de los casos de los trabajadores de la burocracia y los gobiernos.

El tema es muy confuso, sobre todo para los empleados de Cecyte y hasta ahora, nadie se los ha aclarado.

Más amparos

A principios del año pasado desde el Poder Judicial se interpusieron unos recursos de inconstitucionalidad y un amparo contra la reforma de la Ley de Issstecali sobre todo en la parte esa relacionada con los empleados de confianza dado que significaba una fuerte erogación para el Poder Judicial y que financieramente no estaba contemplado, aunque finalmente les negaron el amparo.

Por cierto la que obtuvo un amparo provisional fue la Magistrada Miriam Niebla Arámburo, quien interpuso el recurso contra su remoción del Consejo de la Judicatura, espacio que ahora ocupa el magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda, hasta el miércoles de esta semana el Poder Judicial no había sido notificado de la decisión y a partir de recibir el documento tendrían diez días para responderlo y se adelanta que interpondrían un recurso de revisión, lo que implica que el tema siga pendiente durante varias semanas.

Pero además hay otros dos amparos pendientes, uno el del magistrado suplente Gustavo Medina contra su exclusión del proceso de elección de un magistrado numerario –para suplir la ausencia por el fallecimiento de Marco Antonio López Magaña, y el otro interpuesto por Víctor Fernández también relacionado con el mismo proceso de selección.

De obtenerlo se dice que el Congreso debería de elegir al magistrado entre los cinco aspirantes que llegaron al final de la primera convocatoria o en su caso –de rechazarlo- el Legislativo debería continuar este segundo proceso hasta la designación.

Nubarrones

El miércoles pasado durante la sesión de la Comisión de Legislación del Congreso local se abordaron varios temas, entre éstos una serie de modificaciones en áreas como el Tribunal Contencioso Administrativo donde se propone ampliar el número de magistrados, lo que ha causado el recelo al interior del organismo por la falta de lógica de la propuesta donde quedarían en número par, lo que a la hora del pleno posibilita un empate.

Además en el paquete de reformas se incluye la creación de una Contraloría Interna con una designación externa, desde el Congreso del Estado –similar a lo que ya pasó con la Comisión de Derechos Humanos- pero en el TCA no ha sido bien recibida esa opción dado que lo consideran una suerte de intromisión.

Parece que la idea es que todos los órganos autónomos cuentan con una Contraloría designada desde el Congreso del Estado y eso incluye al Instituto Estatal Electoral y a la Universidad Autónoma de Baja California donde parecen tampoco estar de acuerdo.

Entre extorsiones te veas

Se fue a nota nacional la detención en Hermosillo del exdirector de Comunicación Social en la administración estatal encabezada por el panista Guillermo Padrés. Se trata de Jorge Morales Borbón, quien es muy conocido en Baja California dado que durante años fungía como director editorial de Periódicos Healy, el grupo que edita El Imparcial en Sonora –donde es el líder- y Frontera y La Crónica en Baja California. Lo acusan de extorsión y de pedir “mochada” de la misma tajada de publicidad que autorizaba.

Es un tema complejo, sobre todo en el contexto de una serie de acusaciones contra Padrés y su equipo, la gran mayoría relacionadas con el presunto mal uso del dinero público, el tema anterior tuvo que ver con el decomiso de varios millones de pesos en efectivo a un exempleado del ex gobernador blanquiazul.

Esto pasa en una entidad dominada históricamente por el priista tradicional –la cabeza es el propio ex gobernador Manlio Fabio Beltrones, ahora líder nacional del tricolor- y resalta en la memoria un espectacular instalado ahí en 1990 a un lado del puente después de cruzar de Mexicali hacia San Luis con la frase de “De aquí no pasarán”, en relación al entonces aún fresco triunfo de Ernesto Ruffo y el panismo.

 Pero los azules no solo pasaron sino que los humillaron en las urnas en el 2009, por eso el contexto revanchista. Pero eso es una parte, la otra tiene que ver con una serie de concretas denuncias de empresarios esquilmados por varios funcionarios, entre ellos Jorge Morales.

Y ya han empezado las menciones de la estrecha liga con el actual funcionario –también en Comunicación- del equipo de Kiko Vega, Jorge Cornejo quien es el que define contratos y adjudicaciones de las partidas publicitarias en el gobierno bajacaliforniano y quien evidentemente no las trae todas consigo en el trato con los medios locales. También hay que meter en ese contexto la denuncia por extorsión que hizo el propio gobierno estatal aquí contra Periódicos Healy –desplegado firmado por los cinco alcaldes y el gobernador Kiko Vega.

Total que el tema de la publicidad está tronando, a la par que sigue en el congelador la propuesta para profesionalizar el uso de esas partidas.

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