[Diálogo] Justicia Cotidiana y la vieja costumbre de no cumplir la ley
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David Figueroa
A mes y medio para que se cumpla el plazo para la aplicación total del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México que será a partir del 18 de junio próximo, según la reforma constitucional de 2008, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó un nuevo paquete de reformas de “Justicia Cotidiana”.
La propuesta expone una Justicia Cotidiana distinta a la penal para resolver conflictos y diferencias que surgen en la vida diaria: en la familia, el trabajo, con los vecinos, en las escuelas o empresas.
El constante incremento de insatisfacción y enojo social, aunado al acceso instantáneo de la información marcan un fuerte período de transformación social, como en su momento fue la radio y después la televisión
Vivimos la era de la comunicación sin fronteras. 3 mil 500 millones de seres humanos opinado, consumiendo pero también produciendo información al mismo tiempo en el teléfono en nuestras manos.
La realidad sobre expuesta en las redes colocan cuatro focos prioritarios en nuestro país: inseguridad, corrupción, dificultades económicas y el incremento de la pobreza –que a propósito el último estudio de CONEVAL y UNICEF México dado a conocer la semana pasada arroja que el 53.9% de los niños y adolescentes en nuestro país viven en condiciones de pobreza-.
Cada vez es son más remotos los tiempos en que el gobierno podía controlar la información y con ello el ánimo colectivo como angustia o miedo, que a su vez han desencadenado actitudes a la defensiva y de intolerancia; una sociedad en constante confrontación, la ley del ojo por ojo y diente por diente.
De ahí la importancia de esta reforma.
La iniciativa surge de aquéllos Diálogos por la Justicia que convocó el mismo gobierno federal casi al inicio de la administración donde las recomendaciones y propuestas de académicos, poderes legislativo, judicial, CNDH y organizaciones civiles se convierten hoy en una propuesta de ley.
La visión con la que se anuncia en su generalidad sin conocer aún detalles es interesante por esta nueva realidad social.
Sobre todo en justicia laboral da un giro destacado, pues desaparecerían las Juntas de Conciliación y Arbitraje cuya percepción es que son un centro de corrupción y discrecionalidad de intereses patronales, más que de defensa del trabajador. En su lugar se proponen espacios de conciliación laboral y de no prosperar el acuerdo, el caso pasa a los tribunales ordinarios en materia estatal o federal.
Entre otras cosas se pretende al menos en teoría, privilegiar la resolución de juicios en el fondo y no la forma con un nuevo Código de Procedimiento Civil y familiar; instituir el método de la oralidad en materia mercantil; y un sistema de justicia cívica con tribunales itinerantes.
En concreto se concluye que actualmente la población carece de condiciones adecuadas y mecanismos institucionales para acceder a la justicia y solución de conflictos cotidianos, y que los medios que hay representan procesos largos, costosos, poco accesibles y sobre todo ineficaces. Ninguna novedad.
La verdadera noticia sería que iniciativas como esta realmente prosperaran y significaran una evolución para el desarrollo de México.
Para muestra basta un botón: A 45 días de que se cumpla el plazo para la implementación del tan llevado y traído nuevo Sistema de Justicia Penal en México, después de ocho años de aprobada esta reforma, hay enormes huecos que más que confianza generan temor en su aplicación.
A ocho años es una incógnita para la mayor parte de los involucrados, incluyendo instituciones y expertos; prevalece la duda sobre la certeza sobre si realmente el sistema de justicia en nuestro país está listo y las consecuencias de no estarlo.
Aquí en Sonora en días pasados la PGR anunció que el personal está preparado y así dio el banderazo al nuevo sistema en materia de justicia federal. En unos meses veremos resultados y esperemos sean los mejores por el bien de México.
Y en este contexto de incertidumbre y con la ley anticorrupción atorada en el Congreso, vienen más reformas, más leyes, más adecuaciones, nuevos ordenamientos. Qué bueno que pensemos en generar cambios positivos, pero siempre será mejor no tener qué hacerlos porque otros han fallado.
Es momento de reflexionar que las leyes no pueden cambiar por sí solas una realidad por más que se propongan en cantidad. Y no es cuestión de incredulidad, es la triste costumbre de no hacer que la ley se cumpla.
No es un nuevo marco legal lo que más nos hace falta, sino voluntad y respeto hacia una cultura de la legalidad. Sólo en nombre de la ley puede exigirse obediencia y sólo si ésta se cumple se gana legitimidad.
Promover esta cultura hasta arraigarla es la tarea prioritaria. Privilegiar la legalidad por encima de cualquier otra cosa; por encima del poder económico, político o personal.
Lo contrario es imposición y totalitarismo. La ley para servirse de ella y no al servicio de la justicia.
En conclusión: una nueva legislación con una vieja cultura de impunidad, está destinada a ser reformada cuantas veces sea políticamente necesario hacerlo para cubrir apariencias.
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