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Gobierno de AMLO desarma monopolio de gaseras

El control de precios del gas Licuado de Petróleo (LP) puede generar más problemas que beneficios, pues crea precios artificiales que distorsionan los mercados, ya que no se consideran los costos reales requeridos para distribuir el producto, aseguran los distribuidores adheridos en Amexgas.

Juan José Razzo

SAN LUIS RÍO COLORADO.- Ahora el gobierno federal parece que agarró el toro por los cuernos en el asunto de la comercialización del gas doméstico, la cual se encuentra desde hace décadas monopolizada por dos familias en el país, pero se registraron las clásicas resistencias mientras la gente está disfrutando de un respiro al bajar uno de los principales costos de los hogares.

Desde el domingo 1 de agosto pasado entró en vigor el decreto emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que estableció los precios topes del gas doméstico en las diferentes regiones jurisdiccionales del país.

Entre diversas declaraciones, los funcionarios de la federación indicaron que se trata de medidas para beneficiar la economía familiar, por lo que al mismo tiempo se lanzó la comercialización de Gas Bienestar, la cual esperan mantener en precios más baratos que los de la competencia privada.

En tanto, en la capital del país y diversas regiones, distribuidores y conductores de vehículos cisterna (piperos) iniciaron paros tras conocerse el decreto regulador de su actividad, al argumentar que se afectan sus comisiones y ganancias con las que actualmente apenas sacan los costos de la actividad.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en San Luis Río Colorado, Leonardo Limón Ceja, declaró que esta disminución en el precio del gas doméstico representa una ayuda no sólo para los propietarios de negocios establecidos como restaurantes, sino también para aquellos que venden comida en puestos fijos, semifijos y ambulantes.

“Ayuda a la gente que vende burritos en las calles, los que venden comida en un puestecito. Sin duda ayuda porque gastan menos”, comentó.

Agregó que obviamente también es un beneficio para las familias sanluisinas, “ahorita en verano podemos decir que gastamos menos gas, pero en invierno por los calentones de agua, una familia de papá, mamá y dos hijos gasta un tanque grande por mes, entonces sí ayuda”.

Refirió que estas medidas de la autoridad también permiten que la gente tenga un poco más de recurso económico para adquirir otros productos en el comercio establecido, por lo que hay circulante en el municipio.

Por otra parte, de acuerdo con el gobierno federal este decreto se enmarca entre las medidas para lograr la reactivación económica en México, la cual se ha rezagado debido a la contingencia por la pandemia de Covid-19, sobre la cual se analizan más acciones en el paquete fiscal 2022.

Confusión con el precio

Para quien recibe los telefonemas con las órdenes dirigidas a los repartidores de tanques de gas doméstico, o sea la despachadora de una empresa del ramo, Guadalupe Hernández, ahora con el decreto se dio una confusión con los precios del combustible de uso en estufas y calentones hogareños.

Explicó que una cosa es el producto vendido en litros y otra en kilogramos, “si en el camión repartidor le llevan el tanque de gas a su casa, el de 30 kilos cuesta 653 pesos, pero si lleva su tanque y pide 30 litros en los centros de distribución van a ser 352 pesos”.

Así actualmente, con el nuevo precio tope de 21.74 pesos por kilogramo, la presentación tipo “minita” de 10 kilos cuesta 218.00 pesos; la de 30 o tanque mediano como ya se dijo 653.00 y la de 45 kilos o envasado grande vale 979.00 pesos, pero antes del decreto el kilogramo valía casi 27.69 pesos, por lo que el cilindro con capacidad de 45 kilogramos se tenía que comprar en mil 246 pesos.

También, con la tarifa anterior el tanque de 30 kilos costaba 831 pesos y la “minita” de 10 kilogramos un total de 277 pesos.

De acuerdo con los cálculos, el nuevo precio de este combustible doméstico es aproximadamente un 20 por ciento menor que el que se tenía hasta julio pasado y antes, pero ahora la cotización variará cada mes según los mercados aunque no deberá sobrepasar el precio tope de 21.74 pesos por kilogramo u 11.74 pesos por litro.

Hablando en plata, en el caso del cilindro más grande el ahorro familiar puede ser desde 250 y hasta 300 pesos, según la empresa distribuidora con la que adquieran el producto, pero es una ayuda mensual.

La despachadora pidió a la comunidad no confundirse porque una cosa son litros y otra son kilogramos, de hecho, 30 kilogramos representan un tanque mediano y 30 litros son poco más que una “minita”.

Manifestó que en las diferentes compañías gaseras se ha desatado una serie de llamadas de dudas por parte de los consumidores, debido a la confusión causada por los nuevos precios, así que se han dedicado a informar a la comunidad.

El asunto regulatorio

El control de precios del gas Licuado de Petróleo (LP) puede generar más problemas que beneficios, pues crea precios artificiales que distorsionan los mercados, ya que no se consideran los costos reales requeridos para distribuir el producto, y los distribuidores dejan de invertir en infraestructura, advirtió el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), Carlos Serrano Farrara.

El miércoles 28 de julio pasado la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la “Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo”, donde pide al regulador energético que establezca una metodología para fijar precios máximos en un plazo máximo de tres días, y la cual tendría una vigencia de seis meses.

En contraparte, Serrano objetó que para de verdad resolver el problema de los altos costos del combustible, se debe resolver su distribución ilícita, generar condiciones de competencia económica y combatir frontalmente el robo.

Agregó que se tiene que eliminar la regulación excesiva que paga el consumidor, pues por cada cilindro de 30 kilos de gas el consumidor final paga 30 pesos de costo regulatorio.

El precio del gas doméstico registró un incremento de 30.6 por ciento a tasa anual durante junio pasado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que el presidente de Amexgas señaló que es necesario que Pemex ya no incremente sus precios de venta del propano por encima del precio internacional, ya que eso influye en el costo final del producto.

“Lo que genera gas caro son básicamente tres puntos, el costo base de la molécula, el costo de la logística, ya que cuesta mucho distribuir el producto a las más de mil 200 plantas que hay en el país, y finalmente, los costos variables, que incluyen mano de obra, seguridad, costos regulatorios, precios de agua, gasolina, diesel y energía eléctrica. Todo esto impacta en el precio final”, explicó.

Aseveró que la Secretaría de Energía debe tener cuidado al decirle al público que los distribuidores de gas sacan una importante ganancia, cuando no es así.

“Las autoridades le dicen a la población que Pemex vende a 15.00 pesos y que el precio público es de 24.00 pesos, y que nosotros nos quedamos con nueve pesos, esta información es imprecisa ya que no se consideran los gastos de logística y regulatorios”, apuntó.

El presidente de Amexgas agregó que le da la bienvenida a la idea de Gas Bienestar, siempre y cuando la futura empresa estatal compita en condiciones de equidad y cumpla con la Ley Federal de Competencia Económica.

Destacó que la industria del gas LP genera más de 200 mil empleos directos y 500 mil indirectos en el país, lo que impacta en alrededor de 700 mil familias mexicanas.

Serrano Farrara indicó que una posible decisión de ampararse dependerá de los más de 400 agentes económicos que venden gas LP en el país, ya que ellos determinarán si ven afectados o no sus intereses.

De su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) señaló que la solicitud que realizó el gobierno federal a la Comisión Reguladora de Energía es contraria al mecanismo establecido en la Ley de Hidrocarburos, ya que se requiere de una declaratoria de ausencia de condiciones de competencia por parte del ente antimonopolios como condición necesaria y previa a una regulación de precios. @

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