La guerra por el Valle de Mexicali
La disputa por el Sur de Mexicali se encuentra en disputa no solo por dos fracciones del Cártel de Sinaloa, ahora se suma el control de dos corporaciones que implementaron de facto una especie de “Mando Único” como el de San Luis Río Colorado, ante la pérdida de confianza de los policías municipales.
Cristian Torres Cruz
MEXICALI, 22 de septiembre de 2024.- El control por la zona Sur del Valle de Mexicali no solo se encuentra en disputa por las células del Cártel de Sinaloa, ahora dos corporaciones policiacas buscan mantener la zona lo que ha roto el último resquicio de la tan presumida coordinación institucional.
Desde el Ejido Durango, colonia Carranza, Guadalupe Victoria Kilómetro 43 hasta Estación Coahuila, el Kilómetro 57, colindante con Luis B. Sánchez, Sonora y de ahí hasta la zona del Veracruz, Chiapas y Los Algodones se ha vuelto todo un botín al convertirse en un corredor de la droga para el Cártel de Sinaloa, tanto para almacenar como para su distribución a Estados Unidos.
Por un lado el grupo delictivo de La Chapiza quienes mantienen el control de San Luis Río Colorado; por el otro, Los Rusos quienes se ostentan como los dueños de la plaza tanto en el Valle como en la ciudad de Mexicali.
La zona sur del Valle se encuentra a manos de Israel Leonardo “N”, alias “El Isra”, quien tiene cooptada a la mayoría de los elementos municipales de la zona, al punto que los mismo municipales sirven de “halcones” y dan protección a las casas de los grandes capos en esta zona.
Ha trascendido que Los Rusos mantienen en la nómina a varios elementos de la Policía Municipal de Mexicali al punto de utilizarlo para evitar incursiones del grupo de Los Chapitos por el Vado la Juárez y una pista clandestina en Colonias Nuevas.
De esto dieron cuenta los elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) quienes se percataron del actuar de los agentes de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali por lo que dejaron de trabajar en conjunto, incluso bajo un velo de desconfianza entre ellos.
En total, la FESC le ha propinado varios golpes a la organización de Los Rusos, cuatro de ellos en los últimos días, por ejemplo el 24 de agosto, cuando la corporación detuvo a dos personas en el Ejido Venustiano Carranza con 19 kilos de mariguana y 293 gramos de metanfetamina.
El 2 de septiembre detuvieron a una persona con un fusil calibre 5.56mm, dos días antes de que agentes de la FESC fueran atacados por un grupo delictivo.
Como represalia, la misma policía estatal detuvo el 5 de septiembre a dos sujetos con armas de fuego en el Kilómetro 57, el operativo continuó al día siguiente logrando detener a otra persona con cuatro armas largas y cartuchos.
Para el 7 de septiembre a poca distancia donde fueron emboscados los elementos de la FESC realizaron otro operativo en donde se localizaron 7 armas largas, cartuchos, cargadores, un lanzacohetes con 5 detonantes.
Control policiaco
La mañana del lunes 9 de septiembre elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana intervinieron a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, específicamente de la Zona Sur del Valle.
En total 156 policías municipales fueron desarmados y enviados al Centro de Control y Confianza (C3) para su supervisión.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, informó que con estas acciones la corporación junto con autoridades federales asumieron el control de la zona, aunque rechazó que sea bajo la figura del Mando Único.
El general reconoció que el ataque armado hacia agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en donde no fueron apoyados por autoridades municipales fue el detonante.
Indicó que el operativo durará alrededor de 5 días y posteriormente se restablecerá el orden.
Entre las acciones no se consideró la revisión del armamento debido al peligro que pudiera representar el traslado.
Por su parte, el Síndico, Héctor Ceseña Mendoza informó que los agentes que reprueban los exámenes de C3 tendrán que enfrentar los procedimientos jurídicos correspondientes
Inmediatamente después, familiares de policías denunciaron que los agentes fueron privados de su libertad y enviados a C3 desde las 8 de la mañana del lunes sin permitirles comunicarse con ellos.
Argumentaron que los agentes del primer turno pasaron 30 horas incomunicados y pidieron a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda que dé la cara ya que por malos elementos están afectando a toda la tropa.
Expusieron que las autoridades conocen a los agentes que se encuentran realizando actividades sospechosas por lo que pidieron que los controles de control y confianza se lleven de manera ordenada y acorde a la ley.
Los familiares indicaron que los agentes del tercer turno (noche) no acudieron al C3 debido a las irregularidades que se presentaron en el procedimiento ya que no fueron notificados de manera correcta por lo que ya asesoraron jurídicamente.
Dijeron que los agentes no están en contra de realizarse los exámenes de control y confianza por lo que pudieran manifestarse para exigir que se cumplan con sus derechos humanos.
Por su parte Antonio Navarrete Castillo presidente de la Fraternidad Policíaca aseguró que policías municipales fueron “recluidos” por 30 horas en el C3 sin alimento ni medicinas.
Señaló que agentes que no tienen nada que ver como los asignados al programa DARE secretarías establecidas en Guadalupe Victoria por lo que hizo un llamado a la gobernadora para que se haga una ruta y una dinámica que sean aprobadas por la fraternidad policíaca.
Navarrete Castillo dijo que la Ley General de Seguridad Nacional establece que los nuevos elementos tienen que acreditar el C3 y posteriormente para su permanencia, sin embargo, dijo que hay agentes que les hicieron exámenes hace 15 días.
“Hay tan grave problema que las autoridades están ejecutando de verdad con arbitrariedad los derechos humanos, que no por el hecho de ser policías tienen derechos humanos, claro que los tienen”, expuso.
El líder de la fraternidad dijo que no se defenderá lo indefendible ya que existen “piedritas en el arroz” pero no únicamente en la policía municipal si no en todas las corporaciones policíacas.
Para la Fraternidad de Policías Municipales y la Federación Policial de Baja California, el retiro de labores de 156 agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal adscritos al Valle de Mexicali para aplicarles un Examen de Control y Confianza Extraordinario fue una ilegalidad, por lo que denunciaron públicamente las violaciones a Derechos Humanos e irregularidades en el proceso.
Previo a reunirse con el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local, el presidente de la asociación estatal de policíacas, Alejandro Monreal instó a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad Estatal a que cesen esta intervención a la Policía Municipal de la cual, dijo, no están facultados.
“Siempre al perro más flaco le cargan las pulgas, siempre es a la policía municipal, siempre desprestigiando al primer respondiente. Es denigrante para una institución, nosotros tenemos coraje y tristeza, exportamos que hagan las acciones como es debido y apegados a Derecho”, puntualizó.
Reprobó la forma en que fueron llevados los uniformados al C3, en donde un primer grupo de policías fueron incomunicados sin alimentos ni medicamentos por más de 30 horas, sin importar que algunos son adultos mayores y otros con enfermedades degenerativas.
“Yo veo que es totalmente ilegal, las asociaciones de policía estamos trabajando para posicionarnos ante la Comisión de Derechos Humanos”, aseguró Monreal. @