Jaime Bonilla, gobernador de Tijuana
El Eslabón Perdido
Humberto Melgoza Vega
En rebeldía porque no metieron las manos en la Suprema Corte para impulsar la suicida Ley Bonilla (1), como imprudentemente le había prometido la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero durante su toma de posesión, el gobernador de Baja California anda desatado, queriendo imponer su ley.
Jaime Bonilla está convertido en un pendenciero que, toda proporción guardada, al estilo de AMLO utiliza sus video-transmisiones en vivo mañaneras, a través de Facebook — sin preguntas incómodas ni a modo como las de Lord Molécula–, para informar sobre el avance del Covid-19 en Baja California, pero además para posicionar otros temas y arremeter contra sus adversarios políticos y periodistas incómodos.
Su víctima más reciente fue la presidenta municipal de Tecate, a quien trae lázara, diciendo que no trabaja y que se la pasa en el salón de belleza.
A través de la Fiscalía Estatal, cuyo titular, Juan Guillermo Ruiz Hernández — quien parece que anda en campaña, sin que nadie le haya dicho que se ve hasta ridículo–, Bonilla ha enderezado sendas denuncias penales por supuestos actos de corrupción contra el ex gobernador Kiko Vega, su esposa Brenda Ruacho, el ex dirigente estatal del PAN, José Luis Ovando… y una veintena más de ex funcionarios panistas.
Primero pretendió impulsar una ley para prolongar de 2 a 5 años la gubernatura, para esto, “convenció” a los diputados de la anterior Legislatura para que apoyaran una maroma legaloide que fue bateada de manera unánime en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
¿Qué métodos habrán utilizado para convencer a los diputados, de mayoría panista, quienes fueron condenados al ostracismo político –con excepto de algunos oportunistas que siempre caen parados y se pasaron al bando morenista–, y que además están siendo investigados..? Difícil pensar que fue de gratis.
Todavía no salía del escándalo con la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Peryera, quien denunció al gobierno del estado por amenazas por negarse a apoyar la Ley Bonilla 2 –con la que se buscaba reducir el periodo de la próxima gubernatura, ¿para qué?: ¿Quién sabe?–, cuando el gober se aventó la puntada de “expropiar” la caseta de peaje de Tijuana que conecta con la carretera escénica, la más bonita de Baja California, que llega a Ensenada y pasa por Rosarito, aunque es administrada por Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Hasta la senadora Alejandra León, también conocida como “Lady Champán”, aunque enemiga política estaba festejando que Bonilla le había dado la razón, luego de encabezar la toma de varias casetas de peaje a favor del libre tránsito, como la ubicada en La Rumorosa, cuando el festejo se vino abajo.
Apenas unas horas después, la madrugada de ayer jueves, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército recuperaron la caseta de peaje que Bonilla había cancelado y sometieron a quienes se encontraban en el puente, permitiendo el paso libre.
Si no fuera morenista, creeríamos que nuestro cabecita de algodón tijuanense forma parte de la oposición. Y si no fuera tan cómico parecería trágico:
“Le ponemos un ʻtacheʼ a la Guardia Nacional por prestarse en estas acciones injustas, arbitrarias e indignantes; necesitan aprender sobre derechos humanos”, expresó el gobernador de BC, al tiempo que refirió que no es la actuación esperada de esta institución a la que le construyó una comandancia regional en Tijuana. “Fui el primer gobernador en la República Mexicana, en dotar a la Guarda Nacional de instalaciones dignas y cómodas, con el apoyo de empresarios, voluntarios y recursos gubernamentales”.
A través de un boletín de prensa, Bonilla fijó su postura sobre las declaraciones vertidas por la SCT, en el sentido de que fue un ilícito la liberación de la caseta por parte del Gobierno estatal. Dijo categóricamente que “ellos no son nadie para decir que es un ilícito… si este es un acto inconstitucional, que vayan a los tribunales… siempre lo he dicho, si pierdo, respeto; pero el pueblo de Baja California está cansado de abusos”.
En la video transmisión en vivo por Facebook envió un mensaje al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que no permita este tipo de abusos; “Quién es el secretario de Comunicaciones (y Transportes) para ordenar una cosa como ésta?, quién es el director de CAPUFE?, son unos empleados que de repente se les ocurrió… ¡…vamos a mandar a la Guardia Nacional y vamos a enseñarle a Baja California quien manda…!”.
Al pedirle al mandatario federal que la Guardia Nacional se retire de la caseta de cobro, así como la renuncia del titular de SCT, Javier Jiménez Espriú, si no corrige el agravio, el jefe del Ejecutivo estatal confía en que el Presidente de México reaccione positivamente y ponga orden. “Baja California, entre paréntesis, es el estado que más lo quiere, porque ni siquiera en el estado de Tabasco votaron como votaron en Baja California”.
El gobernador de Baja California también solicitó al Congreso local, que presente un exhorto o iniciativa al (Congreso) Federal para expropiar la carretera que le expropiaron a los bajacalifornianos. “La expropiaron porque no la quisieron pagar, la hicieron de paga y hemos estado pagando con sangre”, concluyó, al decir que de esta caseta la autoridad federal ha recaudado mucho dinero, que no ha sido regresado al estado.