Pandemia por Covid-19: la excusa perfecta para robar
La pandemia por el Covid-19 fue la coartada perfecta para convertir la administración encabezada por Jaime Bonilla en casi una dictadura en donde se violentaba la ley, se cometía extorsión, fraude y excesos, todo evidenciado desde las redes sociales oficiales, las cuales presumían supuestos logros que ahora los dejan vulnerables ante los procesos legales que se les vienen encima.
Cristian Torres Cruz
MEXICALI.- La pandemia de COVID-19 fue la gran excusa de la administración de Jaime Bonilla Valdez para violentar la ley, desde la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se cometieron muchas irregularidades, desde extorsiones, fraude y excesos, todos con el visto bueno del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez quien los presumía en redes sociales como logros de su gobierno.
Bonilla y sus funcionarios publicaban por todos sus canales de difusión sus acciones, incluso cuando no tenían injerencia o atribuciones para clausurar o cerrar empresas, las cuales ahora se convirtieron en las principales armas legales de los afectados.
Fernando Mijares García fue uno de los empresarios que lo perdieron todo luego de la clausura de su empresa dedicada a la creación de partes y componentes para la industria médica por lo que en los próximos días presentará denuncias en contra de diversos funcionarios estatales, que incluyen al ex titular de Salud, Alonso Pérez Rico, al actual diputado local Sergio Moctezuma Martínez López y hasta al mismo ex gobernador, Jaime Bonilla Valdez.
Para el empresario mexicalense, tanto Bonilla, Sergio Moctezuma y el mismo Pérez Rico “se delataron en redes sociales” luego de emprender una cacería de brujas contra el sector empresarial para aumentar su popularidad castigando a la iniciativa privada en medio de la pandemia.
Fue en la mañanera del 4 de abril cuando Jaime Bonilla Valdez en conjunto con Sergio Moctezuma, dieron instrucciones a los empresarios para que pararan todo tipo de actividades. En esa ocasión, el entonces titular de la STPS informó que cualquier empresa que pudiera ser esencial debería mandar un escrito y en un plazo de 48 horas personal de la dependencia ofrecería un dictamen para conocer si la empresa era “esencial o no esencial”.
El dueño de la empresa Solution 2T Mexicana así lo hizo el 9 de abril, mandó a sus trabajadores a casa a la espera de ser notificado sobre el estatus de su empresa, dictamen que nunca llegó.
Fue hasta el 13 de abril, 4 días después de cerrar, que la STPS encabezada por el mismo Martínez López realizó un operativo para clausurar varias empresas en Mexicali entre ellas Sky Works, los supervisores iban de empresa por empresa colocando sellos de clausurado.
Alrededor de las 8:00 de la noche de ese día, Julio Cesar Villanueva Ramírez y Brandon León identificados, por Mijares como empleados de la STPS, colocaron los sellos que pertenecían a la Secretaría de Salud, esto a los ojos de Héctor Tona Salcido, titular de la Unidad Regional Contra Riesgos Sanitarios en Mexicali.
Los funcionarios se apersonaron a la empresa Solution 2T y pese a tener varios días cerrada, colocaron un sello de suspensión en la puerta de la empresa, sin dejar documento o notificación alguna.
Para poder ingresar al Parque Industrial, personal de la STPS amenazó a los guardias de seguridad con utilizar la fuerza pública, por lo que finalmente les dieron acceso al lugar y fue así que se percataron que fue la propia dependencia la que encabezó los cierres.
A la mañana siguiente, Sergio Moctezuma presumió ante el gobernador Jaime Bonilla que acatando sus instrucciones para cerrar cuatro empresas, entre ellas Solutions 2T Mexicana, de igual manera publicaron en su página oficial de Facebook el reporte en donde fueron los mismos empleados de la dependencia quienes colocaron los sellos.
Esto sin mediar las consecuencias legales que pudieran representar ya que no se notificaron ni justificaron por lo que posteriormente negarían ante informes justificados de amparos su participación, en primera instancia la STPS y posteriormente la misma Secretaría de Salud.
Ante el desconcierto de los sellos, Mijares acudió el 15 de abril ante Héctor Tona Salcido, jefe del despacho de la Unidad Regional Contra Riesgos Sanitarios en Mexicali, quien le dijo que las acciones fueron por órdenes del mismo gobernador Bonilla.
Para el 17 de abril, Carlos Zárate Chávez, quien se ostentó como Director de Control Sanitario, presentó un informe justificado ante el juzgado federal señalando que los sellos fueron impuestos por la Unidad Regional de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Mexicali y no de la STPS.
El 24 de abril del mismo año, Sergio Salazar López y Edgardo Martínez Seseña, adscritos a la Unidad Regional de Protección Contra Riesgos Sanitarios retiraron los sellos de la empresa sin ningún escrito o acta circunstanciada, por lo que para el dueño, el estatus de la empresa se mantenía en la incertidumbre.
Tras un nuevo amparo con número 477/2020, Fabián Arnulfo Armenta Valdez, director del departamento de Inspección del Trabajo de la STPS negó que la dependencia hubiera impuesto algún sello.
Sin embargo, mediante videos subidos por los integrantes de un sindicato en redes sociales, Julio César Villanueva Ramírez y Brandon León serían quienes los colocaron, ambos funcionarios de la STPS, incluso ellos mismos se identificarían en un video subido a Facebook por la misma dependencia estatal.
Para entonces, las contradicciones ya no se podían mantener, en una declaración ante la Fiscalía General del Estado bajo la carpeta 10669, Héctor Tona Salcido señaló a Julio César Villanueva Ramírez, trabajador de la STPS, como el responsable de instalar el sello de suspensión a la empresa.
Para octubre del 2020, el nuevo titular de la Coepris, Marco Aurelio Gámez Servín, presentó su informe justificado en el que negó que personal de la Unidad Regional de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Mexicali hubiera cerrado el acceso al establecimiento, tampoco que existiera un expediente contra la empresa contradiciendo lo expuesto por Carlos Zárate Chávez, quien había reconocido supuestamente la imposición del sello el 13 de abril de 2020.
Héctor Tona Salcido fue dado de baja desde el primero de mayo de 2020 y se encuentra aparentemente bajo investigación por irregularidades que se desprenden de su labor al frente de la dependencia de salud.
Sin respuestas
En entrevista con el afectado, Fernando Mijares dijo que hasta el momento desconoce porque le fue impuesto el sello de suspensión de actividades ya que la empresa había detenido sus actividades de manera voluntaria esperando el dictamen técnico de la STPS.
Dijo que fueron inspectores de la STPS quienes colocaron el sello perteneciente a Isesalud en las puertas de la empresa, mientras observaba a Tona Salcido sin intervenir directamente.
“No nos quieren decir por qué lo pusieron, en algunas ocasiones nos han negado que lo pusieron y nosotros seguimos tratando de ver qué fue lo que pasó”, expuso.
Señaló que posteriormente se dieron cuenta que el 28 de febrero de 2020 la Unidad Regional de Protección Contra Riesgos Sanitarios ya no existía luego de que el Congreso le quitó todas las atribuciones a Isesalud y se las dio a Coepris.
“El gobierno de Jaime Bonilla decidió seguir manteniendo estas instituciones derogadas como activas e intentó confundir al público diciendo que era Coepris, la cual su decreto de creación fue en agosto del 2020 por lo cual empezó a existir hasta esta fecha”, señaló.
Dijo que para colmo, no fue ninguna institución de salud quien impuso los sellos sino la STPS, incluso indicó que en un video subido por la dependencia se observa cómo Sergio Moctezuma Martínez López ordenó a Julio Villanueva y a Brandon León a que se encargaran de clausurar la fábrica.
Mijares señaló que al revisar la carpeta de investigación se percataron que el titular de la Coepris, Marco Aurelio Gámez presentó una denuncia en contra de Héctor Tona Salcido a quien le atribuye colocar el sello a la empresa.
“Después de que lo niegan, ahora resulta que ponen una denuncia diciendo que quien puso el sello fue Tona Salcido por su voluntad y cuenta propia, lo cual la imposición del sello resulta ser un hecho fuera de la legalidad”, manifestó.
Mirajes García dijo que el valor aproximado de los daños asciende a más de 70 millones de pesos, sin contar el valor de las ventas que superan varios millones al mes.
Por su parte el abogado Víctor Barrios Cabrera indicó que los trabajadores del Gobierno del Estado no presentaron ningún aviso, o acta al momento de colocar los sellos, y que la STPS no tenía ninguna atribución legal para clausurar a las empresas.
“Todo acto requiere un aviso y un acta que lo fundamente y motive”, expuso el abogado.
Barrios Cabrera señaló que el titular de la STPS admitió ante el gobernador que fueron los responsables del cierre de las empresas lo que constituye un delito debido a la falta de atribuciones.
Por otra parte, dijo que se podrían tipificar diversos delitos, desde usurpación de funciones, abuso de autoridad, falsedad de declaraciones, entre otros.
Niegan atribuciones
Entrevistado al respecto, Luis Javier Algorri Franco, quien fue nombrado secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado a la salida de Sergio Moctezuma, dijo que de acuerdo al Consejo Nacional de Salud se determinó que únicamente las empresas esenciales podían operar durante la fase más álgida de la pandemia.
“Las autoridades estatales éramos únicamente auxiliares en ello, no éramos quienes determinábamos qué actividades se aperturaban y cuáles no, poco a poco, como el semáforo fue modificándose se iban aperturando otras actividades, no es un tema de la STPS”, reconoció.
Indicó que fue a través de la Secretaría de Salud que se cumplió el acuerdo y dependencias como la STPS solo eran auxiliares, sin embargo, bajo la solicitud de información 00516820 directamente a la dependencia reconocen que 70 empresas fueron “clausuradas o con aviso de cierre” por incumplir las medidas por COVID-19 en los primeros meses de 2020.
Cuestionado sobre la empresa Solution 2T específicamente señaló que le llegaron diversos recursos legales a los cuales se les está dando respuesta, dijo que cuando ocurrió el cierre, no se encontraba aún como titular de la dependencia pero pidió a los responsables acercarse para poderlos atender.
“La STPS no ha participado en ningún tema de cierres, no es una facultad de la Secretaría del Trabajo cerrar empresas, al contrario, lo que nosotros hacemos es fomentar el empleo”, enfatizó el funcionario marinista.
Se buscó una postura del diputado Sergio Moctezuma Martínez López sin embargo, al cierre de la edición de CONTRASEÑA no se había podido concretar una entrevista pese a contactarlo directamente.
Se pidió una postura a la Secretaría de Salud, la cual remitió a la Coepris el tema por lo que se entrevistó a Marco Aurelio Gámez Servín.
El funcionario estatal señaló que el tema se encuentra en la Dirección Jurídica de la dependencia por lo que todo el procedimiento se ha ido llevando conforme a la ley.
“Hasta la fecha no han demostrado que lo que han solicitado es correcto, tanto así que se han sobreseído algunos juicios de amparo”, argumentó.
Gámez explicó que al recibir la titularidad de la Coepris no existía un expediente sobre la clausura por lo que se hizo una investigación al personal que estuvo en ese entonces, por lo que aclaró que se trata de un tema jurídico que se sigue investigando.
Cuestionado sobre la existencia de la dependencia durante el cierre de la empresa dijo que es un tema que se encuentra específicamente en una denuncia por lo que no quiso opinar sobre el tema.
“Sí hemos visto que estas personas tanto el representante legal como el seudo abogado que traen han mentido a la autoridad, utilizado este tipo de medios o conversaciones con medios para seguir mintiendo a la autoridad”, manifestó.
Sobre la salida de Héctor Tona Salcido, ex titular de la Unidad Regional contra Riesgos de Salud, el funcionario señaló que fue la Secretaría de Salud quien lo dio de baja específicamente por un tema independiente a éste.
Dijo que en la pandemia muchas empresas estuvieron cerradas, algunas voluntariamente, otras cerradas por orden de la Coepris y otras que han “inventado haber perdido algo”.
Gámez Servín señaló que muchas personas perdieron la vida por la pandemia por lo que se tuvieron que tomar este tipo de acciones para salvaguardar la salud de la ciudadanía.
“Si se quieren aprovechar de la situación y mentir a la autoridad, ellos pueden también tener una responsabilidad”, advirtió.
-¿A quién le tocaba cerrar las empresas, a la STPS o a la Coepris?
-“Yo no estaba en ese momento pero específicamente con la STPS, la Secretaría de Salud, la Coepris y el Ayuntamiento inclusive andaban suspendiendo o avisando para que se cerraran empresas y es así como inicia, a mi llegada la Coepris se hizo un trabajo independiente, poniéndonos de acuerdo con las demás dependencias pero ya fue diferente, ya lo hicimos solos”, aseguró.
Las redes sociales los delataron
Derivado de la primera glosa de gobierno, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Sergio Moctezuma Martínez López compareció ante la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la XXIII Legislatura en donde informó de manera oficial que la dependencia suspendió a 756 empresas resguardando a 84 mil trabajadores por la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, la Secretaría no tenía atribuciones legales para clausurar o suspender a empresas que incumplían con las medidas sanitarias dictadas por la Secretaría de Salud a nivel nacional, esto dicho por su propio sucesor en el cargo.
La única dependencia con atribuciones para realizarlo era la Comisión Estatal para la Protección de Control Sanitario (Coepris), organismo descentralizado que fue constituido hasta el 21 de agosto de 2020.
Apenas el 9 de diciembre de 2019, el Congreso del Estado removió las atribuciones de control, fomento y regulación sanitaria al Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California (Isesalud), por lo que el 28 de febrero de 2020 modificó el artículo 19 de su reglamento interno desapareciendo las Unidades Regionales de Protección contra Riesgos Sanitarios de su estructura organizacional.
Del primero de marzo al 21 de agosto de 2020, existió un vacío legal en cuanto a quién tenía atribuciones para realizar la regulación sanitaria en Baja California ya que fue hasta ese día que se publicó en el periódico oficial del Estado el Decreto Ejecutivo para la creación de la Coepris.
Incluso al 21 de mayo de este 2021, la Coepris aún no contaba con un registro de inscripción ante la Secretaría de Hacienda, según el documento girado por Gustavo Alfonso Cerecedo Diego, Director de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.
Del total de empresas clausuradas, 414 de ellas fueron cerradas del 7 al 14 de abril, según lo informó el mismo Martínez López, titular de la STPS, en una de las “mañaneras” con el ex gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez.
Fue luego de semanas de crítica por parte de los medios de comunicación que el Gobierno del Estado reaccionó y empezó a realizar inspecciones y a suspender centros de trabajo.
Justificando la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor, el 8 de abril, Bonilla Valdez clausuró la empresa Smiths Medical, dedicada a la manufacturación de respiradores de exportación a Estados Unidos.
El propio ex gobernador declaró que la empresa utilizaba la mano de obra barata de trabajadores de Tijuana, sin embargo, la entidad no se estaba beneficiando de los respiradores que realizaban.
Luego de diversas negociaciones, la empresa fue reabierta y para el 9 de mayo del mismo año, terminó “donando” 5 ventiladores, 1200 circuitos respiratorios y 37 mil catéteres, práctica que se volvió común con empresas castigadas, y luego del perdón se volvieron benefactores del Gobierno Estatal.
Corrupción en Coepris
El 14 de junio de este 2021, el ahora ex gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez informó sobre la destitución de David Gutiérrez Inzunza, titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) por supuestamente operar una red de corrupción dentro de la dependencia.
“Descubrimos muchas irregularidades que ya saldrán a flote. En este gobierno no hay vacas sagradas, David Gutiérrez, una persona de toda su vida trabajando, pero, nos dimos cuenta de la red de corrupción que había que nunca la quiso parar y de hecho él encabezaba”, expuso el ex mandatario.
Bonilla Valdez señaló en su transmisión mañanera que Gutiérrez Inzunza “fue una verdadera vergüenza para este gobierno” y lo acusó de abusar de la confianza de los bajacalifornianos al negociar cirugías estéticas aprovechándose de su cargo.
Bonilla explicó que el funcionario pedía a clínicas privadas intervenciones quirúrgicas gratuitas para su familia y para él, utilizando a la Coepris como medio de presión.
Desde enero de 2021, los propietarios de bares en Tijuana habían denunciado actos de extorsión de personas identificadas como empleados de Coepris quienes aprovechaban las restricciones por la pandemia de COVID-19 para extorsionarlos.
Al día siguiente, el entonces Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico informó que al menos 11 funcionarios de la Coepris habían sido dados de baja por actos de corrupción luego de ser denunciados por aprovecharse de la pandemia.
El titular de Salud bonillista dijo que luego de la limpia en la dependencia llegaron un gran número de denuncias, algunos con fundamentos y evidencias. @