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[Diálogo] Servidores Públicos con capacidad y experiencia

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 David Figueroa

En la búsqueda de soluciones de fondo a la crisis de credibilidad política y de políticas públicas eficientes en México, la protección laboral para quienes con vocación y capacidad sirven a los mexicanos en el servicio público, es un gran paso.

Nos referimos a la resolución de amparo de la Suprema Corte de Justicia a favor de indemnizar a trabajadores de confianza y reconocerlos además como parte del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Esta decisión se dio desde el mes de septiembre del año pasado pero poco se difundió y se ahondó en sus efectos primarios, como el derecho a la más amplia liquidación prevista en la ley en caso de despido injustificado; y secundarios, como el objetivo de alcanzar la mayor profesionalización posible de manera que en base a su capacidad y competencia, no sean removidos por cuestiones políticas.

Es necesario retomar e insistir en estos asuntos ante el cada vez mayor ejercicio de alternancia en los diferentes cargos de elección popular alcanzados en nuestro país y nuestro estado; y la falta de promoción o difusión suficiente sobre este tipo de temas de interés social.

Este año habrá cambio de gobierno en doce estados de la república y con ello viene también un proceso de renovación en la planta laboral, natural y necesaria, pero debe hacerse dentro del marco legal, respetando el derecho de los trabajadores.

Al ser reconocidos por la SCJN como parte del Servicio Profesional de Carrera se hizo una diferenciación entre los empleados de confianza que se integran a este sistema mediante concursos de capacitación y competencia para eficientar, transparentar y profesionalizar el quehacer público; y los de libre designación.

Los primeros están obligados a participar en mecanismos de selección, acceso y promoción y aunque sean de confianza, pertenecen a este mecanismo; en contraste quienes sean designados sin estos requisitos formales, no forman parte de este sistema de profesionalización.

Los unos y los otros son de confianza, pero no con los mismos derechos. Al trabajador que siendo de confianza se someta a este sistema de profesionalización, se le reconoce también el derecho a la estabilidad y permanencia en el cargo igual que un trabajador sindicalizado.

Esto significa que no podrán ser destituidos por razones de carácter político y por ende, si es despedido sin justificación, tendrá derecho a una indemnización lo más amplia posible –tres meses de salario y 20 días por cada año de servicio prestados-.

Sin embargo la SCJN también diferenció entre los trabajadores de confianza del Servicio Profesional de carrera y los de base o sindicalizados:

Antes de finalizar diciembre del año pasado, los ministros de la Segunda Sala definieron que siendo trabajadores de confianza únicamente tienen derecho a una indemnización en caso de despido injustificado; mientras que los de base pueden demandar en este mismo caso, el pago de una indemnización o la reinstalación.

A cambio de esta restricción, los de confianza pueden ocupar la titularidad de plazas con rangos y niveles más altos pues juegan un papel fundamental y de suma importancia en el ejercicio de la función pública, dada su preparación y profesionalización.

En suma la Suprema Corte consideró que es relevante conservar y proteger este tipo de perfiles para lograr en la práctica un mejor ejercicio de gobierno, con personal capacitado que alcance la experiencia necesaria a través de los años.

Este criterio es válido y muy simple, lo vemos una y otra vez con cada cambio de gobierno, los que se van no terminan de aprender y los que llegan, llegan a conocer y en tres o seis años el tiempo no alcanza para consolidar voluntad y experiencia.

De buenas intenciones y promesas en campañas estamos llenos los mexicanos, pero nos enfrentamos a la realidad de un sistema establecido por décadas, muy difícil de cambiar.

Por eso es importante conocer y promover estos avances, que paso a paso nos llevará a tener mejores gobiernos, mejores servicios, mejor atención, políticas públicas proyectadas con visión de largo plazo y que brinquen la barrera de los colores y los intereses partidistas.

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