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Juicio a ex presidentes, ¿sed de justicia o ganas de show?

Recién transcurrida la elección intermedia de 2021, ahora se avecina una consulta popular que los seguidores del actual gobierno federal consideran una necesidad histórica e institucional, de hacer responder a los ex presidentes por los que consideran abusos del pasado, pero la oposición considera que es un nuevo circo de López Obrador y 500 mdp para una consulta inútil.

Juan José Razzo

SAN LUIS RÍO COLORADO.- Apenas a principios del presente mes, los consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron la papeleta que se utilizará para la consulta popular sobre un posible enjuiciamiento a ex presidentes de la República, la cual se realizará el 1 de agosto de 2021.

La papeleta.

La boleta para el primer ejercicio de consulta popular en México, presenta la leyenda: “Esta consulta tiene como objetivo conocer tu opinión acerca de si se deben esclarecer o aclarar hechos de importancia histórica y política ocurridos en México, con la finalidad de que las autoridades competentes, en su caso, determinen cómo actuar y los mecanismos a implementar respecto a las y los posibles responsables y víctimas”.

En ese sentido, muestra la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Los ciudadanos sólo podrán marcar el recuadro “Sí” o “No” para emitir su opinión en la consulta popular que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de conocer la opinión de la ciudadanía sobre si se debe llevar a juicio a los ex presidentes de México Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Por otra parte, durante dicha sesión en la que se aprobó la consulta, consejeros electorales reprocharon que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no haya aprobado la ampliación presupuestal que pidió el INE para organizar y llevar a cabo la consulta popular, por lo que esta situación obligará al órgano electoral a hacer reajustes a su presupuesto de este año.

Los seguidores del actual gobierno federal consideran una necesidad histórica e institucional, de hacer responder a los ex presidentes por los que consideran abusos, pero la oposición considera que es un nuevo circo.

Avanza organización regional

El vocal secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 01 del INE en el noroeste de Sonora, Juan Carlos Pacheco Sánchez, manifestó que continúan en el avance de los pormenores para realizar esta consulta en la región.

Durante la elección constitucional del 6 de junio pasado se instalaron 507 mesas de votación en los trece municipios que incluye esta demarcación con cabecera en San Luis Río Colorado, pero para la consulta popular se reducirán a 186, dijo, por lo que la determinación territorial se ampliará.

En pocas palabras, cada casilla electoral incluirá una mayor área geográfica y, por lo tanto, un mayor número de votantes.

Ejemplificó que en el caso del centro comercial antiguo de San Luis en cada elección constitucional se colocan aproximadamente diez casillas, pero en el caso de la consulta popular será sólo una.

Pacheco Sánchez agregó que también se reducirá el número de funcionarios electorales que estarán en cada mesa de votación, pues en las elecciones normales son seis por cada casilla, pero en la consulta serán tres: Un presidente, un secretario y un escrutador.

Aparte de las razones presupuestales que ha dado el INE a nivel nacional para justificar que no puede realizar una consulta más amplia, también está el hecho de la disponibilidad de las personas, comentó Pacheco Sánchez, “pues no es tan fácil que la gente quiera participar (como funcionario de casilla)”.

Por otra parte, estimó que también se justifica menos personas encargadas de cada centro de votación porque la elección misma es menos complicada, en lugar de tener una serie de partidos en la boleta, aquí sólo se trata de cruzar “Sí” o “No”.

El vocal secretario del INE local, Pacheco Sánchez, informó que el miércoles pasado se hizo la selección de las personas que estarán a cargo de las casillas a partir del listado nominal, para empezar a convocarlas y, en caso de que no acudan, se hará uso de la reserva de los insaculados del pasado proceso electoral o de quienes ya estuvieron como funcionarios electorales.

Expresó que no debe descartarse el supuesto de que los funcionarios electorales finalmente se tomen de las personas que hagan fila en las mesas electorales el día de la consulta, en caso de que no acudan las personas que fueron convocadas mediante las acciones mencionadas con anterioridad.

Citó que todavía están recibiendo instrucciones sobre lo que sucederá con diversos detalles, en comparación con los comicios constitucionales, como es el caso de si se colocará una pancarta en el exterior de donde estuvo la mesa de votación, con los resultados obtenidos en el lugar.

Por otra parte, ya desde septiembre pasado y para el enjuiciamiento a los ex presidentes de México, se instaló una mesa receptora en el parque Juárez para que los ciudadanos expresaran su sentir y pudieran comentar si están de acuerdo o no con esta propuesta.

El en ese momento encargado de despacho de la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Luis, Arturo Avendaño Barbuzón, observó que el objetivo era recabar de 3 mil a 3 mil 500 firmas, que es el 2 por ciento del padrón electoral de San Luis Río Colorado.

Después las mesas receptoras donde los ciudadanos acudieron a firmar, se colocaron en otros sectores de esta frontera de Sonora.

Por otra parte, y en lo que pareciera ser el desquite, la senadora Lilly Téllez, ex de Morena y ahora del PAN, presentó una iniciativa en el Senado para llevar a juicio político al presidente Andrés Manuel López Obrador, que de aprobarse lo llevaría a la destitución y a la inhabilitación para ocupar un cargo en el sector público.

“Esta va en serio, no como la inútil pregunta de la consulta”, dijo la legisladora y ex conductora de noticias en redes sociales en referencia a la consulta promovida por López Obrador para enjuiciar a sus antecesores.

Desde meses atrás, la senadora ha criticado en múltiples ocasiones al presidente, además de señalar constantemente lo que considera “torpezas políticas”, como el más reciente caso en el cual México se negó a suscribir un acuerdo de la ONU que firmaron 59 países para que en Nicaragua liberen a los candidatos presidenciales presos y haya elecciones libres.

De su parte, el ex presidente Vicente Fox Quesada manifestó al actual titular del Ejecutivo federal que “la consulta es una verdadera jalada”, pues carece de sentido realizarla porque no tiene efectos jurídicos.

Expresó que si hubiera elementos legales ya se hubieran iniciado los procedimientos respectivos, para aclarar cualquier eventual responsabilidad de los ex mandatarios por algún acto de gobierno.

A diferencia de la elección constitucional en la cual el cómputo y revisión oficiales inician el miércoles siguiente al día de la elección, en el caso de la consulta popular del 1 de agosto, dichos procedimientos empezarán de inmediato en cuanto los paquetes de las mesas de votación lleguen a las instalaciones del INE.

Cifras de la consulta

En todas sus etapas, la organización de la consulta popular del próximo 1 de agosto, en la que los ciudadanos decidirán si se emprende el esclarecimiento legal de decisiones tomadas en el pasado por actores políticos a fin de garantizar justicia a las víctimas costará, aproximadamente, 528 millones de pesos, de acuerdo con información del INE.

Según la planificación, serán instaladas entre 50 mil y 59 mil mesas receptoras de la consulta popular para la admisión de la opinión de la ciudadanía en toda la geografía nacional, explicó.

Agregó que el proceso de consulta iniciará formalmente el 15 de julio, lo que implica que toda la organización tiene que quedar lista antes de esa fecha.

Casi 94 millones de electores podrán ejercer su prerrogativa ciudadana y participar en la consulta popular en puerta, convocada por el Congreso de la Unión a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Constitución establece que el resultado de la consulta popular “será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes” si la participación total equivale, mínimo, al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores, que a la fecha equivaldría a unos 37.5 millones de ciudadanos.

Las consultas populares se realizarán el primer domingo de agosto, ordena también el Artículo 35 constitucional sobre los derechos de la ciudadanía.

La Ley Federal de Consulta Popular, reglamentaria de la fracción VIII del Artículo 35 referido, regula el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular y tiene la finalidad de promover la participación ciudadana en dichos ejercicios democráticos.

Sólo basta mencionar que diversos analistas políticos y miembros de la oposición, como varios de los ex presidentes, estiman que esa palabra de “vinculatorio” tiene un sentido tan ambiguo y amplio que ha servido para entablar juicios sexenales contra los “caídos de la gracia” y que al cambio del gobierno en turno salen libres sin más. @

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