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La clave de la información

FUERA DE LIBRETA / Gasolinagate

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Sergio Haro Cordero

Varios proveedores de gasolina del Gobierno del Estado se encuentran inconformes con lo que ha sucedido durante los últimos meses y donde aparentemente solo algunas empresas gasolineras han sido las beneficiadas, específicamente el grupo de EcoGasolineras los cuales cuentan con cerca de 72 estaciones expendedoras en todo el estado.

Y es que desde enero del 2012 –con la anterior administración estatal- se implementó el programa de Sigo, para homologar una serie de procedimientos y equipo electrónico para el abasto de gasolina en vehículos oficiales del Gobierno del Estado. El cambio implicó que los proveedores de gasolina y los usuarios gubernamentales no tuvieron problemas para la carga del combustible y a las empresas y al Estado se les facilitara el registro y el cobro.

El tema abarca a la mayoría de las dependencias, entre Procuraduría, Seguridad Pública, Oficialía Mayor, Desarrollo Social.

Tan solo en la Procuraduría General de Justicia del Estado se calcula una flotilla de cerca de 400 patrullas, las que reciben una dotación de dos tanques semanales y que podrían sumar cerca de 2 millones de pesos en tan solo siete días, por mencionar un ejemplo. Aparte hay otro tanto de autos relacionados con tareas propias de la dependencia, similar al caso de la Secretaría de Seguridad Pública

El programa unificado implica la instalación de un chip en los vehículos o en su caso la dotación de una tarjeta con radiofrecuencia, a la par de un instrumento tipo escáner conocido como Pidion, un lector portátil con bluetooth, todo electrónico.

El caso es que a principios de este año algunos gasolineras se enteraron que ciertos vehículos de la Procuraduría –empezaron con los administrativos- ya no cargarían en todas las gasolineras, les bloquearon los chips y –según la versión de los gasolineros afectados- los enviaron a cargar solo en estaciones de MagiGas.

Luego a principios de octubre los mismos usuarios comentaron que los estaban reubicando a las otras gasolineras, sobre todo a las de EcoGasolineras y al pedir la explicación en oficialía Mayor del Gobierno del Estado el encargado de esa área –Martín Torres- una de las justificaciones fue que “esas gasolineras habían invertido mucho en el sistema”.

En el caso de la Procuraduría parece que el trato de los gasolineros beneficiados fue directamente con Carlos Armando Ríos Treviño, el Director de Servicios Administrativos de la PGJE.

El golpe final vino el viernes 13 de noviembre cuando al resto de gasolineras proveedoras les fue cerrado completamente la opción al bloquearles el chip a vehículos y tarjetas RF para que no pudieron cargar en otras que no fueran las de EcoGasolineras.

Rodrigo Llantada Avila, parte de la directiva de la Asociación de Gasolineros y Director General de MagiGas, asegura que ellos no han sido beneficiados con esa medida, incluso muestra estados financieros de los últimos meses donde los números de la empresa reflejan ventas al Gobierno Estatal por menos de 500 mil pesos mensuales y como integrante de la asociación asegura que no tiene información relativa a las quejas.

EcoGasolineras es encabezado por Rodrigo Rodríguez Presa, un grupo con dominio en Sonora, Baja California Sur y Baja California y en la entidad cuentan con cerca de 72 estaciones distribuidas en los cinco municipios, 34 tan solo en Tijuana. A la familia Rodríguez Presa se le ha ligado al poder político –priista- en Sonora y en el 2009 la Comisión Estatal de Derechos Humanos sonorense  emitió la recomendación 30/2009 contra el Procurador estatal Abel Murrieta por Dilación de Justicia en un caso de Fraude Especifico de Acreedores contra varios de los integrantes de ese grupo familiar, entre ellos el actual Director General de EcoGasolineras

Derecho de réplica

En esta vorágine de información ha pasado desapercibido un tema que tiene que ver con el periodismo y la ciudadanía, el llamado Derecho de Réplica. Apenas hace dos meses el Senado de la República aprobó una Ley Reglamentaria del Artículo 6 Constitucional –relativo a las Garantías Individuales- en Materia de Derecho de Réplica.

Se trata de una legislación federal donde en pocas palabras, se busca garantizar el derecho de las personas “al acceso permanente y suficiente de información objetiva, completa y veraz”. En esencia esta legislación federal obligará a los medios a publicar, de manera forzada, la réplica a la información que consideren tergiversada, falsa o inexacta y en caso contrario, los medios serían sujetos a multas.

Parece que esta nueva legislación va a implicar que cada medio tenga que contar con una figura que sea la encargada, un responsable de este tipo de procedimientos y aparte de las multas el medio tendría que cargar con el costo de los abogados de la parte quejosa.

Esto es algo nuevo que viene a modificar sustancialmente el ejercicio periodístico, sobre todo de quienes no aceptan la exigencia ciudadana de admitir los errores, aunque otra visión podría ubicar la medida como una forma de golpear la llamada libertad de expresión, lo que implica que sea un tema evidentemente debatible.

Electoral

Finalmente hace unos días el Consejo General del Instituto Estatal Electoral acordó la designación de Alejandra Vázquez como titular del área de Comunicación Social de ese organismo electoral –la anterior era Helga Casanova, que ahora es consejera- y parece que la propuesta vino de la también consejera Bibiana Maciel apoyada por el Consejero Presidente Javier Garay, aunque a Vázquez se le identifica más bien por sus ligas con el partido blanquiazul, por lo menos con la cúpula partidista.

El descobijón de Televisa

Funcionarios estatales manifestaron su desacuerdo en cuanto a la nueva política recaudatoria de la empresa Televisa Mexicali quien les pidió a los funcionarios que quieran participar en la colecta de entrega de cobijas que realiza la empresa un moche económico.

La petición que realizó la empresa fue que la aportación mínima era de 50 cobijas y 10 mil pesos con derecho a 2 menciones en su programación habitual para aprovechar a los funcionarios adelantados que quieren figurar en la escena pública.

El recurso económico, cuentan los personajes que decidieron no aportar ante tal exigencia, fueron a petición de un ejecutivo de la empresa de apellido Peralta a quien se le ocurrió la idea y envió un oficio firmado a los funcionarios e incluso señalan que también en el Legislativo llegaron las cartas.

Al final, el día del evento se vio más desolado que de costumbre, será que no les causó mucha gracia la exigencia de la empresa, obvio, los candidateables tuvieron que pasar a dejar su aportación.

(Con información de Cristian Torres).

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