El Golfo, al rojo vivo
El Eslabón Perdido
Humberto Melgoza Vega
Después de una noche tempestuosa, en la que el pueblo salió a las calles a protestar, prendiéndole fuego al unos 15 vehículos oficiales de la Profepa y de Semarnat, así como a varias pangas, la mañana de ayer jueves algunos pescadores, en franco desafío a la prohibición del gobierno, se hicieron a la mar con la intención de pescar curvina y si se les atravesaba una totoabita, pues también.
Los pescadores, legales y piratas, están aprovechando que en el Golfo ayer no había autoridades federales, pues se replegaron para evitar un posible linchamiento del pueblo enardecido.
La noche del miércoles, luego que el pueblo se “levantó en armas”, como sensacionalistamente manejaron algunos medios electrónicos, y de que bloquearon el entronque que conduce hacia San Luis y Puerto Peñasco, al día siguiente amanecieron como si nada hubiera pasado.
Ayer, mientras el alcalde Enrique Reina hacía un llamado a las autoridades federales para que resuelvan a la brevedad el conflicto, condenaba los hechos de violencia e invitaba a la población a que conserve la calma, trascendió que la Profepa no se había quedado con los brazos cruzados y presentó ante la Procuraduría general de la República (PGR) demanda penal contra quien resulte responsable de los violentos disturbios de la noche del miércoles en el Golfo de Santa Clara.
De acuerdo a un boletín emitido por la Profepa en la Ciudad de México, la turba enardecida de golfeños incendió un total de 15 vehículos oficiales del gobierno federal, quemaron un par de pangas y se robaron otra que había sido asegurada.
Según el comunicado, tres inspectores de la Profepa fueron golpeados y junto con otros dos compañeros “consiguieron resguardarse en la cabecera municipal aledaña de San Luis Río Colorado”.
Esta fue la manera como reaccionaron los habitantes del Golfo, quienes viven esencialmente del mar, y que están siendo afectados al no permitírseles pescar por la falta de un manifiesto de impacto ambiental.
Otra vez, al igual que en septiembre de 1999, cuando la población se rebeló, volcando y prendiéndole fuego a tres vehículos de la misma Profepa, esa vez a este reportero le tocó presenciar y tomar registro de la inusual protesta la cual se repite, corregida y aumentada 18 años después.
La misma historia, en donde el gobierno federal, cediendo a presiones internacionales, con un falso discurso ambientalista, prioriza la protección de especies marinas supuestamente en peligro de extinción por encima de los residentes de este poblado, que podría extinguirse antes que la misma vaquita.
Hace casi dos años el gobierno federal anunció en San Felipe el programa para la protección de la vaquita marina y la totoaba, a la fecha ha gastado unos 800 millones de pesos –que son acaparados en su mayoría por los dueños de permisos– para que dejen de pescar en la zona núcleo ubicada en el Alto Golfo de California, y a la fecha ni se ha respetado la veda, la población oficial de la vaquita bajó hasta 30 ó 50 ejemplares y los verdaderos pescadores que antes se cuajaban en la temporada de pesca ahora se están muriendo de hambre.
Sin duda, el programa del gobierno federal no funcionó, benefició a unos cuantos, y la anunciada vigilancia con drones, helicópteros y equipo especial nunca se llevó a cabo, los golfeños han sostenido el trono como los principales “narco-bucheros” de México y cuando son sorprendidos pagan una multa de 25 mil pesos y siguen desde libertad el proceso.
Mientras que en el mercado negro, sobre todo el chino y taiwanés, sigan pagando cantidades estratosféricas en dólares por el buche de la totoaba, no habrá veda, artes de pesca, ni estímulo económico que frenen este lucrativo negocio y que mantengan a este pequeño poblado pesquero bajo el escrutinio internacional.