Las prioridades de Jaime Bonilla: meter al bote a Kiko Vega y heredar el poder a Morena
Luego de la decisión abrumadora de la SCJN, la campanada para el proceso electoral 2021 inició de la peor manera, por una parte, el Congreso se aprobó la reelección sin dejar el cargo y Bonilla se quiere despedir encarcelando a Francisco Vega. Otra vez, inicia la calentura electoral.
Cristian Torres Cruz
MEXICALI.- Las condiciones están dadas: por un lado el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez buscará dejar como legado la detención del ex gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera invalidad la denominada “Ley Bonilla” que ampliaba su mandato a 5 años.
Por el otro, el revanchismo contra los autores intelecciones de la Ley Bonilla, tanto integrantes de la pasada legislatura como de la actual, y como ingrediente adicional el Congreso del Estado, quienes aprovechando el golpe mediático se auto-aprobaron poder reelegirse sin tener que dejar el cargo durante la campaña.
De esta manera arranca el proceso electoral 2021 en Baja California, de la peor manera, ya que para colmo, la entidad se encuentra entre los estados en donde la pandemia de Covid19 ha golpeado más fuerte.
En este contexto comienzan a perfilarse quienes podrían competir por el cargo que dejará prematuramente Bonilla, por Morena suenan los alcaldes de Mexicali, Marina del Pilar Ávila y de Tijuana, Arturo González Cruz, en el PRI podría apuntarse el polémico Jorge Han Rhon y no descarta la participación del dirigente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, quien iría por el PAN.
Antes
Tres días antes de que saliera humo blanco en la Corte, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron un cateo en una de las propiedades del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ubicada en la colonia Las Cumbres, una zona exclusiva del municipio de Tijuana.
Incluso el mismo fiscal, Guillermo Ruiz Hernández, acudió al operativo en donde trascendió se investiga a la ex presidenta del DIF, Brenda Ruacho de Vega, acusada de malversar recursos a través de la fundación Cree en tus Sueños, cuyo objetivo era la construcción de la Estancia Familiar Tijuana.
El operativo se realizó la mañana del viernes 8 de mayo, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ingresaron al inmueble con una orden de cateo.
Durante
Finalmente, el circo mediático realizado por la Fiscalía General en nada pudo inclinar la balanza, ya que la decisión de los ministros de la SCJN estaba tomada y aprobaron las acciones de inconstitucionalidad por unanimidad de votos a la denominada “Ley Bonilla”, la cual ampliaba el plazo de 2 a 5 años.
Entre los argumentos de la Corte destacaron la violentación de la certeza de la elección al realizar la reforma durante el proceso electoral y no de forma previa, 90 días antes del inicio del proceso electoral.
La norma impugnada violenta la certeza del proceso ya que no es posible modificar las reglas sustanciales durante el proceso electoral. El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN calificó el acto impugnado como “un gran fraude a la Constitución”.
“…Efecto corruptor usando la Constitución para violar la Constitución” y agregó que no se puede validar con encuestas o convalidarlo con pretexto de una emergencia sanitaria.
Por su parte la ministra Norma Lucía Piña calificó la modificación como un “atentado contra la democracia y contra nuestra Constitución”, al señalar una evidente violación a los derechos de los ciudadanos.
El dictamen fue impugnado originalmente por el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, de Baja California así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la ampliación de mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
El proyecto del dictamen promovido por González Salas 112/2019 y sus acumulados 113-114-115-119-120/2019 en torno a la acción de Inconstitucionalidad fue analizado por el Pleno de la Corte resolviendo finalmente en contra de las aspiraciones del gobernador Jaime Bonilla Valdez de permanecer 5 años en el cargo.
La resolución promovida por González Salas sentenció la procedencia de la inconstitucionalidad del decreto de reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución Política de Baja California aprobada mediante decreto 112 el 11 de septiembre del 2014 y modificada el 17 de octubre del 2019 por la pasada Legislatura estatal.
La modificación a la Constitución local se aprobó por mayoría calificada incluyendo los votos de la mayoría de los diputados del PAN, con lo que se amplió el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez de 2 a 5 años.
Los ministros aclararon que con ello, se dejaba sin efecto la modificación al octavo transitorio dejando la ley tal cual fue aprobada en un primer momento, por lo tanto, la elección fue válida y el periodo de Bonilla quedó en dos años, esto con el fin de que los legisladores intentaran otra modificación a la ley.
Después
En entrevista para medios de Tijuana, el gobernador Jaime Bonilla afirmó que en caso de que Morena se lo pidiera, dejaría el cargo para acompañar a los candidatos en la próxima elección a realizarse en Baja California.
Tras asegurar que acatará la decisión de la SCJN respecto al recorte en su periodo de mandato, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, responsabilizó a los exdiputados del Partido Acción Nacional (PAN) que aprobaron la reforma constitucional durante la anterior legislatura.
El mandatario estatal expresó su inconformidad con la sentencia, al considerar que los Ministros se equivocaron ya que no mencionaron cuál fue el artículo de la Constitución que fue violado.
Agregó que su gobierno no hará ninguna investigación contra los diputados de la pasada Legislatura que aprobaron la ampliación de mandato.
“El Congreso es libre y soberano, y es una de las cosas que tienen que empezar a entender en el centro, que los estados tenemos soberanía y nunca se ha respetado eso, entonces creen que nosotros debemos bailar a su ritmo”, indicó.
Bonilla Valdez consideró que los Ministros no demostraron que la reforma fue inconstitucional, pues nunca señalaron los artículos que aparentemente fueron violentados.
“Mira, puedes tener mayoría, pero no quiere decir que tengas la razón”, acotó.
Los que sí pidieron que rodaran cabezas, fueron las dirigencias del PAN y PRD a nivel nacional quienes estarían buscando la posibilidad de reactivar los juicios políticos en contra de los ex diputados locales.
El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, anunció que solicitarán a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar los posibles sobornos a los legisladores que aprobaron la reforma.
En rueda de prensa, posterior a la sentencia del pleno de la Suprema Corte, el dirigente nacional mencionó que analizarán si existen elementos para sancionar a los diputados de la 22 Legislatura que aprobaron la reforma, incluidos 7 de Acción Nacional.
“El principal culpable es Jaime Bonilla, quien provocó una resolución a su favor en el Tribunal Local son los Magistrados de Baja California, deberían renunciar, les debería de dar vergüenza seguirse presentando como Magistrados después de que a todas luces actuaron de forma incorrecta presionados y corrompidos por Jaime Bonilla”, indicó.
Por su parte la dirigencia del PRD afirmó que buscaran revivir las denuncias de juicio político en contra de los diputados y funcionarios federales que estuvieron involucrados en la compra de voluntades.
Jaime Martínez Veloz indicó que se reactivará la denuncia ante la Fiscalía Federal además de que la SCJN dio nuevos elementos para iniciar sendos procedimientos penales luego de que los ministros calificaran la Ley Bonilla como un fraude a la Constitución.
En tanto, los legisladores locales aprovecharon la coyuntura política y con mayoría de Morena se aprobaron la reelección sin tener que dejar el cargo en el proceso electoral.
El dictamen 37 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales respecto a la reforma a la Constitución Política en sus artículos 16, 78 y 80 de la Constitución Política de Baja California presentada por el Diputado, Miguel Ángel Bujanda Ruiz fue aprobado por 18 votos a favor y 6 en contra.
Los votos a favor fueron de los partidos de Morena, Verde, Transformemos y PT además de los 2 diputados independientes, mientras que en contra 2 legisladores del PAN, PRI, PBC y MC.
Luego de 2 rondas de discusión en donde los legisladores de Morena y PAN se acusaron mutuamente de actos de corrupción y de estar en contra de la ciudadanía, se aprobó el dictamen.
La ley obligaba a los diputados locales y alcaldes a separarse del cargo de manera provisional noventa días antes del día de la elección, sin embargo, tras la modificación, los servidores públicos que busquen la reelección no tendrán que solicitar licencia y podrán continuar en el cargo durante todo el proceso electoral. @