Capella desvió millones en Tijuana

[vc_row parallax=”” parallax_image=”” hide_border_bottom=”” dark_section=”” no_bottom_padding=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]CUERNAVACA. Jesús Alberto Capella Ibarra, actual titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en Morelos, tiene un pendiente con la justicia en su natal Tijuana, donde ocupó la titularidad de seguridad en dos periodos, tiempo en el que “desaparecieron” millones de pesos en equipo policiaco pagado con recursos provenientes del Subsemun.
De acuerdo con el prestigiado semanario Zeta, que se edita en esa ciudad fronteriza de Baja California,
Derivado de una verificación de los recursos que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se auditaron 86 por ciento de los recursos, es decir, de los 95 millones de pesos se auditaron 81 millones 834 mil pesos.
Como resultado, se emitieron 18 observaciones por irregularidades en la aplicación de los recursos destinados para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana, mismas que fueron reportadas en marzo pasado y entregadas a la Cámara de Diputados de esa entidad.
Entre las irregularidades se encontró, por ejemplo, que la SSPM “contrató servicios de consultoría en temas de violencia infantil con un prestador que tiene un giro de servicios inmobiliarios”, según el texto firmado por la reportera Inés García Ramos. También, con los recurso del Subsemun fueron adquiridos bienes y servicios mediante adjudicación directa por 70 millones 121 mil 700 pesos, “monto superior al establecido por la normativa para no ser concursados”. De ese último monto, 31 millones 926 mil 500 pesos debieron adjudicarse por medio de licitación pública y 32 millones 117 mil 400 pesos por invitación a cuando menos tres proveedores.
Además, destaca en el informe la adquisición e instalación de un gimnasio urbano por 2 millones 863 mil 800 pesos, mismo que fue instalado sin presentar “argumentos para su justificación”, según el informe de la ASF. Pero no fue lo único, la SSPM pagó a proveedores una cifra superior a los ofrecidos por proveedores nacionales e incluso uno de los Estados Unidos, es decir, para instalar el gimnasio se inflaron los costos, pues se pagó a un proveedor que resultó más caro que los nacionales.
Por si fuera poco, el gimnasio no se construyó donde estaba proyectado según el contrato, dado que “el municipio carece de contrato de arrendamiento correspondiente” al predio previsto para ello. Esto causó una sanción económica para el constructor de alrededor de 286 mil 400 pesos, y sin embargo, no fue aplicada a pesar de violar los términos del contrato inicial. En el gimnasio, según la verificación física realizada por la ASF, “no fue localizado un equipo por 2 millones 331 mil pesos en el sitio donde se debía instalar ni en el almacén”, se detalla en la recomendación 13-C-02000-02-0555-01-016.
En el ámbito del equipamiento en cómputo, se adquirió un monto de 243 mil 600 pesos, pero al momento de la revisión, el mismo “no estaba en operación”, es más, a pesar de las necesidades de equipamiento, parte de las computadoras y demás que fueron adquiridas, fueron localizadas “en un almacén que no es propiedad del municipio”.
Entre las conclusiones, relata el reportaje publicado por la revista Zeta, se señala que la auditoría establece que existe un “inadecuado control de las actividades que realizan las áreas”, la “inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes de consumo, muebles e inmuebles” y se giraron once promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias a funcionarios.
En el caso de Tijuana, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al municipio el pliego de observaciones para su solvencia en los términos de la ley. Hasta el cierre de esta edición, según la información de Zeta, las observaciones no se habían solventado, por lo que el titular de la CES, sigue con ese pendiente ante la federación.
Jesús Alberto Capella Ibarra se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Tijuana en dos periodos, primero de 2007 a 2008, con el alcalde Jorge Ramos; luego acompañó en el mismo cargo al alcalde priísta Carlos Bustamante de 2010 a 2013. Desde enero de 2014 es el titular de la CES en Morelos, donde encabeza el Mando Único, modelo policial que ha traído un aumento en el abuso de autoridad y violación a los derechos humanos entre los morelenses. En tanto, Morelos sigue siendo uno de los estados más violentos del país.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]