Siguen cayendo…y los que faltan

Uno tras otro, como castillo de naipes han ido cayendo los funcionarios de la pasada administración, encabezada por el ex gobernador Guillermo Padrés, preso en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México,  todos acusados de haber desviado millonarias cantidades de dinero público para sus cuentas particulares.  Esta semana le tocó al ex secretario de Gobierno, Roberto Romero y a su esposa, la ex diputada Mónica Robles.

 

Humberto Melgoza Vega

 

La tarde del pasado lunes, la noticia viajó a la velocidad de la luz a través de las redes sociales: desde su cuenta de Twitter, el periodista sonorense Gustavo Valenzuela soltó la primicia: habían detenido en Tucson al que fuera todopoderoso secretario General de Gobierno, Roberto Romero López, junto con su esposa la ex diputada panista Mónica Robles Manzanedo.

Una fuente de primer nivel del lado americano le había pasado el tip, que fue retomado a nivel extraoficial por la mayoría de los medios digitales y que horas más tarde la Procuraduría General de la República (PGR) hiciera oficial a través de un comunicado de prensa.

En el boletín, la PGR confirmó la detención de Roberto Romero y esposa “como resultado de las labores de inteligencia y alertas establecidas por la Oficina Central Nacional Interpol-México de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con la colaboración de la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos de América (ICE, por su siglas en inglés)”.

Al igual que una decena de ex funcionarios de la pasada administración estatal, tanto Roberto Romero como Mónica Robles cuentan con una orden de aprehensión emitida por el Juez Segundo de Distrito, son investigados por el delito de tráfico de influencias y falsedad de declaraciones ante la autoridad judicial, en agravio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

De acuerdo a la investigación, Romero López aprovechó su posición como secretario General de Gobierno del Nuevo Sonora y, en complicidad con su esposa, desviaron millonarios recursos federales para empresas particulares.

En la ficha roja emitida por la Interpol se asienta que Roberto Romero López, nacido el 18 de abril de 1972, acusado de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, “obtuvo recursos económicos de los programas destinados a agricultores y ganaderos del estado y estos recursos fueron desviados para beneficiar a la empresa Real Rom SA de CV, en la cual es accionista mayoritario”.

Desde el 31 de enero de 2016, Romero López era oficialmente prófugo de la justicia y acompañado de su esposa, pareja a la que ahora llaman en redes “Bonnie and Clyde”, huyeron hacia los Estados Unidos.

A salto de mata, Roberto y Mónica se movían entre San Diego, Phoenix y Tucson, en Arizona, esta última ciudad donde finalmente fueron detenidos el pasado lunes por agentes de la Interpol y los US Marshall, quienes lo pusieron a disposición de las autoridades migratorias.

Roberto Romero y su esposa se encuentran detenidos en la Prisión Estatal de Florence, Arizona, en espera de ser deportados a México, donde enfrentarán lo cargos fincados tanto en la PGR como en la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), creada ex profeso por la gobernadora Claudia Pavlovich y que se ha estrenado “empapelando” al gabinete padrecista en pleno.

En esa misma prisión se encuentra encerrado el ex secretario de Hacienda, Carlos Villalobos Organista, quien el pasado 4 de abril fue detenido en San Diego por la Interpol, investigado por un desfalco que rebasa los 600 millones de pesos.

Sobre la detención de estos ex funcionarios de primer nivel la gobernadora Claudia Pavlovich apuntó que esperaría la extradición y su puesta a disposición de la PGR, que es la instancia que trae el caso, aunque también tienen orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora

“Una vez que se encuentren en nuestro país procederemos de manera legal, pero finalmente tenemos que respetar el proceso, porque fue a través de ellos (PGR) que se detuvieron allá, respetar los procesos de extradición y finalmente ver qué es lo que va a proceder aquí con la Fiscalía”, expresó la gobernadora, tras indicar la importancia de que los recursos millonarios desviados sean reintegrados al estado.

Se cierra la pinza

El pasado miércoles, elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado detuvieron en Hermosillo al empresario Mario Aguirre, en respuesta a una orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de despojo y falsedad de declaraciones en perjuicio de la empresa Mezquital del Oro.

Tras su detención, se prendieron los focos de alerta porque Mario Aguirre es pieza clave en la investigación que lleva la PGR por lavado de dinero al ser quien usó la banca estadounidense para transferir 3.3 millones de dólares a nombre de los hermanos Guillermo y Miguel Padrés como parte de los “moches” por concesionarle la fabricación de uniformes escolares, los cuales fueron repartidos de manera gratuita durante el pasado gobierno, una de sus principales banderas que resultó un gran negocio.

Además de Guillermo Padrés y su hijo, Guillermo Padrés Dagino, presos desde noviembre de 2016, el ex gobernador en el Reclusorio Sur y el junior pasó en enero del  penal de máxima seguridad del Altiplano a uno estatal en Morelos, por el blanqueo de capitales que asciende a 8.8 millones de dólares también son investigados Mario Aguirre, Miguel Padrés Elías y Roberto Dagnino, el cuñado incómodo.

Desde el inicio de la administración anterior, Roberto Romero se enemistó con Roberto Dagnino por la concesión de obra pública, ya que cada quien traía a sus constructores consentidos, a quienes pasaban los contratos a cambio de generosas “mochadas”.

Miguel Padrés, “el rico de la familia” –como lo llamó su hermano el ex gobernador–, también formaba parte de esta trama, ahora es buscado por la PGR y se dice anda escondido en algún lugar de Canadá, mientras que a Roberto Dagnino, de acuerdo al rastreo de una de sus tarjetas de crédito, la última vez lo ubicaron en Francia. @