Abogados de BC, a la expectativa por Ley Anticorrupción

MEXICALI, BC 17 de mayo de 2016.-Aunque en los estados está pendiente la publicación de la reforma constitucional anticorrupción, de lo que pueden interpretar los Magistrados Numerarios de la nacional, es que pasarán a fungir como juzgados penales en materia administrativa.

Invitado a la Asamblea Ordinaria del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa A.C.”, que preside el Lic. Gerardo Salcedo García, el magistrado Numerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del Estado de Baja California, Lic. Carlos Rodolfo Montero Vázquez, habló de la expectativa que encierra esta nueva legislación.

Actualmente la resolución de un procedimiento de responsabilidades a un servidor público es dictada por Sindicatura o Contraloría, pero se espera que estos pasen a ser una especie de ministerios públicos y los asuntos sean consignados al TCA con la figura de juzgado penal administrativo.

Lo anterior representaría mayor trabajo para el TCA, que tiene algunas particulares; considerando que son a los policías a los que más se les inicia procedimientos de responsabilidades.

Y es el único Tribunal a nivel nacional que al emitir su fallo da la opción al Gobierno del Estado y dependencias, más no los obliga, de reinstalar al servidor público ya sea policía, perito, ministerio público, etcétera, lo cual no sucede en otros estados cuando se declara nulo el procedimiento, detalló Montero Vázquez.

No obstante, son pocos los casos que se han presentado en Baja California de reinstalación bajo el esquema donde ambas partes llegan a un acuerdo, lo cual hace referencia a lo que es el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) próximo a entrar en Tijuana.

La tendencia a nivel nacional es la oralidad en los procesos penales, civiles y mercantiles, pero no en materia administrativa, pues cabe mencionar que el TCA como autónomo no depende del Poder Judicial quien impulsó el NSJP.

“Sin embargo nosotros también queremos ver la oralidad en juicios administrativos desde una multa, licitación, en cualquier falta administrativa, por ejemplo, si una multa es de 8 mil pesos nosotros la declaramos válida o la destruimos, es una u otra, con la oralidad tenemos la oportunidad de sentar a la autoridad y al particular para que lleguen a un acuerdo”, abundó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Lic. Gerardo Salcedo García, hizo un exhorto a la comunidad jurídica a la actualización debido a la serie de reformas y a la ley sobre colegiación que se encuentra en proceso, “necesitamos estar capacitados y preparados para poder cumplir con las nuevas legislaciones”.