Desbordados

FUERA DE LIBRETA

Sergio Haro Cordero

El asesinato el lunes pasado en pleno centro de Culiacán del periodista Javier Valdez fue –literalmente- la gran gota que derramó un vaso ya colmado desde hace tiempo. La reacción social a lo largo y ancho de todo el país entre gremio, grupos de ciudadanos, activistas, gente pensante y crítica ha marcado un precedente donde la idea central es que el crimen ha rebasado a las autoridades y en donde el sector del periodismo se convierte en uno de los más vulnerables.

Sobre todo en un contexto donde las agresiones a comunicadores son cada vez más constantes.

Y es la primera vez –después de 114 asesinatos desde el año 2000- en que el gobierno federal y su presidente reaccionan y dan la cara para anunciar una serie de medidas que desafortunadamente son poco convincentes. Nunca se había dado que un presidente de la República, su gabinete y virtualmente los gobernadores de todo el país se reunieran para emerger con acciones conjuntas, de ese tamaño ha sido el golpe del asesinato del reconocido periodista sinaloense.

Ahora falta ver los resultados concretos pues el amargo antecedente es que en los siete crímenes que van en el año, en ninguno hay detenidos, lo que implica alimentar ese clima de impunidad y de corrupción del que los mexicanos ya estamos evidentemente hartos.

“Javier no merecía morir así”, dijo frente al ataúd que contenía el cuerpo de su marido entre lágrimas su esposa Griselda en la ceremonia fúnebre.

Igual es el caso de Miroslava Breach, la valiente reportera asesinada hace mes y medio en Chihuahua cuando salía de su domicilio, o el de los otros cinco reporteros acribillados tan solo en lo que va del año.

Conocí a Griselda hace 15 años en Culiacán, trabajaba para la Universidad Autónoma de Sinaloa y estaba orgullosa de su marido, ya desde entonces corresponsal de La Jornada y antes de que junto a otros valientes conformaran el semanario Ríodoce el cual se convirtió en una referencia obligada para conocer la situación sinaloense.

Luego me tocó compartir mesa con Javier en un foro sobre periodismo y narcotráfico en Lima, Perú en junio del 2008, posteriormente coincidimos en diversos foros en el centro del país en temas relativos al ejercicio periodístico y los riesgos en la situación actual, cada vez más violenta.

En una reunión nacional convocada por Artículo 19 en la Ciudad de México en marzo del 2015 se discutía sobre la necesidad de armar un protocolo para la cobertura periodística en momentos de tensión donde se involucrase a las diversas corporaciones policiacas, sobre todo porque siempre los primeros agredidos eran los reporteros que acudían a la necesaria cobertura.

Pero Valdez era el más radicalizado en la posición de no poder sentarse ni a dialogar, mucho menos negociar con el gobierno sinaloense al que caracterizaba de corrupto y ligado a la delincuencia.

Lo curioso es que después de la discusión su rostro se relajaba, regresaba a la bonhomía, al saludo afectuoso y efusivo, al “cuídate, bato”. Por todo eso no han faltado las cientos de anécdotas no solo en Sinaloa sino en todo el país.

Por eso también el dolor y el coraje colectivo ante la noticia de su cobarde asesinato. Por eso también hace falta la respuesta ciudadana, porque el trabajo periodístico está ligado a la problemática de la gente y en un país sofocado por la violencia solamente la participación de la comunidad nos puede dar un poco de esperanza, una pequeña luz al final de este oscuro túnel.

Auto-protegerse

En ese marco de periodismo y riesgos desde hace varios meses ha surgido la intención de conformar una Red de Periodistas en todo el Estado con las características de pluralidad y aglutinamiento aun cuando se siga perteneciendo a otras organizaciones que –la verdad- han sido rebasadas por el protagonismo y la dinámica de los acontecimientos. Por eso la necesidad de crear un organismo serio, profesional, vertebrado y que sirva de apoyo ante las agresiones y desvaríos gubernamentales.

A resguardo

Apenas hace unos días trascendió la situación que viven internos del penal de mediana seguridad en El Hongo quienes se quejaban de maltratos y que derivaron en una huelga de hambre en donde sacaron a relucir una serie de quejas. Pero aún hay más.

Resulta que la mala coordinación entre el Área Médica que encabeza la doctora Ángela Pérez y la Dental, coordinada por la doctora Paola Ramírez ha derivado que una serie de necesarios insumos médicos no llegan hasta donde se ocupan en los penales y se quedan resguardados en las oficinas administrativas.

Es irregular práctica ha significado que medicamentos de diverso tipo –anestesia, guantes –queden meses resguardados y en algunos casos se entregan ya virtualmente caducados.

En el mismo caso se quedan muestras rápidas para exámenes de sífilis y VIH que aunque son solicitados por las áreas médicas no se entregan a tiempo, y cuando lo hacen están a dos o tres semanas de caducar. Todo eso implica que miles y miles de pesos se puedan ir a la basura.

Hay quienes aseguran que el medicamento caducado es incinerado en la zona de la colonia Ahumadita y –en otros casos- arrojado como basura en la sierra de La Rumorosa.

Eso ha significado el malestar de médicos y enfermeras que tienen que realizar su labor sin el equipo básico y ha significado además que algunos profesionistas, cansados de esta situación, opten por renunciar al servicio en casos suscitados en el Cereso de Tijuana y en El Hongo. El caso es que si se trata de ahorrar es una pésima práctica pues los principales perjudicados son los internos, todo esto aparentemente sin el conocimiento del propio secretario Daniel de la Rosa Anaya.

Cortes de droga

En un reciente foro relacionado con drogas y adicciones el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Jorge Armando Vázquez presentó una propuesta relacionada con la posibilidad de crear en la entidad un Tribunal Especializado en delitos de adicciones. La propuesta no es nueva, en Estados Unidos se crearon desde hace 25 años las llamadas Cortes de Drogas cuando detectaron que una buena parte de los delitos tenían que ver con personas adictas a algún tipo de estupefaciente.

En nuestro país el tema se ha venido discutiendo en varias esferas, incluido el Senado de la República y el modelo tiene que ver más con un enfoque de salud pública –que deriva en delitos, en temas judiciales-aunque con un abordaje más basado en la persona y su salud.

Por cierto en el Poder Judicial se les viene el tiempo encima para la designación de dos Magistrados –la vacante dejada por Marco Antonio López Magaña está atorada por un amparo- ya que de acuerdo a la Ley los Magistrados Raúl Gonzáles Arias y Félix Herrera deben salir al cumplir 70 años y eso sucederá en enero y febrero por lo que seis meses antes debe iniciar el proceso de sustitución. Aparte se irán sin haber de retiro.