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FUERA DE LIBRETA – Burocracia inquieta

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Sergio Haro Cordero

Se ha empezado a generar inconformidades al interior del sindicato de burócratas en Mexicali, gremio que aun dirige la ahora diputada Victoria Bentley sobre todo en función de lo que algunos consideran como irregularidades en torno a las últimas basificaciones en el Ayuntamiento de Mexicali en la administración que está a punto de concluir.

Un grupo de trabajadores del área de Desarrollo Social enviaron un documento a la Secretaria General del gremio donde de manera razonada cuestionan la integración al sindicato de tres mujeres pasando sobre los derechos de decenas de trabajadores con mayor antigüedad.

En este caso se menciona a Cecilia Núñez Mendoza con el número de empleado 18021 y encargada en el Centro de Desarrollo Humano Integral en el fraccionamiento popular Los Naranjos. En el mismo caso está Cecilia Torres Quiñones, con el número de empleado 10631 titular del Centro de Desarrollo Humano Integral en el Valle de Mexicali, igual que Alejandra Gutiérrez Gutiérrez –empleada 17951- quien tiene fecha de ingreso el 27 de mayo del 2015 con un puesto administrativo.

Pero todo esto –consideran- es en detrimento de trabajadores que tienen años esperando ser basificados y en el documento de tres cuartillas enviado a la líder sindical –firmados por una veintena de empleados- enlistan a trabajadores que tienen 8, 10 y hasta 19 años de antigüedad, entre estos Jesús Gutiérrez Díaz, Santiago Montreal, Felipe Lozano, Adriana Núñez, Edgar Gracia y Daiza Laura Mena.

Pero resulta que en los dos primeros casos, Cecilia Núñez y Cecilia Torres Quiñones ambas son militantes del Partido Acción Nacional, la primera con fecha de registro 14 de agosto del 2012 y la segunda con ingreso el 27 de abril de 1999, registrada en el partido blanquiazul el mismo día que su marido, Julio César Gallegos Esquivias, quien hasta hace unos meses fungió como Director de Delegaciones en la administración municipal que encabeza el panista Jaime Díaz Ochoa.

Una más

Por cierto que la mañana del pasado miércoles se reunieron en el Salón de Jubilados Burócratas en Mexicali un grupo de trabajadores quienes están inconformes con un descuento que están recibiendo y que tiene que ver con un rubro conocido como Reserva Técnica. Esto fue reincluido en la controversial reforma a la Ley de Issstecali implementada en diciembre del 2014 cuando se dividió al Magisterio de la Burocracia, se crearon dos leyes y se reformó la Constitución, además de que se aprobó el crédito para el “rescate financiero” del instituto.

El caso es que a través de organismos de derechos humanos se presentó una queja que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que en septiembre del 2015 consideró inconstitucionales esa parte del articulado de la reforma a la mencionada ley.

La inconformidad por un cobro que consideran ilegal parece aumentar por la situación de Issstecali donde ha trascendido como instancias gubernamentales no solo deben sus cuotas patronales sino además no han entregado al instituto la parte descontada a los trabajadores.

Por este tema han iniciado las demandas –apenas va una veintena- pero seguramente se acumularán muchas más, aunque en la reunión de este miércoles se esperaba la presencia de la líder y ahora diputada por el PAN Victoria Bentley, pero nunca llegó.

Rounds de sombra

Donde aún les queda un largo camino por recorrer en esta primera etapa es a la incipiente legislatura local pues –hasta ahora- el único acuerdo ha sido en torno a la Presidencia de la primera Mesa Directiva –que le tocó al PAN- y la Junta de Coordinación Política que quedó en manos del priista Alejandro Arregui. Se supone que todo este recorrido legislativo debe de quedar asentado en un Acuerdo de Gobernabilidad el cual aún no ha sido signado por los participantes de todas las fuerzas políticas. Ahí debe quedar por escrito a quién le tocará encabezar cada Mesa Directiva, que regularmente va a la par con movimientos en la JUCOPO.

Pero además les resta definir la titularidad de las Comisiones –algunas más peleadas que otras- y las cabezas de los órganos técnicos.

Pero antes de todo eso en el legislativo deben definir en torno a la propuesta de adelgazar estructura y nómina del Congreso, la cual será la parte principal de esta primera etapa ya iniciada formalmente la agitada noche del pasado viernes 30 de septiembre.

Insistentes

Los que no se han quedado con los brazos cruzados son los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Seguro Popular, quienes ante el desdén oficial local han decidido integrarse al Sindicato Independiente de Trabajadores del Sector Salud –de corte nacional- que lidera el doctor Antonio Sánchez Arriaga.

Y es que localmente desde fines del año pasado un grupo de trabajadores de la paraestatal descentralizada iniciaron la creación de un sindicato aunque de inmediato el dirigente Amado Armenta –militante panista- fue despedido por el entonces titular de la dependencia, el ahora diputado local y coordinador de la bancada azul Carlos Torres.

Lo curioso es que en diciembre del año pasado Amado Armenta –ya en la fría banca- recibió la notificación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que les aceptaron la solicitud de registro del nuevo gremio.

Pero al tratar de dar el siguiente paso y emplazar a huelga en abril de este año se toparon que el nuevo director de la dependencia –el también panista Alejandro Monraz- había firmado contrato colectivo con un sindicato charro –de esos que se dedican a la venta de contratos de protección-, el Sindicato de Trabajadores de las Diferentes Ramas de la Industria y el Comercio Fuerza Laboral, que dirige Héctor Adán Ramos Olvera.

Es decir, desde la dirección del Seguro Popular se optó por “blindarse” a través de la firma con un sindicato charril, práctica nada nueva y herencia de los tiempos priistas.

Ahora buscan la protección de un sindicato independiente pero nacional, y de acuerdo al belicoso discurso del doctor Sánchez Arriaga –quien asegura tener tratos gubernamentales en una veintena de entidades- aquí buscarían destrabar el trámite y empujar para que la Junta de Conciliación pueda convocar a un recuento y así poder constatar oficialmente cuál de los dos gremios tiene más membresía. Para eso buscaban entrevistarse con el secretario de Salud en la entidad y además presionar a la Secretaría del Trabajo.

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