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La clave de la información

Va Fiscalía General tras Rosario Robles y 50 empresas por La Estafa Maestra

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]CIUDAD DE MÉXICO, 30 de julio (SinEmbargo).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga a una red de funcionarios y 50 empresas involucradas en los desvíos millonarios en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante las administraciones de Rosario Robles Berlanga.

Así lo informó Santiago Nieto, titular de la UIF, a su llegada a Palacio Nacional para un encuentro con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelantó que aún no han congelado cuentas, pero su equipo analiza toda la información del sistema financiero para poder proceder en consecuencia.

“Estamos ya analizando la información del Sistema Financiero para poder proceder en consecuencia. Tenemos en este momento que estamos analizando 50 empresas relacionadas con el caso de la Estafa Maestra”, dijo a la prensa. “Evidentemente hay una red de servidores públicos y de empresas relacionadas”.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de control que impute por corrupción a Rosario Robles, ex titular de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“Solicito de la manera más atenta que se señale fecha y hora para la celebración de audiencia inicial para formular imputación y vinculación a proceso en contra de María del Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público”, indicó la Fiscalía General de la República en su solicitud.

A Rosario Robles se la relaciona con el caso de corrupción conocido como “La Estafa Maestra” a través del cual la Secretaría de Desarrollo Social, el Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos (Pemex) habrían desviado 7.670 millones de pesos.

En un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, Robles reconoció que en efecto fue citada el 8 de agosto a un juzgado federal “sin que en dicho citatorio se establezcan las causas ni hechos” que se le imputan”. Según denunció, esto “mina” su capacidad de defensa.

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