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Caso Alfredo Jiménez Mota: ni perdón ni olvido

En el crimen del reportero Alfredo Jiménez Mota  se entrelazan truculentas historias donde aparecen narcos, policías, políticos…y periodistas. En abril de 2005 cuando publicaba en El Imparcial una serie de notas sobre el cártel de los Beltrán Leyva y asociados en el sur de Sonora fue “levantado” y no se le ha vuelto a ver. A nombre del Estado mexicano, el miércoles el gobierno de AMLO pidió perdón a la familia.

Humberto Melgoza Vega

SAN LUIS RÍO COLORADO.- La noche del 2 de abril de 2005, el reportero Alfredo Jiménez Mota  habló por teléfono con una de sus compañeras de El Imparcial, le dijo que se vería con una de sus “fuentes de información”, a la que notaba presa del nerviosismo.

Años más tarde, dentro de la investigación del caso trascendió que esa fuente era Raúl Fernando Rojas Galván, subdelegado de Procedimientos Penales de la PGR, quien fue concentrado en la capital del país y luego dado de baja pero no se le procesó ni se ejerció acción penal en su contra.

Ese fue el último contacto que se tuvo con el periodista de 26 años, quien aún se encuentra en calidad de desaparecido porque sus restos nunca han sido localizados.

Desde entonces, sus compañeros del diario hermosillense El Imparcial y de El Debate y Noroeste de Culiacán, donde Alfredo hizo sus pininos, junto con sus padres y familiares no han cejado en su afán por esclarecer los hechos y exigir justicia.

Alfredo Jiménez Mota.

Ahora, 16 años después, a nombre del Estado mexicano la Secretaría de Gobernación de manera simbólica pidió perdón a la familia por las omisiones y la incapacidad por investigar y resolver el caso.

En el “Acto de responsabilidad y disculpa del Estado mexicano, caso: periodista Alfredo Jiménez Mota” realizado el miércoles en Empalme, Alejandro Encinas y el gobernador del estado Alfonso Durazo firmaron un acuerdo de resolución amistosa que entregaron a los señores José Alfredo Jiménez y Esperanza Mota, papás del reportero desaparecido.

El documento es un compromiso que asume el Estado mexicano ante organismos internacionales defensores de derechos humanos y de protección de periodistas a fin de generar la ruta de reparación integral del daño.

Con la firma de este acuerdo las instituciones del Estado mexicano deberán realizar acciones de investigación, búsqueda efectiva y medidas de no repetición, cuyo seguimiento estará a cargo de la oficina de asuntos internacionales de la Unidad para los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador encara el reto de garantizar la protección de las personas,  comunicadores y defensores de derechos humanos y de desterrar la práctica de la desaparición forzada, aunque reconoció que en lo que va de la presente administración 49 periodistas han sido asesinados. 

“Vengo en representación del Estado mexicano a reconocer la responsabilidad en la desaparición de Alfredo Jiménez Mota y vengo a ofrecer una disculpa pública porque el Estado mexicano no pudo garantizar y proteger la integridad de Alfredo, quien desde el ejercicio de su profesión como periodista contribuyó al fortalecimiento del periodismo, de la libertad de expresión y de las libertades en Sonora y en nuestro país”, manifestó el subsecretario.

Alejandro Encinas. Mea culpa.

En la ceremonia, Roberto Rock, vicepresidente de la Comisión de Impunidad y Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en el gremio se ejerce el oficio bajo el asedio y la amenaza tanto de grupos criminales como del propio gobierno.  

“El caso de Jiménez Mota obligó al gobierno de Vicente Fox a crear en sus últimos meses el actual mecanismo federal de protección de periodistas y defensores de los derechos humanos. En 2009, era evidente que el crimen contra Alfredo había desnudado las limitaciones del Estado mexicano, del Gobierno, del Congreso, del sistema judicial, frente al fenómeno de la violencia contra periodistas”, aseveró el también director ejecutivo adjunto de El Universal.

En su oportunidad, el gobernador Alfonso Durazo aseguró que junto con el gobierno federal harán todas las acciones necesarias para esclarecer el caso de Alfredo Jiménez Mota además que buscará generar las condiciones necesarias para que en Sonora el periodismo se ejerza con plena libertad y seguridad.  

“Este evento no cancela ni cierra las investigaciones sobre el caso, por el contrario, arroja luz sobre su continuidad y sobre la necesidad de avanzar en ella hasta donde sea necesario para hacer justicia, lo que hoy se realiza aquí es también un ejercicio sobre la persistencia de la justicia al fortalecer la presión social para obtener resultados”, manifestó Durazo Montaño.

En este marco de la disculpa pública, se firmó un convenio de colaboración entre el estado y la federación a través del Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Alfonso Durazo manifestó que con la firma de este convenio se consolidará una unidad estatal para defender a quienes ejercen el periodismo o se dedican a la defensa de derechos humanos en Sonora.  

En la desaparición y posterior crimen del joven reportero empalmense se entrelazan una serie de historias donde confluyen narcos, policías, políticos… y periodistas.   

Antes y después

Reportero de la fuente policiaca, apasionado en investigar la operación de los grupos del narco y la corrupción oficial que los cobija, antes de su desaparición Jiménez Mota trabajaba una serie de publicaciones en donde ponía en contexto la disputa por el control del trasiego de droga en  sur del estado.

La desaparición del reportero, quien publicaba las notas bajo supervisión del subdirector editorial, el periodista Jorge Morales, marcó un antes y un después en los medios de “provincia” que publican notas sobre narcotráfico quienes quitaron el crédito de los reporteros y comenzaron a firmarlas como Redacción” o “Investigaciones Especiales” .

En una de las notas publicadas por Alfredo Jiménez en El Imparcial refería que “la presencia de Adán Salazar Zamorano en Navojoa data de los primeros años de la década de los 90, procedente del estado de Chihuahua. La intención de sentar aquí su centro de operación encontró oposición de la familia Enríquez Parra, hasta ese momento considerado el principal grupo criminal en la localidad…”.

Arturo,Alberto y Alfredo.

Era enero de 2005 cuando Alfredo Jiménez presentó la nota de portada bajo el título “Los Tres Caballeros”, publicación que a la postre sellaría su suerte.

Tomando como base un informe presuntamente elaborado por la delegación en Sonora del Centro de Investigación y Seguridad Nacional –(Cisen), al que Semanario CONTRASEÑA tuvo acceso y que llevaba por título precisamente “Los Tres Caballeros”, en referencia a los hermanos Beltrán Leyva, Arturo, Alfredo y Alberto–, el reportero comenzó a contar la historia por partes.

El documento, redactado con tecnicismos propios de los organismos de inteligencia, describe con lujo de detalles la presencia de los Beltrán Leyva en Ciudad Obregón, las casas donde vivían, los carros que manejaban, las empresas que administraban, los almacenes donde guardaban la droga, las pistas donde aterrizaban las avionetas…

Pero también planteaba el documento la protección que recibía la organización –en ese tiempo todavía socios del Chapo Guzmán y parte del Cártel de Sinaloa–  por parte de los gobiernos locales.

“Los hermanos Beltrán Leyva han operado bajo la protección de autoridades de los tres niveles de gobierno. Destacan los funcionarios incluidos en la administración estatal que inició actividades el 13 de septiembre de 2003, que en el pasado fueron asociados con el crimen organizado, como Roberto Tapia Chan, (ex) director de la Policía Judicial del Estado (PJE), y Abel Murrieta Gutiérrez, subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General del Estado (actual procurador)…

“Quienes en el pasado coexistieron dentro de la PGJE y en diferentes tiempos fueron los responsables de la seguridad pública en Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, ayuntamiento en donde se reagruparon en el año 2000 siendo presidente municipal Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del hoy gobernador José Eduardo Robinson Bours Castelo…”.

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En octubre de 2005 la investigación por la desaparición del reportero de El Imparcial dio un vuelco dramático cuando encontraron en parcela de Masiaca, Navojoa, los cuerpos sin vida de cuatro sujetos, con huellas de tortura, esposados de las manos.

Uno de ellos era Raúl Enríquez Parra, “El 9”, hasta entonces líder de la célula de “Los Números” o “Los Güeritos”, grupo armado bajo el mando de los Beltrán Leyva, hacia quien apuntaba una de las líneas de investigación por el crimen del periodista.

Para hacer más espectacular la cuádruple ejecución a las víctimas las aventaron desde de una avioneta que desde los aires les dio su último paseo.

A pesar de que la familia desearía encontrarlo con vida, en su libro “El cártel incómodo. El fin de los Beltrán Leyva y la hegemonía del Chapo Guzmán”, publicado en 2011, el periodista José Reveles refiere el testimonio de Saúl García Gaxiola, quien confesó haber participado en el “levantón” del reportero, con el apoyo de agentes de la extinta PJE, a quien luego de someterlo a todo tipo de vejaciones terminaron por asesinarlo. @

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