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Diálogo / Promesas incumplidas

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David Figueroa

Esta semana el Presidente Enrique Peña Nieto llega a la mitad de su sexenio, y hacia la segunda mitad se ve obligado a hacer algunos ajustes en metas y acciones, que aunado a otras situaciones en el ámbito local vale la pena analizar.

Ocho de cada diez mexicanos consideran que los candidatos mienten en campaña y una vez que ganan sólo responden a los intereses de los partidos políticos que representan. En tan duro juicio la realidad les concede razón.

Por ello el mayor reclamo es que los gobiernos cumplan lo que prometen; pero esos castillos que los candidatos levantan en el aire con tanta facilidad son rebasados en muy corto tiempo.

Se cree equivocadamente que la única forma de atraer votos es diciendo lo que la sociedad quiere escuchar, ya después siendo gobierno se ajusta discurso, acciones y promesas.

Total, para eso está la corta memoria colectiva que nunca falla y a la que los políticos apuestan para continuar su ascendente carrera política.

266 compromisos tuvo que firmar ante notario público el Presidente Peña Nieto en campaña para convencer a millones de votantes, a sabiendas que es el talón de Aquiles de todo candidato.

A su arribo al poder logró mandar varios mensajes de fuerza como el paquete de reformas estructurales y la detención de Elba Esther Gordillo, entre otros.

Nuestro país alcanzó el Mexican Moment ante los ojos del mundo; pero algo sucedió en el camino que nos detuvo: la caída del precio del petróleo, crisis en el tema de inseguridad, factores económicos a nivel internacional, etcétera.

Para cumplir sus compromisos el Presidente debería estar entregando 44 promesas por año, pero al 1ro de septiembre de este año sólo había cumplido el 10.5%.

En una carrera contra el tiempo y las circunstancias tuvo que replantearse metas afrontando la cruda realidad y así lanzó un nuevo decálogo de acciones hacia la segunda mitad de su sexenio.

Entre muchos otros proyectos: el tren rápido de alta velocidad México-Querétaro, suspendido; cancelada de manera definitiva la construcción del tren transpeninsular entre Yucatán y Quintana Roo; lo mismo sucede con la nueva estrategia en materia de seguridad que fue un punto toral de su campaña y sigue sin ser clara.

Esto pasa en la gran mayoría de los casos y en todos los niveles porque es muy fácil hablar y prometer en campaña lo que incluso no se conoce.

Lo mismo sucede en Sonora con temas como el acueducto independencia o la polémica desatada por el aumento a la tarifa del agua en Hermosillo.

La justificación perfecta siempre ha sido echar la responsabilidad de decisiones que no gustan a los que ya no están, que sin duda puede haberla, pero hay una responsabilidad superior: la del gobernante en turno.

El ciudadano está cansado de que se le cargue el costo de un nuevo hueco financiero con cada administración que llega; es el cuento de nunca acabar y sin consecuencias para los que están ni para los que ya no están.

Al final hay una incongruencia en el discurso y las acciones: antes “no fue revalidación de placas sino un impuesto al fortalecimiento municipal”; y hoy “no es un aumento a la tarifa del agua, es una nivelación”.

Pero a diferencia de años atrás, aunque la sociedad ya no cree en promesas está informada, conoce el valor de su voto y el poder que tiene para premiar o castigar a los gobernantes.

Todo esto nos lleva a concluir que debe haber una evolución en las campañas electorales necesaria para consolidar nuestra democracia; formar conciencia en los candidatos que no es lo mismo prometer que cumplir.

Nuestro sistema de partidos y gobierno ha sido rebasado por una sociedad que ha madurado más rápido y le lleva años de ventaja en muchos aspectos.

El gobierno requiere la cooperación de la sociedad para avanzar, pero no se logrará mientras se siga apostando al doble discurso.

En conclusión, la clase política sólo entenderá a quién debe rendir cuentas cuando los señalamientos entre los que llegan y los que se van se sustituyan por una verdadera aplicación de la ley.

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