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Van por aprehensión de líderes de invasiones

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Una de las últimas vías de acción que quedan para los legítimos dueños de decenas de viviendas invadidas es esperar a que proceda la demanda que interpusieron en el MP y que obliga a los promotores de la ocupación de casas abandonadas en varios fraccionamientos de la ciudad a acudir al citatorio en donde se les giraría una orden de aprehensión

Bibiana García Garza

SAN LUIS RIO COLORADO.- Mientras persiste la problemática que ha generado un peligroso repunte en la invasión de cientos de viviendas en la ciudad, los dueños legítimos de esas propiedades sólo están a la espera de que las autoridades puedan proceder a girar órdenes de aprehensión contra los responsables.

Como se recordará, se trata de los líderes de la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Vivienda Popular (Cndvp) y autodenominados luchadores sociales, César Del Pardo Escalante y Ana Aidé Angulo, quienes fueron denunciados ante el Ministerio Público desde noviembre del año pasado junto con otros 51 acusados de delitos de invasión y despojo.

Del Pardo Escalante también enfrenta problemas con la ley en el estado de Sinaloa así como en las ciudades de Sonoyta y Puerto Peñasco, en donde también tiene órdenes de aprehensión en su contra por denuncias penales que ha interpuesto, entre otros, el Infonavit ante un juez de distrito, y ya fueron procesados.

Esto, explicó el abogado que lleva el caso, Miguel Sandoval Arvizu, porque todas las viviendas en cuestión tienen un dueño y no pueden ser invadidas por personas que no quieren recurrir al sistema tradicional para adquirir una casa, es decir, a través del Infonavit.

Para colmo, ninguno de los 53 acusados puede comprobar que tiene un modo honesto de vivir pues han reconocido que no tienen un empleo fijo, a pesar de lo cual allanan las viviendas que aunque descuidadas, sin puertas, muebles o ventanas, tienen un dueño, aseveró.

Es por todo eso que ya está toda la serie de pruebas, dijo, ante el Ministerio Público, así como la fe de los testigos tanto de las invasiones como de la agresividad de la que han sido víctimas los dueños al tratar de recuperar su patrimonio.

De acuerdo al testimonio de dueños de algunas casas en el Fraccionamiento Misión del Sol, en una ocasión se presentó una turba de personas para apoderarse de las viviendas en proceso de rehabilitación para su venta e hicieron destrozos en puertas así como tumbando cercos ya instalados.

Y es que, aseguran, lo único que los invasores han conseguido es echar por tierra los esfuerzos que han hecho varias familias en conseguir un patrimonio por la vía legal y devaluarlo.

Según confirmó el licenciado Sandoval, el Ministerio Público ya desahogó todas las pruebas del caso por lo que ya se entró a una etapa para localizar a las personas y de ahí se giren las órdenes de aprehensión.

Para ello las autoridades deberán encontrar a los acusados y luego de una averiguación previa saldrán las órdenes de aprehensión, es decir, indicó, sólo falta que los lleven a declarar.

“Yo creo que hemos perdido la elocuencia de saber lo que está bien y lo que está mal, y ellos alegan a pesar de que están invadiendo casas y cobrado un beneficio económico a cambio”, externó.

Ellos mismos han corroborado también que se pide a quienes quieran una casa que paguen la cantidad inicial de mil 400 pesos así como que entreguen datos y documentos oficiales como Acta de Nacimiento y credenciales electorales, para más adelante pagar otros 5 mil pesos para el “trámite de preinscripción de la casa”.

Según ellos, el juicio para ese trámite se prolonga hasta por cinco años y pasado ese tiempo, le dicen a la gente, “la casa ya será tuya”.

El punto más grave del asunto, lamentó el licenciado, es que los líderes de las invasiones son quienes aconsejan a la gente de quedarse con propiedades ajenas con indicaciones como “no salgas de esa casa” o “no te la puede quitar nadie”.

Inclusive, hay a quienes les han cobrado hasta 15 mil pesos por asegurarles que ese patrimonio será suyo sin ningún documento legal que los acredite, relató el abogado.

Además del robo de servicios, con base en los engaño de los pseudo-luchadores sociales, instalan puertas, realizan adecuaciones y hasta meten muebles con la esperanza de que se quedarán con esa casa, muchas veces desconociendo que no será así, aunque en algunos casos sí lo saben, pero prefieren creer, o pasarla bien un rato, comentó.

Pese a ello, aclaró, la ventaja del invasor es que si el MP da fe de que entrega la casa al propietario, éste tiene como facultad otorgarle el perdón a la persona pues es delito a petición de partes.

Exigen intervención de la Policía Municipal

Por otra parte, los afectados advirtieron sobre la inseguridad que se genera en el Chula Vista 1, 2 y 3 así como en Misión del Sol, en los que los invasores cometen robo de bienes así como de servicios como agua y energía eléctrica, así como otros delitos como venta de drogas.

Para denunciar esa situación también hicieron un llamado a exigir a las autoridades a salvaguardar el orden y prevenir los delitos que se cometen tanto en Misión del Sol como en fraccionamientos circunvecinos.

“Es importante hacer notar que la confianza en la inversión en esta ciudad no debe quedar truncada por personas que violentan la ley, el orden, y la estabilidad económica y familiar de esta ciudad”, escribieron en un comunicado público y dirigido también al Gobierno Municipal.

Esto porque, aseguran, se trata de alteraciones al orden público y delincuencia generalizada en los alrededores en lo que sí debe intervenir la Dirección de Seguridad Pública.

Sin embargo, lo que hasta ahora los oficiales de Policía que han acudido a las denuncias que esta problemática ha generado en los últimos meses es que no pueden intervenir, una versión en la que también coinciden los promotores inmobiliarios y gente de los fraccionamientos afectados.

En ese sentido, el presidente municipal, Enrique Reina Lizárraga, reconoció que los policías no pueden llevar a cabo los desalojos porque no es una tarea de su competencia, además de que primero tienen que existir las denuncias correspondientes.

“Los propietarios de esas viviendas tienen que presentar una denuncia porque ellos son los propietarios, y la Procuraduría es la que tiene que desalojar y atender el problema de las invasiones”, externó.

No obstante, para Sandoval Arvizu se trata de un asunto que no se puede dejar de lado de parte de la autoridad porque, advirtió, “… se va a hacer un desmadre” y, así como sucede en el Golfo, luego nadie va a querer venir a invertir aquí.

“El municipio está viendo que se están metiendo a la casa y no hacen nada, es cierto que trabajan en la prevención pero también les corresponde salvaguardar el orden porque se están metiendo a las casas”, apuntó. @

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