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Funcionarios estatales, desvío de recursos y venganza política

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Conforme se acerca el año electoral, en el que estarán en juego las alcaldías y las diputaciones locales, funcionarios del gobierno encabezado por Kiko Vega comienzan a “calentarse”. En su afán por figurar, no se van a tentar el corazón por hacer un manejo discrecional de los recursos públicos y quitar del camino a quien les estorbe para alcanzar su objetivo.

Iván Cruz

MEXICALI.- Funcionarios de primer nivel del gobierno del estado se encuentran en la mira luego de que han salido a la luz pública diversas irregularidades en la administración de Francisco Vega de Lamadrid en las áreas más sensibles, educación, desarrollo económico y gasto social.

Fue apenas el jueves 15 de octubre cuando Lucía Margarita Villareal Camarena, titular del Fideicomiso del Programa de Insumos y Mantenimiento Para el Mejoramiento del Entorno Educativo mejor llamada “Beca Progreso” fue sacada de su oficina por una comisión de la Contraloría del Sector central, la mujer fue casi humillada al punto de que le cambiaron las chapas de las puertas y no la dejaron ni sacar sus pertenencias personales.

Entrevistado minutos después, el titular de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, Mario Herrera Zarate, afirmó que se trataba de una auditoría normal que no tenía la mayor trascendencia.

En esos momentos tenía que comparecer ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado. Casi para finalizar la comparecencia y en el turno del diputado panista Cuauhtémoc Cardona Benavides éste acusó a la administración estatal de “complotar” en contra de la funcionaria estatal por animarse a denunciar penalmente a tres funcionarios por desvío de recursos y peculado.

Según confirmó la misma Procuraduría General de Justicia del Estado, Lucía Villareal había denunciado a finales de septiembre las presuntas irregularidad cometidas por parte de tres funcionarios estatales entre ellos Jesús de la Rosa Anaya, hermano del Secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel de la Rosa y del ex diputado federal Andrés de los mismos apellidos.

La funcionaría habría tocado una de las cuotas de poder más sensibles del panismo bajacaliforniano, de ahí la reacción colérica de la Contraloría Estatal.

Mediante la presión, la misma dependencia estatal encabezada para Bladimiro Hernández Díaz envió un comunicado para levantar el “castigo” a Villarreal por lo que informó que la auditoría que se realizó a “Beca Progreso” se llevó de manera puntual e imparcial, con estricto apego a la ley.

Afirmó que la auditoría realizada a “Beca Progreso” es parte de las que se realizan constantemente a las diferentes dependencias y que no tenía nada de extraordinario.

En el comunicado refirió que con fecha de 24 de septiembre del 2015 inició una auditoría por parte de la Dirección de Evaluación Gubernamental pero al no contar con la totalidad de la información solicitada levantó una denuncia de hechos, fue el 28 de septiembre que se turnó a la Dirección Jurídica de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

El contralor negó que se trate de represalias en contra de la funcionaria al tratarse de dos procedimientos distintos, derivado de la segunda se suspendió de manera provisional a la funcionaria el pasado 15 de octubre como parte del procedimiento, levantándole la suspensión hasta el lunes 19 de este mismo mes, como si no hubiera pasado nada.

Aún hay más

La denuncia en contra de Villarreal se suma a las acusaciones en contra del Secretario de Desarrollo Social del Estado, Ricardo Magaña Mosqueda quien fuera denunciado por la activista social Luz Elena Picos por un quebranto patrimonial de 59 millones de pesos.

El recurso asignado para apoyar organizaciones sociales sería desviado del presupuesto 2014 y sería expresamente contra Magaña Mosqueda y quien es uno de los aspirantes para buscar la alcaldía de Tijuana en el próximo proceso electoral.

En la relatoría de hechos, Magaña Mosqueda habría retirado el apoyo a diversas organizaciones de la sociedad civil para entregarlos a por lo menos seis organizaciones ligadas a funcionarios de la actual administración estatal.

Por su parte Magaña Mosqueda dijo que la denuncia se trata de una represalia por retirar el subsidio a la Revista Campestre, la cual no tenía sustento para recibir apoyo por lo que el consejo decidió retirarlo.

Dijo que las asociaciones como Promobeis, Águilas de Mexicali y Club Soles, reciben apoyos debido a que este tipo de organizaciones entregan contraprestaciones a la misma dependencia.

“La Sociedad Civil de Ensenada nos está dando 2 millones 300 mil pesos de contraprestación, por ejemplo nos dieron 280 lonches de primera calidad para llevar a albergues donde no les podemos dar recursos porque a lo mejor no están afiliados en la Secretaría, y es cada mes”, afirmó el funcionario.

Dijo que de igual manera los equipos deportivos les regresan en boletos para llevar a menores a los juegos así como con cursos de capacitación.

Magaña Mosqueda señaló que al inicio de la administración se dejó de entregar recursos a 42 asociaciones civiles debido a que existían diversas irregularidades, entre ellas la falta de un domicilio, personal o mobiliario.

“Sí se estaba cayendo en una irregularidad, si yo seguía entonces te puedo admitir que sería mi responsabilidad, la otra administración es punto y aparte”, indicó el funcionario que reconoció que las asociaciones recibían diferentes montos que variaban de 15 mil hasta 200 mil pesos”.

“No justifico, yo nomás les digo (que) no hay nada oculto, si ustedes quieren pedir el expediente ahí se los presto”, sostuvo.

Por su parte, el Contralor Estatal, Bladimiro Hernández Díaz, señaló que la ciudadana Luz Elena Picos presentó la denuncia ante la dependencia y actualmente se encuentran en revisión para constatar que la información que fue dada por la activista sea correcta.

“Estamos en esa parte, estamos realizando el procedimiento, nos lo hicieron llegar el 8 de octubre y están ahorita los abogados investigando toda una serie de cuestiones pero principalmente que se está haciendo mal uso del recurso”, dijo el funcionario.

Aunque no quiso dar mayores datos indicó que se trata de un posible desvío en el reparto que se le entrega a las distintas organizaciones civiles como apoyo  social cada año.

Explicó que en caso de ser cierta la denuncia se tendrá que revisar las normas internas de la dependencia con el fin de deslindar responsabilidades ya que en el caso específico de los titulares de las dependencias, cada uno tiene su campo de actuación pero existen otras que las realizan los correspondientes a cada área.

Bonfante en la mira

Otro de los funcionarios que se encuentran en la mira por posible conflicto de interés es el Secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olachea, quien fue cuestionado duramente por el coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado.

Bonfante Olachea tuvo que comparecer ante la Comisión de Asuntos Fronterizos, Comercio, Desarrollo y Fomento Económico e Industrial y Competitividad como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.

En su intervención el legislador le informó que mediante el portal de transparencia solicitó al funcionario información relativa a diversas irregularidades dentro de la dependencia estatal pero que no recibió respuesta al grado de tener que interponer un recurso ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública sin que hasta el momento le resuelvan.

De igual manera, Mendívil cuestionó al empresario las ligas con diferentes empresas relacionadas que fueron favorecidas por el Programa de Estímulos a la Innovación que administra su dependencia en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Bonfante se defendió, dijo que pese a los señalamientos, no tiene relación con esas empresas, aunque explicó que su familia es socia del 33 por ciento del conglomerado nacional Industrias Zahori S. A. de C. V.

“Respondimos objetivamente a las preguntas, a cada una de ellas, siempre habrá alguna diferencia de opiniones en torno a eso, les hemos entregado un complemento y esperemos que cualquier duda se haya disipado”, afirmó el funcionario.

“Las empresas no son propiedad mía más que una participación de mi familia de Industrias Zahori, que es de todos sabido por más de 35 años; número dos: son fondos federales que trabaja la beca Conacyt, que trabaja en esquemas, filtros y evaluaciones que se trabajan a nivel federal y no tenemos una influencia en la decisión de los recursos”, argumentó Bonfante.

Dijo que el tema fue platicado con el equipo jurídico de la dependencia federal por lo que afirmó que no existe ningún conflicto de interés.

Pese a su respuesta, el diputado René Mendívil dijo no estar convencido por su respuesta ya que aseguró que su dependencia tiene participación en el Consejo que se encarga de designar los recursos federales.

Entre las denuncias realizadas por un periódico local se señala que además de Zahori otras empresas irregulares se vieron favorecidas sin contar con un domicilio fiscal y con fotografías falsas que no corresponden a los proyectos que impulsaron. @[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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