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FUERA DE LIBRETA / Los muertos

[vc_row parallax=”” parallax_image=”” hide_border_bottom=”” dark_section=”” no_bottom_padding=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Sergio Haro Cordero

Hace apenas dos semanas se suscitó una especie de conflicto –nunca bien aclarado- relacionado con el Servicio Médico Forense y la Procuraduría General de Justicia del Estado, aparentemente tuvo que ver con versiones diferentes en torno a la muerte de dos mujeres, una la niña encontrada muerta en el Valle de Mexicali, otra la de la estudiante de Arquitectura que fue asesinada en su domicilio. El caso es que mientras desde la Procuraduría decían una cosa, en el Servicio Médico Forense informaban otra.

Esto derivó en una especie de “nueva política” en cuanto a la información que generaba el titular del Semefo –que depende del Poder Judicial– Francisco Acuña Campa y que se tradujo en una confusa declaración del magistrado y presidente Armando Vázquez en el sentido de que el titular de ese organismo ya no podría emitir conclusiones e interpretaciones a los medios de comunicación.

De hecho el titular de Semefo duró varios días sin recibir a la prensa, pero parece que finalmente el presidente del TSJ tuvo que aclarar que la restricción solo era parcial.

El tema de Semefo y la Procuraduría tiene una larga historia y el jaloneo empezó desde el año 2002 cuando desde el Legislativo hicieron el intento de modificar la legislación para sacarlo del Poder Judicial y trasladarlo a Issesalud, pero no concretaron la reforma.

Luego en la administración elorduyista el procurador Antonio Martínez Luna hizo equipo con Francisco Castro Trenti –entonces titular de Periciales– para que el Semefo pasara a la esfera de la Procuraduría General de Justicia del Estado. De hecho en el inter en las instalaciones de Semefo hubo una especie de “toma” ya que personal de la Procuraduría apareció de repente y durante varias semanas ahí estuvo, copando el inmueble pero sin hacer nada. Igual la reforma no fue aprobada por el Congreso.

El último intento vino en la administración osunista con el apoyo del Congreso del Estado donde se aprobó el 31 de octubre del 2012 la creación del Instituto de Ciencias Forenses, instancia gubernamental que aglutinaría a Periciales y Semefo- y en la que no estuvo muy de acuerdo el Poder Judicial, entonces encabezado por María Ester Rentería.

El pleito duró varias semanas y se trasladó hasta el inicio del 2013, ya hasta se había nombrado titular a Marco Sotomayor, quien era director del C4 y finalmente el gobierno estatal tuvo que recular y regresar las cosas a como estaban antes de la reforma legislativa. El ICF desapareció apresuradamente, votado así por el Congreso.

El punto tiene que ver con la independencia de una instancia que en momentos claves aporta información sobre tal o cual fallecimiento –sobre todo en el tema de asesinatos violentos– y funge como un obligado contrapeso a la información que pueda salir desde la Procuraduría, por eso la “recomendación” para Acuña Campa causó un inmediato escozor, sobre todo entre los comunicadores que tratan de investigar, que reportean, que buscan más allá de las primeras versiones. Por lo pronto parece que las aguas volvieron a su nivel.

Por cierto en el tema del Poder Judicial el martes 27 serán las comparecencias de los cinco aspirantes a la Magistratura en una sesión en el Congreso que se ha agendado para iniciar después de mediodía, esto debido a que en esa misma fecha comparece el controversial secretario de Desarrollo Social Ricardo Magaña Mosqueda. Dicen los que saben que la elección del magistrado seguramente polarizará de nuevo a los 25 diputados locales.

Escuelas

“Esta agua es solo para maestros”, se lee en un letrero pegado a un garrafón de agua instalado en uno de los pasillos de la escuela secundaria 16, en la colonia Mayos de Mexicali. En una zona netamente popular, en una ciudad como Mexicali donde el verano se niega a retirarse y en un plantel donde se pretende formar a los jóvenes, resulta una completa incongruencia.

La crisis que atraviesan las escuelas –por la prohibición para cobrar cuotas

Escolares– tiene varias aristas. Una salida podría ser el uso de los recursos generados por las cooperativas escolares, pero la realidad marca que regularmente se trata de concesiones de los directores de los planteles a familiares y amigos cercanos. En la secundaria en mención parece que la cooperativa la administra el esposo de la directora. Así se explica la falta de recursos para los jóvenes

Basta mencionar que en Baja California existen 3 mil 779 planteles públicos, entre preescolar, primerias y secundarias y absolutamente todos tienen la llamada “cooperativa escolar”. Se calcula que por plantel los alumnos suman en gasto cerca de 5 mil pesos diarios así que hay que sumar y multiplicar, y sobre todo preguntar dónde queda ese dinero.

Corridas

Desde hace varios meses en la congeladora del Congreso del Estado se encuentra una propuesta presentada por el diputado pebecista Francisco Barraza Chiquete para prohibir las corridas de toros en Baja California. La propuesta llegó a la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable que encabeza el diputado por el Partido Nueva Alianza, Alberto Martínez Carrillo.

Sera la próxima semana cuando se efectúe en el Ceart de Mexicali el primer foro relativo al tema, exactamente el miércoles 28 de octubre, mientras que en Tijuana la fecha programada es el también miércoles pero 11 de noviembre, igual en el Ceart.

El tema de la prohibición de las corridas de toros ha sido un punto de controversia incluso internacionalmente y al parecer participarían en los foros vía Skype algunos personajes desde Europa.

Aquí en México el movimiento contra las corridas de toros ha crecido en los últimos años y en la entidad hay un grupo que ha insistido en la necesidad de eliminar la tortura pública a un animal en una lucha desigual y sangrienta.

La parte a favor tiene que ver con la antiquísima tradición taurina y –sobre todo– el movimiento económico que esta actividad genera. Se supone que a raíz de estos foros la comisión que encabeza el diputado y ex líder magisterial tendría elementos para dictaminar al respecto.

Apenas a mediados de esta semana trascendió nacionalmente que en Coahuila un juzgado federal en Saltillo falló a favor de los empresarios taurinos que interpusieron un amparo contra la recién aprobada reforma a la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales votada por la Legislatura local apenas en agosto pasado. Uno de los principales argumentos –según lo declararon los empresarios– tomados en cuenta por el juez fue que “nadie puede negarle a un torero ejercer su profesión”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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