Ex gobernador de Tamaulipas, buscado en EU, protegido en México
El exgobernador tamaulipeco tiene orden de aprehensión en Estados Unidos, pero en México la PGR no lo busca aunque hay tratados de cooperación bilateral que la obligan a detenerlo y entregarlo.
Reporte Indigo
En la espiral de justicia en la que 14 exgobernadores de los últimos 10 años se encuentran inmersos, hay dos que son investigados, pero sólo uno de ellos no es buscado en México.
Extrañamente, aunque tiene acusaciones en Estados Unidos, el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, no es requerido por la autoridad ministerial mexicana.
¿Qué sabe Eugenio Hernández, que la justicia mexicana no lo quiere tocar?
Mientras en Estados Unidos ya son dos cortes distintas que buscan al exgobernador tamaulipeco, en México, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, dice que no hay intención de captura.
Al reclamo de aprehensión que emitió una corte de Texas el 27 de mayo del 2015, por los delitos de lavado de dinero y operaciones ilegales de trasferencias de dinero, ahora se suma una nueva acusación del Gobierno de Estados Unidos contra Eugenio Javier Hernández Flores, por defraudación bancaria.
El extraño caso de Eugenio Hernández no sería tal si la PGR se acogiera a lo establecido en los acuerdos de cooperación bilateral México-Estados Unidos, en materia de combate a la delincuencia organizada transnacional, contemplados en la Iniciativa Mérida, en donde se obligan las dos partes a la entrega de requeridos por la justicia de cualquiera de los dos gobiernos.
Bastaría el acuerdo
También existe un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
“Para el intercambio de información respecto de transacciones en moneda realizadas a través de instituciones financieras para combatir actividades ilícitas”.
Este último acuerdo binacional podría ser suficiente para que la PGR, aun cuando no tuviera acusaciones propias contra Hernández, lo detuviera con fines de extradición, por los delitos de “lavado de dinero y operaciones ilegales de trasferencias de dinero”, que se le acusan en Estados Unidos, en agravio de los bancos National Bank, Lone Star National Bank e International Bank of Commerce.
Un juez de la Corte del Distrito Sur de Texas, con sede en la ciudad de Corpus Christi, emitió apenas el 8 de febrero pasado una orden de aprehensión en contra de Eugenio Hernández.
En los archivos de la PGR hay al menos una indagatoria por delincuencia organizada y narcotráfico en contra de Hernández, archivada en 2012.
Red de lavado
Más allá de la acusación formal que en Estados Unidos pesa sobre Eugenio Hernández Flores, lo incrimina su cercanía con el también exgobernador Tomás Yarrington, del que fue en el 2000 su coordinador de financiamiento para la campaña al gobierno de Tamaulipas.
De acuerdo a la indagatoria archivada en la PGR, Hernández Flores aceptó financiamiento del Cártel del Golfo para impulsar la campaña a la gubernatura de Tomás Yarrington a cambio de permitir su presencia en la entidad.
Pero lo que conoció la PGR en el 2012, y que luego inexplicablemente fue archivado, ya se sabía en Estados Unidos desde el 2008, cuando se integró la primera investigación judicial en contra de Eugenio.
En esa investigación en EU también se involucró al que fuera su secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Alberto Berlanga Bolado, al empresario Fernando Cano Martínez y al propio Tomás Yarrington, vinculados mediante una serie de compra venta de bienes inmuebles en el estado de Texas.
El nexo Yarrington
Entre los implicados en la red de lavado de dinero que integraron en Estados Unidos Eugenio Hernández y Tomás Yarrington también está el empresario Fernando Cano Martínez.
Se convirtió en uno de los constructores de obras públicas favoritos del gobierno de Hernández; fue detenido el pasado 9 de febrero en San Pedro, Nuevo León, y puesto en libertad horas después pese a su relación criminal con Tomás Yarrington.
Días después, agentes federales de Estados Unidos dieron con el paradero de Yarrington, que se encontraba en Italia, prófugo de la justicia.
Cano Martínez es tío de Manuel Muñoz Cano, secretario de Gobierno durante la administración de Tomás Yarrington.
Se convirtió en el mediador con los hermanos Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, exintegrantes del Cártel del Golfo y luego a cargo del Cártel de Los Zetas.
Su sobrino Manuel Muñoz Cano es hijo de Manuel Muñoz Rocha, el diputado desaparecido tras el asesinato del líder nacional del PRI, Francisco Ruiz Massieu; fue coordinador de campaña del malogrado candidato al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, asesinado el 28 de junio del 2010 en pleno acto de campaña.
El día que asesinaron a Rodolfo Torre Cantú, su coordinador, Manuel Muñoz Cano, se dispensó de acompañarlo argumentando problemas de salud, por lo que las sospechas de homicidio recayeron en él.